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José Miguel Vivanco

HRW: Falta de aliados del Gobierno venezolano favorece aplicación de Carta Democrática

José Miguel Vivanco, director de HRW

El director de la división de la Américas de Human Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco, considera que al gobierno de Venezuela le quedan pocos aliados en el continente, lo que colabora con las condiciones para la aplicación de la Carta Democrática al país.

Durante una entrevista en Circuito Éxitos este miércoles 15, Vivanco explicó que la violación de los derechos humanos de los venezolanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro le han dejado con pocos aliados que apoyan sus políticas. “Ese aislamiento internacional es productos del deplorable trabajo que hace el régimen en materia de derechos humanos y por arremeter contra todo aquel que alza su voz contra el gobierno, tanto interna como externamente. En Latinoamérica solo le quedan 4 o 5 aliados que apoyan sus medidas”.

Otro factor importante, considera el director de HRW, es que la imagen del gobierno y su gabinete presidencial se ha manchado gracias a las denuncias sobre narcotráfico y corrupción que han recibido. “Hay evidencias de que el crimen organizado penetró las altas cúpulas del gobierno, por eso los países con mandatarios sensatos se pronuncian en contra de lo que sucede”, declaró Vivanco. Es necesario recordar que el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, fue sancionado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos por narcotráfico. Los sobrinos de la pareja presidencial también se encuentran recluidos en Nueva York esperando su sentencia tras haber sido declarados culpables por cargos relacionados a tráfico de drogas.

La aplicación de la Carta Democrática de la OEA es justificada por la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, y cuyo gobierno autoritario no reconoce la necesidad de solicitar ayuda internacional para resolverla, resaltó el director para las Américas en otras declaraciones. Al Ejecutivo “le importa muy poco los derechos humanos”, acotó.

Vivanco también se refirió a las declaraciones del embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero, quien criticó al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein por pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela. “Las acusaciones de Valero no tienen ningún valor. Su conducta solo respalda las crueles y arbitrarias órdenes de régimen en contra de los presos políticos. Él solo es un burócrata que estará hasta su último día de gestión haciendo declaraciones plagadas de mentiras”, comentó.

 

*Con información de El Nacional

José Miguel Vivanco: Carta Democrática obligará al gobierno a rendir cuentas

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José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, resaltó que el desprestigio del gobierno del presidente Nicolás Maduro, unido a las gravísimas violaciones a los derechos humanos y a la crisis humanitaria convierte a Venezuela en un caso crítico.

“Quizás la crisis más seria que enfrenta América Latina ante un gobierno autoritario que no reconoce la necesidad que requiere de apoyo y solidaridad internacional en cuanto a la crisis humanitaria y esas condiciones son las que justifican una mayor y creciente preocupación regional y la aplicación de un instrumento como la Carta Democrática Interamericana –CDI- de la OEA”.

En un contacto con el Foro A Tiempo de Unión Radio, Vivanco explicó que la Carta obligaría al gobierno de Venezuela a rendir cuentas ante la comunidad regional “por sus prácticas y políticas violatorias de las obligaciones jurídicas establecidas en la propia carta que contempla la posibilidad de una reunión de alto nivel para examinar esas condiciones que sufren la gran  mayoría de los venezolanos”.

Precisó que los usual es, a raíz de una reunión de cancilleres de la región bajo el paraguas de la Carta, que se disponga una misión  de alto nivel que pueda reunirse con oposición y el gobierno y recibir testimonios directos de la sociedad civil y de aquellos que están injustamente detenidos.

Vivanco agregó que “si se aplica la CDI, el gobierno de Maduro quedara aislado internacionalmente y pasará a convertirse en un verdadero paria y esto no le conviene y hará todo lo que está a su alcance para impedir que una reunión de esta naturaleza se lleve a cabo, lo que demuestra que le importa mucho la aplicación de la Carta, al contrario de lo que afirma el exembajador ante la OEA, Roy Chaderton”.

HRW: OEA debe aplicar Carta Democrática para frenar tragedia en Venezuela

José Miguel Vivanco, director de HRW

 

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), señaló este jueves que la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) es necesaria en Venezuela para evitar que ocurra una tragedia en el ámbito social.

A su juicio, Latinoamérica gastó mucho tiempo y energía promoviendo un diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, el cual -sostuvo- no tuvo ningún resultado positivo.

“La comunidad internacional debería dejar de perder el tiempo, promoviendo una diálogo que ha demostrado ser ineficaz, errado y que lo único que ha generado es oxígeno para el gobierno de Maduro”, expresó Vivanco en una entrevista a El Nuevo Herald.

El representante de HRW condenó que los voceros del gobierno actuén de forma antidemocrática, en especial cuando su imagen internacional se vio afectada por las acusaciones de corrupción y narcotráfico.

“El problema de Venezuela es que el Estado ha sido capturado por un régimen que actúa en términos autoritarios, no democráticos, cuyos principales gobernantes están involucrados con el crimen organizado, y cuyo propósito es aferrarse al poder”, manifestó.

Vivanco enfatizó en la necesidad de enfrentar el estado de emergencia sanitaria que atraviesa el país, debido a que miles de ciudadanos se ven afectados por la escasez de alimentos y medicinas.

“Aquí lo que cabe hacer es exigirle rendición de cuentas al gobierno de Venezuela, y eso se hace cuando la autoridad regional se reúne y examina la situación de Venezuela a la luz de la Carta Democrática”, culminó.

Puede leer la entrevista completa en El Nuevo Herald.

HRW: En Venezuela la situación empeora y el Gobierno no admite su fracaso

José Miguel Vivanco, director de HRW

 

Ante la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela, el director para las Américas de Human Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco, expresó ese lunes que ve con gran preocupación dicha situación y cuestionó que el gobierno persiga a quienes quieran buscar ayuda en el exterior para paliar el déficit de medicamentos y alimentos.

En entrevista con Cesar Miguel Rondón por el circuito Éxitos de Unión Radio, afirmó que la situación en el país “no mejora sino que empeora” y que al respecto el Gobierno Nacional “no admite su fracaso, no pide ayuda internacional en materia de alimentación y medicinas y persigue a quienes denuncian estos hechos”.

“Las investigaciones que hacemos en el terreno, tanto de la crisis humanitaria como la política, se agudizan ante amenazas permanentes de las Fuerzas Armadas contra las instituciones democráticas como la Asamblea Nacional”, dijo Vivanco.

Asimismo, alertó el uso represivo contra manifestantes en protestas civiles y las últimas actuaciones del poder judicial contra la oposición. “Este cuadro es realmente de abusos y arbitrariedades permanentes donde no hay controles, no hay una instancia independiente en Venezuela capaz de prevenir, sancionar o frenar abusos”, agregó.

Las 05 noticias más importantes a esta hora #28Oct

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HRW advierte al Papa: Diálogo Gobierno-oposición en Venezuela no es una conversación entre iguales (carta)

El director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, envió una carta al papa Francisco ante el anuncio sobre la participación de la Santa Sede en un eventual diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición.

Vivanco insta al Papa  a asegurarse que existan las condiciones adecuadas para que ese diálogo resulte fructífero, “de lo contrario, solamente ofrecerá una nueva distracción a las autoridades venezolanas para demorar las medidas urgentes que son necesarias para proteger los derechos humanos y restablecer un mínimo orden democrático en Venezuela”.(La Patilla)

 

Delcy Rodríguez: “A la Asamblea Nacional le corresponde dictar leyes, no derrocar presidentes”

La canciller de la República, Delcy Rodríguez, señaló que a la Asamblea Nacional “le corresponde dictar leyes, no derrocar presidentes”.

Así lo remarcó este viernes durante una rueda de prensa en Bolivia a propósito de su visita al presidente de este país, Evo Morales.(Noticias 24)

 

Rodríguez Zapatero abogó por un “consenso esencial” en Venezuela

El ex presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero afirmó, este viernes, que Venezuela necesita “un consenso esencial” y abogó por “refundar la convivencia, la concordia, la coexistencia política básica y los acuerdos para la funcionalidad política”.

Rodríguez Zapatero participa en una iniciativa auspiciada por el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), junto a los expresidentes Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana), para promover el diálogo político entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.(El Nacional)

 

Guevara: El paro nacional ha sido un éxito

Freddy Guevara, diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD),  aseguró que el llamado de la oposición a una huelga general ha sido un éxito.

Para él, el ambiente de las principales autopistas, avenidas y terminales del país “lo dicen todo”.

Guevara indicó que todos los informes que tiene la oposición apuntan a que el día “parece un domingo”.(El Nacional)

 

Fiscal General: 97 personas fueron aprehendidas por hechos violentos en la Toma de Venezuela

La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, presentó un balance de los acontecimientos de la Toma de Venezuela, movilización convocada por la oposición venezolana en rechazo a la suspensión temporal del referéndum revocatorio.

Ortega Díaz informó este viernes que 97 personas fueron aprehendidas por hechos violentos, 90 de ellas por delitos comunes y siete por delitos relacionados con la violación de derechos fundamentales.(El Nacional)

Humans Right Watch insta al papa a evitar que

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Humans Right Watch instó al papa Francisco a “no prestarse como coartada de Nicolás Maduro en la mediación de la Santa Sede en un eventual diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición”.

En una carta enviada este jueves al pontífice, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, le pide que se asegure de que existen “condiciones adecuadas” para que ese diálogo “resulte fructífero” y que evite ser objeto de una burla a su buena fe por parte del Ejecutivo de Maduro, según reseña DPA.

Entre esas condiciones incluye la necesidad de que el Gobierno de Maduro reconozca que tiene la “responsabilidad” de la crisis que se vive en el país y con ella la de resolverla.

“De lo contrario”, escribe Vivanco, “solamente ofrecerá una nueva distracción a las autoridades venezolanas para demorar las medidas urgentes que son necesarias para proteger los derechos humanos y restablecer un mínimo orden democrático en Venezuela”.

La organización llamó esta semana a incrementar la presión internacional sobre Maduro para que éste acepte ayuda humanitaria ante una crisis que ha desembocado también en escasez de medicamentos básicos y alimentos y que ha documentado en un informe.

Su director para las Américas dice ahora al papa Francisco que un eventual diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición solo puede tener “algún porvenir” si parte del reconocimiento de “las prácticas autoritarias del Gobierno venezolano”.

“Sin una presión internacional fuerte, este nuevo diálogo únicamente servirá para que el Gobierno de Maduro haga promesas vacías y deshonestas para ganar tiempo, sin resolver los problemas que enfrenta Venezuela, y burlándose de la buena fe de Su Santidad”, señala Vivanco, que asegura que eso es lo que ha ocurrido con todas las iniciativas de diálogo anteriores.

A continuación la carta completa:

 

Washington, D.C., 27 de octubre de 2016

Su Santidad Papa Francisco
Palacio Apostólico
El Vaticano

De mi mayor consideración,

Ante el anuncio sobre la participación de la Santa Sede en un eventual diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, tengo el honor de dirigirme a Su Santidad, en representación de Human Rights Watch, para instarlo respetuosamente a asegurarse que existan las condiciones adecuadas para que ese diálogo resulte fructífero. Un diálogo auténtico y de buena fe deberá estar basado en una evaluación objetiva de la crisis política, social y económica que enfrenta el país, y reconocer que el gobierno tiene la responsabilidad de haber creado esta situación y, por ello, de resolverla. De lo contrario, solamente ofrecerá una nueva distracción a las autoridades venezolanas para demorar las medidas urgentes que son necesarias para proteger los derechos humanos y reestablecer un mínimo orden democrático en Venezuela.

Para que el diálogo tenga algún porvenir, debe partir reconociendo las prácticas autoritarias del gobierno venezolano. Desde la brutal represión de las protestas contra el gobierno de 2014, las autoridades han recurrido a los tribunales de justicia, que están plenamente subordinados al ejecutivo, para otorgar una fachada de legalidad a la represión y detenciones arbitrarias de líderes de oposición y ciudadanos de a pie que critican la crisis. Muchos han sufrido graves abusos mientras se encontraban bajo custodia de las autoridades, incluyendo algunos casos de tortura. Lo usual es que estos procesos penales estén viciados por violaciones del debido proceso. Además de aquellos que permanecen detenidos desde 2014, otras personas —incluidos activistas políticos y periodistas— han sido detenidas en las últimas semanas y sometidas a procesos judiciales igualmente viciados. El Foro Penal Venezolano, una red de abogados que brinda asistencia legal a personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, calcula que cerca de 100 personas están actualmente detenidas por este tipo de procesos en el país. El Foro y otras organizaciones venezolanas reportaron decenas de detenciones y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones de la oposición del 26 de octubre de 2016.

A su vez, el régimen de Maduro ha despojado de sus funciones básicas a la Asamblea Nacional, que desde enero de 2016 está compuesta por una mayoría opositora. Prácticamente todas las leyes adoptadas por la Asamblea desde entonces han sido invalidadas por el Tribunal Supremo de Justicia, que se ha convertido en un apéndice del ejecutivo desde el 2004, cuando el ex Presidente Hugo Chávez lo intervino.

Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral, integrado por miembros afines al gobierno que lo convierten en un órgano totalmente parcial, ha actuado con negligencia supina al ignorar plazos específicos fijados en su propio reglamento, demorando así indebidamente el proceso del referéndum revocatorio sobre la presidencia de Nicolás Maduro. El 20 de octubre, anunció que suspendería por tiempo indefinido la recolección de firmas que iba a tener lugar esta semana para que avanzara el referéndum. El Consejo ha intentado, como habitualmente lo hace el ejecutivo, escudarse en que está cumpliendo decisiones judiciales, pero estas decisiones fueron adoptadas por tribunales que carecen de independencia.

Por otra parte, Venezuela enfrenta una profunda crisis humanitaria que está afectando gravemente el bienestar de los venezolanos y viola sus derechos a la salud y la alimentación. Debido a la grave escasez de medicamentos e insumos médicos básicos, para muchos venezolanos es sumamente difícil obtener atención de salud esencial. La escasez severa de alimentos y otros artículos está impactando en los niveles nutricionales de los venezolanos, especialmente aquellos de los sectores de más bajos ingresos. Sin embargo, el gobierno niega enfáticamente que exista una crisis humanitaria, no ha articulado ni implementado políticas mínimas adecuadas para abordarla, y ha perseguido a quienes denuncian la situación humanitaria. Además, el gobierno rechazó una ley de la Asamblea Nacional para solicitar asistencia internacional humanitaria, y solamente realizó esfuerzos limitados para obtener la ayuda internacional que podría mitigar el sufrimiento de los venezolanos en el corto plazo.

En este contexto, un diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela no es una conversación entre iguales, sino todo lo contrario. De un lado se encuentra un régimen autoritario que concentra un enorme poder y que lo ha usado deliberadamente para reprimir y cometer abusos contra opositores. Del otro lado, hay una oposición que defiende las funciones y facultades de una Asamblea Nacional democráticamente electa que es víctima de ataques del oficialismo, y cuya esperanza de que haya un referéndum revocatorio constitucional para expresar la voluntad popular ha sido truncada por el gobierno.

A la luz de esta asimetría, el punto de partida de cualquier diálogo genuino debería ser un reconocimiento explícito por todos los que se sienten a la mesa de negociación de la responsabilidad del gobierno de Venezuela. En particular, el gobierno de Maduro debería asumir los siguientes compromisos de ejecución inmediata:

  • Dejar de detener a opositores políticos y críticos, y de cometer abusos contra detenidos;
  • Disponer la liberación de todos los venezolanos detenidos por motivos políticos que estén siendo juzgados sin fundamentos válidos;
  • Garantizar que la Asamblea Nacional ejerza sus facultades legislativas;
  • Respetar el proceso del referéndum revocatorio sin nuevas interferencias políticas ni demoras indebidas; y
  • Reconocer que Venezuela está atravesando una profunda crisis humanitaria, y solicitar ayuda humanitaria internacional para superarla.

El gobierno de Venezuela no ha demostrado el más mínimo interés en comprometerse a adoptar ninguna de estas medidas, mucho menos en el corto plazo. Por ello, sin una presión internacional fuerte, este nuevo diálogo únicamente servirá para que el gobierno de Maduro haga promesas vacías y deshonestas para ganar tiempo, sin resolver los problemas que enfrenta Venezuela, y burlándose de la buena fe de Su Santidad. Eso es exactamente lo que ha sucedido con las iniciativas de diálogo anteriores. Para asegurar que esto no ocurra nuevamente, instamos respetuosamente a Su Santidad a llevar a la mesa una evaluación objetiva de la situación exigiendo resultados concretos y urgentes como los enumerados anteriormente en esta carta. En función de las visitas frecuentes realizadas por Human Rights Watch a Venezuela, puedo asegurarle que la situación en el país es crítica, y que no hay tiempo que perder.

Espero que esta información le sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

Cordialmente,

José Miguel Vivanco
Human Rights Watch

Human Rights Watch pide presión internacional contra Nicolás Maduro

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La organización Human Rights Watch (HRW) urge a que haya una fuerte presión internacional, en particular de la región, para que el gobierno del presidente Nicolás Maduro tome medidas inmediatas para abordar la profunda crisis humanitaria en Venezuela.

“El gobierno venezolano ha parecido más rotundo en negar la existencia de una crisis humanitaria que en trabajar para resolverla”, enfatizó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Para elaborar el informe, en el que denuncia la grave escasez de medicinas y alimentos en Venezuela, así como la respuesta inadecuada y represiva del gobierno, la organización de derechos humanos entrevistó en junio pasado a más de 100 personas en Caracas y seis estados venezolanos, y visitó varios hospitales públicos.

Vivanco aseguró que sin una fuerte presión internacional, las dramáticas consecuencias de la crisis humanitaria que Venezuela enfrenta solo pueden empeorar.

HRW considera necesario que los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) mantengan “una supervisión estrecha y continua” de la situación, hasta que el Ejecutivo venezolano muestre resultados en el manejo de la crisis humanitaria y política.

Además, las agencias humanitarias de Naciones Unidas “deberían publicar una evaluación independiente de la magnitud y el impacto de la escasez, así como de lo que se necesita para hacerle frente”, señala el organismo en un informe presentado este lunes.

HRW considera que “deben tomarse medidas inmediatas y urgentes para articular y llevar a cabo políticas eficaces para abordar la crisis, incluido pedir ayuda humanitaria internacional”, agrega la organización, que urge también al jefe de Estado “dejar de intimidar y castigar a los críticos”.

El informe destaca que en los casos en que el gobierno de Maduro ha reconocido la escasez la ha atribuido a una “guerra económica”, supuestamente orquestada por la oposición política, el sector privado y potencias extranjeras.

En su investigación, HRW cita una encuesta de agosto pasado realizada por una red de más de 200 médicos que reveló que 76% de los hospitales públicos carecía de medicamentos básicos.

La tasa de mortalidad materna durante los cinco primeros meses de 2016, según el Ministerio de Salud venezolano, fue de 79%, mayor que las últimas cifras oficiales disponibles desde 2009.

En cuanto a la escasez de alimentos, los investigadores de HRW fueron testigos de las largas filas en los supermercados, que con frecuencia se quedan sin existencias mucho antes de que todo el mundo haya podido adquirir algo.

Venezuela no tiene más tiempo para ambivalencias, por José Miguel Vivanco

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Hace algunos días, presentamos en Buenos Aires un informe que documenta torturas, detenciones arbitrarias y persecución penal de disidentes por el gobierno venezolano, así como el despido arbitrario de empleados públicos que, como miles de venezolanos, están a favor de un referéndum revocatorio que podría poner fin a la presidencia de Nicolás Maduro. 

 

¿Por qué hicimos esta presentación en Argentina? Durante su campaña, y desde que asumió el poder en diciembre de 2015, el Presidente Mauricio Macri ha criticado públicamente la grave situación de los derechos humanos en Venezuela y ha instado al gobierno de Maduro a adoptar medidas concretas, incluida la liberación de presos políticos. 

 

Sin embargo, paralelamente, la canciller Susana Malcorra, quien es candidata a la Secretaría General de la ONU, ha adoptado una postura ambivalente. Su candidatura genera un evidente conflicto de interés que la ha llevado a fijar posiciones ambiguas frente a Venezuela. Si Malcorra toma posiciones claras y de principios, los aliados de Venezuela—como Rusia y China, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad—podrían bloquear su elección como la próxima secretaria general de la ONU.

 

Cuando Malcorra se dirigió a la sesión del Consejo Permanente de la OEA celebrada en mayo para tratar la situación de Venezuela, ni siquiera mencionó los conceptos de “derechos humanos,” “presos políticos” o “democracia”. Intentó justificar su postura pública escudándose en que el primer paso debía ser un “diálogo” entre gobierno y oposición.

 

Ante la firme posición expresada por el Presidente Macri y la tímida postura de Malcorra, decidimos publicar nuestro informe en Argentina y presentarles a ambos el resultado de nuestra más reciente investigación.

 

En una reunión con el Presidente Macri antes de difundir nuestro informe, durante la cual pudimos analizar el rol de Argentina ante la crisis venezolana, el presidente ratificó categóricamente su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Y cuando nos reunimos con Malcorra, por separado, la canciller aclaró que el gobierno tiene una única política exterior y es fijada por el presidente—si esto así, Macri debe asegurarse entonces que no haya ambivalencias y que su gobierno adopte una estrategia capaz de incidir en la situación de Venezuela.

 

Malcorra afirmó también que no era necesario que la convenciéramos sobre la gravedad de la situación en Venezuela. Y la escuché decir, por primera vez, que el referéndum revocatorio debía celebrarse en 2016. 

 

Si la votación se lleva a cabo este año y Maduro pierde, Venezuela debería celebrar inmediatamente una elección presidencial. Si se posterga hasta 2017 y Maduro pierde, asumiría su vicepresidente hasta la próxima elección regular, que sería en 2019. Evidentemente, el gobierno de Maduro tiene un claro interés en que el referéndum ocurra recién en 2017, para asegurarse que nada cambie.

 

Como demuestra nuestro informe, desde mayo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Guardia Nacional han detenido a lo menos a 21 personas alegando que estaban planificando o incitando acciones violentas contra el gobierno. La mayoría denunció abusos mientras estuvieron bajo custodia de las autoridades, y varios declararon ante la justicia que sufrieron torturas, incluidas violentas golpizas, descargas eléctricas y amenazas de violación sexual o de muerte.

 

Lamentablemente, estas y otras tantas víctimas del régimen no cuentan con amparo. Se encuentran en total indefensión dada la falta de tribunales independientes capaces de frenar, prevenir, o sancionar estos abusos. En varios casos documentados en nuestro reciente informe los fiscales no presentaron evidencias creíbles que implicaran a los acusados con delitos concretos, pero los tribunales los acusaron de todos modos. En algunos de ellos, las pruebas consistían simplemente en la posesión de materiales de contenido político, como panfletos en los cuales se pedía la liberación de presos políticos. 

 

El Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental independiente que brinda asistencia legal a detenidos en todo el país, ha elaborado una lista de más de 90 personas que califican como presos políticos.

 

Desde junio, oficinas públicas han despedido a centenares de empleados en distintas regiones, en aparente represalia por haber firmado a favor del referéndum revocatorio. A lo anterior hay que sumarle la crisis humanitaria que afecta al país, incluida la gravísima escasez de alimentos y medicinas

 

La realidad venezolana indica que desde que arrancó el diálogo encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero y apoyado por Malcorra, la situación en Venezuela no ha mejorado—al contrario, empeoró.

 

El problema en Venezuela no es falta de diálogo, sino la represión del gobierno dirigida a aplastar a la oposición con la cual dice querer dialogar. La asimetría entre un gobierno que concentra casi todo el poder y la oposición es total. Precisamente para enfrentar situaciones de esta naturaleza está la Carta Democrática, cuyo proceso, liderado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, felizmente se encuentra en curso.

 

Argentina debería alinearse con Almagro y ejercer presión sobre Venezuela hasta lograr resultados concretos. Hay que exigirle a Maduro que cesen los abusos contra los detenidos y que se libere a todos los venezolanos que han sido arrestados arbitrariamente y enjuiciados por motivaciones políticas, lo cual es incompatible con un régimen democrático. Esto incluye a prominentes líderes de la oposición como Leopoldo López, así como a otros disidentes menos conocidos. También hay que ejercer una fuerte presión frente a ese régimen para que deje de intimidar y perseguir a quienes apoyan el referéndum.

 

Una política exterior honesta ante la crítica situación por la que atraviesa Venezuela debe estar sujeta a una evaluación empírica, objetiva y constante. La estrategia de Almagro, que permite una fiscalización multilateral dentro del marco de la Carta Democrática, es la más adecuada para determinar si se está alcanzando el propósito colectivo de proteger la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Argentina debería apoyar este proceso ya y sin ambivalencias; si hay algo que a Venezuela no le sobra es tiempo.  

 

@hrw_espanol

El Clarín