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CLAVES | Jefa de Misión de la ONU en Venezuela: Violaciones graves a DDHH han desmovilizado a la disidencia

Jefa de la Misión de la ONU en Venezuela. Estado venezolano
Andrea González
22/03/2023
La investigación de la Misión de la ONU sobre la situación del Arco Minero del Orinoco “describió un contexto marcado por la extrema violencia asociada a la explotación ilícita del oro, incluyendo patrones de violencia sexual y de género”
Durante el último año, según la jefa de la Misión de la ONU, “han recrudecido los ataques contra los medios de comunicación”

@Andrea_GP21

Marta Valiñas, jefa de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU en Venezuela, presentó este miércoles, 22 de marzo, una actualización de su informe sobre el país, donde estacó un aumento en la represión contra las ONG.

De acuerdo con la declaración de Valiñas, en informes anteriores se describieron violaciones a los derechos humanos, así como la ausencia de investigación y sanción hacia los autores.

Según la jefa de la ONU, lo anterior parece haber producido un “efecto inhibidor de la protesta que ha conseguido atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política”.

Sin embargo, añadió Valiñas, en el presente se siguen produciendo “graves violaciones de derechos humanos en Venezuela”, entre las que destaca “la detención de personas opositoras o consideradas como tales”.

Al respecto, indicó que la sociedad estima que 282 personas se mantienen presos por motivos políticos, a la par que se verifican nuevas detenciones de “carácter selectivo”.

Contra la sociedad civil

La Misión de la ONU manifestó su preocupación por las “restricciones del espacio cívico y democrático”, por lo que priorizó este tema como parte de las investigaciones bajo su tercer mandato.

Ante la disminución de las protestas masivas, “la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al Gobierno”.

No solo es que persisten, sino que en algunos casos “han aumentado los ataques y amenazas contra organizaciones y personas defensoras de DDHH”, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otros actores de la sociedad civil, así como a líderes políticos.

En ese sentido, recordaron el caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, quien permanece detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide.

Además, resaltaron que la Asamblea Nacional chavista discute la aprobación de la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”.

“La Misión emitió un comunicado de prensa al respecto, y ha insistido en que la nueva regulación, de ser aprobada, consolidaría un control abusivo por parte del Estado sobre la existencia, el financiamiento, y las actividades de las ONG”, dijo Valiñas en su declaración.

Persecución contra líderes sindicales

La Misión de la ONU señaló que, si bien es cierto que las protestas masivas han disminuido, en el último año los sindicatos del sector público, especialmente de la educación, sanidad e industria siderúrgica se han movilizado y han criticado al gobierno.

Con respecto a lo anterior, destacaron que la persecución contra líderes sindicales “se ha intensificado”.

Así pues, recordaron las detenciones de Gabriel Blanco y de la Alianza Sindical Independiente (ASI) y Emilio Negrín, de la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA), así como Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez.

También, al menos nueve líderes sindicales de empresas de servicios básicos de Bolívar fueron detenidos y puestos en libertad al día siguiente, en el contexto de la ola de protestas de enero de 2023.

Ataque contra los medios de comunicación y periodistas

Durante el último año, el informe actualizado de la Misión de la ONU  “han recrudecido los ataques contra los medios de comunicación”.

“Solo en el mes de septiembre, los medios de comunicación reportaron la clausura administrativa de 19 estaciones de radio en Táchira y otras 31 en Zulia”, acotó Valiñas. 

También, se reseñó en el documento de su declaración los datos de la ONG Espacio Público, que documentó que en 2022 el gobierno ordenó el cierre de al menos 80 emisoras radiales.

“La Misión registra con especial preocupación los ataques contra periodistas y personas comunicadoras”, acotó Valiñas.

Por otra parte, resaltó las detenciones, en particular la de Roland Carreño, quien desde octubre de 2020 permanece en el centro de detención Sebin de El Helicoide

“El juicio en su contra sigue presentando irregularidades procesales, incluyendo múltiples interrupciones del juicio, que han conllevado un retardo procesal significativo, debido a que el detenido no fue trasladado al tribunal como requerido”, expresó Valiñas.

Ejecuciones extrajudiciales

Marta Valiñas recordó que en su primer informe ante el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas documentó una “política estatal de lucha contra la criminalidad” con la que se eliminaban personas consideradas como “delincuentes” mediante ejecuciones extrajudiciales.

Dichos hechos fueron cometidos en el marco de las denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo, y, a partir de 2017, por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES).

Las informaciones recabadas por la Misión hasta la fecha “muestran indicios de que estos patrones persisten”.

“El número muy elevado de muertes por enfrentamiento con las fuerzas del orden reportado por la organización no gubernamental Control Ciudadano, que contabilizó 716 casos en 2022, es indicativo de dicho patrón”, acotó Valiñas.

Aunque las FAES fueron disueltas en julio de 2022, información que maneja la ONU, indica que las funciones de este cuerpo de seguridad fueron absorbidas por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).

“Su creación coincide con el relanzamiento de los operativos de seguridad contra el crimen organizado conocidos como “’operaciones Trueno’”, recordó Valiñas.

Entre abril y septiembre de 2022, señaló Valiñas, “se llevaron a cabo siete de estas operaciones en los Estados de Aragua, Anzoátegui, Guárico, Miranda y Yaracuy”.

“Los medios de comunicación han reportado un alto número de víctimas mortales en el contexto de estos operativos, que podrían ascender a 70, según algunas fuentes. Dichas alegaciones tendrían que ser objeto de investigación”, agregó.

“Extrema violencia en el Arco Minero del Orinoco”

La investigación de la Misión de la ONU sobre la situación del Arco Minero del Orinoco “describió un contexto marcado por la extrema violencia asociada a la explotación ilícita del oro, incluyendo patrones de violencia sexual y de género”.

Marta Valiñas recordó que en agosto de 2022 el gobierno lanzó las operaciones militares Roraima 2022 y Autana I-2022 en los tres Estados de la región Guayana “con el objetivo declarado de luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal y la depredación ambiental”.

“Pese a la importancia de erradicar la violencia asociada a la minería ilegal y a los grupos armados, dichas operaciones generaron protestas de la población minera y de las comunidades indígenas, según testimonios recabados por la Misión”, dijo.

Asimismo, advirtió que los pueblos indígenas del estado de Amazonas “continúan denunciando ataques violentos contra sus líderes”.

Valiñas recordó que Virgilio Trujillo Arana, líder del pueblo Piaroa, fue asesinado en 2022. “Este caso debe ser investigado con seriedad”, enfatizó.

Investigación de la CPI

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) presentó una solicitud, el 1 de noviembre de 2022, para que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte autorice a continuar sus investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

“Las conclusiones de la Fiscalía se basan en un análisis exhaustivo de la documentación y antecedentes aportados por varias fuentes, incluida la República Bolivariana de Venezuela”, explicó la jefa de la Misión de la ONU.

Asimismo, señaló que esas conclusiones coinciden sustancialmente con las determinaciones de la Misión.

“La Fiscalía y la Misión también coinciden en que las reformas legales e institucionales relacionadas con el sistema de justicia han sido insuficientes y han tenido una implementación limitada”, destacó Valiñas.

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