La Memoria y Cuenta del Ministerio de Interior y Justicia parece corresponder a un país imaginario. En el enrevesado documento de 373 páginas no existe información alguna sobre el número de homicidios, secuestros, robos, hurtos, violaciones y otros delitos graves ocurridos durante 2015. Tampoco existe nada acerca de los ataques a estaciones policiales, linchamientos o la cantidad de policías asesinados el año pasado. En este informe Venezuela queda dibujada como tierra de fantasía, una especie de Narnia.
Un dato llama la atención: el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses refleja haber realizado 29.610 levantamientos de cadáveres durante 2015. Es conocido que cerca del 80% de las muertes violentas registradas en las distintas morgues del país corresponden a asesinatos. En este sentido, tendríamos que oficialmente el número de homicidios ocurridos el año pasado en Venezuela rondaría los 23.000, una cifra muy lejana a los 17.778 asesinatos indicados por la Fiscal General en su informe anual. Un punto para analizar e investigar.
Durante 2015 el CICPC «logró el esclarecimiento de 41.597 averiguaciones relacionadas con los cuatro delitos de mayor incidencia: homicidios, robos, secuestros y hurtos de vehículos». Esta cifra por si sola dice poco, pero si consideramos que la última Encuesta de Victimización realizada por el INE (2009) señala que cada año, entre estos cuatro delitos, se producen más de un millón y medio de casos, podemos hacernos una idea de la gigantesca impunidad que existe hoy en Venezuela.
Por otra parte, la Policía Nacional Bolivariana, un cuerpo de seguridad que debió ser creado en 1999 por mandato de la Constitución, el cual terminó finalmente naciendo en 2009, se encuentra hoy desplegado en menos de la mitad de los estados del país (10). De «nacional» solo tiene el nombre.
En cuanto a los distintos planes de desarme, el Ministerio de Interior y Justicia indica que en 2015 solo se incautaron e inutilizaron 18.686 armas de fuego en Venezuela. A este ritmo tardaría unos 300 años recoger la mitad de las armas de fuego ilegales que hoy circulan en el país.
En relación a la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), no se indica nada acerca de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, el derribo de humildes viviendas, detenciones ilegales y otras violaciones a los derechos humanos señaladas por las víctimas a través de los medios de comunicación.
En 2013, el entonces ministro Miguel Rodríguez Torres lanzó con bombos y platillos el denominado «Proyecto Sima», un plan que contemplaba, entre otros aspectos, la colocación de 30.000 cámaras de vídeo vigilancia en 16 ciudades del país y la adquisición de «drones» o aviones no tripulados para apoyo de las operaciones de seguridad ciudadana. El proyecto, que debía estar finalizado en este 2016, tenía previsto una inversión de más de $1.000 millones. Alguien ha visto esas cámaras en algún lado? La Memoria y Cuenta solo indica la colocación de 1.789 cámaras en los municipios Libertador y Sucre de Caracas, algunos municipios de Nueva Esparta, unos pocos municipios de Táchira, en la capital de Barinas, en los municipios Mara y Guajira del estado Zulia, en el municipio Pedro Camejo de Apure y 92 instaladas en otros lugares del país. Como puede observarse, cifras muy lejanas a las previstas inicialmente. Sin duda un caso digno de ser investigado por la AN, la Contraloría y la Fiscalía General de la República.
La Memoria y Cuenta indica la intervención de 11 policías municipales y estadales, una figura que no ha dado resultados positivos y que claramente atenta contra la descentralización. Asimismo, los datos señalados en el documento evidencian las deficiencias en la dotación de los cuerpos policiales y, en general, la baja inversión del Estado en materia de seguridad ciudadana.
Cuando uno lee la Memoria y Cuenta del Ministerio de Interior y Justicia, entiende inmediatamente el porqué Venezuela se ha convertido en el segundo país con mayor criminalidad en el mundo.
@luisizquiel
