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¿Por qué la seguridad ambiental es crucial para el futuro de Venezuela? Por Bram Ebus

El colapso histórico de Venezuela a menudo se explica como consecuencia de la mala gobernanza, la corrupción y el colapso del sector petrolero o de las sanciones internacionales. Se buscan soluciones en la esfera política (diálogo, elecciones libres, cambio de régimen), pero hay poco espacio para maniobrar en cualquier extremo del espectro político. Al gobierno de Maduro le quedan pocos aliados políticos, y a medida que avanza en su intento de perpetuarse en el poder, parece tener escasos recursos y poco tiempo para emprender esfuerzos serios para mitigar el impacto de la profunda crisis económica. Mientras tanto, la oposición lleva a cabo una campaña centrada en enfatizar lo que está mal, pero carece de una visión integral para una futura Venezuela.

El medio ambiente generalmente se deja fuera del debate, pero cuestiones como la conservación, el manejo de los recursos naturales y el acceso a los ecosistemas son vitales para la estabilidad del país. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (o ONU Medio Ambiente), lograr la paz teniendo en cuenta los recursos naturales y el medio ambiente “ya no es una opción, es un imperativo para la seguridad”. En conversaciones recientemente suspendidas entre el gobierno y la oposición, negociadas por el gobierno noruego: el medio ambiente ni siquiera estaba en la agenda. Sin embargo, los conflictos de recursos y el manejo y protección del patrimonio natural de Venezuela no solo son importantes desde un ángulo de conservación, sino que son la clave para lograr una solución política sostenible y descubrir el futuro de Venezuela.

 

Una crisis política y ambiental

 

El gobierno de Maduro afirma que Venezuela tiene la segunda reserva de oro más grandes del mundo y en 2016 decretó un área de desarrollo minero masivo que bautizó como el ‘Arco Minero del Orinoco’. Hasta ahora, esta legislación no parece más que un “marco legal” que regula un sector que realmente funciona sin control. Los inversores extranjeros se mantuvieron alejados mientras que la minería ilegal incrementó desenfrenadamente.

 

La degradación ambiental causada por la extracción de minerales no regulada y los conflictos por el acceso a estas valiosas tierras ya ha desplazado a la población a la fuerza, mientras que el colapso económico a nivel nacional y la consiguiente disminución del empleo y los ingresos ha llevado a otros a aventurarse en la región minera sin ley al sur del río Orinoco.

 

Muchas de las tierras que se explotan agresivamente son el hogar de grupos indígenas, que a menudo se ven privados de sus medios de vida y medios de supervivencia. Las estrategias alternativas de supervivencia a menudo significan participar en economías mineras ilegales, ya que la moneda nacional, que casi no tiene valor por la hiperinflación, ha llevado a la aceptación del oro como una alternativa al efectivo, o unirse a los grupos armados no estatales que dirigen las regiones ricas en minerales.

La presencia de grupos armados extranjeros y venezolanos ha sido tolerada por el gobierno, lo que resulta en una pérdida de soberanía sobre vastas extensiones de territorio, mientras que los ingresos provenientes de recursos aumentan la influencia de actores violentos. Estos últimos incluyen sindicatos delictivos locales, llamados simplemente “sindicatos”, así como elementos corruptos del Estado. El hecho que se hayan creado estas economías paralelas basadas en el oro, permitió que los elementos criminales con control sobre los recursos convirtieran estas economías informales en capital social y político.

Aunque Venezuela no está formalmente en guerra, el caudillismo y los frecuentes enfrentamientos violentos son ahora una característica del sur. Las fuerzas de seguridad del Estado fuertemente armadas con sus rostros cubiertos conducen en vehículos blindados con armas montadas, controlando los aeropuertos de la jungla y el acceso a minas ilegales en los estados de Amazonas y Bolívar. Los grupos guerrilleros colombianos que a veces operan codo a codo con el ejército, con los sindicatos mineros, y las masacres, la tortura y la esclavitud son comunes en las zonas mineras. Por esta razón, uno puede referirse claramente a los minerales extraídos de estas áreas como “recursos de conflicto”, y su comercialización debe tratarse como facilitación de violaciones graves de los derechos humanos.

Los ingresos de la minería actualmente proporcionan un salvavidas financiero a las élites políticas y son de suma importancia para mantener el poder. Si los países pueden depender de los ingresos de la extracción de recursos, el dinero proveniente de los contribuyentes se vuelve menos importante, generando así, una desconexión entre el gobierno y sus ciudadanos. Este ha sido el caso desde que la industria petrolera comenzó a desarrollarse en Venezuela. La falta de transparencia en la rendición de cuentas del gobierno, incluido el asunto de los ingresos extralegales derivados de la extracción de recursos, priva a la población de sus derechos y facilita el autoritarismo.

Llámalos guerrilleros, sindicatos, pranes o facciones corruptas del ejército: están allí para quedarse. En ese sentido, Venezuela está comenzando a parecerse a la vecina Colombia, donde el acaparamiento de tierras, la guerra rural y la explotación depredadora e ilícita de los recursos naturales (ya sea coca, minería ilegal de oro, agroindustrias) han sido una característica importante durante más de medio siglo.

El acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC se considera el acuerdo de paz “más ecológico” jamás realizado, con planes de crecimiento verde y desarrollo sostenible, pero su aplicación tambaleante, específicamente con respecto al desarrollo económico rural, el acceso a las tierras y los cultivos ilegales, dejó al descubierto la fragilidad de dichos acuerdos. Estas brechas también son una explicación importante del enorme aumento de la deforestación en las antiguas áreas controladas por la guerrilla y la reanudación de las tensiones regionales.

En Venezuela, la “paz” y el medio ambiente deben estar en la agenda, y los grupos armados que operan sin restricciones deben ser desmantelados por las autoridades competentes y las autoridades policiales que imponen el orden público. Sin embargo, este escenario es difícil de imaginar con las tasas actuales de impunidad, la corrupción dentro de las filas de las fuerzas armadas y la violencia estatal en Venezuela.

 

Las partes internacionales interesadas deben reconocer que Venezuela no es solo un campo de batalla político para los chavistas y la oposición, sino un país en el que los conflictos de recursos y los grupos armados son la norma en gran parte del territorio nacional.

 

Es esencial que la Venezuela post-transición no esté caracterizada por el error de no incluir la seguridad ambiental. En un informe, ONU Medio Ambiente analizó los conflictos intraestatales en los últimos sesenta años, y una de sus conclusiones preliminares es que la probabilidad de una recaída en el conflicto, dentro de los primeros cinco años después de un acuerdo de paz, se duplica si existe un vínculo entre el conflicto y los recursos naturales.

Existe el riesgo de un conflicto serio en el sur de Venezuela. Un cambio de gobierno o un cambio de poder a nivel del ejecutivo podría generarles un caos a las alianzas actuales, causando nuevas tensiones. Las reservas minerales y los grupos armados no conocen de límites internacionales, y la violencia minera y los conflictos por el acceso a las minas ya han causado fricciones en las fronteras con Colombia, Guyana y Brasil. No abordar el problema del medio ambiente y los grupos armados en el sur de Venezuela es garantizar grandes dolores de cabeza futuros para toda la región.

 

Involucrar a los recursos naturales en cualquier negociación futura

 

En la mayoría de los acuerdos de paz se pasa por alto o se subestima el papel de los recursos naturales y el medio ambiente. Las posibles futuras iniciativas para negociar una transición en Venezuela no deberían cometer el error de ignorar estos temas vitales. El país podría recaer rápidamente en conflictos por recursos que no solo contribuyen al empoderamiento financiero de una serie de grupos no estatales, sino que también generan y mantienen la corrupción dentro de las fuerzas armadas.

El incentivo económico puede obstaculizar los esfuerzos e iniciativas para mitigar la problemática, y las iniciativas para negociar de buena fe, tanto con los actores armados no estatales como con las élites gubernamentales mantenidas por sus actividades ilegales, ya que una transición quizá pueda impedir el acceso a los ingresos generados bien sea directamente por la explotación de recursos o por los impuestos fijados a estas actividades. Si se maneja de forma correcta, la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente podría proporcionar herramientas para ayudar a alcanzar un acuerdo.

En lugar de manejar esta situación como una carrera hacia el abismo, la paciencia, la experiencia y la transparencia deberían aplicarse en los debates sobre cómo gestionar los recursos naturales, tanto ahora como en una futura Venezuela. La extracción de recursos es utilizada con mayor frecuencia por los países como una herramienta para obtener ingresos rápidamente después de una situación de conflicto o crisis, pero hay muchos factores que hay que tener en cuenta para evitar que surjan nuevos conflictos. En la actualidad, la magnitud de las reservas minerales de Venezuela sigue sin estar clara; no se han realizado estudios serios de impacto socioambiental y no se le ha consultado adecuadamente a las poblaciones indígenas. Esto solo puede conducir a conflictos prolongados sobre el uso de la tierra y el acceso a los recursos y, por lo tanto, aumenta la inestabilidad y nos mantiene propensos a conflictos.

Examinar las opciones de intercambio de recursos para maximizar los beneficios mutuos para las partes interesadas podría ser un ejercicio de fomento de la confianza, no solo para las partes enfrentadas sino también para otras partes interesadas que hasta ahora han sido ignoradas, en particular las poblaciones locales. Explorar juntos estos escenarios y evaluar los impactos socioambientales, las mejores prácticas para el futuro y la protección y restauración ambiental brindaría la oportunidad de acercar a diferentes actores.

Para comenzar, los diplomáticos involucrados y las agencias relevantes de las Naciones Unidas, específicamente el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, deberían llevar a cabo una evaluación exhaustiva para identificar las mejores estrategias de mediación y qué partes interesadas deberían tener voz en este proceso. La política de las Naciones Unidas y sus metodologías de prevención de crisis para la consolidación de la paz ambiental se han desarrollado, pero aún no se han aplicado en Venezuela. La transparencia es primordial y la propiedad de los recursos debe “desvincularse” de la gestión y distribución de los ingresos. Es importante buscar beneficios mutuos, por ejemplo, aquellos relacionados con el empleo, el desarrollo de infraestructura y las economías sostenibles y diversificada, para así poder aumentar la probabilidad de un resultado positivo.

La formulación de diversas hipótesis puede ayudar a los participantes a visualizar ideas y así fomentar el interés. Tomemos como ejemplo al sector petrolero: Venezuela ha sido afectada por la maldición de los recursos (bajos índices de democracia, desarrollo y crecimiento económico a pesar de la abundancia de recursos), pero la promoción de economías sostenibles, sustentables y verdes merece una seria consideración. Hacerlo tendría en cuenta la sostenibilidad futura, tanto económica como ambientalmente, y evitaría que los “recursos del conflicto” financien la violencia y generen impactos ambientales masivos y, por lo tanto, el desplazamiento forzado y la pérdida de medios de subsistencia.

Ignorar estos problemas hasta años después de un escenario posterior al diálogo sería socavar la sostenibilidad de cualquier transición. Los negociadores no deben asumir que estos asuntos son demasiado sensibles o complicados y deben abordarse en una etapa posterior: capitalizarlos podría generar una plataforma para el diálogo sobre protección ambiental, biodiversidad y uso de la tierra, y podría funcionar como un ejercicio de fomento de la confianza en las conversaciones.

La situación humanitaria en el país está muy relacionada con los desarrollos actuales y futuros al sur del Orinoco y los donantes deben estar abiertos a las necesidades que van más allá de los aspectos puramente humanitarios y del desarrollo de la crisis. Aquí hay un papel no solo para ONU Medio Ambiente sino también para otros organismos de las Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Paz Sostenible (uno de los principales objetivos de la ONU) se refuerzan mutuamente. “Paz y seguridad” es uno de los tres pilares centrales de la ONU, y la violencia, el trabajo forzado, la prostitución y la trata de personas en el sur de Venezuela están directamente relacionados con la crisis y la bonanza minera que ha empoderado a los actores violentos. La epidemia de malaria en Venezuela también está directamente relacionada con la rápida expansión de la minería y la deforestación asociada. Estas cuestiones deberían abordarse ahora e incluso cuando la ONU se concentre en las necesidades humanitarias más tradicionales, se requerirá una participación más amplia de agencias como el PNUMA, el ACNUR y la OMS con respecto a la seguridad ambiental, ya sea en el país o por medios remotos.

Es esencial abordar estos problemas de manera que se facilite una transición democrática pacífica y se garantice un desarrollo verdaderamente sostenible. Pero si no se encuentran alternativas, abundan los factores que impulsan ir más allá con respecto al Arco Minero del Orinoco. En enero de 2016, el año en que Nicolás Maduro decretó la creación del Arco Minero del Orinoco, un gramo de oro valía poco más de 35 USD en los mercados internacionales, pero en septiembre de 2019 había superado los 48 USD por gramo y se había vuelto cada vez más atractivo para los caudillos hambrientos de más y venezolanos desesperados que buscan ganarse la vida. La fiebre del oro en Venezuela parece estar lejos de terminar y provocará graves problemas de inestabilidad para la región en su conjunto si las agendas internacionales continúan ignorando la dinámica en el sur de Venezuela.

 

*Bram Ebus es un periodista de investigación que informa principalmente desde Colombia y Venezuela. Es un científico social con títulos en Antropología Cultural y Criminología Global. Desde 2012 ha llevado a cabo un trabajo de campo a fondo que involucra investigación cualitativa y cuantitativa en varios países de América Latina y Europa. Su principal interés de investigación son los conflictos socioambientales.

* Traducción de Hearts on Venezuela

 

Como un ciudadano más, sin ser portavoz de grupo alguno,  siento la obligación de expresar mis inquietudes con la intención de contribuir a que usted,   presidente (e) Juan Guaidó, y demás compatriotas de buena voluntad contribuyan a un devenir que sea mejor que el pasado, evitando se repita el anacronismo de la presente dictadura totalitaria. 

Presidente (e) Guaidó, usted heredó un país destrozado tanto moral, como materialmente. Este pasivo es de vieja data y el régimen actual terminó de colocarlo en bancarrota. Los gobiernos entre 1958 y 1999 hicieron importantes contribuciones al crecimiento y desarrollo del país, hubo ascenso social y cierta “bonanza”, de la cual nos beneficiamos unos pocos. Los más siguieron relegados y las instituciones fueron generalmente  manejadas a capricho por quienes detentaban el poder. Se formaron buenos profesionales, pero no buenos ciudadanos. Fuimos derrochadores, hubo corrupción, nuestra supuesta riqueza fue un mito, la democracia fue chucuta y no fuimos capaces de sembrar el petróleo.  

Todo ello se ha podido corregir en una democracia que era perfectible, pero preferimos elegir a un populista que, en vez de enderezar  entuertos, destruyó casi todo y el resto lo aniquiló su sucesor, hoy usurpador del poder. Ahora usted tiene la responsabilidad histórica de sentar las bases para iniciar la lenta y penosa   recuperación. Para ello cuenta con un equipo de gente valiosa, aunque otras no tanto. Ojalá permita el concurso de más personas con méritos profesionales, experiencia y que practiquen principios y valores. Entiendo  que por no haber sido electo por el pueblo, usted requiere atender las peticiones de los diferentes grupos políticos, pero por su juventud está en posición de dar la batalla por lo que es correcto, importante y urgente. Si cede a las presiones pasará a la historia como un ciudadano bien intencionado, pero que dejó pasar la oportunidad de enderezar el rumbo. Y eso usted no lo merece, ni es lo que deseamos los venezolanos. 

 

En los últimos tiempos algunos insensatos han tratado de descalificarlo al no lograr  que entrara la ayuda humanitaria, por los hechos del 30 de abril en La Carlota y porque Maduro sigue en Miraflores. También debido a  la elección del régimen en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso no debe afectarlo, ya que provienen de muchos que no están bien informados, de otros que no están conscientes de las herramientas de que dispone el régimen y de unos pocos malintencionados. 

 

Como usted sabe, la industria petrolera que es nuestra única fuente de divisas está en el suelo, igualmente las  del hierro, acero y aluminio. La recuperación de las mismas será tarea titánica y requerirá inversiones enormes que tendrían que venir de nuevos préstamos o de retirar los aportes a la salud, educación e infraestructura. Entendemos que todavía muchos compatriotas consideran que privatizar es un delito y que  el sector político se muestra mayoritariamente estatista. Un político joven como usted podría contribuir a que cambie esta percepción, ya que la realidad obligará más temprano que tarde a que el Estado deje de ser empresario.  

Desde luego que este cambio no puede realizarse de un día para otro y para lograrlo se requiere que esas empresas puedan ser saneadas parcialmente. Un requisito necesario,  aunque no suficiente, es que al frente de las mismas se designe personal con conocimiento del negocio, honestos y con suficiente ecuanimidad para reducir gradualmente el personal excesivo,   respetando sus derechos laborales. 

Debido a  las circunstancias, hasta ahora  usted solo ha podido designar algunos embajadores y directivos en empresas que están en el exterior, como Citgo y Monómeros Colombo- Venezolanos, así como en Pdvsa y Corporación Venezolana de Petróleo que no son operativas. Muchos  nombramientos han sido acertados. Otros, principalmente en esta última, no reúnen las condiciones de mérito o de trayectoria transparente. Es entendible y deseable que una nueva generación asuma responsabilidades, siempre que sus miembros califiquen y, ojalá, que escuchen consejos.  Evalúe usted los candidatos y no permita que los impongan de acuerdo a cuotas políticas. 

Por otra parte, dele usted el mayor apoyo posible a la agricultura y ganadería, que pueden ser reactivadas en relativo corto tiempo, generan empleo y una mayor producción evitaría costosas  importaciones. Es preferible otorgar más créditos e inclusive algunos subsidios directos al sector agrícola y dejar que las empresas industriales sean recuperadas por el sector privado. 

 

Señor  Presidente (e), asuma usted el reto ahora que cuenta con un apoyo mayoritario del pueblo venezolano. 

 

Como (había) en botica: En Chile y  Ecuador los actos de vandalismo los practican los rojos que están en la oposición. En México el cartel de la droga. En Venezuela las fechorías las practican quienes están en el poder. El vil asesinato del concejal Eduardo Rada apunta hacia Miraflores, donde coinciden los rojos con el negocio de las drogas ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados! 

 

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Maduro sobre entrada de Venezuela en la ONU:

NICOLÁS MADURO CONSIDERÓ QUE EL asiento que Venezuela logró en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es “una victoria” contra la “campaña de presión” liderada por Estados Unidos.

“Tremenda victoria de Venezuela, enfrentando el complot, la conspiración, la campaña brutal del Gobierno de EE.UU. de Donald Trump, una campaña de presión, de persecución contra los países del mundo, (…) a la cual se sumó el FMI, el Banco Mundial”, dijo Maduro.

En cadena nacional, Maduro dijo que en la votación celebrada este 17 de octubre en la ONU “no pudieron ni con amenazas, ni con chantajes, ni con campañas mundiales, no pudo el Gobierno de EEUU con Venezuela, no pudo el imperialismo, ni el Grupo de Lima”.

 Con información de EFE

Guaidó sobre muerte del exconcejal Edmundo Rada:
“DEBEMOS DECIR QUE ESTO ES UN ASESINATO DE LA DICTADURA”, aseguró el presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, luego de que este jueves fue encontrado el cadáver del exconcejal, Edmundo “Pipo” Rada en la carretera Petare Santa Lucía, en Caracas.
 
En rueda de prensa el presidente informó que Rada – que también militaba en Voluntad Popular – desapareció el miércoles, 16 de octubre, desde la mañana y hoy temprano los dirigentes de Voluntad Popular y su familia hicieron la denuncia respectiva.
 
Como lo reseñó El Pitazo una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) halló el cuerpo del exconcejal dentro de una cuneta. 
 
Guaidó agregó que el cuerpo apareció calcinado, “con dos tiros de gracia en la nuca y con una bolsa puesta en la cara, para que pudieran reconocerlo, suponemos”.
 
El presidente del Parlamento aseguró en más de una oportunidad que esto es un crimen político. “El régimen creó un cuerpos de exterminio para aniquilar en sectores populares. Ahora aparentemente hay un grupo de exterminio político”, agregó.
 
“Hace unos días también apareció calcinado el exgobernador Yáñez Rangel, es un móvil”, señaló.
 
Igualmente el presidente encargado indicó que este hecho no quedará impune y pedirán investigaciones ante organismos internacionales, ya que “no se puede confiar en la Fiscalía que miente en las distintas causas”.
 
Guaidó también advirtió que probablemente el régimen de Nicolás Maduro tratará de “desvirtuar” el caso del exconcejal. 
Incoherencias

Para el presidente Juan Guaidó, existe una incoherencia dentro de las Naciones Unidas por permitir que Venezuela – denunciado por violar Derechos Humanos – tenga un puesto dentro del Consejo de Derechos Humanos.

“Hoy reciben una silla en la ONU manchada de sangre”, enfatizó.

Criticó también que previamente a la entrada de Venezuela en este Consejo, ese puesto lo ocupó Cuba. “Es una sustitución de una dictadura por otra”.

Guaidó expresó que la ONU debe revisarse, porque “cómo un país investigado por violaciones a los Derechos Humanos puede acceder a una silla en el Consejo de Derechos Humanos”.
La ONU atraviesa su peor crisis de liquidez y Venezuela es uno de los mayores deudores

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS Unidos (ONU) vive su peor crisis de liquidez en los últimos diez años, todo a consecuencia de los pagos acumulados por diferentes naciones, que adeudan 1.385 millones de dólares.

El subsecretario general de finanzas de la ONU, Chandramouli Ramanathan, explicó que existen 65 países que no han pagado sus deudas.

Pero son siete los países que acumulan un 97% de la deuda con el organismo internacional, se trata de Venezuela, Argentina, México, Brasil, Irán, EEUU e Israel, el otro 2,5% está combinado entre otras 58 naciones.

Ramanathan desgranó que la “valoración” del presupuesto para el año actual es de 2.850 millones y que se han recaudado unos 1.990 millones, pero más allá de la “brecha” de este ejercicio hay un “acumulado pendiente” total que asciende a 1.385 millones.

El secretario general de la ONU, António Guterres, explicó esta semana que la organización está tomando medidas excepcionales para hacer frente a la crisis financiera que vive, que llegó a poner en peligro las recientes reuniones de líderes internacionales en la Asamblea General.

Esas medidas pasan por no cubrir puestos vacantes, limitar viajes estrictamente a los esenciales, cancelar o posponer reuniones o reducir el apoyo que la Secretaría General ofrece para la celebración de eventos, algo que reiteraron hoy miembros de la organización en una rueda de prensa.

Los problemas de efectivo que sufre la organización se derivan del hecho de que muchos países no pagan a tiempo o al completo las contribuciones que les corresponden, y a fecha de 7 de octubre más de 60 no lo habían hecho aún, como corroboró Ramanathan.

En el caso de EE.UU., el mayor contribuyente de la ONU y que tiene el compromiso de cubrir un 22 % del presupuesto, Ramanathan explicó que el país “debe 674 millones para el año actual, y 381 de años anteriores”.

Advirtió que cada año, entre los meses de agosto y octubre, la ONU incurre en un déficit presupuestario que cada vez llega “más pronto, dura más tiempo y se vuelve más profundo”.

Con información de EFE

Brasil acelera programa para repartir a los venezolanos por su territorio

EL PORTUGUÉS CON ACENTO español de Venezuela ha llegado a la gran capital de la Amazonia. Es fácilmente reconocible entre quienes ofrecen botellas de agua en la plaza principal de Manaos bajo un calorazo que solo amaina de madrugada y entre los camareros de restaurantes o heladerías. Pero el español se oye sobre todo en el entorno de la estación de autobús, donde la venezolana Andreina Márquez, de 40 años, y varias decenas de compatriotas asaban recientemente unos pescados para comer. El creciente desembarco de migrantes venezolanos en Manaos es, en parte, fruto de los esfuerzos de las autoridades brasileñas para repartirlos por el territorio y aliviar las tensiones al norte de Manaos, en la región donde está el único paso fronterizo entre ambos países. Casi 15.000 personas han sido repartidas entre 250 municipios de prácticamente todos los estados.

Niusarete Lima, asesora del Ministerio de Ciudadanía, que coordina todos los ministerios, las entidades estatales y de la sociedad civil, explica cómo funciona este programa en el que participan Acnur y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM): una vez los migrantes reciben su documentación y con ello acceso a todos los servicios públicos, las autoridades seleccionan a los migrantes más vulnerables -“una mujer sola con hijos o una persona mayor siempre tendrá preferencia sobre un varón joven”– y negocian con los servicios sociales municipales, estatales, con empresas… para encontrarles un destino. No es fácil porque la demanda supera a la oferta, explica esta funcionaria que trabaja desde el inicio en este programa de la interiorización, que el presidente Jair Bolsonaro heredó de su predecesor. Destaca una ciudad del interior, Dourados; con más de 1.000 acogidos para trabajar en la industria, está solo por detrás de la metrópoli São Paulo.

Como Brasil tiene más de 6.000 municipios, “si cada uno acogiera a una familia, ni se notaría”, recalca Lima, mientras se afana por implicar a más municipios para satisfacer las necesidades actuales (y quién sabe si futuras). Porque unos salen pero llegan otros. Unos 7.000 migrantes están acogidos en albergues de Boa Vista y Pacaraima, una operación en la que participa el Ejército. Dos de los refugios son específicos para los indígenas Warao, con los que comenzó el éxodo a Brasil. “Necesitamos tener canales (para repartirlos) por si la situación se agrava”, dice la asesora.

Por eso, además de la tradicional reunificación con parientes ya instalados en otras ciudades, han estrenado la reunificación social, con amigos asentados, y también identifican empresarios que buscan empleados y facilitan entrevistas de trabajo con migrantes por vídeoconferencia. El objetivo es reducir la concentración de venezolanos en la frontera, incentivar que se dispersen y darles un empujón para que, en unos tres meses, puedan valerse por sí mismos.
 
*Vea la nota completa en El País de España
Informe Otálvora: EEUU reitera sanciones como receta para Venezuela

El Subsecretario de Estado de EEUU, John J. Sullivan y Elliot Abrams durante la reunión del Tiar sobre Venezuela el 23SEP19. Foto: OEA

NO PERMITIR QUE EL “tema Venezuela” decaiga en los foros internacionales es el propósito actual del Departamento de Estado de EEUU. “Queremos asegurarnos de que el tema de una transición en Venezuela siga siendo muy importante en la agenda internacional” afirmó un “alto funcionario” del Departamento de Estado en una rueda de prensa el 23SEP19 en Nueva York en el contexto de la primera semana del segmento “de alto nivel” de la Asamblea General de la ONU de este año.

Si bien los periodistas que participaron en esa rueda de prensa se comprometieron a no divulgar el nombre del “alto funcionario”, sus respuestas dejan ver que muy probablemente se trataba del Enviado Especial del Departamento de Estado para Venezuela Elliot Abrams.

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El “gobierno Guaidó” no ha recibido ninguna propuesta externa para una acción militar sobre Venezuela. Esa afirmación fue reiteradamente hecha por la académica María Teresa Romero durante un foro sobre el destino de Venezuela realizado en Miami el 18SEP19 organizado por el Interamerican Institute for Democracy. Romero, quien ejerce como Embajadora representante de Guaidó ante el gobierno de Guatemala, afirmó que los “socios internacionales nos han dicho no vamos a usar las armas”.

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La hipótesis de una acción militar de EEUU o de una coalición internacional ha sido recurrentemente utilizada de forma propagandística por el chavismo durante las últimas dos décadas. El anuncio de Donald Trump de mediados del 2017 sobre tener “todas las opciones sobre la mesa” sirvió para dar ánimo a interpretaciones tanto del chavismo como de los sectores democráticos sobre la inminencia de una operación de guerra externa sobre Venezuela. Hasta la fecha ninguna autoridad de los EEUU, de Colombia o de Brasil se ha comprometido con una operación de dicho tipo.

El 18SEP17 Trump fue el anfitrión de una cena en Nueva York a la cual convidó a mandatarios latinoamericanos para conversar abiertamente sobre la opción militar. Estaban presentes Juan Manuel Santos de Colombia, Michel Temer de Brasil, Juan Carlos Varela de Panamá y la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti. El propio Trump ha comentado que esa noche comprendió que no habría apoyo latinoamericano a una acción militar de EEUU sobre Venezuela. Por cierto, Trump repitió este año su iniciativa de congregar en Nueva York a mandatarios latinoamericanos para, aprovechando su presencia con motivo de la Asamblea General de la ONU, pasar revista sobre la situación en Venezuela.

En la reunión celebrada en la mañana del 25SEP19 participaron los mandatarios de Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica y Panamá así como ministros de otros once países. El argentino Mauricio Macri y el brasileño Jair Bolsonaro no asistieron al encuentro ya que ambos, tras intervenir en la Asamblea General de la ONU el día anterior, partieron raudos a sus respectivas capitales por razones electorales el argentino y por recomendaciones médicas el segundo. En esta ocasión estaban en la mesa dos venezolanos representantes del “gobierno Guaidó”, el “canciller” Julio Borges y el representante diplomático ante la Casa Blanca Carlos Vecchio. Trump se hizo acompañar por tres Secretarios: el secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario del Tesoro Steve Mnuchin y el secretario de Comercio Wilbur Ross, los dos primeros son los responsables de administrar las sanciones sobre el régimen chavista y Ross es el encargado de diseñar el programa para el “día siguiente” en una Venezuela postchavista. Coordinar sanciones internacionales sobre el régimen chavista era el propósito de esta reunión. El tema militar no fue mencionado por Trump salvo para denunciar el apoyo de Cuba (e implícitamente de Rusia) al régimen chavista.

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En la rueda de prensa del 23SEP19, Abrams afirmó que “la política que usted ve es nuestra política; es decir, de presión política económica, financiera y diplomática sobre el régimen [de Maduro]. El alto vocero estadounidense afirmó que la activación del “Tratado de Río” o “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca” que ese mismo día se reuniría en Nueva York, era visto por Washington como un “mecanismo de coordinación muy útil para las presiones económicas y diplomáticas” y descartó que se destinara a una acción militar.

“Hay una serie de países en el hemisferio que no tienen una base legal en su legislación nacional para la imposición del tipo de sanciones de las que estamos hablando. Se supone que el Tratado de Río es obligatorio para las personas que lo integran. Entonces, si la reunión de ministros adopta, digamos, una propuesta para restringir los viajes según los regímenes del régimen, entonces tendrían la base legal para implementar eso en cada uno de los países firmantes del tratado. Lo mismo con las sanciones económicas”.

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A media tarde del 23SEP19 se produjo en Nueva York la prevista reunión de cancilleres de los países miembros del Tiar. El gobierno de EEUU estuvo representado por el Subsecretario de Estado de EEUU, John J. Sullivan. La resolución aprobada contó con los votos favorables de Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, EEUU, Guatemala, Honduras, Haití, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y por el enviado de Guaidó en representación de Venezuela, mientras Trinidad y Tobago optó por abstenerse. El vicecanciller de Uruguay Ariel Bergamino votó en contra y su gobierno anunció que procedería a denunciar el Tratado de Río para abandonar el mecanismo. La delegación uruguaya exigió la inclusión de un “píe de página” en el texto de la resolución en el cual afirma que “en virtud de que Uruguay no reconoce como representantes de Venezuela ante la OEA a los designados por el Presidente de la Asamblea Nacional de dicho país, la convocatoria al Órgano de Consulta del TIAR en este caso se considera carente de validez jurídica”.

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La resolución aprobada por el Tiar no incluyó acciones de tipo militar sobre Venezuela. “Identificar o designar personas” del régimen de Nicolás Maduro asociadas a “actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional” o que “hayan participado en hechos de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos” fue el epicentro de la decisión adoptada por el Tiar. Las conclusiones del Tiar, según el gobierno de EEUU, facilitarán a los permitirá implementar sanciones ya aprobadas en contextos como el del Grupo de Lima pero que carecían de base legal en cada país.

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Además de Latinoamérica, la diplomacia de EEUU se mueve sobre la Unión Europea para incrementar las sanciones sobre el régimen chavista. . Tras el anuncio de Maduro del 07AGO19 sobre su decisión de levantarse de las conversaciones seguidas en Barbados, la Unión Europea habría garantizado a EEUU que en breve retomaría la vía de sanciones al régimen chavista. Un alto funcionario del Departamento de Estado habría viajado a Bruselas a principios del mes de septiembre para tratar ese tema. El 23SEP19 Abram afirmó en Nueva York que “hay un conjunto de sanciones que están directamente relacionadas con la tortura y el asesinato del Capitán Acosta. Creo que será el primer conjunto de sanciones europeas. Y luego nos gustaría ver lo que creemos que prometieron, que son las sanciones que afectan a objetivos más amplios en el régimen”. Cuatro días después, el 27SEP19, la Unión Europea publicó un listado de siete funcionarios de organismos de seguridad venezolanos a los cuales impuso sanciones alegando “la trágica muerte del capitán Acosta Arévalo mientras estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Venezuela” que “constituye un ejemplo patente del deterioro continuo de la situación de los derechos humanos”.

El 01NOV19 debería producirse el cambio de mando en la conducción de la política exterior de la UE. Hasta ahora se da como un hecho la escogencia del español Josep Borrell como nuevo Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Borrell, en su condición de Ministro de Exteriores del gobierno socialista español ha mantenido una línea de apoyo moderado a la aplicación de sanciones al gobierno Maduro y de promoción de esquemas internacionales de negociación política en Venezuela. Según fuentes en Madrid y Washington, ya el Departamento de Estado ha sostenido conversaciones con Borrell sobre el “tema Venezuela” y la ampliación de sanciones.

@ecotalvora

Tomado de Diario Las Américas

Pizarro solicita envío de comisión especial de la ONU para constatar detenciones arbitrarias en Venezuela

LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENCIAL la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, solicitó la visita de una comisión de Naciones Unidas para que constate la situación de derechos humanos y detenciones arbitrarias en Venezuela.

A través de un comunicado se expuso el caso del diputado Juan Requesens, quien fue secuestrado por la dictadura el 7 de agosto de 2018 “violando su inmunidad parlamentaria y violando el debido proceso, sin orden judicial y sin permitírsele tener contacto con familiares o abogados”.

“Requesens ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos, entre las que se incluyen los tratos crueles e inhumanos a su salud física”, precisó el comunicado.

Asimismo el Comisionado Presidencial para la ONU solicitó que dada las circunstancias de su privación de libertad, el parlamentario debe ser liberado inmediatamente y concederle el derecho a indemnización y adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos humanos.

“Es por lo expresado anteriormente que celebramos la decisión del Grupo de Trabajo de remitir este caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como al Relator Especial sobre el derecho al disfrute del nivel más alto de salud física y mental para que tomen las medidas correspondientes”, agregó el escrito.

En este sentido, el Comisionado Presidencial del Gobierno Legitimo de Venezuela para la Organización de Naciones Unidas solicitó que sea enviada una comisión del Grupo de Trabajo para que realice una visita oficial al país y constante la grave situación en cuanto a detenciones arbitrarias y privativas de libertad que hoy sufre Venezuela.