OVP archivos - Runrun

OVP

Observatorio Venezolano de Prisiones: El sistema penitenciario venezolano está enfermo
Carolina Girón, directora del OVP, dijo que es necesario visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre los presos

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, afirmó que “todo sistema penitenciario venezolano está enfermo, y es necesario ir sanando cada una de las partes”, debido a que no se respetan los derechos humanos de los privados de libertad, ni en los calabozos policiales, ni en los centros penitenciarios del país.

Girón señaló que es necesario visibilizar y sensibilizar a la sociedad para que a los presos en Venezuela se les respeten sus derechos. Indicó que en nuestro sistema penitenciario no se respeta el principio de humanización que implica el trato digno, respeto a la salud, alimentación y atención médica de los privados de libertad.

“Aquí se castiga no solo al preso, sino a sus familias. Durante estos meses de pandemia han perdido toda comunicación con sus privados de libertad, viven en la completa zozobra, pues no saben sobre su salud, no pueden llevarles alimentos, ropa, ni implementos de higiene personal”, al tiempo que añadió que hay presos que ingresaron con 80 kilos y en un año han fallecido pesando 45 kilos”.

La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones además ofreció cifras sobre el retardo procesal, indicando que en la actualidad hay un 61% de procesados en nuestras cárceles, mientras apenas el 39% está penado. Por otra parte, el hacinamiento cada día es mayor, alcanzando en la actualidad más del 167.66% en los centros penitenciarios.
Lamentablemente –indicó-, en Venezuela no hay voluntad política para solucionar la realidad penal. Las reglas Mandela no se están cumpliendo, ni siquiera los estándares mínimos.

 

DDHH olvidados | “No sé cuándo voy a volver a ver a mi hijo”

@ValeriaPedicini

 

Deixic Castro no sabe nada de su hijo desde el 26 de junio de 2020. Ese viernes recién había llegado a su casa en San Juan de los Morros, estado Guárico, cuando se enteró que en horas de la mañana lo habían trasladado a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, a más de 270 kilómetros.  

No tiene los recursos económicos para pagar los altos costos del transporte y viajar hasta el estado Lara. Y, en caso de lograrlo, el esfuerzo sería en vano porque las visitas en las cárceles venezolanas están suspendidas desde la llegada del coronavirus para prevenir la propagación. 

Deixic no sabe nada de él. Si está bien, si lo alimentan o si en ese nuevo sitio de reclusión por fin recibe atención médica. Su preocupación no es exageración: a Hember Flores lo hirieron con perdigones en la cara en un presunto motín ocurrido el 16 de septiembre de 2019 en las instalaciones del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Guárico, sitio en el que estaba desde el 28 de febrero de 2018 cumpliendo su condena de 11 años y 8 meses por homicidio.

Otros detenidos le contaron a Deixic que después de que los policías entraron a las celdas a aplacar la revuelta y cerraron las rejas, uno de ellos se devolvió, metió el arma entre los barrotes y, “sin ningún tipo de contemplación”, le disparó a Hember en el rostro. El joven de 22 años sufrió un traumatismo ocular en ambos ojos.  

Fue llevado a un centro de salud, donde estuvo recluido por 21 días y donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Le extrajeron 16 perdigones del ojo izquierdo y todavía tiene uno alojado en su interior; perdió la vista del ojo izquierdo en su totalidad y el derecho quedó comprometido, al no poder abrirlo por la fuerte y dolorosa tensión ocular que todavía tiene. Desde ese momento, Hember Flores está bajo condición de discapacitado. 

Su crítico estado de salud no fue suficiente para impedir que fuese dado de alta y llevado de nuevo al calabozo. “Cuando el juez llegó al hospital a interrogar al doctor, le dijo que estaba muy bien, que así podía estar en la PTJ (Cicpc)”, ahora en la sede principal. 

Pero pasaban los días y Hember no mostraba mejoría. Tres meses después, una tomografía confirmó que tenía una infección ocular. “Agarró una infección allá adentro. Gracias a Dios no se le fue a la cabeza, sino que le agarró los pómulos”, expresó la mujer de 42 años. El dolor que siente el joven es tan fuerte que las medicinas para calmarlo ya no le hacen ningún efecto. “Ese proyectil busca la manera de salir, pero no tiene por dónde porque le sellaron el ojo por dentro”. 

 

A Hember deben realizarle otra intervención quirúrgica, en la que tienen dos opciones: vaciarle en su totalidad el ojo izquierdo o ponerle una prótesis. 

 

Nadie hace nada

 

En dos ocasiones han pedido medida humanitaria para Hember Flores. La primera fue solicitada luego de que fuera herido en el presunto motín, en 2019. La segunda vino después de la infección ocular. Ambas han sido negadas por el tribunal que lleva el caso. 

“Me dijeron que él podía estar muy bien ahí donde estaba, con sus curas, sus medicinas y sus traslados al hospital cada vez que fuera necesario”, cuenta Deixic. Pero hasta la fecha, Hember no ha sido llevado a ningún un centro de salud, a pesar de contar con la orden de un juez para que le curen la infección ocular con la que vive desde hace meses. Los funcionarios del Cicpc alegaron que no tenían vehículos para hacer el traslado. “No hicieron nada, nunca quisieron asumir esa orden”. 

Es por esta razón que la atención médica de Hember tenían que resolverla por cuenta propia. Al principio, Deixic se encargaba de ir a darle las medicinas y echarle las gotas en el ojo que todavía se le puede salvar, hasta que una detenida los empezó a ayudar con las curas diarias, cada tres horas. Cuando estaba en San Juan de los Morros, su mamá o su padrastro asistían a un solo turno de visitas a llevar las comidas o cualquier cosa que él necesitara. “Uno estaba pendiente, pero ahora está lejos”. 

“En esas condiciones este joven debería estar recibiendo atención médica inmediata”, afirmó Beatriz Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Además, mencionó que no debe ser trasladado fuera de su jurisdicción porque el tribunal que lleva su causa se encuentra en el estado Guárico. 

Con el cambio de Hember al estado Lara y tras la suspensión de las visitas de los familiares, hacerse cargo de la alimentación y cuidado médico de su hijo se hace imposible. La negativa de las autoridades a permitirle asistencia representa una violación a sus derechos humanos, específicamente a su derecho a la salud y la garantía del respeto a la vida. La Constitución venezolana reconoce a los privados de libertad como “sujeto de derecho”.

 

En Venezuela, los centros de detención en todo el territorio tienen precarias, inadecuadas, indignas e insalubres condiciones de reclusión, con un hacinamiento descomunal. La población carcelaria es de 40.000 presos a nivel nacional, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Muchos de estos reclusos están enfermos o desnutridos: de los 538 privados de libertad que fallecieron entre 2017 y 2019, 134 fueron por temas de salud. “En estos últimos tres años, las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas”, dijo la directora del OVP. 

Y con la llegada de la pandemia a Venezuela las fallas en el sistema penitenciario no hicieron sino incrementar, sobre todo con la suspensión de las visitas de los familiares, quienes se encargaban de la comida y medicinas, dejando totalmente desamparados a los reos. 

Deixic está consciente del delito que cometió su hijo, pero pide que sea atendido y su vida sea tomada en cuenta. “Ellos están en el deber de resguardar la vida de los privados de libertad, no de destruirla”.

A lo largo de estos dos años que Hember lleva preso, su madre acudió en varias oportunidades a los organismos, entre ellos el Ministerio de Servicio Penitenciario, para pedir que fuese trasladado del calabozo del Cicpc a una cárcel. “A nosotros nunca nos los van a entregar por medio de un juez”. Aunque la autorización de traslado llegó, lo hizo tarde y en las peores circunstancias. “¿Ahora que me lo jodieron si me le van a abrir un traslado?”, se pregunta. 

Espera que su hijo pronto esté entre los reclusos que la ministra Iris Varela está liberando para aliviar el hacinamiento y disminuir el riesgo de contagio del coronavirus en las cárceles, basándose en el Régimen de Confianza Tutelado. Según la organización “Una ventana a la libertad”, desde el inicio de la cuarentena han liberado 1.410 presos. 

Mientras tanto, Deixic espera. El funcionario que la llamó el 26 de junio para comunicarle sobre el traslado de su hijo le dijo que ahora solo le tocaba esperar a que él se comunicara de nuevo. Quiere saber cómo está el menor de sus dos hijos, cómo está de salud, simplemente saber si está bien. “Yo no sé cuándo voy a volver a ver a mi hijo con todo lo que está pasando”. Ella igual dice conformarse con escuchar su voz. A dos semanas del último contacto telefónico con Hember, sigue esperando una llamada que no llega. 

Los que no se rinden | OVP: En las cárceles también se muere de hambre
Recomiendan aplicar las 122 “reglas de Mandela” para salvar al sistema penitenciario venezolano
Podemos recuperar la independencia de los poderes públicos en Venezuela con ciudadanía activa, resalta el Observatorio Venezolano de Prisiones
“El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones propias del Poder Judicial y liberar presos mediante un acta, violando todo el proceso judicial penal”, destaca la abogada Carolina Girón, directora del OVP

@nelapalaciosr

Más de la mitad de las personas privadas de libertad que se mantienen en los centros penitenciarios de Venezuela son procesados, ni siquiera tienen una sentencia firme que confirme su responsabilidad en el delito por el cual se les encarceló. Y más de 400 de ellos son presos políticos.

Y las condiciones en las que están viviendo esas personas en las cárceles no son dignas ni constituyen garantías de salud ni respeto a la vida o derechos humanos, como dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Los presos venezolanos, por solo citar un caso, están desnutridos de manera severa y tal desnutrición los hace presa fácil de cualquier enfermedad. Y con las restricciones de la pandemia Covid19, que ha limitado el acceso de visitas familiares y en consecuencia los privados de libertad no están recibiendo hoy los alimentos que recibían de estos familiares ayer, su situación ha empeorado gravemente en los últimos meses. 

“De los 538 fallecidos entre 2017 y 2019, 134 fueron por cuestiones de salud. Ese número es alarmante. Eso no era así antes. Muchas de esas muertes por cuestiones de salud pudieron haberse evitado con nutrición adecuada o con controles médicos y medicinas e insumos dados oportunamente a los privados de libertad, pero el Estado no les está dando eso”, advierte la abogada Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Defensoría del Pueblo es un elefante blanco

¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21?

La Constitución de 1999 tiene un capítulo completo referente a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos (DDHH), lo que significó un gran avance para Venezuela. Se creó la Defensoría del Pueblo, institución que ya venía operando en otros países de la región y con la que Venezuela no contaba para la fecha; sin embargo, con el devenir de los años, la revolución destruyó sus propios postulados de defensa de los ciudadanos y las violaciones a los derechos humanos son inumerables, realmente salen muy mal en la balanza de la justicia.

La Defensoría del Pueblo se convirtió en un elefante blanco que nada hace por la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y se convirtió en un organismo para defender las políticas del régimen de facto, violando lo principal de un estandard internacional en derechos humanos de un organismo público, como son los principios de París, que establecen imparcialidad, autonomía y transparencia.

Más de 2 mil presos han sido liberados por el Poder Ejecutivo en 2020 bajo la figura de “régimen de confianza tutelada” en las cárceles de Venezuela. ¿Por qué consideran que el procedimiento aplicado en estos casos es ilegal?

La figura del Régimen de Confianza Tutelado está previsto en el Código Orgánico Penitenciario en sus artículos 161 al 164 y consiste en la ubicación de un penado en una unidad de producción o área especial “dentro” del recinto penitenciario y lo puede otorgar el Ministerio de Servicios Penitenciarios a aquellos penados que reúnan los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para optar a una de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena. También puede otorgarse a procesados que tengan privados de libertad un tiempo superior al que se requiere para optar al destacamento de trabajo.

En ningún artículo del código se contemplan liberaciones, es decir, los presos no deben salir del recinto penitenciario; según nuestro ordenamiento jurídico, son los jueces los únicos facultados para otorgar medidas alternativas de cumplimiento de pena que puedan cumplirse extra muros, tal como el confinamiento, destacamento de trabajo, redención de la pena por el estudio y el trabajo, entre otras, y estas medidas deben ser procesadas por el juez de ejecución mediante el procedimiento previsto en el COPP y mediante una sentencia ser otorgadas.

El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones propias del Poder Judicial y liberar presos mediante un acta, violando todo el proceso judicial penal

 

El Poder Ejecutivo, en cuanto a liberaciones, tiene facultades para indultar, más no para lo que están haciendo. Estas liberaciones ni siquiera cumplen con lo previsto en el mismo texto del Código Penitenciario y prueba de ello es que el mencionado Código entró en vigencia el 28 de diciembre de 2018 y ese mismo día le fue otorgado a Wilmer Brizuela, conocido como Wilmito (pran de Vista Hermosa), quien ordenó la muerte de la Juez que lo condenó, resultando fallecida la hermana gemela de la Juez. Era una persona que no cumplía los requisitos para ser beneficiario de una medida alternativa de cumplimiento de la pena.

En otro orden de ideas, el Observatorio Venezolano de Prisiones está de acuerdo en que se otorguen medidas alternativas a la privación de libertad, es más, hay muchas personas que cumplen los requisitos para no permanecer en una cárcel, llenan el perfil. Lamentablemente, la justicia ha preferido las medidas privativas antes de otorgar otras medidas, personas que pueden llevar su proceso penal en libertad, hasta que se dicte sentencia. En Venezuela las cárceles están llenas de procesados, hasta Diciembre de 2019, de 40.000 presos a nivel nacional, 26.000 son procesados, más de la mitad, esto no debe ser, el Poder Judicial también tiene responsabilidad en esta situación, el retardo procesal también es una violación de los derechos humanos.

La innombrable

¿Cómo califica la gestión de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela?

No la puedo calificar, no tiene nombre. Para manejar el Sistema Penitenciario se debe estar preparado, con buenas intenciones no se logra nada. Se debe estar calificado a través de tener experticia, gerencia y disposición. Estamos hablando de personas, de seres humanos; sí, cometieron un delito y ya están pagando por ello en un Centro Penitenciario, perdieron el mayor tesoro que es la libertad, ahora le toca al Estado brindar el servicio para su reinserción a la sociedad, con programas de estudio, de trabajo, deportes, cultura, etc. Pero realizar ejercicios y cánticos militares no sirve para su fortalecimiento.

¿Cómo podemos corregir la falta de independencia de poderes en Venezuela?

Ejerciendo ciudadanía, con un país de ciudadanos.

¿Vale la pena seguir luchando por la defensa de los derechos humanos en Venezuela y por qué?

Sí, vale la pena. Los derechos humanos son la punta de lanza de las democracias, somos seres humanos y merecemos respeto de forma integral. Yo creo en las personas y somos las personas las que cambiamos nuestro entorno.



Los venezolanos nos merecemos una mejor dirección política. Los países no se mueren, viven en el corazón de sus ciudadanos, y mientras más y mejor ejerzamos nuestra ciudadanía exigiendo respeto a nuestros derechos, tanto personales como los de nuestro entorno, tendremos un mejor país.

 

 

 

122 “Reglas de Mandela”

¿Cuáles han sido las peores y mejores políticas públicas aplicadas en Venezuela en materia de Servicios Penitenciarios de la administración madurista?

No hay política penitenciaria. Si se abriese paso a un gobierno de transición y una redemocratización de Venezuela próximamente, ¿qué recomendaría usted para recuperar al país en materia de servicios penitenciarios y garantizar el respeto de los derechos humanos en cuanto a prisiones y privados de libertad?

En materia penitenciaria hay mucho escrito, desde 1955 existe un instrumento internacional llamado Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Fueron reformadas en 2015 y en homenaje a Nelson Mandela las denominaron “Reglas Mandela”. Por ahí podemos empezar, sugeriría que las leyeran, ahí están recogidos los estándares mínimos para un Sistema Penitenciario adecuado y justo. Todos deberíamos leerlas. Son 122 reglas, sencillas y de fácil comprensión y ejecución. Con voluntad política, personal debidamente formado y mejora en la infraestructura, se pueden dar los primeros pasos para la optimización del Sistema Penitenciario. Y por supuesto, también involucrando y comprometiendo a todos los poderes públicos en esto.

Los presos no están comiendo

¿Cuál es la situación actual en materia de derechos humanos de la población privada de libertad en Venezuela? Y respecto a la situación que teníamos en 1998, ¿cómo estamos hoy y por qué?

Los problemas en las cárceles no son nuevos. En 1998 había hacinamiento, hubo muchos hechos violentos, muchos murieron dentro las cárceles, la situación no ha cambiado mucho. Durante este tiempo lo que hemos visto es que ahora los presos tienen armas de fuego de alto calibre, un preso maneja la cárcel, por encima de las autoridades y se otorgan títulos a estos presos, los llaman pranes y públicamente manejan bandas delictivas dentro y fuera de las cárceles. En estas dos últimas décadas se pervirtió por completo el sistema penitenciario venezolano. Y en estos últimos tres años las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas, que era lo común anteriormente.

Los presos venezolanos están desnutridos de manera severa, situación alarmante, teniendo en cuenta que la población penitenciaria venezolana oscila entre los 21 y 30 años; la desnutrición los hace presa fácil de cualquier enfermedad, como la tuberculosis, lo que ha ocasionado muchas muertes y las sigue causando. Los presos no están comiendo, la comida que debe llevar el ministerio penitenciario no sabemos dónde está.

Antes del 13 de marzo, cuando se prohibieron las visitas por la pandemia, los familiares les llevaban alimentos a sus seres queridos y medianamente paliaban la situación, con el pasar de los meses la situación se está agudizando en todos los Centros Penitenciarios del país. La situación es alarmante. De los 538 fallecidos entre 2017 y 2019, 134 fueron por cuestiones de salud. Ese número es alarmante. Eso no era así antes. Muchas de esas muertes por cuestiones de salud pudieron haberse evitado con nutrición adecuada o con controles médicos y medicinas e insumos dados oportunamente a esos privados de libertad, pero el Estado no les está dando eso. 

Se perdió la democracia

¿Cómo y cuándo nace la organización OVP?

El Observatorio Venezolano de Prisiones nació el 24 de Septiembre de 2002, día de la Virgen de Las Mercedes, la patrona de los reclusos.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer el OVP y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

El año 2002 marcó un hito en la historia contemporánea de Venezuela, ese año vimos el cambio de estructura gubernamental, el gobierno de la época mostró su verdadera cara y a lo que nos enfrentaríamos en adelante. Se perdió la democracia, en mi opinión.

¿En qué áreas se desempeña la organización?

El OVP trabaja en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El fundador del OVP es Humberto Prado, una persona que siempre ha luchado por los derechos de los presos, los derechos humanos de los presos son su apostolado.

¿Qué servicios ofrece?

Ofrecemos asesoría y acompañamiento a los privados de libertad, así como a sus familiares. Y operamos en todo el país.

¿Con quién tienen alianzas estratégicas el OVP?

Con organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, con las que llevamos casos tanto en el Sistema Universal (ONU) como en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (CIDH y CoIDH).

Los presos sociales no tienen voz

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

En las cárceles no se pagan delitos, se paga el ser pobre, los presos sociales no tienen voz. Es una población despreciada por una gran parte de la sociedad, sobre todo en sociedades donde la violencia es muy marcada.
Los presos están a expensas de un funcionario, de otro preso, de ser pobre.

¿Cuentan con voluntariado?

El OVP cuenta con voluntarios de las universidades públicas, Colegios de Abogados, familiares y amigos.

¿Cómo pueden ayudar al OVP las personas que estén interesadas en hacerlo?

Comunicándose con nosotros a través de nuestros números telefónicos (0212-4833725 y 4824343), la página web oveprisiones.com y nuestras redes sociales @oveprisiones, tanto en Twiter como en Instagram y Facebook.

No somos actores políticos, el OVP defiende derechos humanos

¿Cuáles son los mayores retos y amenazas de la organización?

El mayor reto es coadyuvar para la optimización del sistema penitenciario.
¿Las amenazas? Las que enfrentamos a diario de parte del régimen de facto. El odio contra las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que defendemos derechos humanos, es patente. Nos califican como actores políticos opositores, una aberración, porque los derechos humanos no tienen colores políticos, tienen colores humanos y todo lo que implica el desarrollo del ser humano.

¿Podría darnos detalles de algún caso emblemático del trabajo que han realizado en esta organización?

El descubrimiento de las fosas comunes en la Penitenciaria General de Venezuela, cuya investigación se encuentra paralizada; los adolescentes quemados en el INAM de San Félix y la masacre en la cárcel de Vista Hermosa.

¿Podría compartirnos algún testimonio del que se sienta especialmente orgullosa como miembro del OVP?

Más que un testimonio, son acciones. La sonrisa de una madre cuando su hijo sale de prisión, el agradecimiento por una gestión, por un acompañamiento, por una asesoría. Tal vez sean cosas pequeñas, pero la satisfacción es muy grande y te impulsa a seguir adelante. Cada vez que una buena acción se realizó gracias al granito de arena que pusimos, es una gran satisfacción.


Más sobre este tema

OVP: 191 presos murieron en calabozos policiales en 2019

 

Entre 15 y 20 dólares cuesta “causa” mensual en cárcel de Vista Hermosa
En el mes de mayo se han registrado tres personas fallecidas en el recinto penitenciario 

Más de 1.300 presos sobreviven en la actualidad en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, mejor conocido como cárcel de Vista Hermosa. La falta de medidas de protección, asistencia médica y suministro de alimentos durante la cuarentena obligatoria por el Covid-19 ha contribuido al incremento constante de la “causa” mensual que pagan los familiares de los presos para su manutención. 

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) conoció que en Vista Hermosa, que es un penal sin régimen penitenciario, los reclusos deben cancelar cierta suma de dinero al mes para preservar su integridad física, lo que en el argot penitenciario es conocido como “causa”. En este caso los montos oscilan entre 15 y 20 dólares e incluso aceptan bolívares según la tasa de cambio del día. 

Los familiares se han mostrado muy preocupados por esta situación, tomando en cuenta que muchos venezolanos no están trabajando desde el primer registro de la pandemia en el país, aunado al funcionamiento limitado de las entidades bancarias, lo que podría poner en peligro la integridad física de sus deudos, quienes viven a merced de un grupo que lidera al resto de la población penal. 

No todos pagan “causa”, según explicaron los familiares. Existe un grupo denominado los “Manchados” que son los que se encuentran en la entrada del penal y han sido desterrados a esa zona por el incumplimiento de normas internas impuestas por el líder negativo, conocido como “Pran”.

Sumado al hacinamiento y la desidia reinante en las cárceles venezolanas, los familiares de los presos de Vista Hermosa deben hacer maniobras para trasladarse hasta el recinto, pues aunque no les han suspendido el pase de paquetería sí han tenido que disminuir la cantidad de veces que puedan llevar alimentos. 

“Algunos como en mi caso y el de otras vecinas íbamos a llevar la comida diaria al penal, pero por la falta de transporte y efectivo lo hacemos dos veces a la semana”, explicó el familiar de un interno. 

En Vista Hermosa tampoco cuentan con agua potable de forma regular, por lo que los presos no pueden cumplir con las principales medidas de prevención contra el Covid-19, tales como lavarse las manos con frecuencia.

 Por el contrario, son éstas familias quienes han tenido que llevar desinfectantes, además de fabricar tapabocas para distribuirlos en el penal. Por esto mismo consideran que se debe realizar una desinfección dentro del recinto y además solicitan presencia de médicos que puedan evaluar a los enfermos con presunta tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. 

Muertes tras las rejas

Durante el mes de mayo, en esta cárcel del estado Bolívar se han registrado un total de tres personas fallecidas por distintas causas. 

El 17 de mayo se reportaron dos muertes violentas, la primera fue la de Sócrates José Bravo Urbaneja, de 37 años de edad, quien fue conseguido colgado dentro de su celda. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) están a cargo de las investigaciones para determinar si se trató de un suicido o un homicidio. 

Ese mismo día reportaron el fallecimiento de Carlos Jesús Petit Venegas, de 33 años de edad, quien se encontraba en una de las torres haciendo una instalación de electricidad y murió tras perder el equilibrio y caer al vacío.

El tercer deceso fue el 22 de mayo. Se trata de un preso que murió de tuberculosis y fue identificado como Jesús Enrique Barreto Sánchez, de 27 años de edad. Según la información que obtuvo el equipo de OVP este fue uno de los reclusos que no recibió atención médica adecuada. 

Carolina Girón, directora del OVP, recordó que los privados de libertad son una de las poblaciones más vulnerables ante esta pandemia, por lo que deben tener acceso a agua potable, además de suministro de tapabocas, alimentos y asistencia médica. 

De la misma forma, Girón instó a realizar una investigación exhaustiva, oportuna y veraz sobre las denuncias por el cobro fraudulento de manutención dentro del recinto penitenciario. 

 

Familiares de 105 presos en Valle de la Pascua denuncian torturas

FAMILIARES DE LOS 105 PRESOS que se encuentran detenidos en una comisaría de la Policía del estado Guárico en Valle de la Pascua, están denunciando que los internos son sometidos a torturas y tratos crueles por la fuga de seis reos el pasado 15 de julio. 

Familiares de los detenidos se comunicaron con el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) para denunciar que los presos que se dieron a la fuga fueron atrapados de forma inmediata, pero que dos de ellos los habían asesinado por un supuesto enfrentamiento que se produjo a cuatro cuadras de la comisaría. Sin embargo, familiares desmintieron el hecho y aseguraron que adentro no hay armas ya que en las visitas “nos revisan hasta el alma”. 

Otro familiar consultado por el OVP aseguró que los presos están siendo castigados por la actuación de quienes se evadieron. Explicó que el pasado 20 de julio fueron corridos por el director de la policía quien les dijo de forma grosera que “a ellos hay que tratarlos como lo que son unos perros”.

Un familiar de un detenido quien prefirió ocultar su identidad, dijo que los 105 presos fueron sacados de sus celdas y los desnudaron en el patio. “les botaron todo y además comenzaron a golpearlos con unas tablas que cargan, con tubos y hasta les han metido corriente, eso ha sido diario y los están torturando”.

Aseguran que al menos 20 reclusos necesitan atención médica urgente, pues les han roto  la cabeza, el rostro y en otras partes del cuerpo, ameritan sutura o una cura y no han sido trasladados a un centro asistencial. 

“Estar con una herida abierta, expuestos a tanta insalubridad como la que ellos conviven es sumamente peligroso”, expone un familiar a OVP. 

Humberto Prado, coordinador general de OVP una vez más advierte sobre la situación de hacinamiento, de maltratos y falta de atención que padecen los presos que se encuentran en los centros de detención preventiva en donde un preso no debería estar un lapso mayor a 48 horas. Prado manifiesta que la principal responsable de esta problemática que se ha generado en calabozos policiales es quien está a cargo del Ministerio de Asuntos Penitenciarios pues es quien niega la entrada de los presos a un penal aun cuando tienen sus respectivas boletas de traslado por orden de un tribunal y así ha creado un sistema carcelario paralelo que ha trasladado los problemas de un penal a una comisaría.

 

*Con información de OVP

Un muerto y cinco heridos es el resultado de un motín en la cárcel 26 de Julio

UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS, es el resultado de un motín registrado la mañana del miércoles 19 de junio en la cárcel de San Juan de los Morros en el estado Guárico.

Los reclusos de la cárcel 26 de julio se enfrentaron con armas blancas. Los heridos fueron trasladados al hospital Israel Ranuárez Balza de Guárico.

Como José Antonio Cordero de 34 años fue identificado el detenido que murió durante la pelea. Tres de los heridos fueron nuevamente trasladados al recinto penitenciario luego de recibir atención médica y considerarse que su estado era estable, mientras que otro se encuentra en estado de gravedad.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció a través de sus redes sociales que el motín se originó presuntamente por la mala alimentación que reciben los reclusos.

Familiares explicaron que dentro del centro de reclusión los presos están expuestos a enfermedades y malos tratos.

Hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado con respecto a lo ocurrido en la cárcel del estado Guarico.

 

Informe oral de Bachelet evidencia la institucionalización de la tortura
LAS NUMEROSAS VIOLACIONES de los derechos humanos documentadas por los expertos de la Organización de las Naciones Unidas en la materia evidencian la institucionalización de la tortura en Venezuela.

La afirmación la hizo el especialista en derechos humanos Alonso Medina Roa en una entrevista exclusiva para El Nacional.

“Se está ratificando lo que hemos denunciado desde la Coalición por Derechos Humanos y la Democracia: la institucionalización de la tortura en Venezuela y el deterioro de los derechos fundamentales de los venezolanos”, indicó.

Bachelet: Autoridades venezolanas no reconocen la gravedad de crisis

Señaló que el informe oral de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas incita a reacciones políticas nacionales e internacionales. “Esto debe generar un impacto en la política internacional de gran relevancia y es un paso importante, previo al informe definitivo que se va a presentar en los próximos meses”, aseveró.

El abogado fue prudente sobre las próximas opciones que podrían surgir en relación con el tema y aclaró que serán “decisiones exclusivas de las autoridades de las Naciones Unidas”.

El 11 de marzo una delegación de la ONU integrada por cinco personas llegó a Venezuela para constatar la situación social y política del país, y deberá presentar el resultado de la visita en un informe definitivo en junio. La comisión internacional, que continúa en el país, se reunió con representantes de Nicolás Maduro y con el presidente interino de la República, Juan Guaidó.

Luego de la visita de la misión a las cárceles de Uribana y Fénix, los presos denunciaron ante el Observatorio Venezolano de Prisiones que las autoridades penitenciarias habían procedido previamente al “maquillaje” de esos penales para ocultar la situación. Voceros de la ONG Foro Penal Venezolano también aseguraron que representantes de Maduro no permitieron que los enviados de la ONU hablaran con los reclusos.

Bachelet expresó preocupación por ejecuciones extrajudiciales de las FAES

“Si bien es cierto que esta comisión ha tenido varias limitaciones por parte del gobierno nacional, los enviados son gente con mucha experiencia y saben interpretar la realidad de los derechos humanos en Venezuela”, destacó Medina Roa.

Bachelet refirió en su informe oral que su oficina pudo documentar numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados prochavistas en Venezuela. Además, expresó preocupación por las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como por los actos de amenaza e intimidación.

Proceso de investigación

Liliana Ortega, directora ejecutiva del Comité de Familiares de las Víctimas, recordó que en 2017 y en 2018 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó otros dos informes sobre Venezuela. Subrayó que los procesos en esa instancia internacional son graduales y que deben cumplir con una serie de protocolos.

“Depende del caso y del proceso que se elija, pero obviamente, como todos los procesos, los resultados no son inmediatos. La comunidad internacional ha tenido una reacción muy importante ante la situación venezolana”, afirmó la defensora de derechos humanos.

“Misión de Bachelet es testigo de la grave situación de derechos humanos”

“Una vez que se discuta el informe en junio de este año, puede que algunos elementos de gradualidad aumenten, como la designación de una comisión especial u otros mecanismos. No creo que estemos en condiciones de decir que sobre Venezuela hay una demora por parte de los organismos internacionales, más bien están avocados a la situación”, indicó.

Está previsto que en septiembre se discuta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe oficial sobre la situación en Venezuela. “La preocupación es que esto tiende a agravarse. Sin duda, mientras el Estado no disponga de sus herramientas de investigación, de reparación y de protección a la víctima, estos hechos tienden a agravarse”, dijo la representante de Cofavic.

Más de mil presos amanecieron sin comida en el Rodeo II
UNA DENUNCIA BASTANTE CONFIABLE  llegó hasta el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y es que más de mil privados de libertad  que permanecen en el Internado Judicial Rodeo II amanecieron sin alimento alguno.

La irregularidad con la falta de alimentos no es nueva, ya vienen padeciendo de esta situación y según la denuncia que hicieron al OVP este 15 de octubre no tenían alimento alguno para ingerir.

Describen que el menú de la semana fue “un poco de repollo, pintado con remolacha y una porción muy reducida de carne, otro día cuadritos pequeños de carne con poca papa sancochada”, con el pasar de los días las porciones se iban reduciendo a “un poquito de pasta con una cucharada de sardina, misma que ligaban con harina para hacer un engrudo y rindiera, arepa sola, un engrudo que creemos se hace con maicena sin más nada, de cena puré de papa solo, y de almuerzo una agua de sopa sin nada”, hasta el punto que ingerían alimentos una vez al día.

Así mismo denuncian que las horas de visita de los familiares a los privados de libertad fueron reducidas a cuatro horas y tres veces al mes, son los únicos días que reciben una mejor alimentación, aunque aseguran que no todos les llega y sumado a ello la situación económica que hace que algunos familiares no puedan acudir o llevar los alimentos las tres veces que toca visita, por lo que no todos los presos tienen el beneficio de que su familia les lleve algo de comer.

Exigen que el Ministerio de Servicios Penitenciarios les de los alimentos como les corresponde: desayuno, almuerzo y cena, pues es su responsabilidad, aunque aseguran que es todo lo contrario los están matando de hambre.

En las denuncias realizadas a OVP también hacen referencia a la situación del agua, tan solo los dejan llevar consigo 5 litros de agua, la misma la deben usar para tomar, para bañarse, para lavar su vestimenta y los envases de comida, pero estos cinco litros los deben administrar por seis días, pues es una vez a la semana que tienen acceso a esa cantidad del vital líquido.

Entre las irregularidades explican que la alimentación, ni el agua, son distribuidas como deben, pero si se lucran con el negocio de pasar pastillas de Rivotril, dicho uso dentro del penal ha generado violencia entre los reclusos.

OVP ve con gran preocupación la situación del Rodeo II. Tan solo la falta de alimentación y del agua, demuestra como el Ministerio de Servicios Penitenciarios vulnera el principio de ese derecho humano.

Humberto Prado, coordinador de OVP indicó que el Rodeo II para el mes de diciembre del 2017, tenía una población de 1.121 reclusos misma que supera al doble su capacidad, recordó que dicho centro penitenciario se encuentra bajo Medidas Provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desde el 8 de febrero del 2008, por lo tanto, desde OVP se va a informar a la corte sobre la situación actual y al relator Joel Hernández, que no es propia de este recinto, sino de la mayoría de los recintos del país y que son responsabilidad del Ministerio de Servicios Penitenciarios.