Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, autor en Runrun

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó 6211 protestas y 51 manifestantes asesinados en los primeros 90 días del año

EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS) registró 6211 protestas en los primeros 90 días del año, equivalente a 69 diarias, mientras que 51 manifestantes asesinados en lo que va de 2019.

Esta cifra representa un incremento de 157% en comparación con el mismo período del año pasado y 395% con respecto a 2017.

En el primer trimestre de 2019 se registró la mitad de las protestas reportadas durante todo el 2018, destacando que ese fue el año récord histórico de protestas en Venezuela con 12.715.

51% de las protestas fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

La Emergencia Humanitaria Compleja se agudiza de manera acelerada con el pasar de los días. Los venezolanos ven disminuidas sus posibilidades de disfrutar una vida digna, así lo evidencia este nuevo récord de protestas durante el primer trimestre de 2019. Pese a la represión o amenazas, la sociedad civil continúa en las calles.

 

Distribución geográfica de las protestas

Las protestas se han escenificado en todo el territorio nacional, desde las que respaldan a convocatorias políticas o gremiales hasta aquellas que surgen espontáneamente según las necesidades de los ciudadanos.

Distrito Capital, Miranda, Mérida, Trujillo y Táchira registraron la mayor cantidad de manifestaciones durante el primer trimestre del año. Mientras que Amazonas, Delta Amacuro y Vargas fueron las entidades con menores acciones de calle.

Derechos más demandados los primeros 90 días de 2019

Derecho a la participación política

En los primeros 90 días del año se documentaron alrededor de 2.820 acciones de calle en demanda de derechos políticos, equivalente a un promedio de 31 protestas diarias. Los ciudadanos han asumido una participación activa en defensa de la democracia y exigiendo el fin del régimen de Nicolás Maduro.

Por su condición de representante de un poder popularmente electo como es la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó se ha convertido en la figura clave para conducir los cambios que demandan los ciudadanos de forma pacífica y democrática.

Las actividades de calle han sido permanentes. En asambleas ciudadanas, cabildos, concentraciones, marchas, cierres de calle, cacerolazos, la población ha recobrado la lucha política, para exigir un cambio de rumbo en la conducción del país.

Precariedad en servicios básicos

Las calles han sido escenario de protestas para los ciudadanos que a diario sufren la precariedad de los servicios básicos necesarios para gozar de una vivienda digna, no en vano la demanda de estos derechos ocupan el segundo lugar de protestas en el primer trimestre.

De las 6.211 protestas registradas, 1.668 estuvieron vinculadas a la precariedad en servicios básicos, en promedio 19 protestas diarias. Una muestra del colapso de los servicios básicos en el país.

Apagón nacional. Reflejo de la corrupción y colapso de los servicios públicos

El OVCS documentó 1.032 protestas en rechazo a la decadencia en el servicio de energía eléctrica que afectó el desenvolvimiento de actividades comerciales, educativas, domésticas, culturales e incluso la salud pública.

Los reiterados apagones nacionales registrados en el país desde el 7 de marzo generaron aproximadamente 994 protestas. En al menos 266 oportunidades, las personas aprovecharon las convocatorias políticas para mostrar su descontento por el colapso de servicios.

El impacto de la crisis generada por la falta de electricidad se mantiene hasta los primeros días de abril, durante el cierre de este reporte.

Derechos laborales

Las protestas de los trabajadores se ubicaron en el tercer lugar en el índice de la conflictividad en el país. En este lapso se reportaron 1.125 protestas, equivalentes a 13 diarias para exigir derechos laborales.

Continúan las exigencias por la protección del salario ante una desenfrenada hiperinflación que diluye cualquier remuneración o contrato colectivo.

El último ajuste del salario, que llevó la remuneración básica a Bs 18.000, no permite hoy a un trabajador cubrir para sí ni para su familia las necesidades básicas, como establece la Constitución.

Justamente, esta crisis económica es la que ha llevado a los trabajadores a exigir un nuevo Gobierno como aspecto vital para la recuperación de su calidad de vida.

Régimen de Maduro responde con represión letal y violencia a las manifestaciones pacificas

El OVCS y Provea documentaron 51 manifestantes asesinados en lo que va de 2019.

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El sistema de represión continúa siendo la respuesta del régimen de Maduro para contener el creciente descontento masivo y popular en todo el país. Empleando a grupos de exterminio, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Colectivos Paramilitares y las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (Rass).

La escalada de violencia y represión contra manifestantes pacíficos ha sido promovida por el propio Nicolás Maduro a través de llamados públicos a grupos de civiles y funcionarios de los cuerpos de seguridad a la resistencia activa en defensa de la revolución.

En la mayoría de las protestas atacadas por Colectivos Paramilitares se reportaron manifestantes heridos o asesinados.

El OVCS reitera sus exigencias:

-Avanzar hacia un proceso de transición para retomar la democracia, el Estado de Derecho y las libertades en Venezuela, mediante la realización de elecciones libres y transparentes.

-Realizar las investigaciones pertinentes, de manera independiente, expedita y oportuna, para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas.

-Poner fin a la orden dada a cuerpos de seguridad y de reprimir a manifestantes, en lugar de velar por su seguridad y resguardo de sus vidas e integridad.

-El cese inmediato de la participación de Colectivos Paramilitares, grupos de exterminio y Organismos de Seguridad no facultados para ejercer funciones de control de orden púbico.

– Realizar las investigaciones pertinentes, de manera independiente, expedita y oportuna, para determinar las responsabilidades correspondientes por tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.

– Reitera la necesidad de que Venezuela reciba la cooperación humanitaria internacional, como mecanismo inmediato de ayuda a las familias venezolanas que sufren la grave crisis actual. Los datos de este período reflejan la preocupación de los ciudadanos frente a temas medulares para su subsistencia: alimentación, salud, empleo y servicios básicos. Así como, la creciente migración forzada masiva de personas que están saliendo de Venezuela en búsqueda de mejores condiciones de vida.

Para conocer la versión completa haga clic aquí: Conflictividad social en Venezuela primer trimestre 2019

35 protestas diarias se registraron durante 2018 según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

12.715 PROTESTAS REGISTRÓ el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social entre enero y diciembre de 2018, un equivalente a 35 protestas diarias en todo el país.

Esta cifra representa un aumento de 30% con respecto a 2017, cuando se documentaron 9.787 manifestaciones, con un promedio diario de 27.

La cifra representa el mayor número de protestas registradas durante la gestión de Nicolás Maduro. Se superó el índice de las dos grandes olas de protestas desarrolladas en Venezuela, en los años 2014 y 2017, en las cuales se documentaron 9.286 y 9.787 manifestaciones, respectivamente.

En los últimos ocho años, el OVCS ha documentado 59.787 protestas en todo el país, lo que equivale a un promedio de 7.473 manifestaciones al año. Bajo el mandato deMaduro se han generado las mayores protestas sociales y en el período de Gobierno 2013-2018 se registraron al menos 48.966 manifestaciones.

 


Mayoría de protestas por derechos económicos 

89% de las protestas de 2018 se caracterizó por la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Ante la falta de políticas públicas efectivas que atiendan los problemas urgentes relacionados a la calidad de servicios públicos, respeto a contrataciones colectivas de los trabajadores, salud, alimentación y educación, los ciudadanos protestan a diario y estas son las motivaciones que destacan por encima de las protestas políticas.

La observación directa y continuada de la conflictividad social en Venezuela ratifica que la sociedad civil está empoderada de sus derechos y está dispuesta a salir a las calles para exigirlos de manera espontánea, sin atender el llamado de líderes políticos ni las amenazas del Gobierno a través de la política represiva.


Venezuela: espiral de conflictos

Los cierres de calle, paros, concentraciones, marchas, y tomas de establecimiento fueron los repertorios de lucha más empleados por los ciudadanos para exigir sus derechos. 

En 3.541 protestas se exigieron distintos derechos simultáneamente, lo que se denomina protestas combinadas. Esto representó el 28% del universo registrado durante 2018.

Distrito Capital, el más conflictivo de 2018

A pesar de la respuesta indolente y apática del gobierno, la criminalización, represión o amenazas, la sociedad expresó su descontento en la calle, espacio histórico de lucha de los pueblos en la conquista de derechos y exigencia de reivindicaciones.

Con 1.628 protestas, Distrito Capital lideró la conflictividad durante el año 2018, seguido de los estados Bolívar (1.389), Lara (1.030), Táchira (957) y Mérida (940).

En 2018 las manifestaciones se caracterizaron por:

  1. Protesta sostenida, la calle se consolida como espacio popular, social y político.
  2. Escenificadas en todos los estados del país. En zonas rurales y urbanas.
  3. Protestas espontáneas, principalmente en zonas populares y residenciales.
  4. Exigencia de servicios básicos: gas doméstico, agua potable y electricidad.
  5. Trabajadores crean coalición intersectorial para luchar por salarios dignos y respeto a las contrataciones colectivas.
  6. Protestas ante incrementos en los precios de alimentos y demoras en la venta de bolsas de productos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
  7. Adultos mayores, jubilados y pensionados toman las calles para exigir su derecho humano a la seguridad social.
  8. Movilizaciones de maestros, profesores, estudiantes padres y representantes, ante remuneración insuficiente, rechazo a déficit presupuestario y providencias estudiantiles que generan deserción.
  9. Denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a presos políticos.
  10. Repercusión en la esfera internacional. Países, organismos multilaterales y medios de comunicación.
  11. Cierre de calles, paro, concentraciones y marchas como principales formas de protesta.

 

Cronología de la conflictividad. Principales hechos ocurridos en 2018

Enero: 141 saqueos o intentos de saqueo.

Febrero: Aparecen las protestas laborales, además de la exigencia de medicinas y alimentos.

Marzo y Abril: Se agudiza el colapso de los servicios básicos: gas doméstico, agua potable y electricidad.

Mayo: 12 fallecidos en protestas sociales en el transcurso de los primeros 5 meses del año.

Junio: La conflictividad laboral se desborda ante el costo de la vida frente los bajos salarios.

Julio: Unión de distintos gremios profesionales y obreros para exigir respeto a las contrataciones colectivas y tablas salariales. El sector salud encabeza el conflicto con 1.192 protestas este mes.

Agosto: Anuncio de medidas económicas asfixiantes que detonan las protestas de calle.

Septiembre: Se agudiza la Emergencia Humanitaria Compleja.

Octubre: Persiste el colapso laboral y los derechos laborales cada vez se desdibujan más.

Noviembre: sexto y último aumento salarial del año que no logra detener el avance de las protestas laborales.

Diciembre: Aumento de protestas por alimentos: perniles y cajas Clap. Entregas demoradas y promesas incumplidas.  

Protestas por servicios

De las 12.715 protestas registradas, 3.716 estuvieron vinculadas a la precariedad en servicios básicos, en promedio 309 protestas mensuales. Las quejas por falta de gas doméstico, electricidad y agua potable se convirtieron así en el segundo derecho más demandado.


1.418 protestas se registraron en octubre, la mayoría para exigir servicios básicos y salarios justos

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.418 protestas en octubre de 2018, para un total de 10.773 protestas acumuladas durante todo el año.

Esta cifra representa el mayor número de protestas registradas durante la gestión de Nicolás Maduro. En 10 meses se superó el índice de las dos grandes olas de protestas recientes desarrolladas en Venezuela, en los años 2014 y 2017, en las cuales se documentaron 9.286 y 9.787 manifestaciones, respectivamente.

 

 

Conflictividad en Venezuela incrementó 683% en 12 meses

 

De acuerdo al comportamiento, en el mes de octubre se registró  un promedio de 47 protestas diarias. Siguen repuntando las protestas sociales por encima de las políticas. En todo el mes se documentaron 1.265 manifestaciones para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), que representan 89% del total de las protestas.

Las protestas combinadas son cada vez más frecuentes. El mes pasado este fenómeno en el que se exigen distintos derechos simultáneamente, ocurrió en  364 manifestaciones, equivalente a 26% de las 1.418 documentadas.

 

Estados y municipios con más protestas

 

Con 209 protestas, el estado Bolívar lideró la conflictividad durante octubre, seguido de Táchira (201), Trujillo (141), Lara (132) y Distrito Capital (123). Mientras que los cinco municipios con más protestas registradas fueron San Cristóbal (128), Libertador (123), Caroní (116), Iribarren (101) y Valera (82).

 

Servicios básicos, primer motivo de reclamos

El derecho a los servicios básicos ocupó el primer lugar de los reclamos en octubre de 2018, con 571. Los derechos laborales, quienes venían liderando las protestas desde mayo, ocuparon el segundo lugar de las protestas, seguidos por las demandas al derecho a la alimentación, educación y participación política.

Venezuela vive hoy el colapso de los servicios públicos, siendo las familias de menores recursos las más afectadas. Lejos de lo que establece el artículo 82 de la Constitución, que toda persona tiene derecho a una vivienda con servicios básicos esenciales, y el artículo 117 que garantiza el disfrute de bienes y servicios de calidad.

Las quejas por falta de gas doméstico, agua potable y electricidad se tradujeron en 571 protestas en octubre, para convertirse así en el principal derecho demandado.

En materia de servicios básicos, es importante señalar que el OVCS documentó nueve protestas para exigir mejoras en el servicio de telefonía fija y conexión a internet, entre otros reclamos.

El servicio de transporte público continúa siendo un asunto de preocupación para quienes lo utilizan a diario, como para los conductores de las unidades. En octubre, se registraron al menos 23 protestas debido a las fallas en la prestación del servicio. La escasez o el alto costo de los repuestos, mantiene a algunas unidades fuera de circulación. Los usuarios deben realizar largas colas, recurrir a varias alternativas para completar su traslado.

Los trabajadores venezolanos continúan tomando las calles en defensa de sus derechos laborales.

En octubre realizaron 533 protestas,  continuaron con las acciones en defensa sus contrataciones colectivas, protección del salario y del empleo. Desde el aumento del salario mínimo a 1.800 BsS, en septiembre pasado, los trabajadores han visto aniquiladas sus conquistas.

 

¿Seguridad alimentaria en Venezuela?

 

De las 1.418 protestas registradas, 110 estuvieron vinculadas a la crisis alimentaria. La mayor parte de los reclamos se atribuyen al aumento en el costo y reparto las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

La escasez de los bienes básicos también se ha convertido en un tema de preocupación para la familia venezolana, que destina la mayor parte de su presupuesto en la compra de alimentos.

Desde que el Ejecutivo Nacional fijó la nueva lista de precios de bienes y productos regulados reaparecieron las colas frente a los supermercados para la compra de los mismos y la venta con sobreprecio en la economía informal.

Para el OVCS,  las cifras de octubre, que superan el récord de protestas registradas en los años 2014 y 2017 representan un asunto de gran preocupación.

La existencia de más de 10 mil protestas en un año que aún no termina, caracterizada en su mayoría por derechos económicos y sociales, es una muestra de la falta de interés por garantizar mejoras en la calidad de vida la población, como lo establece la Constitución.

Observatorio de Conflictividad Social: En febrero hubo 594 protestas

 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró  594 protestas en febrero de 2018, equivalente a un promedio de 20 diarias. Esta cifra representa un incremento de 40% en comparación al mismo mes pero del año 2017.

El OVCS asegura que febrero se caracterizó por el aumento de protestas laborales, manifestaciones por alimentos y medicinas, cierre de vías, concentraciones y paralizaciones como nuevas formas de protestar.

El Observatorio también dijo que 73% de las manifestaciones se realizaron para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, fueron motivos combinados.

Los reclamos laborales también tuvieron un repunte el pasado mes, superando los conflictos por alimentos. Al revisar las características de las manifestaciones, éstas guardan relación con la pérdida del poder adquisitivo del salario frente al escenario hiperinflacionario del país.

Además, el OVCS precisó que 93 de las protestas realizadas fueron para exigir el derecho humano a la salud.

 

*Vea el informe AQUÍ

Sistema de represión y violación de DDHH del estado venezolano fue denunciado en CIDH

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Como un sistema de represión, caracterizó Marco Antonio Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), la violación reiterada de derechos humanos por parte del Estado venezolano durante las manifestaciones pacíficas.

En las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizan esta semana en Montevideo, Uruguay, Ponce insistió que este sistema de represión busca caracterizar a una parte de la población como enemiga interna y agentes desestabilizadores.

“Al menos 10 componentes tiene este sistema de represión que el gobierno venezolano mantiene desde 2014. Su actualización en 2017 con el Plan Zamora 200 no solo incorpora a paramilitares, sino que también le asigna tareas a militantes del partido de gobierno de represión y delación”, explicó Ponce.

También el Coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social manifestó su preocupación por la incitación al odio que hace uso del sistema de medios públicos y las redes sociales. Explicó que esta incitación también forma parte de los componentes porque “prefigura y predispone la acción represiva en un marco ideológico contra un sector de la población”.

En los últimos cinco años, el OVCS ha registrado al menos 38.947 protestas, de las cuales más del 90% ha sido con características pacíficas. En el mismo periodo, el 70% de las protestas ha sido para exigir derecho a la alimentación, salud, trabajo, vivienda, agua potable, servicios básicos, entre otros.

Los 10 componentes del sistema de represión del Estado venezolano:

  1. Ataques conjuntos de Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y civiles armados pro gobierno.
  2. En la mayoría de las protestas donde actuaron los colectivos armados se registraron manifestantes asesinados o heridos de bala.
  3. Uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego.
  4. Práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes.
  5. Práctica de torturas.
  6. Detenciones arbitrarias.
  7. Detenciones y agresiones en zonas residenciales en horas de la noche.
  8. Allanamientos sin orden judicial.
  9. Agresión a periodistas.
  10. Procesamiento de civiles en tribunales militares.

El OVCS exige a las autoridades venezolanas poner fin al sistema de represión que vulnera los derechos ciudadanos en el contexto de manifestaciones pacíficas. Y solicita al Estado venezolano aceptar una visita de los relatores de la CIDH al país para que puedan evaluar en el terreno la situación de los derechos humanos.

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social deplora asesinato de Jairo Ortiz y el aumento de la represión

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El jueves 06.04.17 se registró el asesinato del joven estudiante Jairo Ortiz Bustamante (19), por parte de presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante la represión a una protesta en el sector Carrizal, estado Miranda. En las últimas semanas se han incrementado las protestas pacíficas en rechazo a la vulneración de derechos humanos y a la consolidación de un sistema dictatorial en Venezuela.

El aumento de la protesta pacífica ha tenido como respuesta gubernamental la ejecución de un patrón de represión caracterizado por:

  • Ataques conjuntos de Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Colectivos Paramilitares.
  • Uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego.
  • Práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes.
  • Detenciones arbitrarias.
  • Allanamientos sin orden judicial.
  • Criminalización de la protesta.
  • Agresión a periodistas durante la cobertura de manifestaciones.
  • Persecución a dirigentes de partidos de oposición.
  • Persecución a líderes sociales y estudiantiles.

Ante estos hechos, el OVCS expresa su preocupación y denuncia la criminalización de la protesta en Venezuela y el uso sistemático de la represión por parte de la fuerza pública para responder a las demandas pacíficas de los ciudadanos. Asimismo, denuncia la presencia de civiles armados pro gobierno que agreden a manifestantes y que actúan con permisividad o complicidad de funcionarios del Estado y representantes de cuerpos de seguridad.

Desde el OVCS se exhorta a las autoridades gubernamentales a garantizar el derecho a la vida y a la manifestación pacífica, así como la actuación adecuada de los cuerpos de seguridad. También a repudiar declaraciones o pronunciamientos que promuevan el escalamiento de la violencia.

Por esta razón, el OVCS exige a los Poderes Públicos ejecutar las siguientes medidas:

  1. Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer responsabilidades correspondientes por la muerte de Jairo Ortiz Bustamante (19).
  2. Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer responsabilidades correspondientes por tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.
  3. Libertad plena para manifestantes detenidos arbitrariamente durante las protestas pacíficas.
  4. Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
  5. Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.
  1. Cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y aceptar el acompañamiento de organismos internacionales de protección de derechos humanos para que en Venezuela se reestablezca el orden democrático.
OVCS denuncia ruptura del orden democrático en Venezuela y el riesgo de un estallido social

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El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) expresa su preocupación por la ruptura del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y la posibilidad de un estallido social.

El pasado 20 de octubre de 2016 el Poder Electoral informó sobre la suspensión del proceso de recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad para la solicitud de referéndum revocatorio, que estaba previsto para los días 26, 27 y 28 de octubre del presenta año.

La decisión, que fue tomada con base en medidas precautelativas emanadas por tribunales penales de primera instancia, formaliza el inicio de un proceso dictatorial alejado del cariz democrático que impera en el pueblo venezolano.

Con esta acción se vulneraron los derechos humanos del pueblo venezolano, que ve en el referéndum revocatorio en 2016 una oportunidad para dirimir  democráticamente las diferencias, mitigar la crispación política y buscar salidas pacíficas y consensuadas a la grave crisis que atraviesa el país y que tiende a agudizarse debido a la ausencia de solución de los problemas.

Tan solo este año el OVCS ha registrado más de 5 mil protestas y más de 670 saqueos en los primeros nueve meses, destacando que 72% de las protestas ha sido para exigir Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y de ese total el 28% en rechazo a la grave situación de hambre e inseguridad alimentaria que persiste y se agudiza en el país.

En este contexto nos preocupa que actualmente cerca de 14% de las protestas presentan características violentas y es una situación que viene incrementándose desde el mes de enero de este año.

La Encuesta Nacional del Consumo de Alimentos, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE),  ya registraba para 2015 que más venezolanos habían dejado de comer 3 o más veces al día y que la pobreza crítica ya supera el 50,25 de la población.

Considerando el quebrantamiento del orden democrático y de la voluntad popular, alertamos que con la obstaculización, impedimento, ralentización y negación de la realización del referéndum revocatorio en 2016, el Gobierno crea la posibilidad de un estallido social. En tal sentido, realizamos las siguientes demandas:

  1. Exigimos a  los Poderes Públicos de Venezuela  realizar todas las acciones pertinentes para restituir el Estado de derecho y el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la preservación de la institucionalidad democrática.
  2. Solicitamos a  los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pronunciarse sobre la ruptura del orden democrático en Venezuela.
  3. Solicitamos a  los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizar las gestiones necesarias para continuar con el proceso de activación de la Carta Democrática Interamericana, iniciado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, con el fin de promover un acompañamiento permanente al Estado venezolano hasta que se restablezca el orden democrático, el Estado de derecho y la paz nacional.
  4. Exhortamos a  los Poderes Públicos de Venezuela a garantizar la realización del proceso de referéndum revocatorio en 2016, siendo éste un derecho constitucional del que no se puede privar o condicionar al pueblo venezolano.
  5. Exigimos a  los Poderes Públicos de Venezuela garantizar el derecho humano a la manifestación pacífica de todas las personas que decidan tomar las calles pacíficamente para expresar su opinión sobre la vida pública nacional.
  6. Exhortamos a  los Poderes Públicos de Venezuela a promover el diálogo y reconciliación nacional en los diferentes ámbitos del país.
OVCS: 3.507 protestas y 273 saqueos se registraron en el primer semestre de 2016

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El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) publicó su informe correspondiente al primer semestre del año 2016 y reveló que entre enero y junio  se produjeron, al menos,  3.507 protestas. Un promedio de 19 protestas diarias en todo el territorio nacional.

El saldo a junio representa un incremento de 24% en comparación con las protestas documentadas en los primeros seis meses de 2015.

 

Con base a las protestas monitoreadas en los primeros seis meses del año se reitera que Venezuela continúa inmersa en una espiral de conflictos sociales y políticos que crece con el pasar del tiempo. Esto se atribuye fundamentalmente a la falta de respuesta de las autoridades a las necesidades y exigencias ciudadanas. Al igual que las protestas documentadas en el primer semestre de 2015, en este lapso las personas tomaron las calles para exigir derechos económicos, sociales y culturales (Desc)   En los primeros seis meses del año, el OVCS documentó 3.507 protestas, caracterizadas por: protestas populares, protestas masivas, protestas espontáneas, protestas por alimentos, servicio de agua potable y electricidad. El documento destacó que el 75% de las acciones de calle y conflictos documentados en este período estuvo relacionado con derechos económicos, sociales y culturales (DESC).  

 

 

Al revisar en detalle las demandas de quienes protestan, éstas quedan distribuidas: rechazo a la escasez y desabastecimiento de alimentos. 954 protestas (27%). Vivienda digna (servicios básicos). 836 protestas (24%). Derechos laborales. 624 protestas (18%). Demandas por seguridad ciudadana, derechos de las personas privadas de libertad, derecho a la justicia. 509 protestas (15%).  Exigencias con vínculos políticos. 361 protestas (10%). Derecho a la educación. 223 protestas (6%).

El cierre de calle se mantiene como la principal forma de protesta, seguido por concentraciones y marchas.

 

 

Crisis alimentaria en Venezuela

La situación de inseguridad alimentaria que vive el pueblo venezolano se caracteriza por desabastecimiento, escasez y carestía de productos, y se expresa diariamente en las calles.

En los primeros seis meses de 2016 se documentaron 954 protestas por alimentos, realizadas principalmente por vecinos. Un promedio de 5 protestas diarias en todo el país.

Esta cifra representa un aumento de 90% en comparación con el primer semestre de 2015, cuando se reportaron 502 protestas.

 

Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) aumentan la conflictividad En respuesta a la grave situación de inseguridad alimentaria que atraviesa Venezuela, el Estado implementó un sistema de distribución de productos alimenticios controlado por grupos con filiación político-partidista denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Según la vocería gubernamental con este nuevo esquema de distribución se garantizará la seguridad alimentaria y soberanía del país. Sin embargo, desde que los CLAP iniciaron la distribución de productos se incrementaron considerablemente las protestas por alimentos. Por ejemplo, en mayo presentaron un repunte de 320% y en junio de 309%, en comparación con los mismos meses de 2015.   Saqueos e intentos de saqueo En el primer semestre de 2016 se documentaron 416 saqueos o intentos de saqueo en todo el país. Continúan los actos violentos en contra de locales comerciales, abastos, supermercados y transportes. Desde marzo los saqueos superan a los intentos de saqueo.  En lo que va de año se han documentado 243 saqueos y 173 intentos de saqueo en todo el país.  
Protestas por el derecho a una vivienda digna

De enero a junio se documentaron 836 protestas para exigir al derecho a la vivienda digna, esencialmente por servicios básicos.

Los vecinos realizaron protestas masivas, principalmente cierres de calles, para llamar la atención de las autoridades y exigir soluciones.

Se destaca que en estos seis meses se reportaron protestas nocturnas en rechazo a los apagones de luz y falta del servicio de agua potable, en zonas rurales y urbanas.

Esta cifra representa un incremento de 17% en comparación con el mismo período de 2015, cuando se reportaron 715 protestas por el derecho a la vivienda.

 

 

Las protestas en el mundo laboral En el primer semestre del año las protestas laborales se han reducido con respecto a igual período de 2015. Este año se documentaron 624 protestas frente a los 969 casos registrados el año pasado. Los trabajadores, aún y cuando ven desmejoradas sus condiciones de vida debido a la crisis económica que atraviesa el país, han reconducido sus conflictos hacia la demanda de recursos que permitan a las empresas donde laboran adquirir materia prima para producir bienes y alimentos. Los trabajadores ven con preocupación la merma de la producción, pues ven en riesgo su estabilidad laboral. Ya en algunos casos se han tomado como medidas el adelanto de las vacaciones colectivas o suspensión temporal del trabajo a la espera de que las condiciones mejoren, sin embargo, la realidad es que persiste la falta de insumos para reactivar el aparato productivo. Sobre este aspecto, el OVCS quiere dejar un alerta de la situación que enfrentan los trabajadores y su estabilidad laboral. Es importante que las autoridades orienten sus esfuerzos a atender la grave problemática para evitar un incremento del desempleo. Otro punto sobre el que deben conducirse los esfuerzos es en controlar la inflación con planes efectivos de producción. La escalada de precios ha hecho estrago con los salarios. No hay aumento ni contrato colectivo que haga frente a la inflación que experimentan los productos, fundamentalmente los alimentos, que es donde se va gran parte del presupuesto familiar. Los ajustes del salario mínimo, dos en lo que va de año, poco han servido para atender la demanda ciudadana que a diario ve limitada su capacidad de compra. A esto no hay que descuidar las dificultades de flujo de caja  que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para mantener los gastos de nómina.  

 

 

Protestas por derechos políticos

Las protestas para exigir derechos políticos representan el 10% de todas las documentadas en este semestre.

A partir del segundo trimestre del año se observó un aumento consistente de las movilizaciones  vinculadas al proceso de referéndum revocatorio.

Esta cifra representa un incremento de 120% en comparación con el primer semestre de 2015, cuando se reportaron 164 protestas por derechos políticos.

 

 

 

Represión a manifestaciones

En el primer semestre de 2016 se reedita el patrón de represión de manifestaciones desarrollado por el Estado venezolano en 2014. Caracterizado por:

  1. Acciones coordinadas entre la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), policía Nacional Bolivariana (PNB) y Colectivos Paramilitares.
  2. Obstaculización o impedimento de movilizaciones; tratos crueles, inhumanos o degradantes; detenciones arbitrarias; uso de sustancias tóxicas y armas de fuego, entre otras.

 

Represión a manifestaciones por alimentos

En estos seis meses las calles venezolanas han sido escenario de múltiples movilizaciones masivas para exigir el derecho humano a la alimentación. La respuesta gubernamental a estas manifestaciones ha sido la represión.

La represión y violencia en contra de manifestaciones por alimentos deja un saldo de al menos 6 personas asesinadas.