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En lo que va de año, más de 330.000 personas ya han cruzado esta región montañosa de 575.000 hectáreas entre Colombia y Panamá, la cifra anual más alta registrada hasta la fecha, frente a las 248.000 personas que lo hicieron en 2022

Este martes, 5 de septiembre, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos mostró su preocupación por las «múltiples violaciones y abusos» a los que se enfrentan los migrantes que atraviesan el Tapón del Darién.

«Los migrantes están expuestos a múltiples violaciones y abusos de los derechos humanos durante su viaje, incluida la violencia sexual, que supone un riesgo especial para los niños, las mujeres, las personas del colectivo LGBTI y las personas con discapacidad», indicó en rueda de prensa la portavoz de la oficina de la ONU, Marta Hurtado.

Entre estas violaciones, Hurtado destacó que la población migrante es víctima de asesinatos, desapariciones, trata de personas, robos, así como intimidación por parte de grupos del crimen organizado.

En lo que va de año, más de 330.000 personas ya han cruzado esta región montañosa de 575.000 hectáreas entre Colombia y Panamá, la cifra anual más alta registrada hasta la fecha, frente a las 248.000 personas que lo hicieron en 2022.

Sin embargo, según la portavoz, la asistencia humanitaria tanto en Panamá como en Costa Rica sigue siendo «limitada» para hacer frente a este éxodo, algo que «empeora las precarias condiciones de vida» y «aumenta la vulnerabilidad de las personas».

Por ello, la oficina de Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a seguir fortaleciendo sus apoyos y pidió a ambos países que aborden los «factores estructurales» que obligan a estas personas a abandonar sus hogares y emprender estos viajes en busca de una vida «más digna y segura» para ellos y sus familias.

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*Con información de EFE

Los expertos instan a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión

También alientan al Estado venezolano a «implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo»

Los relatores especiales consideran que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela

El 11 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas emitió un comunicado en el que los expertos Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, advirtieron que condenar a sindicalistas y dirigentes sindicales por cargos de terrorismo es un «abuso crónico» de las leyes antiterroristas de Venezuela. 

El 1 de agosto de 2023, seis sindicalistas, detenidos entre el 4 y el 7 de julio 2022, fueron condenados a 16 años de prisión por conspiración y asociación para delinquir. 

«Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín acaban de ser condenados a 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir», anunció la ONG Acceso a la Justicia en su cuenta en Twitter. 

La organización insistió en que estos seis sindicalistas son «luchadores sociales, y que esta condena representa «el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela».

«En un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades, tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al derecho internacional», afirmaron los relatores especiales.

Los expertos instan a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión. También, alientan al Estado venezolano a «implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo».

El comunicado resaltó varias irregularidades que se presentan en este caso de los detenidos. A continuación algunas de ellas: 

En una comunicación anterior al Gobierno de Venezuela, los expertos destacaron la falta de protección del debido proceso, la falta de acceso a la defensa legal para los activistas y lideres sindicales, la inadecuación de las pruebas a las acusaciones formuladas y el hecho de que informantes clave no testificaran en el juicio.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los órganos de derechos humanos han sostenido sistemáticamente que la legislación y la práctica antiterroristas deben implementarse de manera respetuosa de los derechos humanos.

«Denunciamos el uso indebido de las leyes antiterroristas contra quienes han abogado por la protección de los derechos sociales y económicos y la libertad de asociación. Este tipo de uso indebido es un intento de sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada», reiteró el comunicado.

Los expertos se mostraron profundamente preocupados por el hecho de que todos los sindicalistas fueron condenados a penas de prisión excepcionalmente largas.

Los relatores especiales consideran que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela.

«La dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del gobierno», señalaron los expertos.

Los expertos reiteraron en el comunicado que las autoridades venezolanas están utilizando la lucha contra el terrorismo para excluir y socavar la labor legítima en favor de los derechos humanos.

«El uso de la legislación antiterrorista contra actores de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos debe cesar de inmediato», afirmaron los expertos.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de DDHH de la ONU.

Los trabajadores de este órgano, aclaran en el texto,  trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

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Entre enero y junio, la ONU recibió el 14 % del monto requerido para financiar su plan de ayuda de este año para Venezuela, el cual contempla 720 millones de dólares para beneficiar a 5,2 millones de personas con necesidades urgentes

Las donaciones internacionales destinadas a la ayuda humanitaria en Venezuela cayeron 25 % en el primer semestre del año, en comparación con el mismo período de 2022. Así lo informó el 19 de julio la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

«Al 30 de junio, los donantes han aportado 104 millones de dólares (…) Esta cifra es inferior al promedio mundial del 20 % para los planes de respuesta humanitaria y representa tres cuartas partes del financiamiento recibido en Venezuela a mitad del año 2022», dice un comunicado del organismo multilateral.

Entre enero y junio, la ONU recibió el 14 % del monto requerido para financiar su plan de ayuda de este año para Venezuela, el cual contempla 720 millones de dólares para beneficiar a 5,2 millones de personas con necesidades urgentes.

«En general, y tras varios años de crecimiento, la financiación para Venezuela ha ido disminuyendo desde 2022 -con un 10 % menos entre 2021 y 2022-, con más reducciones previstas en 2023. A nivel mundial, la financiación actual sitúa a Venezuela como el segundo país con la respuesta humanitaria más desfinanciada», prosigue el reporte, que no aclara cuál es el país con menos donaciones.

La ONU advierte que la falta de financiación «podría dejar a millones de venezolanos con necesidades críticas en áreas prioritarias clave», como la nutrición, la educación, la salud y la seguridad alimentaria en un país que tiene a la mitad de su población en pobreza extrema, según estimaciones académicas.

«Las brechas actuales limitan la capacidad de suministrar vacunas y ampliar los programas de inmunización, dejando a niños y niñas menores de cinco años en riesgo de sufrir brotes de enfermedades transmisibles», subraya el escrito.

Además, prevén que la caída en las donaciones disminuya «los servicios de salud sexual y reproductiva para unas 700.000 mujeres y adolescentes», los cuales considera «esenciales para reducir las tasas de mortalidad materna e infantil».

«El apoyo a profesores y alumnos se verá afectado, incluyendo una reducción en los programas de alimentación escolar. Esto impactaría el acceso a una educación de calidad para 1,4 millones de niños», concluye el organismo tras urgir a aumentar el financiamiento del programa humanitario en el país suramericano.

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CEPAZ señaló que las recomendaciones del Alto Comisionado hacen un llamado al Estado a poner fin a estos actos sistemáticos y violatorios de los derechos humanos

El 4 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, dirigida por Volker Türk, presentó un informe actualizado sobre la violación de derechos humanos en Venezuela.

El informe se centra en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, el Estado de derecho y el espacio cívico, así como en el grado de aplicación de las correspondientes recomendaciones formuladas en informes anteriores.

El documento abarca el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023. 

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Ante ello, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) resaltó que el Estado venezolano incumplió las 19 recomendaciones previas del Alto Comisionado, las cuales exigen justicia, reparación y garantías en el ejercicio de los derechos humanos de los venezolanos. 

«Estas recomendaciones se encuentran enmarcadas en las garantías de los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales y políticos de la población venezolana, protegiendo especialmente a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas campesinas, trabajadoras rurales, dirigentes sindicales, laborales y personas vinculadas con la política que son constantemente perseguidas y criminalizadas por parte del Estado», indicó CEPAZ en un comunicado.

Según la organización, las recomendaciones del Alto Comisionado hacen un llamado al Estado a poner fin a estos actos sistemáticos y violatorios de los derechos humanos, pero además a la adopción de medidas que permitan sin demora investigaciones independientes e imparciales, rendición de cuentas de los perpetradores y la reparación de las víctimas o de sus familiares.

Lo que recomienda el nuevo informe

Las recomendaciones que cita el informe son las siguientes: 

Reactivar el proceso de demarcación de las tierras de los pueblos indígenas, respetando la participación plena, significativa y el consentimiento informado de los pueblos indígenas. 

Elaborar y adoptar un protocolo sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, personas campesinas, trabajadoras rurales, dirigentes sindicales y laborales en situación de riesgo. Tomar las medidas adecuadas para poner fin a los actos de estigmatización por parte de personas funcionarias públicas y adoptar las medidas de rendición de cuentas correspondientes.

Aplicar plenamente los compromisos adoptados en el plan de acción del Foro de Diálogo Social de febrero de 2023; llevando a cabo investigaciones rápidas, independientes, imparciales y efectivas de todas las alegaciones de violaciones de los derechos a la libertad de asociación, incluido el derecho a sindicarse, y de reunión pacífica, y lleve a todas las personas responsables ante la justicia; adopte medidas concretas para abordar las causas de fondo de las protestas de trabajadores, trabajadoras y personas jubiladas, incluidos los salarios y las condiciones laborales.

Adoptar medidas para garantizar el disfrute del derecho a la salud, incluido el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y la despenalización del aborto, prestando especial atención a las necesidades diferenciadas de las mujeres.

Acelerar la adopción del proyecto de ley sobre igualdad de género, actualmente pendiente en la Asamblea Nacional, y elaborar un plan de acción nacional para abordar la violencia de género en consonancia con las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Adoptar medidas para garantizar el goce de los derechos humanos, libres de discriminación, incluyendo una ley que garantice el derecho de las personas transgénero a su identidad de género autopercibida, además de la implementación del artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil.

Desarrollar una política integral y unas directrices sobre la ejecución oportuna de las órdenes de liberación, los programas de redención de penas y su cómputo, garantizando al mismo tiempo el pleno acceso y la transparencia de los procedimientos que se establezcan.

Garantizar investigaciones y procedimientos judiciales rápidos, independientes, efectivos, imparciales, transparentes, exhaustivos y creíbles en los casos de muertes en el contexto de operaciones de seguridad y protestas, denuncias de tortura u otras formas de malos tratos y desapariciones en alta mar. Detener, procesar y castigar a los responsables, incluidos los superiores jerárquicos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos; y proporcione a las víctimas plena reparación.

Garantizar el cumplimiento efectivo de las reformas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) destinadas a reducir la detención preventiva, incluyendo el examen oportuno de las solicitudes presentadas y de los casos que calificarían para la aplicación del artículo 230 del COPP.

Promover consultas públicas transparentes, amplias, inclusivas y significativas antes de la adopción de leyes, políticas o proyectos públicos.

Garantizar que la aplicación de la legislación sobre delitos motivados por el odio e incitación al odio cumple el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se adhiere al Plan de Acción de Rabat.

Revisar la legislación sobre interceptación de comunicaciones, recopilación y uso de datos personales para garantizar el cumplimiento del derecho a la intimidad.

Establecer un plan de regularización que permita a las emisoras de radio acceder al uso del espectro radioeléctrico en condiciones que garanticen la pluralidad informativa y la seguridad jurídica, incluso mediante la participación efectiva de representantes del sector, organizaciones dedicadas a la promoción de la libertad de expresión y otros actores interesados.

Establecer mecanismos para garantizar respuestas oportunas a las solicitudes de información pública de la sociedad civil.

Garantizar el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos llevados a cabo por la Contraloría General de la República con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos.

Ampliar la cooperación con el ACNUDH con vistas a aplicar las recomendaciones basadas en los derechos humanos, incluidas las derivadas de mecanismos internacionales, como los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Instar a las autoridades venezolanas a que, en virtud del principio de complementariedad, sigan cooperando con el OTP y demuestren su voluntad y capacidad para emprender las investigaciones y enjuiciamientos nacionales pertinentes de alcance suficiente, con miras a garantizar la debida rendición de cuentas de conformidad con las normas internacionales.

Aprovechar la cooperación preexistente con el sistema de las Naciones Unidas, incluida la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional, fomentar el apoyo al proceso de diálogo nacional y la aplicación de los acuerdos alcanzados, y levantar las sanciones sectoriales que agravan los problemas preexistentes y repercuten negativamente en el disfrute de los derechos humanos de la población.

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Türk dijo que su organismo está siguiendo con atención y desde la perspectiva de los derechos humanos la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, defendió la necesidad de que las próximas elecciones primarias en Venezuela, convocadas para el 22 de octubre, sean transparentes e inclusivas.

Para que esto suceda, Türk señaló que se deben levantar las restricciones para que los ciudadanos participen en los asuntos públicos y prevenir los ataques o actos de intimidación contra las voces disidentes.

Consideró que los obstáculos observados, como la descalificación de representantes de la oposición para ocupar cargos públicos, deben ser levantados de forma urgente.

En este mismo ámbito, Türk dijo que su organismo está siguiendo con atención y desde la perspectiva de los derechos humanos la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral.

#ÚLTIMAHORA Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Türk, instó al régimen de Maduro a levantar las inhabilitaciones contra candidatos opositores https://t.co/WwgQWqI6v7 pic.twitter.com/e78242Xcj7

— Monitoreamos (@monitoreamos) July 5, 2023

Situación de derechos humanos

En la presentación del informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Türk reconoció ampliamente los avances de la cooperación entre el Gobierno y otras instancias oficiales venezolanas, en particular el Poder Judicial, con el organismo de la ONU que dirige, entre los que mencionó el acceso a centros de detención civiles y a dos de carácter militar.

El alto comisionado también reconoció que el número de asesinatos por parte de agentes estatales, así como las denuncias de torturas y malos tratos, han disminuido.

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Señaló que ha tenido conocimiento de que en 2022 hubo 362 imputaciones por tortura y 47 condenas, pero que su oficina tiene conocimiento de otras 91 denuncias de tortura presentadas por las víctimas o sus representantes. Sobre estas últimas, pidió que las autoridades las investiguen, sin excepción y con total transparencia.

Asimismo, lamentó la demora en la investigación de las muertes registradas durante protestas ciudadanas que tuvieron lugar en 2014, 2017 y 2019.

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Un informe del organismo dio cuenta de que se invirtieron 49,3 millones de dólares en el área de salud y bienestar y 47,7 millones en educación, entre otras cantidades menores para un total de 187,5 millones de dólares «ejecutados por la ONU con base en lo reportado» en el marco de cooperación 

El informe anual de la Organización de Naciones Unidas (ONU), divulgado el 12 de junio, reveló que el organismo gestionó, en 2022, 65,9 millones de dólares para luchar contra el hambre en Venezuela. El documento detalla, además, los aportes hechos a sectores como la salud y la educación.

Para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número dos, que llama a los países a poner fin al hambre en el año 2030, la ONU «ejecutó» 65,96 millones de dólares en 2022 a través de 46 proyectos, señala el escrito, en el que no se explica la procedencia de los fondos.

Asimismo, se invirtieron 49,3 millones de dólares en el área de salud y bienestar y 47,7 millones en educación, entre otras cantidades menores para un total de 187,5 millones de dólares «ejecutados por la ONU con base en lo reportado» en el marco de cooperación.

La organización considera que en 2022 hizo tres «grandes aportes» para el logro de los ODS en el país: «llegar a las personas más vulnerables» con algún tipo de asistencia, apoyar la recuperación socioeconómica -luego de ocho años de contracción- y «contribuir al diálogo social y abordar los derechos humanos».

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Trabajadores protestaron contra los «salarios de hambre»  

El pasado 1 de mayo, trabajadores del sector educación, salud, y la administración pública tomaron varios puntos de Caracas para protestar y exigir ajustes en los salarios y mejores condiciones laborales.

Los diferentes gremios se manifestaron por los «salarios de hambre», recordando que el sueldo mínimo y las pensiones no se ajustan desde marzo del año 2022 y actualmente equivalen a unos cinco dólares.

«No quiero show ni comiquita, yo lo que quiero es que me paguen en divisas», fue la consigna que entonaron los trabajadores públicos en Caracas, quienes se concentraron en Chacaíto, específicamente en la Torre Credicard.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, se dirigió a los manifestantes con un megáfono expresando que en Venezuela debe haber recursos para la salud.

«Si en Venezuela hay dinero para los corruptos, tiene que haber dinero para los que día a día exponemos nuestra vida por la salud de los venezolanos», señaló Contreras en la manifestación.

Docentes de Guarenas, Guatire, y Araira (estado Miranda) se trasladaron a Caracas para participar en la manifestación para exigir ajustes salariales con motivo del «Día del Trabajador».

Asimismo, trabajadores de Apure, Guárico, Mérida, Monagas y Táchira, entre otras regiones, también salieron a protestar.

Con información de EFE

La convocatoria incluye a quienes hayan presentado comunicaciones o recurrido a los procedimientos establecidos para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El plazo para enviar información vence el 15 de abril

El Mecanismo de intimidaciones y represalias de la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) exhorta a personas o grupos a enviar información sobre casos de intimidación y represalias por cooperar o haber colaborado con la ONU y sus mecanismos de derechos humanos. Así lo dio a conocer Provea a través de su sitio web.

La convocatoria, cuyo plazo para enviar información vence el 15 de abril, incluye a quienes hayan presentado comunicaciones o recurrido a los procedimientos establecidos para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a quienes hayan prestado asistencia jurídica a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

De acuerdo con la ONU, sus principales cooperantes, entre los que están activistas, trabajadores comunitarios, abogados, periodistas, entre otros, son potenciales objetivos de intimidación y represalias. También lo es cualquier persona relacionada con ellos.

En 2021 se alertó de un patrón de intimidación y represalias en Venezuela contra las organizaciones y personas que cooperaban con la ONU y sus mecanismos.

El Mecanismo sobre intimidaciones y represalias a cargo del Secretario General de la ONU invita a enviar informaciones sobre casos de intimidaciones y represalias en contra de personas o grupos de personas que:

Traten de cooperar o hayan cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos, o hayan prestado testimonio ante ellos o les hayan proporcionado información;

Recurran o hayan recurrido a los procedimientos establecidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y todos los que les hayan prestado asistencia jurídica o de otra índole a tal fin;

Presenten o hayan presentado comunicaciones con arreglo a los procedimientos establecidos en los instrumentos de derechos humanos, y todos los que les hayan prestado asistencia jurídica o de otra índole a tal fin;

Sean familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos o hayan prestado asistencia jurídica o de otra índole a las víctimas.

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Los actos de intimidaciones y represalias pueden ser acciones como, por ejemplo:

1. Promulgación de leyes restrictivas
2. Campañas de desprestigio
3. Sometimiento a vigilancia
4. Prohibiciones de viajar
5. Amenazas y acoso, incluso por representantes de la autoridad
6. Agresiones físicas
7. Detenciones y privaciones de libertad arbitrarias
8. Torturas y malos tratos, incluidas agresiones sexuales o denegación de acceso a atención médica
9. Asesinatos
10. El informe del Secretario General será presentado en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y luego en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La información necesaria está disponible en este vínculo.

Información publicada en Provea

A través de la Línea de Contacto se han resuelto solicitudes de ayuda humanitaria, principalmente en temas como protección ante casos de violencia de género, nutrición y acceso a tratamientos antirretrovirales para personas con VIH

La Organización de Naciones Unidas (ONU) atendió, al menos, 7.100 respuestas sobre la ayuda humanitaria entregada en Venezuela durante 2022, a través de un novedoso mecanismo que busca «escuchar las voces de los beneficiarios», según datos del organismo internacional, a los que EFE tuvo acceso el 26 de marzo.

Las reacciones de las comunidades fueron canalizadas por medio de la Línea de Contacto, una plataforma telefónica gestionada por varias agencias de Naciones Unidas, entre ellas la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Fondo de ONU para la Infancia (Unicef).

Se trata de comentarios, quejas y sugerencias expresadas de forma voluntaria, algunas bajo anonimato, las cuales son apuntadas por personal de la ONU, que reportó en 2022 una «tendencia» hacia los agradecimientos y sugerencias, sin aclarar si hubo un número de quejas y de qué tipo.

Los usuarios de la Línea de Contacto llaman para «solicitar más información sobre las actividades humanitarias que se desarrollan en el país y aclarar dudas sobre la forma en cómo se desarrollan estas actividades», dice el reporte del organismo, puesto en marcha para cumplir con el mandato de «rendición de cuentas a las comunidades».

«Las personas pueden alertar sobre comportamientos inapropiados de los trabajadores humanitarios», por lo que la ONU espera que los beneficiarios usen este mecanismo «confidencial y seguro», especialmente cuando se produzcan acciones que puedan «generar daño en las comunidades».

Hasta ahora, insiste el organismo, la Línea de Contacto ha servido también para resolver algunas solicitudes de ayuda humanitaria, principalmente en temas como protección ante casos de violencia de género, nutrición y acceso a tratamientos antirretrovirales para personas con VIH.

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Jefa de Misión de la ONU en Venezuela habla sobre graves violaciones a DDHH 

Marta Valiñas, jefa de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU en Venezuela, presentó el 22 de marzo una actualización de su informe sobre el país, donde estacó un aumento en la represión contra las ONG.

De acuerdo con la declaración de Valiñas, en informes anteriores se describieron violaciones a los derechos humanos, así como la ausencia de investigación y sanción hacia los autores.

Según la jefa de la ONU, lo anterior parece haber producido un «efecto inhibidor de la protesta que ha conseguido atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política».

Sin embargo, añadió Valiñas, en el presente se siguen produciendo «graves violaciones de derechos humanos en Venezuela», entre las que destaca «la detención de personas opositoras o consideradas como tales».

Al respecto, indicó que la sociedad estima que 282 personas se mantienen presos por motivos políticos, a la par que se verifican nuevas detenciones de «carácter selectivo». Sigue leyendo esta nota.

Con información de EFE