El jueves 06.04.17 se registró el asesinato del joven estudiante Jairo Ortiz Bustamante (19), por parte de presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante la represión a una protesta en el sector Carrizal, estado Miranda. En las últimas semanas se han incrementado las protestas pacíficas en rechazo a la vulneración de derechos humanos y a la consolidación de un sistema dictatorial en Venezuela.
El aumento de la protesta pacífica ha tenido como respuesta gubernamental la ejecución de un patrón de represión caracterizado por:
- Ataques conjuntos de Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Colectivos Paramilitares.
- Uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego.
- Práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes.
- Detenciones arbitrarias.
- Allanamientos sin orden judicial.
- Criminalización de la protesta.
- Agresión a periodistas durante la cobertura de manifestaciones.
- Persecución a dirigentes de partidos de oposición.
- Persecución a líderes sociales y estudiantiles.
Ante estos hechos, el OVCS expresa su preocupación y denuncia la criminalización de la protesta en Venezuela y el uso sistemático de la represión por parte de la fuerza pública para responder a las demandas pacíficas de los ciudadanos. Asimismo, denuncia la presencia de civiles armados pro gobierno que agreden a manifestantes y que actúan con permisividad o complicidad de funcionarios del Estado y representantes de cuerpos de seguridad.
Desde el OVCS se exhorta a las autoridades gubernamentales a garantizar el derecho a la vida y a la manifestación pacífica, así como la actuación adecuada de los cuerpos de seguridad. También a repudiar declaraciones o pronunciamientos que promuevan el escalamiento de la violencia.
Por esta razón, el OVCS exige a los Poderes Públicos ejecutar las siguientes medidas:
- Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer responsabilidades correspondientes por la muerte de Jairo Ortiz Bustamante (19).
- Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer responsabilidades correspondientes por tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.
- Libertad plena para manifestantes detenidos arbitrariamente durante las protestas pacíficas.
- Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
- Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.
- Cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y aceptar el acompañamiento de organismos internacionales de protección de derechos humanos para que en Venezuela se reestablezca el orden democrático.