Operación Constitución

Desde el año 2012 Duque Carvajal ya comenzaba a figurar en cargos importantes dentro del Ministerio Público

Duque figura en expedientes de investigaciones judiciales en las que ONG reportan violaciones de derechos humanos

El nombre de Grendy Duque Carvajal ha cobrado relevancia en los últimos días, pero no por sus méritos ni trayectoria, sino por las recientes condenas que ha dictado contra dirigentes sindicales, militares y civiles procesados por temas políticos. 

Duque Carvajal, de 37 años, es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y es oriunda del estado Guárico. Actualmente, es jueza del Tribunal Segundo con competencia en terrorismo.

Según reseña el portal web El Pitazo, Grendy Duque figura en expedientes de investigaciones judiciales en las que ONG reportan violaciones de derechos humanos.

Desempeño en ascenso

Desde el año 2012 Duque Carvajal ya comenzaba a figurar en cargos importantes dentro del Ministerio Público. 

En ese mismo año, fue designada fiscal auxiliar en la Dirección General de Actuación Procesal, específicamente en delitos comunes, cargo que ocupó hasta el año 2013. 

En el 2013 aparece como la fiscal que solicitó la imputación del funcionario del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), Tryno José Martínez, por el delito de extorsión contra comerciantes.

Para el año 2014, momento de protestas y gran revuelo en el país por las manifestaciones organizadas por estudiantes, sociedad civil y políticos de oposición, Duque Carvajal suscribió la acusación del Ministerio Público contra Leopoldo López por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir.

En 2015 fue la fiscal designada para investigar el hallazgo de siete osamentas durante un procedimiento del Ejército venezolano en una fosa en común en el sector La Mulata, municipio Ureña, en el estado Táchira.

En 2018, la designaron como fiscal en la Dirección de Fiscalías Superiores del Área Metropolitana de Caracas.

Durante 2022,  fue la jueza encargada de la investigación en contra de tres personas señaladas de planificar un supuesto atentado contra Nicolás Maduro y trasladar explosivos.

Denuncia ante Inspectoría de Tribunales y la ONU

Los abogados Eduardo Torres y la exmagistrada Blanca Rosa Mármol introdujeron una demanda en contra de Grendy Duque Carvajal el pasado 7 de agosto por condenar «sin pruebas» a seis sindicalistas venezolanos  a 16 años de prisión.

Torres señaló que Duque sabía desde el primer momento que existían documentos que acreditaban a los sindicalistas como luchadores sociales, por lo que se le pidió que los juzgara atendiendo el principio de libertad, pero se negó. 

El abogado en ese momento también informó que dicha denuncia se iba a llevar a instancias internacionales como Naciones Unidas (ONU), la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por tratarse del crimen de lesa humanidad de persecución y encarcelamiento de la disidencia política.

Por su parte, el exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray denunció a través de sus redes sociales que la jueza Grendy Duque Carvajal, condenó a los seis sindicalistas sin haber tenido «una sola prueba». 

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Operación Constitución

Duque fue la encargada de impartir una peculiar justicia en contra de los procesados de la denominada Operación Constitución, un supuesto plan que involucra a capitanes, coroneles y generales de la Fuerza Armada, quienes presuntamente conspiraron para suspender las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 y detener al gobernante Nicolás Maduro.

A los implicados se les acusó de diversos delitos, entre ellos, de conspiración, asociación para delinquir, terrorismo y traición a la patria y precisamente este miércoles, 20 de septiembre, fueron condenados  con penas que van desde los 16 hasta los 30 años de prisión.

#Venezuela. Caso Constitución: Juez Grendy Duque, condeno en horas de la madrugada de hoy, a 30 años de prisión al Coronel Oswaldo Garcia Palomo, condenado en Ausencia, al Coronel Acevedo Montañez, Coronel Jhonny Mejias Laya y a Miguel Iabichela por de Traición a la… pic.twitter.com/sAFIhLNJ8j

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) September 20, 2023

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El abogado Zair Mundaray denunció que el pasado 13 de septiembre, en audiencia, la jueza le ordenó callar a uno de los condenados por el caso, el coronel García Palomo, quien pidió la palabra para denunciar que tenía más de un mes en aislamiento sin visitas ni salir al sol siquiera.

Ante este hecho los imputados optaron por entonar el himno nacional: «La Presidenta del Circuito irrumpió en la Sala y suspendió la continuación de la audiencia de forma violenta», narró.

#URGENTE funcionarios del "palacio de justicia" de Caracas fueron testigos hoy de otro capítulo de los crímenes que allí se cometen. Narran que se pretendía continuar el juicio de la llamada "Operación Constitución" ante la juez Grendy Duque (la misma que condenó a los…

— Zair Mundaray (@MundarayZair) September 14, 2023

ONU la menciona en su informe de DDHH

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela menciona a la funcionaria un par de veces en su más reciente informe sobre Venezuela publicado este miércoles.

El organismo señaló que investigó durante el último año alegaciones de violaciones de derechos humanos reportadas en el país durante enero de 2020 y agosto de 2023 y menciona a Duque Carvajal como la juez a cargo de las sentencias en contra de los sindicalistas y demás personas acusadas de conspiración. 

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Una serie de factores infortunados, y la ausencia de articulación política, permitieron al Gobierno abortar la Operación Constitución

@javiermayorca

En la página de los diez “más buscados”, la violencia criminal fue reemplazada por la violencia política. Cuando estas listas comenzaron, alias Coqui era un objetivo habitual, al menos desde el punto de vista declarativo. Luego de casi tres años de OLPs y operativos puntuales en la Cota 905, el líder de una de las principales megabandas de Caracas sigue en libertad. Pero ya como que no lo buscan mucho.

El Gobierno recompuso sus prioridades en materia de seguridad. La delincuencia sigue, pero ahora los “más buscados” son los que de una u otra forma han perturbado la tranquilidad de Miraflores. Quinto en la lista figura todavía el coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo.

En esta web gubernamental como que no se enteraron de que ya este oficial tiene varios días en los sótanos (o en la azotea) de la Dirección de Contrainteligencia Militar, en Boleíta.

La captura del coronel tiene numerosos detalles de interés para comprender las aristas del actual conflicto político venezolano. En una declaración suministrada el 31 de enero, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, afirmó que esta detención fue posible gracias a la previa captura en los Valles del Tuy de un sargento técnico de segunda, Miguel Antonio Palacio, alias Marco, de 44 años de edad, y la del primer teniente del Ejército Alberto Salazar Cabañas, de 43 años, también conocido como Pancho. Este último procedimiento fue llevado a cabo en San Antonio de los Altos, el domingo 27 de enero, según Reverol.

El funcionario indicó que los análisis de telefonía a los dispositivos decomisados a Palacio y a Salazar permitieron dar con la probable ubicación de García Palomo.

Aunque estos dos hombres pueden estar detenidos y sus teléfonos decomisados, esta versión de Reverol tiene inconsistencias. La información en poder del director del Foro Penal, Alfredo Romero, y del general retirado del Ejército Antonio Rivero establece que García Palomo fue privado de libertad el sábado 26 de enero en horas de la mañana. Por lo tanto, lo dicho por el ministro es, en el mejor de los casos, una verdad a medias.

Según Rivero, García Palomo forma parte de un movimiento cívico-militar cuyo objetivo es deponer a Nicolás Maduro. El general, ex director de Protección Civil, se incluye en ese mismo grupo. La idea era aprovechar la conmoción generada en el país a propósito de la sorpresiva juramentación de Juan Guaidó como presidente interino, para dar así el golpe final al régimen.

Este interinato, sin embargo, los tomó por sorpresa también a ellos. De repente, el coronel llegó a la convicción de que se necesitaba apurar los preparativos, y se adentró en territorio venezolano con la esperanza de ultimar la ejecución de la llamada Operación Constitución.

Según fuentes castrenses, García Palomo había coordinado un encuentro con otros integrantes del movimiento en un punto de la autopista José Antonio Páez, en Barinas. En ese preciso lugar estaba una comisión de la policía judicial, esperándolo. Los problemas de comunicación entre los distintos participantes, así como las dificultades para encontrar gasolina, perjudicaron la fluidez de la operación.

Según la ficha suministrada por el Gobierno, este oficial retirado está ligado a “actos terroristas contra el Estado venezolano, protegido y financiado por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia”. Nada que ver con el hombre que residía con su familia en una casa erigida en las apacibles montañas de Carrizal, rodeado de canes. En concreto, al coronel lo implican en todas las conspiraciones presenciadas en 2018. Desde la encabezada por el comandante del batallón Ayala del Ejército Igbert Marín Chaparro hasta la de los drones que estallaron en la avenida Bolívar, precisamente en el acto aniversario de la Guardia Nacional.

Rivero recordó haberle preguntado a García Palomo sobre su involucramiento en los estallidos del 6 de agosto en la avenida Bolívar.

“El me lo negó, dijo que no tenía nada que ver con eso, aunque conocía a los que estaban en el plan. Pero era otro grupo”, recordó el general.

Según Reverol, las pesquisas en torno al coronel dieron como resultado las detenciones de seis personas. Igualmente, son buscados dos oficiales activos de la Armada.

En la camioneta Tucson donde se trasladaba García Palomo, junto al también coronel retirado José Acevedo y el civil Antonio Iabichela Barrios fueron encontrados 500 brazaletes con una bandera tricolor y las siglas OC, por Operación Constitución.

Todo indica que las verdaderas dimensiones de este movimiento son desconocidas para el régimen. A juzgar por lo incautado y la escasa información aportada, abarca tanto a efectivos de tropa como a oficiales de tres componentes castrenses. Estas iniciativas atomizadas, como fue también la de los sargentos de la Guardia Nacional que se atrincheraron en Cotiza el 21 de enero, añade un factor importante de presión a lo interno de la Fuerza Armada, el oficialismo y los factores políticos de la oposición que intentan una salida concertada a la crisis venezolana. El desenlace es impredecible.

Breves

– En la medida en que avanza la crisis económica, la economía de la droga toma nuevos espacios en el país. Antes, el dinero derivado de esta industria surgía de las ventas al detal y al mayoreo, así como también del suministro de precursores e insumos, y de las comisiones por legitimación de capitales. Sin embargo, desde 2018 se tiene constancia por tres fuentes independientes de que hay contingentes de venezolanos dedicados al cultivo de la coca, en el departamento colombiano Norte de Santander. Los primeros viajes fueron de jóvenes residenciados en poblaciones del Sur del Lago y Táchira. Pero rápidamente llegaron merideños e incluso gente de Aragua. No hubo anuncios de prensa ni convocatoria a través de las redes sociales. Todo fue boca a boca: “Me dijeron que allá sembraban, y fui a ver”, dijo uno de ellos. Los jóvenes se trasladan por sus propios medios a La Gabarra, donde buscan alojamiento por muy pocos días, hasta que llega un “patrón” y los convoca para llevarlos a determinados fundos, donde pueden pasar hasta dos semanas continuas, llenando bongos de hoja que han cosechado. A ellos los llaman “raspachines”. Debido a la necesidad de ingresos, los jóvenes venezolanos se han convertido en mano de obra barata para las primeras etapas de elaboración de la cocaína, es decir, hasta que el arbusto se transforma en pasta base. Los cultivadores venezolanos de coca pueden hacer hasta cuatro viajes anuales a Colombia. Todo depende de variables ambientales. Según estimados de Naciones Unidas, en Norte de Santander ha ocurrido un notable incremento de la superficie cultivada con coca, hasta abarcar el 9% del total colombiano.

Los arbustos de coca tierna, listos para la cosecha (foto cortesía)

– Mucho se ha comentado sobre la situación de hambre que se pasaría en unidades militares. Esto es cierto hasta un determinado punto. En el estado Miranda, por ejemplo, en un día de diciembre el menú para los uniformados era arepa con pescado en picadillo para desayunar, pasta con el mismo guiso para almorzar y arroz aderezado con lo mismo para la cena. En otra unidad comen mejor: arepa con caraota y queso para empezar el día; pasta con pollo y berenjena para almorzar y prácticamente lo mismo para cerrar la jornada. Durante la época de mayor escasez de carne, hubo unidades que se vieron desprovistas de proteína para sus tropas y oficiales, y tuvieron que solicitar “colaboraciones” de dueños de abastos y supermercados. Otra cosa ocurre con los guardias nacionales y efectivos del Ejército cuando se encuentran desplegados en operaciones. En zonas urbanas, se ha podido ver a los militares pidiendo almuerzo a las mismas comunidades a las que prestan un servicio de policía preventiva. En las zonas rurales, la cosa depende también de los aportes privados. A finales de 2018, un hacendado de Apure se vio en un dilema: o entregaba una res para que los militares comieran, o quedaba a merced de elenos y faracos convertidos en bandoleros.

Foto: Carlos Becerra / Anadolu Agency / Getty Images

La conspiración para enjuiciar a Maduro fue frustrada el mes pasado, y docenas de arrestos le siguieron

Por Ethan Bronner, Andrew Rosati y Fabiola Zerpa

Artículo original de Bloomberg Businessweek 

Traducido por Runrun.es

El complot, de nombre código “Operación Constitución”, involucraba a cantidades de capitanes, coroneles y generales, provenientes de todas los componentes de las Fuerzas Armadas venezolanas. El objetivo era directo y sísmico – capturar el Presidente, Nicolás Maduro, y llevarlo a juicio. Se suponía que los conspiradores, utilizando brazaletes azules marcados “OC”, asaltarían el Palacio Presidencial y la principal base militar, y detendrían la elección presidencial del 20 de mayo. Parte de la logística tuvo lugar en Bogotá, pero autoridades colombianas y estadounidenses, que supuestamente conocían del complot y miraron hacia otro lado, se negaron a proveer apoyo activo.

Después algo salió mal. A mediados de mayo, varias docenas de militares, incluyendo a una mujer, como también un par de civiles, fueron arrestados secretamente – algunos han sido acusados de traición – y encarcelados por el tribunal militar. Varios dicen que han sido torturados. Los conspiradores creen haber sido traicionados, posiblemente por un doble-agente. Esta reconstrucción del complot está basado en entrevistas con un coordinador que logró escapar del arresto, dos personas que atendieron sesiones de planificación, y abogados y familiares de los acusados. Todos hablaron en condición de anonimidad, temiendo por su seguridad. Bloomberg también observó un reporte de un tribunal militar que establece la versión del gobiernos de los eventos, que corrobora muchos de los detalles de los conspiradores.

Detalles del golpe fallido, probablemente la amenaza más grande a Maduro en sus cinco años de presidencia, no han sido reportados antes, aunque un blogger militar venezolano lo ha aludido. Una vez rica y relativamente democrática, la Venezuela socialista ha seguido un camino regresivo, y se ha vuelto en un petro-estado disfuncional y autoritario. El país es acosado por la hiperinflación y escasez severa de alimentos y medicina. Cientos de miles han huido a su vecina Colombia, que por décadas batalló guerrillas Marxistas apoyadas por Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, que también dirigió un golpe de estado fallido en 1992. Una década después, como Presidente de la República, él venció un golpe.

Algunos miembros de la milicia venezolana dicen que la única esperanza para retornar a la estabilidad es reemplazar a Maduro por la fuerza. Eso se mantiene improbable después del fracaso del golpe. El Presidente mantiene su influencia sobre todas las principales instituciones; nunca fue un militar, pero ha trabajado duro para ganar la lealtad del alto mando. Aunque se reelección en mayo ha sido ampliamente condenada como fraudulenta, reafirmó el sentimiento que está firmemente en el poder. Aún así, el intento a un golpe de estado indica que partes de las fuerzas armadas están descontentas – y Maduro se ha dado cuenta. En un desfile militar el 23 de Junio declaró, “¡Es hora de cerrar filas y hacerse fuerte en contra de la traición! Necesitamos una milicia unida leal al glorioso país de Venezuela y su legítimo comandante en jefe!».

El reporte del tribunal militar del complot, según los participantes, contiene una combinación entre realidad y ficción. Su afirmación principal no es negada: En mayo, oficiales de rango alto de todas los cuatro componentes de las fuerzas armadas intentaron llevar a cabo una insurrección. Aún así, aquellos entrevistados niegan los detalles más dramáticos, incluyendo que los gobiernos colombianos y estadounidenses proveyeron apoyo financiero. También niegan la existencia de una segunda conspiración, “Operación Armagedón”, que indicaba que asesinarían a Maduro en un desfile militar en Julio del 2017.

E.E.U.U tiene “ninguna intención para desestabilizar o derrocar al gobierno venezolano”, dijo un representante del Departamento de Estado, pero quiere “el retorno a la Venezuela estable, próspera y democrática”. En Texas, en febrero, el ex-Secretario de Estado de E.E.U.U, Rex Tillerson destacó que los militares en Latinoamérica tienden a involucrarse en tiempos de crisis. “Si la cocina se le calienta mucho [a Maduro], estoy seguro que tiene amigos en Cuba que le podrían dar una bonita hacienda en la playa,” dijo. Colombia y Venezuela ambos se negaron a dar algún comentario.

El fiscal militar afirmó que María Corina Machado, una de las líderes de la oposición, participó en el complot. Ella y participantes negaron esto, indicando que es ficción, en un intento para incriminarla y encarcelarla. “Este régimen está una vez más intentando incriminarme”, dijo Machado en una entrevista en Caracas. “No tengo conexión alguna a estas conspiraciones. Quieren silenciar mi voz, porque los he etiquetado como una narco-dictadura. Quiero ser clara: quiero a Nicolás Maduro fuero del poder inmediatamente. Pero quiero que sea expulsado vivo, para que se enfrente a la justicia que su régimen le ha negado a los venezolanos.” El gobierno y los conspiradores tienen razón para exagerar o minimizar lo ocurrido: Los conspiradores quieren apoyo extranjero y más oficiales que se unan al próximo intento y esperar proteger a aquellos que han sido capturados. El gobierno busca justificar una purga, que ya empezó, mientras que afirman estar en control.

Los participantes dicen que el golpe originalmente fue planificado para Abril del 2017, para detener a Maduro en su expansión de poder sobre la legislación de Venezuela, pero una rebelión militar no relacionada y mucho más pequeña que esta causó que los participantes abortaran la misión. La planificación continuó hasta 2018, con reuniones secretas en casas de áreas exclusivas de Caracas. En un punto, un participante cruzó la frontera entre Colombia y Venezuela utilizando identificación falsa y un bigote de mentira.

Elementos de descontento entre las fuerzas armadas empezaron a aparecer alrededor de hace un año, cuando Oscar Pérez, un oficial de policía y piloto, agarró un helicóptero y lanzó granadas a edificios gubernamentales. Maduro culpó al Mayor General Miguel Rodríguez Torres, un ex-jefe de inteligencia que rompió con el gobierno en 2015. Posteriormente, Pérez fue asesinado en una incursión. En enero, empezaron los arrestos de tenientes de fuerzas especiales. En marzo, Rodríguez Torres y algunos comandantes de batallones blindados fueron arrestados por insurrección. Sigue detenido.

El grupo más grande de arrestos ocurrieron alrededor la reelección de Maduro. Participantes y sus abogados dicen que las autoridades detuvieron un ciudadano colombiano, el médico novio de la única mujer que participó en el atentado. Dicen que ha sido torturado, aunque no sabía nada del complot.

Maduro ha cultivado cuidadosamente su relación con la milicia. El año pasado, cuando más de un millón de personas se unieron a las protestas anti-gubernamentales, dependió de sus fuerzas de seguridad para sofocar los disturbios. Desde la muerte de Chávez en 2013, Maduro le ha dado gran parte de la economía a los militares, incluyendo altos cargos en la petrolera nacional y el control sobre la distribución de los alimentos. Ha ascendido a cientos de generales y almirantes, y oficiales militares (activos y retirados) tienen nueve de 34 puestos en el gabinete minsterial.

Sin embargo, una persona con conocimiento de las fuerzas armadas dice que las encuestas realizadas por el servicio de inteligencia encuentraron que el índice de aprobación de María Corina Machado entre los oficiales es especialmente alto. Esto podría explicar por qué el gobierno ha tratado de conectarla al complot. Rocío San Miguel, presidente de la organización Control Ciudadano, dice que Maduro también mantiene control a través del miedo, regularmente deteniendo o purgando otros oficiales y soldados.

“No creo en esta idea que Maduro está colgando de un hilo”, dice San Miguel. “Maduro ha desarrollado una política de estado de persecución y monitorear entre las fuerzas armadas. Es paranoico. El gobierno está creando una pared de fuego.”