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El orden social de la libertad, por Víctor Maldonado C.

SOÑAR NO CUESTA NADA. Pero tenemos el deber moral de visualizar las condiciones en las que podemos garantizar un país mejor. Si, mejor que el fraude populista, la ruina socialista, el autoritarismo comunista y la irresponsabilidad con la que se ha entregado Venezuela a una subasta a favor de un ecosistema criminal que se está jugando a los dados porciones de territorio y de los recursos del país. Si, mucho mejor que esta inestabilidad constante, esta negación perenne de un futuro que no se puede conjugar, porque sin reglas claras, derechos de propiedad vigentes y seguridad ciudadana garantizada todo se traduce en llanto y crujir de dientes. Si, mucho mejor que la factura propositiva de la clase política venezolana, cuyo pedigrí socialista no les permite sino pensar en términos de gobierno extenso, mucho poder en manos de los burócratas y toda la capacidad de maniobra para resguardar al gobierno a pesar de que por esa razón se atropelle al ciudadano. Si, mucho mejor que el lodazal de la complicidad, la corrupción, los malos manejos y el tener que tolerar sin rechistar el enriquecimiento inexplicable de los que deberían ser funcionarios y servidores públicos probos y modestos. Si, mucho mejor que la ruina de las universidades, la desbandada de profesionales, la descapitalización del talento, y el deterioro del salario.

Pero para tener un país mejor tenemos que intentar rupturas radicales con lo que hasta ahora hemos sido, pero también como hasta ahora hemos concebido el país. John Rawls diría que tendríamos que comenzar a ser racionales y razonables. Se es racional cuando se conciben y se persiguen los bienes particulares sin que medie coerción alguna ni patrón impuesto por otra fuerza o capacidad que la propia. El hombre racional aspira a ser libre y entiende que su libertad no es otra cosa que el intentar realizar el propio proyecto de vida, siempre y cuando ello no signifique desmejorar o afectar a nadie. Se es razonable cuando se tiene un sentido del deber y de la justicia, cuando se ejerce la ciudadanía, se practica la compasión como valor personal y se exige al mandatario que se concentre en la tarea de garantizar a todos el bien común, entendido como (1) el disfrute de las libertades básicas a la vida y a la propiedad, (2) la libertad de trabajo y de movimiento, porque nadie debería verse en condición de esclavitud o confinamiento, (3) el relevo y la alternancia democrática que permitan a todos los que se lo propongan el ejercer cargos de responsabilidad, (4) la garantía social de que cualquiera pueda generar ingresos y riquezas y, (5) una vivencia social que garantice las bases de la dignidad de la persona y el autorrespeto.

Los buenos proyectos aseguran la libertad. Los malos proyectos arman ingenierías sociales insostenibles, con estados extensos y entrometidos, que al final son tan costosos que terminan allanando las posibilidades de los ciudadanos. Por eso mismo, luego de haber sido esclavizados por el socialismo del siglo XXI, deberíamos pensar en el qué hacer cuando esto pase. Incluso, deberíamos tener a la mano argumentos muy convincentes para exigir una ruptura radical con este estado de cosas. Los que prometen encargarse del país sin romper con el socialismo del siglo XXI nos están ofreciendo cambiarnos unas cadenas oxidadas por otras relucientes. No hay forma alguna de administrar el socialismo en beneficio de los ciudadanos. Los que digan que si pueden que digan cómo con el mismo diseño destruccionista pueden estabilizar la economía, resolver el colapso de los servicios y generar confianza estable para que vengan nuevas inversiones. O cómo pueden recuperar al país del clima de inseguridad, violencia e impunidad que suma cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Que traten de convencernos de cómo van a lidiar con una nómina de más de tres millones de empleados públicos y un desempleo en el sector privado que es inconmensurable. O cómo van a convencernos de que un nuevo bolívar puede ser más eficaz que una dolarización que reconozca el derecho de los venezolanos a no dejarse robar el producto de su trabajo y sus esfuerzos para ahorrar algo. Nada de lo que hasta ahora se ha intentado sirve. Hay que desecharlo.

Recuerden siempre que los buenos gobiernos trabajan con tres prioridades que no son ni siquiera conmutables: Trabajan primero que nada para garantizar la vigencia de la libertad. En segundo lugar, se proponen generar un marco de condiciones que permitan la igualdad de oportunidades, y eso solamente es posible mediante estado de derecho, reglas del juego claras, y la evitación de relaciones clientelares y el establecimiento de privilegios. Reglas claras, pocas reglas, y la preeminencia de la lógica del servicio público por encima de cualquier pretensión de poder. En tercer lugar, para generar nuevas oportunidades a los que tienen menos capacidad de origen para hacerlo por su propia cuenta. Es lo que John Rawls llama el “principio de la diferencia”, que se debe practicar sin afectar ni la libertad ni las reglas del juego institucionales. A ningún gobierno le debería estar permitido juguetear con el populismo, practicar la demagogia, y ofrecer lo que no puede pagar sin violentar el derecho de los demás.

Estas consideraciones deberían conducirnos a ciertas exigencias concretas. La primera de ellas, un gobierno limitado a lo básico. La segunda, una economía libre de la manipulación monetaria populista, preferiblemente dolarizada. La tercera, un país sin empresas públicas y sin caer en la demagogia barata de que hay unas que son estratégicas y que deben por lo tanto estar en manos del estado. La cuarta, “despatrimonializar” al estado venezolano y dejar de verlo como el dueño exclusivo de los recursos del país. No solamente porque eso aplasta al ciudadano, sino porque esa es la causa raíz de la corrupción y el autoritarismo en el ejercicio del gobierno. La quinta, un país desregulado, derogando toda la legislación del socialismo del siglo XXI. La sexta, un país sin censura, sin adjetivos a la libertad de expresión, sin entidades y agencias reguladoras, y con un gobierno sin la posibilidad de cerrar emisoras, canales de TV o bloquear redes sociales.

La séptima, una economía de libre mercado con respeto por los derechos de propiedad. Sin proteccionismos inexplicables ni ventajas a empresas nacionales. Ni subsidios ruinosos, ni tarifas o precios controlados. Competencia plena a favor del ciudadano consumidor. La octava, un mercado laboral desregulado, que priorice y favorezca las nuevas inversiones, revitalice el ánimo emprendedor y la generación de nuevos empleos bien remunerados. La novena, nuevas reglas del juego democráticas que respeten la autonomía de los poderes públicos, seleccionen a sus integrantes por probidad y credenciales y no por cupos partidistas, y en donde nunca más haya reelección para los cargos ejecutivos. Descentralicemos el gobierno, apostemos a las instituciones y deroguemos los caudillismos.

La décima, un mercado político abierto a todas las opciones democráticas, pero restringido para el socialismo autoritario, violador de derechos, saqueador del país y socio principal del ecosistema criminal. Undécimo, un gobierno que practica la subsidiariedad pero que renuncia a ser hegemónico en ningún sector o territorio. Se debe innovar en soluciones eficaces para que todos los ciudadanos acceso a servicios públicos de calidad, tomando en cuenta que solamente las sociedades que producen riqueza y bienestar son capaces de atender bien los requerimientos de sus ciudadanos. Duodécimo, un país que es compasivo con los miembros de la sociedad menos favorecidos, pero cuyo propósito no es hacer demagogia con la pobreza de sus ciudadanos sino producir condiciones para que ejerzan su derecho a ser libres, construir sus proyectos de vida y ser beneficiarios de un país de oportunidades.

Por eso, cuando se habla del cese de la usurpación, primer paso lógico e inconmutable, se tiene que referir a una ruptura histórica con las bases concretas del socialismo, el caudillismo, el populismo y el patrimonialismo. Un gobierno de transición tiene que enfocarse en medidas de corto plazo para restaurar las libertades perdidas, restituir la justicia, recomponer transitoriamente los poderes públicos, y concentrarse en posibilitar elecciones libres y competitivas. Solamente cuando tengamos un gobierno democrático y legítimo podremos refundar el país y conducirlo por la ruta de la libertad y la prosperidad.

En el transcurso hay que cuidarse de las viudas del estatismo, y de los nostálgicos del populismo socialista. No hay atajos al replanteamiento radical de nuestras reglas del juego. No solamente porque vamos a recibir un país saqueado, sino porque no merecemos volver a comenzar una etapa de lo mismo que nos ha conducido hasta aquí. El desafío es no volver a endosar a nadie la garantía de nuestras libertades. Nadie es lo suficientemente confiable. Nadie merece tener tanto poder como para hacer con la sociedad lo que se le antoje. Tampoco una mayoría que siempre va a ser circunstancial. Por eso los consensos y los mandatos tienen que ser claros: gobierno limitado y gobernantes por tiempo limitado.  Poder limitado, rendición de cuentas ante poderes públicos independientes, y responsabilidad ante tribunales competentes y probos. Porque el poder es una tentación peligrosa y muy fácil de corromper.

Lamentablemente estamos lejos del cese de la usurpación. Los mandatarios que elegimos para la tarea (el inefable G4 y su carnal el Frente Amplio) nunca asumieron como propio el proyecto de superar el socialismo. Lo de ellos siempre fue intentar, mediante diálogos, negociación y negociados, intentar una connivencia más amable para todos ellos. No tuvieron el coraje de intentar la ruptura, sino que pretendieron un mero e irrelevante relevo en las posiciones. Se nota con doloroso esplendor en la gestión de CITGO, Monómeros Colombo-Venezolanos, Alunasa, la ansiosa trama alrededor del pago de los bonos, la precoz intentona de refinanciación de la deuda y los malos manejos de los fondos (muchos o pocos) para la ayuda humanitaria. El poder corrompe, por eso lo mejor es conferir poco poder al mandatario y exigirle rendición de cuentas, cosa que inexplicablemente rehúyen nuestros líderes políticos. Esa es, precisamente, la premisa de los totalitarios que dicen ser los heraldos de la libertad, pero que en realidad la extinguen; dicen respetar la propiedad, pero lo que verdaderamente hacen es expoliarnos a todos. Porque su proyecto no es otro que su propio poder ilimitado, a veces disfrazado de “justicia social” que no es tal cosa, que no existe en realidad, porque sin libertad todo lo demás es imposible.

Pero advierto, el proyecto y el desafío de la libertad no se agota ni se extingue con el fracaso real o aparente de Guaidó. Si fracasa, fracasan él y la plataforma que lo hizo venirse abajo, pero de ninguna manera el país. Los ciudadanos seguiremos intentándolo, tal vez con más heridas y muchas cicatrices, pero con más claridad de propósitos. Si fracasan ellos vendrán otros por la revancha.  Así que adelante porque como lo dijo maravillosamente Jorge Luis Borges “Nadie es la patria. Ni siquiera el tiempo cargado de batallas, de espadas y de éxodos”.

@vjmc

EEUU levantará sanciones a Venezuela cuando se restaure el orden constitucional

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Estados Unidos denunció las “pésimas condiciones humanitarias” que padecen los venezolanos y advirtió que no levantará las sanciones que pesan sobre el país, si el presidente Nicolás Maduro no restaura el orden constitucional.

“Seguimos muy preocupados porque el pueblo venezolano experimenta pésimas condiciones humanitarias, incluida la falta de comida asequible y medicinas vitales, suministros médicos, malnutrición y un aumento de los casos de malaria, entre otras duras realidades”, afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

Según la portavoz, EEUU tiene en la región suministros de emergencia y está “listo” para abastecer de comida a las poblaciones afectadas.

“Estos suministros -remarcó- podrían estar disponibles inmediatamente si el Gobierno de Venezuela aceptara asistencia humanitaria internacional”.

“Las sanciones de EE.UU. no están dirigidas al pueblo de Venezuela. Las sanciones no tienen que ser permanentes. Nuestras sanciones pueden ajustarse para aquellos que apoyan el retorno de Venezuela a la senda democrática y constitucional”, apuntó Nauert.

Si Maduro quiere el levantamiento de las sanciones, advirtió, “debe actuar para restaurar la democracia y el orden constitucional en Venezuela”.

ORDEN afirma que la MUD no quiere salir del Chavismo, sino gobernar junto a él

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El Movimiento Nacionalista ORDEN es una agrupación política que salió a la palestra pública durante el mes de enero de este 2017, presentándose ante los venezolanos como una nueva alternativa al “binomio socialista del PSUV y la MUD” como ellos los describen, destacando que también son el único movimiento en Venezuela que defiende y difunde el Nacionalismo Venezolano.

ORDEN es conocido por sus fuertes críticas no solo contra el gobierno de Nicolás Maduro, el cual, “es un régimen títere del castrocomunismo cubano”, según sus palabras, sino que también acusan a la Mesa de la Unidad, por su constante tráfico de las esperanzas y por ser “la perfecta oposición que necesita el régimen”.

En este sentido, desde ORDEN afirman que ya ha quedado demostrado durante todos estos años que la Mesa de la Unidad, “mal llamada oposición, no desea salir del chavismo, sino gobernar junto a él, manteniendo un status quo en donde ambos se beneficien del erario público, a costa de la ruina de Venezuela y la miseria de sus ciudadanos” según expresa el vocero del movimiento, el politólogo Nelson Ramírez Zabala.

“Una prueba de este deseo de la MUD de cogobernar con el Chavismo, fue el gran engaño que sufrieron los venezolanos con respecto al Plebiscito del 16 de julio, día en el cual los ciudadanos cumplieron masivamente con el llamado, y expresaron rotundamente querer salir de inmediato del régimen, anhelo que fue traicionado por los dirigentes de esta coalición, quienes no solo bajaron la cabeza ante la implementación de la Constituyente Comunista de Nicolás Maduro, sino que luego de cuatro meses de lucha en las calles, 130 venezolanos asesinados, y miles de detenidos y heridos, días en los cuales incluso declararon la desobediencia civil apelando al artículo 350; aceptaron participar nuevamente en elecciones regionales con un CNE viciado, proceso electoral que no solo legitimará una vez más el sistema, sino que en este caso, también reconocerá la legalidad de la Constituyente, hecho que los venezolanos rechazamos y hasta la comunidad internacional desconoció por completo”

Para ORDEN, las gobernaciones no serán “espacios ganados” como afirman los dirigentes de la Mesa de la Unidad, sino que serán espacios cedidos por el mismo chavismo a cambio de que este último siga manteniendo algo de legitimidad democrática.

En cuanto a si ORDEN propone la abstención para las siguientes regionales, expresan que ellos no le dirán a los venezolanos que hacer, pero si les dirán que va a pasar “Así el venezolano salga masivamente a votar en contra del chavismo, como lo ha hecho en todos los procesos electorales de los últimos años, el resultado será un reparto de los espacios según al chavismo le parezca conveniente, la MUD aceptará sumisamente los resultados sin intenciones de defender los votos en donde hayan sido robados, y pedirá además el cronograma electoral de las siguientes elecciones, mientras que la situación para el resto de los venezolanos será peor”.

Asimismo, Ramírez Zabala afirmó que la MUD ha ocultado constantemente el carácter ideológico socialista del chavismo “Se ha pretendido indicarle a los venezolanos que el problema es la corrupción, la delincuencia, o que simplemente el Chavismo es torpe e ineficiente. Esas son las consecuencias, más no la causa. La corrupción, la delincuencia, la grave crisis educativa y económica, y la miseria generalizada son los resultados de la imposición del Socialismo como ideología política”

“El Chavismo sabe perfectamente lo que está haciendo: tanto sus métodos como sus objetivos responden al credo socialista, el cual además ya ha sido implementado en una gran cantidad de naciones en los últimos 100 años, generando los mismos resultados: miseria, esclavitud, destrucción del sentimiento nacional, y una tiranía aferrada al poder”.

“El verdadero problema en Venezuela es ideológico, es el sistema socialista iniciado de manera sutil en los años 60, y luego radicalizado desde el año 1998, hasta el punto de que ahora vivimos esclavizados en una Tiranía Socialista” finaliza Ramírez Zabala.

Por último ORDEN llama a los venezolanos a desconocer totalmente al sistema “350 para el gobierno comunista y para sus servidores de la MUD” e integrarse a las nuevas alternativas políticas que están en crecimiento y que plantean ideas y métodos diferentes ante la catástrofe que sufre la República.

Congreso de Perú condena

PERUCONGRESO

 

La comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó este lunes, por mayoría, una moción que condena la “ruptura del orden constitucional y democrático” en Venezuela, informó un comunicado oficial del Legislativo.

La moción fue suscrita por ocho congresistas, seis de ellos del partido opositor Fuerza Popular, que domina el Congreso, pero no fue apoyada por los parlamentarios del Frente Amplio de Izquierda.

El pronunciamiento condenó “el cierre de la Asamblea Nacional de Venezuela” por considerar que se trató de “un hecho anticonstitucional, así como la violación de los derechos humanos y la grave crisis humanitaria que afecta a su población.”

El congresista fujimorista Juan Carlos del Águila Cárdenas, presidente de la comisión, explicó que la moción condena el “permanente acoso y desconocimiento de las facultades y derechos de la Asamblea Nacional por parte del gobierno de dicho país y los demás poderes públicos.”

Agregó que en Venezuela se pretende “consolidar un gobierno dictatorial presidido por Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela.”

Un segundo acuerdo de la comisión formuló de manera oficial una solicitud a los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela “y los demás grupos democráticos de ese país, a reflexionar sobre las acciones totalitaristas promovidas por su gobierno.”

“El último acuerdo exige al gobierno venezolano que rectifique su actuar y que realice un diálogo constructivo y efectivo que permita salir del estado de crisis en el que ha sumido al país, liberar a presos políticos, respetar la libertad de prensa y expresión y convocar en breve plazo a elecciones generales para que sea el pueblo quien se pronuncie por su futuro”, acotó la nota oficial.

El pasado jueves, Perú retiró de manera definitiva a su embajador en Venezuela ante lo que consideró un “flagrante quebrantamiento del orden constitucional y democrático” e inició consultas con los países de la OEA para analizar la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, consideró “inaceptable” la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela, que el miércoles asumió las competencias del Legislativo de ese país, aunque el sábado dio marcha atrás en esta medida tras recibir un pedido en ese sentido de Maduro.

La Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó hoy una resolución que afirma que en Venezuela hay una “grave alteración inconstitucional del orden democrático” y exige al gobierno de Maduro que restaure “la plena autoridad” de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Donald Trump firmó orden para acabar con carteles del narcotráfico en EEUU

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El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para acabar con los “carteles criminales” del narcotráfico “que se han extendido por todo el país y están destruyendo la sangre de los jóvenes” estadounidenses.

Trump firmó, además, otras dos acciones ejecutivas, una destinada a crear “un grupo de trabajo para reducir el crimen violento” en EEUU y otra en la que pide a su equipo que elabore un “plan para detener los crímenes violentos contra los agentes que aplican la ley”.

La primera de ellas pide “al Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional que tomen todas las acciones necesarias y legales para romper la estructura de los carteles criminales que se han extendido por todo el país y que están destruyendo la sangre de nuestros jóvenes”, aseguró.

La segunda acción ejecutiva firmada por Trump tiene que ver con su preocupación por el auge de los crímenes violentos en EE.UU., especialmente en ciudades como Chicago.

La última orden que firmó Trump busca proteger a los policías y agentes de seguridad de todo el país que, a su juicio, han aumentado por una falta de aplicación de la ley, en medio de un auge en las tensiones raciales en varias ciudades donde los activistas denuncian un aumento en la violencia policial contra los afroamericanos.

 

Henrique Capriles:

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Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda, se pronunció este miércoles después de que Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicara la sentencia N° 948.

“Ningún magistrado está por encima del pueblo y la Constitución. Última sentencia del TSJ es nula y nadie tiene que acatarla ¡Punto!”, expresó el gobernador a través de Twitter.

El pasado martes la Sala Constitucional del TSJ prohibió  “convocar y realizar actos que alteren el orden público, realizar instigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras actuaciones violatorias de los derechos constitucionales y del orden jurídico en general”.

Asimismo, el TSJ ordenó a los diputados de la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el “juicio político” en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro.

 

OVCS denuncia ruptura del orden democrático en Venezuela y el riesgo de un estallido social

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El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) expresa su preocupación por la ruptura del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y la posibilidad de un estallido social.

El pasado 20 de octubre de 2016 el Poder Electoral informó sobre la suspensión del proceso de recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad para la solicitud de referéndum revocatorio, que estaba previsto para los días 26, 27 y 28 de octubre del presenta año.

La decisión, que fue tomada con base en medidas precautelativas emanadas por tribunales penales de primera instancia, formaliza el inicio de un proceso dictatorial alejado del cariz democrático que impera en el pueblo venezolano.

Con esta acción se vulneraron los derechos humanos del pueblo venezolano, que ve en el referéndum revocatorio en 2016 una oportunidad para dirimir  democráticamente las diferencias, mitigar la crispación política y buscar salidas pacíficas y consensuadas a la grave crisis que atraviesa el país y que tiende a agudizarse debido a la ausencia de solución de los problemas.

Tan solo este año el OVCS ha registrado más de 5 mil protestas y más de 670 saqueos en los primeros nueve meses, destacando que 72% de las protestas ha sido para exigir Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y de ese total el 28% en rechazo a la grave situación de hambre e inseguridad alimentaria que persiste y se agudiza en el país.

En este contexto nos preocupa que actualmente cerca de 14% de las protestas presentan características violentas y es una situación que viene incrementándose desde el mes de enero de este año.

La Encuesta Nacional del Consumo de Alimentos, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE),  ya registraba para 2015 que más venezolanos habían dejado de comer 3 o más veces al día y que la pobreza crítica ya supera el 50,25 de la población.

Considerando el quebrantamiento del orden democrático y de la voluntad popular, alertamos que con la obstaculización, impedimento, ralentización y negación de la realización del referéndum revocatorio en 2016, el Gobierno crea la posibilidad de un estallido social. En tal sentido, realizamos las siguientes demandas:

  1. Exigimos a  los Poderes Públicos de Venezuela  realizar todas las acciones pertinentes para restituir el Estado de derecho y el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la preservación de la institucionalidad democrática.
  2. Solicitamos a  los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pronunciarse sobre la ruptura del orden democrático en Venezuela.
  3. Solicitamos a  los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizar las gestiones necesarias para continuar con el proceso de activación de la Carta Democrática Interamericana, iniciado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, con el fin de promover un acompañamiento permanente al Estado venezolano hasta que se restablezca el orden democrático, el Estado de derecho y la paz nacional.
  4. Exhortamos a  los Poderes Públicos de Venezuela a garantizar la realización del proceso de referéndum revocatorio en 2016, siendo éste un derecho constitucional del que no se puede privar o condicionar al pueblo venezolano.
  5. Exigimos a  los Poderes Públicos de Venezuela garantizar el derecho humano a la manifestación pacífica de todas las personas que decidan tomar las calles pacíficamente para expresar su opinión sobre la vida pública nacional.
  6. Exhortamos a  los Poderes Públicos de Venezuela a promover el diálogo y reconciliación nacional en los diferentes ámbitos del país.
Emiten orden de captura para esposa de diputado Julio Montoya

JulioMontoya

El Juzgado 2º de Control del Circuito Judicial y Penal del estado Zulia emitió orden de captura contra la esposa de Julio Montoya, diputado de la Asamblea Nacional. La ciudadana Ilze Coromoto Perozo (53), incumplió la medida alternativa de cumplimiento de pena de casa por cárcel.

Perozo, quien fuera gerente general de la constructora Consperca, fue condenada por el Juzgado 3° de Control a tres años de prisión el 6 de noviembre de 2012, tras admitir su culpabilidad en diversos actos de corrupción contra la nación y el erario público

José Luis Acosta, vicepresidente del Consejo Legislativo del estado Zulia, explicó que la penada no se encuentra en su residencia, fijada por el tribunal como el sitio para el cumplimiento de la condena, por ello, se considera su ausencia como un desacato a la medida.

Por su parte, Montoya, denunció que su esposa se debate “entre la vida y la muerte” por una enfermedad que padece y que, tras el hostigamiento contra su familia, su estado de salud ha empeorado.

Acosta aclaró que la orden de captura no se trata de una retaliación política, “como ha querido mostrar insistentemente el diputado Julio Montoya”. Resaltó que ninguna razón exime a Perozo del cumplimiento de la medida. “Existen mecanismos que permiten garantizar su atención médica”, enfatizó