Cada vez parece más probable que el gobierno autoritario de Nicolás Maduro termine antes de lo que él quisiera. Pero es difícil prever cómo terminará. Es de esperar que haya una transición pacífica hacia un sistema democrático. Pero también podría correr mucha sangre. 

Hoy en Cancún los cancilleres del hemisferio se reunirán para definir una respuesta común a las prácticas represivas del gobierno venezolano. Dada la intransigencia de Maduro, deberían centrar su atención en los responsables de la represión. Que haya una transición pacífica podría depender de hasta dónde están dispuestos a llegar los funcionarios del régimen para mantener a Maduro en el poder. 

El mes pasado, varios medios de comunicación difundieron una grabación secreta en la cual un grupo de generales venezolanos discutían sobre el uso eventual de francotiradores contra manifestantes. Un general dice que estaría dispuesto a cumplir con las órdenes que reciba. Pero luego expresa su temor de que en el futuro el Ministerio Público no los vaya a «amparar». «Mañana puede caer cualquiera de nosotros preso.» 

Hasta hace poco, estos oficiales no tenían motivos para preocuparse. La última vez que el gobierno de Maduro reprimió fuertemente manifestaciones opositoras, en 2014, la fiscal general Luisa Ortega no impulsó mayores investigaciones sobre los abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad. Por el contrario, los fiscales bajo su autoridad fueron cómplices de la represión e incluso manipularon causas penales contra víctimas. 

Sin embargo, la misma fiscal general ahora ha empezado a pronunciarse en defensa de los derechos de los manifestantes. En el último mes, repudió detenciones arbitrarias llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, pidió que la justicia libere a decenas de detenidos, anunció que imputaría a funcionarios de seguridad responsables de abusos e incluso cuestionó la reforma constitucional que impulsa Maduro. 

¿A qué se debe este repentino interés de la fiscal Ortega por el Estado de Derecho? Muchas cosas han cambiado. Primero y principal, el rechazo de los venezolanos al gobierno actual es cada vez más abrumador. 

Además, los gobiernos de la región finalmente han comenzado a alzar la voz contra Maduro. Tras la represión de 2014, el presidente Obama aplicó sanciones a ciertos funcionarios venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos. En marzo pasado, 14 gobiernos firmaron una declaración conjunta instando al gobierno de Maduro a adoptar tres medidas para restaurar el orden democrático: liberar a los presos políticos, celebrar elecciones y restablecer la separación de poderes. 

Este nuevo contexto regional aparentemente ha afectado el cálculo costo-beneficio de ciertos funcionarios que podrían terminar siendo cómplices de violaciones de derechos humanos. No sorprende, entonces, que la fiscal general haya empezado a distanciarse de la represión ni que los generales teman terminar en la cárcel. 

En Cancún, los gobiernos que firmaron la reciente declaración conjunta intentarán persuadir al resto de que apoyen sus tres demandas. Para evitar un baño de sangre, deberían añadir una nueva: que los funcionarios militares o civiles responsables de graves abusos tarde o temprano serán llevados a la justicia. Un mensaje contundente de la comunidad internacional advirtiendo que los responsables de abusos deberán rendir cuentas podría intensificar la preocupación de los generales que podrían ser castigados eventualmente si se involucran en hechos atroces. 

En pasadas crisis políticas en América latina era usual que algunos abogaran por amnistías sosteniendo que las demandas por justicia dificultan la transición democrática. Dado que Maduro parece estar resuelto a aferrarse al poder a cualquier costo, la máxima prioridad para la comunidad internacional debería ser impedir que Maduro intensifique la represión. Cualquier gobierno que necesite recurrir a francotiradores para contener el descontento popular acabará el día que sus oficiales desobedezcan la orden de disparar.***

 

El Nacional (Venezuela): http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/como-evitar-bano-sangre-venezuela_188250   

 

El Tiempo (Colombia): http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/como-evitar-mas-represion-en-venezuela-analisis-100386

 

El Mercurio (Chile): http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dtB=19-06-2017

 

El Universal (Mexico): http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jose-miguel-vivanco-y-daniel-wilkinson/mundo/2017/06/19/evitar-un-bano

 

La Nación (Argentina): http://www.lanacion.com.ar/2034862-como-evitar-un-bano-de-sangre-en-venezuela

 

O Globo (Brazil): https://oglobo.globo.com/mundo/artigo-como-evitar-um-banho-de-sangue-na-venezuela-21491546

 

El Comercio (Peru): http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/evitar-bano-sangre-venezuela-jose-miguel-vivanco-daniel-wilkinson-435616

 

La Prensa (Panama): http://www.prensa.com/opinion/Evitar-bano-sangre_0_4782271803.html

 

El Diario Hoy (El Salvador): http://www.elsalvador.com/opinion/363307/como-evitar-un-bano-de-sangre-en-venezuela/

 

Los acontecimientos de esta semana marcaron el fin de la fachada democrática del gobierno de Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia, apéndice del Ejecutivo, decidió despojar a la Asamblea Nacional de sus poderes y asumir funciones legislativas. Además, resolvió que los legisladores que apoyaban la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, habrían cometido traición a la patria y perderían su inmunidad parlamentaria.

La reacción internacional fue inmediata: la mayoría de los gobiernos de la región expresaron su profunda preocupación por lo acontecido en Venezuela. Sin embargo, el pronunciamiento más sólido provino del Perú al condenar sin eufemismos “la ruptura de la democracia en Venezuela” y ordenar el retiro de su embajador en Caracas.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski, junto con el secretario general de la OEA, han jugado un rol ejemplar en la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas en ese país.

Ante esta fuerte reacción internacional, Nicolás Maduro optó por un repliegue táctico y “exhortó” al Tribunal Supremo a revisar sus cuestionadas sentencias. En una reveladora movida que ejemplifica la inexistencia de la más mínima independencia judicial, a las pocas horas de la petición oficial, el tribunal obedientemente “aclaró” las sentencias y retrocedió en las disposiciones más aberrantes.

Lo que hemos presenciado en Venezuela no es un accidente reciente ni un acontecimiento aislado. A lo largo de los años, el chavismo ha actuado de forma persistente y deliberada para debilitar los mecanismos de control y avasallar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Veamos cómo se ha ido degradando la democracia venezolana en función de algunos principios básicos:

Elecciones periódicas, libres y justas. El Consejo Nacional Electoral –de abrumadora mayoría oficialista– frenó el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. No ha convocado las elecciones locales y de gobernadores que, según lo estipulado en la Constitución, debían celebrarse en el 2016.

Separación de poderes. No existen instituciones independientes capaces de controlar al Poder Ejecutivo. El ex presidente Hugo Chávez copó con adeptos el Tribunal Supremo en el 2004, y desde entonces tanto Chávez como Maduro siguieron designando a incondicionales del régimen terminando con su función de garante de derechos. Desde que en el 2015 los venezolanos eligieron a una abrumadora mayoría opositora en la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro ha empleado al Tribunal Supremo para anular aquellas leyes que afectan sus intereses.

Represión de opositores políticos y críticos. El Foro Penal Venezolano, una prestigiosa organización que brinda asistencia legal a detenidos, ha contabilizado más de 100 presos políticos, incluido el líder opositor Leopoldo López, arbitrariamente encarcelado por más de tres años. Para estos presos no hay debido proceso y muchos han sido arrestados sobre la base de información proporcionada por anónimos “patriotas cooperantes”. El gobierno usa con frecuencia sus servicios de inteligencia para maltratar, detener y procesar penalmente a opositores políticos y críticos.

Respeto por la libertad de expresión. Son muy pocos los medios de comunicación independientes que subsisten en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han detenido e interrogado a periodistas y confiscado sus equipos. Se ha impedido que periodistas internacionales ingresen al país para dar cobertura a la crisis e incluso algunos fueron detenidos por hacerlo. Los canales de TV y las radios están sujetos a la censura oficial. El gobierno ha adoptado medidas para limitar el financiamiento internacional de la sociedad civil que expone sus abusos alegando que dañan la democracia. Centenares de funcionarios habrían sido despedidos de empleos públicos por promover el referéndum revocatorio.

Respeto de otros derechos civiles y políticos. Las fuerzas de seguridad reiteradamente han reprimido brutalmente a transeúntes y manifestantes en protestas contra el gobierno. En algunos casos, han torturado a los detenidos. Durante redadas policiales y militares llevadas a cabo en el 2015 en sectores populares se han cometido ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas, deportaciones de inmigrantes, desalojos arbitrarios, y demolición de viviendas.

Respeto de los derechos económicos, sociales. Venezuela atraviesa una gravísima crisis humanitaria. La severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos ha impedido que numerosos venezolanos puedan tener acceso a una nutrición y servicios de salud básicos. El gobierno ha negado que exista una crisis, no ha adoptado medidas para mitigar la escasez y solo hace algunos días ha anunciado que solicitará asistencia internacional.

Hace muchos años que en Venezuela gobierna un régimen cívico-militar con un deplorable récord en derechos humanos. Sin embargo, las decisiones del Tribunal Supremo de esta semana –tanto al avanzar contra el Congreso como al retroceder por encargo de Nicolás Maduro– marcan un punto de inflexión, porque dejan en evidencia la enorme concentración de poder y la ausencia de un Estado de derecho. Si no hay una fuerte presión internacional, un verdadero ultimátum exigiendo la inmediata e incondicional liberación de los presos políticos, un calendario electoral definitivo y el restablecimiento de la autonomía de los poderes públicos, dejaremos pasar una valiosa oportunidad para obligar a una tiranía que se aferra al poder, a corregir el curso antes de que su pueblo termine en el despeñadero.

@JMVivancoHRW

El Comercio PE

El 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano clausuró la Asamblea Nacional, la única instancia gubernamental clave que seguía siendo independiente del poder ejecutivo. Lo hizo mediante el absurdo anuncio de que el propio Tribunal asumiría todas las facultades legislativas o designaría a otra institución a la cual delegárselas. Este pronunciamiento marca el fin de la fachada democrática del gobierno de Maduro.

Este no fue un acontecimiento aislado que ocurrió de manera imprevista. A lo largo de los años, el gobierno de Maduro ha actuado de forma persistente y deliberada para lograr que se debilitaran los controles sobre su propio poder, mientras avasallaba los derechos fundamentales de los venezolanos.

Celebrar elecciones periódicas, libres y justas. El Consejo Nacional Electoral —conformado por mayoría de partidarios del gobierno— ha frenado deliberadamente un referéndum revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro. No ha convocado a las elecciones locales y de gobernadores que, según lo estipulado en la Constitución, debían celebrarse en 2016.

Separación de poderes. No existen en Venezuela instituciones gubernamentales capaces de controlar al poder ejecutivo. El ex presidente Hugo Chávez copó con adeptos el Tribunal Supremo en 2004, y desde entonces tanto Chávez como Maduro siguieron designando a personas leales al gobierno en el tribunal, arrasando así con su función de garante de derechos. Desde que en 2015 los venezolanos eligieron a una amplia mayoría opositora en la Asamblea Nacional, el Presidente Maduro ha empleado al tribunal para impedir que los legisladores ejercieran sus funciones. Tras varios meses en los que el Tribunal anuló prácticamente todas las leyes que suponían una amenaza para los intereses del gobierno, declaró que la Asamblea Nacional no estaba acatando las resoluciones del Tribunal y asumió todas las funciones legislativas, clausurando así en la práctica al poder legislativo.

Represión de opositores políticos y críticos. El Foro Penal Venezolano, una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal a detenidos, ha contabilizado más de 100 presos políticos, incluido el líder de oposición Leopoldo López, que lleva encarcelado más de tres años. Algunos presos políticos fueron arrestados sobre la base de información proporcionada por “patriotas cooperantes”. El gobierno ha usado con frecuencia a sus servicios de inteligencia para detener y procesar penalmente a opositores políticos y críticos.

El Tribunal Supremo dispuso también que el apoyo de los legisladores opositores al debate en curso en la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la crisis en Venezuela podría constituir traición a la patria, y advirtió que los legisladores responsables no gozarían de inmunidad parlamentaria.

Respeto por la libertad de expresión. Son muy pocos los medios de comunicación independientes que todavía quedan en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han detenido e interrogado a periodistas y confiscado sus equipos. Se ha impedido que periodistas internacionales ingresen al país para dar cobertura a la crisis, e incluso algunos fueron detenidos por hacerlo. También se ha sacado del aire a canales de noticias. El gobierno ha adoptado medidas para limitar el financiamiento internacional que pueden recibir las organizaciones sin fines de lucro cuyo trabajo es exponer los abusos, alegando sin fundamentos que desestabilizan la democracia venezolana. También se ha procesado penalmente a ciudadanos de pie que criticaron al gobierno. Los medios de comunicación han informado que cientos de personas fueron despedidas de empleos públicos por apoyar el referéndum revocatorio.

Respeto de otros derechos civiles y políticos. Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han usado reiteradamente la fuerza excesiva contra transeúntes y manifestantes en protestas contra el gobierno. En algunos casos, han torturado a los detenidos. Una serie de redadas policiales y militares llevadas a cabo en 2015 en comunidades populares y de inmigrantes dieron origen a señalamientos de abusos generalizados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas, deportaciones y desalojos arbitrarios, y demolición de viviendas.

Respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. Venezuela atraviesa una gravísima crisis humanitaria. La severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos ha impedido que numerosos venezolanos puedan tener acceso a una nutrición y servicios de salud adecuados. El gobierno ha negado que exista una crisis, no ha adoptado medidas para mitigar la escasez y solamente ha realizado acciones limitadas para obtener asistencia internacional humanitaria, que podría estar disponible inmediatamente para ayudar a paliar la crisis.

Durante años, Venezuela ha sido administrada por un gobierno con un nefasto récord en materia de derechos humanos, que ha hecho uso de una enorme concentración de poder para erosionar progresivamente las garantías de derechos humanos y los controles a su propio poder. El último pronunciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión. Ante una situación que se parece cada vez más a una dictadura con todas sus letras, la comunidad internacional debería reaccionar con fuerza: ahora más que nunca es necesario que los líderes democráticos ejerzan con urgencia una presión multilateral firme y decisiva sobre el gobierno de Maduro.

El mensaje a Venezuela fue elocuente: la actual crisis económica, política y humanitaria está violando derechos humanos y socavando la democracia en el país.

Ese fue el mensaje directo que recibieron las autoridades venezolanas luego de que 20 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos votaran a favor de discutir la crisis en Venezuela en una reunión del Consejo Permanente el martes pasado.

La respuesta de Venezuela fue atacar a los mensajeros.

En la OEA, con el apoyo de unos pocos aliados, el representante venezolano intentó impedir que se desarrollara la reunión. Argumentó que debatir sobre la situación venezolana sin el consentimiento del gobierno implicaría una injerencia en los asuntos internos de Venezuela y violaría la soberanía del país. Sin siquiera referirse a la situación en Venezuela, acusó a los miembros de la OEA de facilitar un “golpe de estado” contra el gobierno de Maduro y criticó la situación en los demás países.

Mientras tanto, en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia—que a esta altura no es más que una extensión del ejecutivo—emitió una sentencia en la cual dispuso que la declaración aprobada días antes por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, a favor del debate en la OEA, formaba parte de “acciones que atentan contra la independencia y la soberanía nacional” de Venezuela. El tribunal determinó que lo realizado por los legisladores podía constituir traición a la patria y advirtió que los responsables no podrían invocar la inmunidad parlamentaria. Ordenó que el presidente adoptara las medidas “económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”. Aunque la vaguedad de este lenguaje permitiría incluir prácticamente cualquier tipo de acciones, el tribunal de todas maneras autorizó expresamente al Presidente Maduro a reformar la legislación penal, incluido el Código de Justicia Militar, al destacar que “pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar”.

La sentencia abre la posibilidad de que se procese a legisladores de la oposición en tribunales militares, por el mero hecho de haber ejercido su función legislativa. En un país con más de 100 presos políticos, incluso algunos que han sido juzgados en tribunales militares, y donde el gobierno oprime el disenso y suspende elecciones en un intento desesperado por mantenerse en el poder, no se trata tan sólo de una amenaza teórica.

En este contexto, que se haya intensificado la presión internacional es una buena noticia. Los gobiernos que reclaman el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en Venezuela —como Argentina, Canadá, Colombia, México, Perú y Estados Unidos— deberían tomar la reacción de Venezuela ante la sesión en la OEA como una evidencia más de que el gobierno de Maduro está dispuesto a usar toda su maquinaria—incluyendo a los tribunales que ha subordinado al poder ejecutivo—para perseguir a aquellos que invocan los principios de la Carta Democrática. La diplomacia multilateral es la única vía para lograr que Nicolás Maduro libere a todos los presos políticos, permita que haya elecciones, acepte recibir ayuda humanitaria suficiente y restablezca la independencia de todos los poderes de Estado.

 

El 2 de noviembre, el Senado chileno adoptó una resolución que insta al gobierno a apoyar las gestiones del Vaticano para mediar la crisis de Venezuela y, muy importante, a convocar una sesión especial del Consejo Permanente en la OEA para evaluar si el gobierno venezolano cumple con la Carta Democrática Interamericana.

Esta estrategia dual tiene sentido porque el diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela no es una conversación entre iguales. De un lado, hay un régimen cívico-militar que ha abusado del poder y reprimido a sus opositores, y del otro, una oposición política asediada, cuyo control del Poder Legislativo se ha tornado prácticamente irrelevante debido a los exitosos esfuerzos del gobierno para despojar al Parlamento de sus atribuciones. Sin una firme presión internacional, –que incluya un seguimiento atento y constate por parte de la OEA a través del proceso de la Carta Democrática–, el gobierno de Nicolás Maduro no va a dar marcha atrás, ni mucho menos reconocer su responsabilidad en la represión ni poner fin a la crisis política, económica y social que afecta a Venezuela.

Estos dos pasos –apoyar el diálogo y simultáneamente presionar al régimen de Maduro– son indispensables y complementarios, y podrían, además, lograr resultados concretos. Uno de ellos debería ser la liberación inmediata de Braulio Jatar –periodista chileno-venezolano arbitrariamente detenido hace más de dos meses–, tal como ha ocurrido en días recientes con un puñado de presos políticos.

Como sabemos, Jatar, director del medio independiente Reporte Confidencial, fue detenido el 3 de septiembre por divulgar el video del cacerolazo espontáneo contra Maduro en Villa Rosa, isla de Margarita, uno de los acontecimientos más vergonzosos para el régimen en los últimos años. Jatar fue interceptado por los servicios de inteligencia mientras se dirigía a su programa radial. Esa noche, mientras su familia ignoraba su paradero, agentes de inteligencia armados y encapuchados allanaron su domicilio ilegalmente.

Dos días más tarde, Jatar fue llevado ante un juez, pero le permitieron ver a su abogado tan solo pocos minutos antes de la audiencia. Uno de sus abogados informó a Human Rights Watch, después de examinar el expediente, que en un informe de los servicios de inteligencia se acusaba a Jatar de organizar actividades de “desestabilización” previas a una reunión del Movimiento de Países No Alineados que tuvo lugar en Margarita ese mismo mes.

La Fiscalía acusó a Jatar de cometer el delito de “legitimación de capitales” –que establece una pena de hasta 15 años de prisión– por supuestamente tener US$ 25.000 en su automóvil. Las únicas pruebas en su contra, según sus abogados, son dos testigos citados en un informe de los servicios de inteligencia quienes presuntamente vieron que el dinero había sido hallado en el automóvil del periodista. Los abogados señalaron que después del testimonio inicial no se pudo encontrar a ninguno de los dos testigos para que corroboraran sus declaraciones.

Jatar se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad desde el 10 de septiembre. Solo le han permitido un contacto mínimo con sus abogados y su familia.

La combinación de estrategias propuesta por el Senado chileno es probablemente la mejor fórmula para liberar a los presos políticos y restablecer el Estado de Derecho en Venezuela. El gobierno de Bachelet debería mantener la presión internacional junto con otras democracias, pero además debería, específicamente, abordar el caso del periodista Jatar, incluso solicitando al Vaticano que intervenga como mediador ante el gobierno para lograr su liberación inmediata y que se desista de todos los cargos fabricados en su contra.

No se trata solamente de la liberación de un preso político más en Venezuela. Se trata también de proteger la libertad de expresión y de prensa, pilares fundamentales de cualquier democracia.

@hrw_espanol

El Nacional

 

Hace algunos días, presentamos en Buenos Aires un informe que documenta torturas, detenciones arbitrarias y persecución penal de disidentes por el gobierno venezolano, así como el despido arbitrario de empleados públicos que, como miles de venezolanos, están a favor de un referéndum revocatorio que podría poner fin a la presidencia de Nicolás Maduro. 

 

¿Por qué hicimos esta presentación en Argentina? Durante su campaña, y desde que asumió el poder en diciembre de 2015, el Presidente Mauricio Macri ha criticado públicamente la grave situación de los derechos humanos en Venezuela y ha instado al gobierno de Maduro a adoptar medidas concretas, incluida la liberación de presos políticos. 

 

Sin embargo, paralelamente, la canciller Susana Malcorra, quien es candidata a la Secretaría General de la ONU, ha adoptado una postura ambivalente. Su candidatura genera un evidente conflicto de interés que la ha llevado a fijar posiciones ambiguas frente a Venezuela. Si Malcorra toma posiciones claras y de principios, los aliados de Venezuela—como Rusia y China, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad—podrían bloquear su elección como la próxima secretaria general de la ONU.

 

Cuando Malcorra se dirigió a la sesión del Consejo Permanente de la OEA celebrada en mayo para tratar la situación de Venezuela, ni siquiera mencionó los conceptos de “derechos humanos,” “presos políticos” o “democracia”. Intentó justificar su postura pública escudándose en que el primer paso debía ser un “diálogo” entre gobierno y oposición.

 

Ante la firme posición expresada por el Presidente Macri y la tímida postura de Malcorra, decidimos publicar nuestro informe en Argentina y presentarles a ambos el resultado de nuestra más reciente investigación.

 

En una reunión con el Presidente Macri antes de difundir nuestro informe, durante la cual pudimos analizar el rol de Argentina ante la crisis venezolana, el presidente ratificó categóricamente su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Y cuando nos reunimos con Malcorra, por separado, la canciller aclaró que el gobierno tiene una única política exterior y es fijada por el presidente—si esto así, Macri debe asegurarse entonces que no haya ambivalencias y que su gobierno adopte una estrategia capaz de incidir en la situación de Venezuela.

 

Malcorra afirmó también que no era necesario que la convenciéramos sobre la gravedad de la situación en Venezuela. Y la escuché decir, por primera vez, que el referéndum revocatorio debía celebrarse en 2016. 

 

Si la votación se lleva a cabo este año y Maduro pierde, Venezuela debería celebrar inmediatamente una elección presidencial. Si se posterga hasta 2017 y Maduro pierde, asumiría su vicepresidente hasta la próxima elección regular, que sería en 2019. Evidentemente, el gobierno de Maduro tiene un claro interés en que el referéndum ocurra recién en 2017, para asegurarse que nada cambie.

 

Como demuestra nuestro informe, desde mayo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Guardia Nacional han detenido a lo menos a 21 personas alegando que estaban planificando o incitando acciones violentas contra el gobierno. La mayoría denunció abusos mientras estuvieron bajo custodia de las autoridades, y varios declararon ante la justicia que sufrieron torturas, incluidas violentas golpizas, descargas eléctricas y amenazas de violación sexual o de muerte.

 

Lamentablemente, estas y otras tantas víctimas del régimen no cuentan con amparo. Se encuentran en total indefensión dada la falta de tribunales independientes capaces de frenar, prevenir, o sancionar estos abusos. En varios casos documentados en nuestro reciente informe los fiscales no presentaron evidencias creíbles que implicaran a los acusados con delitos concretos, pero los tribunales los acusaron de todos modos. En algunos de ellos, las pruebas consistían simplemente en la posesión de materiales de contenido político, como panfletos en los cuales se pedía la liberación de presos políticos. 

 

El Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental independiente que brinda asistencia legal a detenidos en todo el país, ha elaborado una lista de más de 90 personas que califican como presos políticos.

 

Desde junio, oficinas públicas han despedido a centenares de empleados en distintas regiones, en aparente represalia por haber firmado a favor del referéndum revocatorio. A lo anterior hay que sumarle la crisis humanitaria que afecta al país, incluida la gravísima escasez de alimentos y medicinas. 

 

La realidad venezolana indica que desde que arrancó el diálogo encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero y apoyado por Malcorra, la situación en Venezuela no ha mejorado—al contrario, empeoró.

 

El problema en Venezuela no es falta de diálogo, sino la represión del gobierno dirigida a aplastar a la oposición con la cual dice querer dialogar. La asimetría entre un gobierno que concentra casi todo el poder y la oposición es total. Precisamente para enfrentar situaciones de esta naturaleza está la Carta Democrática, cuyo proceso, liderado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, felizmente se encuentra en curso.

 

Argentina debería alinearse con Almagro y ejercer presión sobre Venezuela hasta lograr resultados concretos. Hay que exigirle a Maduro que cesen los abusos contra los detenidos y que se libere a todos los venezolanos que han sido arrestados arbitrariamente y enjuiciados por motivaciones políticas, lo cual es incompatible con un régimen democrático. Esto incluye a prominentes líderes de la oposición como Leopoldo López, así como a otros disidentes menos conocidos. También hay que ejercer una fuerte presión frente a ese régimen para que deje de intimidar y perseguir a quienes apoyan el referéndum.

 

Una política exterior honesta ante la crítica situación por la que atraviesa Venezuela debe estar sujeta a una evaluación empírica, objetiva y constante. La estrategia de Almagro, que permite una fiscalización multilateral dentro del marco de la Carta Democrática, es la más adecuada para determinar si se está alcanzando el propósito colectivo de proteger la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Argentina debería apoyar este proceso ya y sin ambivalencias; si hay algo que a Venezuela no le sobra es tiempo.  

 

@hrw_espanol

El Clarín

 

La mujer había salido de su hogar a las 3 de la mañana para llegar temprano a un mercado de Caracas donde se venderían pañales a precio subsidiado. Había hecho seis horas de cola con su bebé de apenas cuatro meses—ya que es necesario presentarse con un bebé o una partida de nacimiento para poder comprar los pañales—cuando miembros de la Guardia Nacional comenzaron a arrojar gases lacrimógenos hacia la fila. La mujer nos contó que no sabía qué estaba sucediendo, pero se alejó corriendo del lugar para proteger a su hijo.

 

Regresó una vez que se había disipado el gas lacrimógeno, pero ya era demasiado tarde. No pudo ingresar a tiempo al mercado para comprar los dos paquetes de pañales que se le permitía comprar a cada persona. Le fue imposible contener el llanto cuando nos dijo que solamente le quedaban dos pañales, y que no podía comprarlos en el mercado negro, donde cuestan 300 veces más. Le dijo a nuestros investigadores que debía hacer colas para comprar cada cosa que necesita, y que no conseguía alimentos suficientes para alimentar a su familia. “Si desayunas, no almuerzas, y si almuerzas, no cenas”, explicó.

 

Nuestros investigadores han realizado frecuentes viajes a Venezuela en los últimos meses, y han advertido que la situación allí sigue empeorando. La economía ha colapsado. Hay largas filas fuera de los mercados que venden productos subsidiados. La mayoría de los medicamentos considerados “esenciales” por la Organización Mundial de la Salud no se encuentran en muchos hospitales y farmacias. En nuestras visitas a hospitales, los médicos indicaron que faltaban medicamentos e insumos médicos básicos y que pedían a familiares de los pacientes que salieran a buscarlos. Pero a menudo estas personas regresan con las manos vacías. Los pacientes con diversas enfermedades tienen dificultades para obtener tratamiento médico. Fuera de la capital —sobre todo entre los sectores con menos recursos que no pueden solventar el costo de productos en el mercado negro— la situación es incluso peor.

 

El gobierno del Presidente Nicolás Maduro se ha negado a reconocer que existe una crisis de salud y alimentos en Venezuela. En vez de asumir su responsabilidad e intentar buscar soluciones, acusa a la “derecha” política de haber librado una “guerra económica” para debilitar al gobierno. Las autoridades venezolanas también están impidiendo que ingrese al país un volumen significativo de ayuda humanitaria, que podría contribuir a mitigar la crisis.

 

Para silenciar a los críticos, el gobierno ha llevado a cabo detenciones masivas y otras acciones represivas. Desde 2014, hemos documentado la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones, que ha incluido golpizas y detenciones de manifestantes pacíficos e incluso transeúntes, y la tortura de personas detenidas. El Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental que brinda asistencia legal a detenidos, ha contabilizado más de 90 personas a las cuales considera presos políticos.

 

Cuando nuestros investigadores visitaron Venezuela en junio, documentaron la detención, desde mayo, de a lo menos 21 personas acusadas de planificar, instigar o participar en acciones violentas contra el gobierno. En algunos casos, las “pruebas” consistían simplemente en la posesión de materiales de contenido político, como panfletos en los cuales se pedía la liberación de presos políticos. Todas estas personas, salvo dos, han sido acusadas penalmente. En varios casos, aunque los fiscales no presentaron evidencias creíbles que vincularan a los acusados con delitos concretos, fueron imputados igualmente por la justicia.

 

La mayoría de los detenidos afirmaron haber sufrido abusos mientras permanecieron bajo custodia de las autoridades. Varios declararon ante la justicia haber sido sometidos a vejaciones que podrían constituir tortura, incluidas violentas golpizas, descargas eléctricas y amenazas de violación sexual u homicidio.

 

En un viaje anterior, comprobamos que redadas policiales y militares llevadas a cabo en el último año en comunidades populares y de inmigrantes han dado origen a señalamientos de abusos generalizados, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas arbitrarias, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.

 

La oposición política venezolana consiguió una victoria aplastante en las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, que carece de independencia y abiertamente responde al poder ejecutivo, ha declarado la inconstitucionalidad de casi todas las leyes aprobadas este año por la Asamblea Nacional.

 

La oposición impulsa ahora un referéndum revocatorio sobre la presidencia de Maduro. Pero la autoridad electoral venezolana, integrada mayormente por funcionarios oficialistas, ha postergado reiteradamente el referéndum. Al respecto, la legislación estipula que si el referéndum se celebra este año y Maduro pierde, deberá convocarse a nuevas elecciones. En cambio, si la votación ocurre después del 10 de enero, ya habrá transcurrido una parte suficiente del mandato presidencial de Maduro y su vicepresidente asumiría funciones hasta las próximas elecciones regulares en 2019. Esto genera un incentivo para que el gobierno demore la votación.

 

En la visita que realizamos en junio, constatamos que el gobierno había despedido a decenas de empleados del servicio de administración aduanera y tributaria, aparentemente en represalia por haber firmado la petición del referéndum revocatorio. Todas estas personas habían estado en el cargo durante más de una década, y ninguna de ellas había tenido problemas por su desempeño laboral. A su vez, otros organismos gubernamentaleshabrían despedido a cientos de empleados más.

 

Diversos líderes regionales han instado a que gobierno y oposición inicien un diálogo. Pero deberían tener presente que sus pedidos serán en vano mientras el gobierno siga convirtiendo a opositores en blanco de represión y abusos. Los gobiernos de la región deberían exigir que Maduro ponga fin a la detención de opositores y a los abusos contra detenidos, y disponga la liberación de todos los venezolanos arrestados por motivos políticos. Esto incluye a dirigentes opositores como Leopoldo López, encarcelado desde febrero de 2014, y también a otros disidentes menos conocidos. Se debería ejercer presión sobre el gobierno de Maduro para que permita que el proceso revocatorio avance sin interferencias y adopte medidas concretas para abordar la crisis humanitaria.

 

El gobierno de Maduro actúa como si pudiera reprimir y cometer abusos libremente, con tan solo expresar falsas promesas de diálogo a gobernantes extranjeros. Sin presión internacional, esta situación no cambiará.

 

@hrw_espanol

CNN

El 11 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró inconstitucional una ley promulgada por la Asamblea Nacional, integrada por una mayoría opositora, que hubiera otorgado una amnistía a venezolanos que han sido procesados e investigados penalmente en procesos con motivaciones políticas desde 2002. Con independencia de que toda ley puede ser perfectible, esta tuvo como propósito corregir la práctica frecuente de un gobierno que emplea el derecho penal para intimidar y castigar a sus críticos, en el marco de un sistema judicial que no otorga protección alguna a las víctimas frente a estos abusos.

La ley de amnistía promulgada el 29 de marzo dispuso que las personas que enfrentan procesos penales o que fueron condenadas por llevar a cabo actividades políticas legítimas —como organizar o participar en protestas públicas con un fin político, publicar información u opiniones críticas del gobierno o sobre cuestiones de interés público, o instar públicamente a otras personas a cuestionar al gobierno— podrían solicitar a la justicia que concluya las investigaciones penales o anule las condenas dictadas en su contra.

La amnistía también se hubiera aplicado a personas condenadas penalmente por difamación, a jueces acusados por delitos tras dictar sentencias que disgustaron al gobierno, y a abogados o defensores de derechos humanos imputados como represalia por realizar su trabajo.

El gobierno se opuso a la adopción de la ley, y procuró por distintos medios armarse de argumentos para desacreditarla. Incluso le pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que analizara si la ley era congruente con estándares internacionales de derechos humanos. El Alto Comisionado emitió posteriormente una declaración indicando que la ley “generalmente se ajustaba a los estándares de derechos humanos internacionales”.

El 7 de abril, el Presidente Nicolás Maduro le pidió al Tribunal Supremo de Justicia que analizara la constitucionalidad de la ley. Desde el copamiento político del Tribunal Supremo en 2014, el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno. También emitieron reiteradamente sentencias a favor del gobierno en casos de flagrantes abusos, validando así el creciente desprecio del gobierno por los derechos humanos.

Los argumentos centrales del Tribunal Supremo contra la ley de amnistía se escudan en que la ley tiene un lenguaje demasiado amplio y es indebidamente funcional a los legisladores que la promovieron, lo cual resulta irrelevante. Otro disparate de la sentencia es que sostiene que la ley viola el derecho a proteger el honor y la reputación de funcionarios públicos, al permitir la amnistía en casos penales de difamación, cuando de hecho existe amplio consenso de que los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios públicos son intrínsecamente incompatibles con estándares de derechos humanos. El Tribunal cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual se sostiene que las amnistías favorecen la impunidad y violan obligaciones jurídicas internacionales cuando impiden el juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos, a pesar de que la ley excluye expresamente estos casos de su ámbito de aplicación. Se invoca a la Corte Interamericana como fuente jurídica, y más adelante el Tribunal Supremo se acuerda que según la línea oficial los pronunciamientos de la Corte Interamericana son “inejecutables” en Venezuela, a pesar de que esos fallos son en realidad vinculantes conforme al derecho internacional.

Con independencia de las virtudes de la ley de amnistía, lo indiscutible es que el gobierno de Venezuela debería liberar de manera inmediata a todos los venezolanos que han sido procesados arbitrariamente como represalia por su actividad política, o sencillamente por criticar políticas gubernamentales o cumplir sus funciones con integridad. Es indispensable también que se anulen todos los cargos en contra de estas personas. Aunque el Tribunal Supremo haya eliminado la ley de amnistía, ello no legitima en absoluto los abusos que la ley procuró abordar. Por el contrario, aporta evidencias adicionales a la comunidad internacional para evaluar la situación extremadamente precaria del estado de derecho en Venezuela.

La Carta Democrática Interamericana, suscripta en 2001 por los ministros de relaciones exteriores de Venezuela y otras 33 democracias, autoriza a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a responder activamente a amenazas al orden democrático de sus estados miembros. La carta señala que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen “la separación e independencia de los poderes públicos”.

El pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía otorga a los gobiernos latinoamericanos y al Secretario General de la OEA Luis Almagro otra razón más para iniciar un debate sincero sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Ha llegado el momento de que ese debate ocurra.

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El País