Maria Alesia Sosa Calcaño | @MariaAlesiaSosa

Ricardo Sánchez Silva

GUYANA OTORGÓ LICENCIAS A VARIAS COMPAÑÍAS petroleras internacionales para explorar, y eventualmente explotar territorio venezolano, en las costas de Delta Amacuro, parte de la plataforma continental del país. Una zona, por cierto, rica en reservas de petróleo y gas. Todo esto, sucede ante la mirada indolente del gobierno de Venezuela.

En los últimos 5 años, el gobierno venezolano se ha hecho la vista gorda ante los negocios que hace Guyana con empresas petroleras sobre territorio venezolano, específicamente en la fachada atlántica de Venezuela, en las costas de Delta Amacuro. Esto, como parte de la intención de Guyana de ampliar su plataforma continental.

Hoy están vigentes tres concesiones en la zona: la más reciente es la que adjudicó Guyana a la empresa canadiense CGX Energy en el bloque Pomeroon. Una nota de prensa difundida por la empresa y publicada en su Web el 13 de febrero de 2014 confirma el acuerdo. “La compañía se complace en anunciar que el Gobierno de Guyana otorga dos nuevas licencias para trabajos de exploración petrolera en las costas de Guayana”.

Otro contrato aprobado por la antigua colonia inglesa, es el que firmó en 2012 con las empresas ExxonMobil y Shell, para explorar el bloque Stabroek. En sus informes financieros y de operaciones, ambas compañías mencionan las acciones en la zona. Siempre se refieren al bloque como parte del territorio guyanés, nunca venezolano. La empresa holandesa Shell participa en 25% del acuerdo, mientras que la estadounidense ExxonMobil lo hace con el restante 75%. Las evaluaciones preliminares a la perforación en este bloque, comenzaron en 2008, y los estudios sísmicos en dos y tres dimensiones ya los concluyeron. Guyana negoció parte del territorio venezolano, cuando firmó una nueva concesión con la empresa norteamericana Anadarko en el Bloque Roraima, el 27 de junio de 2012. En la alianza, el gobierno de Guyana ofrece propuestas técnicas para la exploración de aguas profundas en ese bloque. Una foto de la firma del acuerdo muestra a la junta directiva de la petrolera, junto con el ministro guyanés Robert Persaud, así como el embajador de EEUU en la otrora colonia inglesa.

El Gobierno de brazos cruzados

Sólo en el caso del bloque Stabroek hubo reclamos de Venezuela, y fue hace más de 15 años. El Ministerio Exteriores y el de Energía y Minas venezolano de entonces, denunció el caso ante el Congreso Mundial del Petróleo, en Calgary, Canadá, en 2000 y en el de Río de Janeiro, Brasil, en septiembre de 2002. Esto paralizó la exploración petrolera en el Bloque Pomeroon, pero se reanudó en 2009.

A partir de 2004 el Gobierno de Chávez mantuvo excelentes relaciones con Guyana. En el año 2011, Chávez envió al entonces canciller Nicolás Maduro a Puerto España para defender “con pies de plomo” la posición de Venezuela ante las intenciones de Guyana de ampliar su plataforma continental. Maduro regresó del viaje y declaró que el encuentro fue “un éxito de la diplomacia de paz”.

Mientras avanzaban las operaciones de las tres compañías en territorio venezolano, en agosto de 2013, el presidente Nicolás Maduro viajó a Georgetown para participar en la V Comisión Binacional de Alto Nivel, con el fin de “estrechar lazos de cooperación” con Guyana. Sobre ese encuentro, el presidente del país vecino, Donald Ramotar, declaró que estaba “satisfecho” con la forma en que Chávez manejó las relaciones con su país. “El Presidente Chávez cambió la manera de pensar sobre la relación entre Guyana y Venezuela”, sentenció.

El embajador Emilio Figueredo, quien es negociador del Esequibo por parte de Venezuela, señaló que el silencio del Gobierno obedece a intereses políticos. “El Gobierno ha necesitado el apoyo de Centroamérica y el Caribe para bloquear cualquier iniciativa que se hiciera en la OEA, en cuanto a la posible aplicación de una carta democrática. Ha comprado votos a cambio de soberanía nacional, entregando territorio”, enfatizó.

Infografía: Daniela Dávila Torres.

«Nuestra política es que el tema del Esequibo lo llevamos en instancias y canales diplomáticos no mediáticos», dijo la canciller de la República, Delcy Rodríguez, en entrevista en el programa «José Vicente Hoy».

Rodríguez aclaró que el Ejecutivo está tomando acciones a pesar de la falta de información con relación a la defensa del territorio en reclamación y dejó entrever que las acciones de Exxon Mobil son ilegales hasta que se decida la suerte del Esequibo.

«Enviamos comunicación la Exxon Mobil. Las aguas siguen en la suerte en el territorio. Venezuela ratifica los derechos soberanos sobre el Esequibo. Mientras no exista una decisión sobre nuestro territorio, no pueden usar sus aguas que no están dispuestas para otros fines. En ese sentido enviamos comunicación a la Exxon Mobil solicitándole que paralizara sus actividades en esa zona», declaró la Canciller.

La canciller aseguró que han contactado a la Exxon Mobil pero no indicó si han sostenido reuniones o intercambiado información con Guyana para dirimir las acciones petroleras.

«Enviamos comunicación la Exxon Mobil. Las aguas siguen en la suerte en el territorio. Venezuela ratifica los derechos soberanos sobre el Esequibo. Mientras no exista una decisión sobre nuestro territorio, no pueden usar sus aguas porque no están dispuestas para otros fines. En ese sentido enviamos comunicación a la Exxon Mobil solicitándole que paralizara sus actividades en esa zona», declaró la Canciler.

CARACAS, Venezuela (AP) — Venezuela rechazó el martes las actividades de exploración que está realizando una subsidiaria de la corporación estadounidense Exxon Mobil para Guyana en un área marítima que forma parte de una controversia limítrofe, y solicitó a la empresa a no incursionar en esa zona.

La canciller venezolana Delcy Rodríguez objetó las actividades que está desarrollando la compañía Esso Exploration and Production Guyana Ltd., subsidiaria de Exxon Mobil, en un área marítima que mantienen en reclamación Guyana y Venezuela desde hace varias décadas, e instó a la transnacional a «evitar cualquier incursión en dicho espacio marítimo», señala un comunicado que fue difundo el martes por el gobierno.

Rodríguez afirmó que la actuación de la transnacional contradice el Derecho Internacional Público, y sostuvo que para el gobierno venezolano es un «acto nulo» cualquier acción que facilite actividades de exploración «no consensuadas, ni autorizadas por los Estados interesados en el referido espacio marítimo, donde sólo cabe los efectos jurídicos derivados del consenso ‘exclusivamente bilateral»’.

La subsidiaria de Exxon Mobil inició el mes pasado actividades de exploración en el campo Stabroek ubicado en una cuenca frente a Guyana. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana pidió a Caracas no interferir en esas exploraciones petroleras.

Venezuela anunció en marzo de 2012 que había acudido ante la Secretaría General de Naciones Unidas para ratificar la disputa territorial que mantiene con Guyana por el denominado Esequibo, que es un territorio de unos 159.500 kilómetros cuadrados que incluye también un área de plataforma marítima y que es rico en oro, bauxita, diamantes, maderas y petróleo.

La reclamación del territorio Esequibo se encuentra en la instancia del secretario general de la ONU desde 1983, por acuerdo entre los dos países, según lo previsto en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

“¡Exprópiese, exprópiese!”. Esa fue una de las órdenes que más repitió Hugo Chávez a partir de 2007. Lo que comenzó como un proceso de “nacionalización” de empresas consideradas “estratégicas” o de “interés nacional”, derivó en una ola de estatizaciones y ocupaciones.

La Electricidad de Caracas, la Cantv y petroleras con presencia en la faja del Orinoco, como Exxon Mobil y ConocoPhillips, fueron las primeras víctimas. Luego la medida se extendió a casi todas las actividades económicas y se convirtió en una bandera de la “revolución bolivariana”.

En algunos casos el Gobierno indemnizó a los afectados, pero en otros la expropiación originó litigios y controversias legales que se han prolongado durante varios años en el Centro Internacional para el Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo adscrito al Banco Mundial.

Recientemente han salido del Ciadi cinco laudos que en conjunto imponen a la República la obligación de cancelar casi 3 mil millones de dólares. La factura llega en un momento en que las reservas líquidas del país están en niveles mínimos, los compromisos por deuda externa son altos y los ingresos se han caído a la mitad por el derrumbe en los precios del petróleo ocurrido en los últimos meses.

Ese monto puede aumentar en las próximas semanas, ya que aún hay 24 casos pendientes. En varios de ellos el proceso legal terminó y sólo falta la publicación de las decisiones por el tribunal arbitral.

La factura al detalle

Exxon Mobil: 1.600 millones de dólares.

La disputa entre Venezuela y Exxon Mobil ha sido una de las más sonadas. Comenzó en 2007 y fue en octubre de 2014 cuando el Ciadi emitió un laudo en el que resolvía que Venezuela debía pagar a la petrolera estadounidense 1.600 millones de dólares. «Estamos listos, nos estamos comunicando con Exxon Mobil y no vamos a tener inconvenientes en finiquitar este laudo y cerrar este capítulo que constituyó una amenaza contra la nación y su desarrollo petrolero», afirmó el entonces Canciller, Rafael Ramírez. El laudo permitía deducir los 907 millones de dólares que Pdvsa pagó a Exxon Mobil por el arbitraje realizado en la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Pese a lo dicho por Ramírez, en octubre Venezuela solicitó la revisión de la sentencia y en febrero de este año su nulidad, estrategia que para algunos abogados es una táctica dilatoria para aplazar lo más posible el pago.

Gold Reserve: 746 millones de dólares.

El tribunal arbitral divulgó en septiembre de 2014 el laudo de una disputa legal que se inició en 2009. Según el documento, Venezuela debe indemnizar a la minera canadiense con 746 millones de dólares por la extinción de la concesión de los proyectos mineros Brisas y Chocó 5. El Gobierno introdujo en noviembre del año pasado una solicitud de nulidad y aún se espera por la decisión. Doug Belanger, presidente de Gold Reserve, declaró en febrero de este año que “hasta que llegue el momento de un acuerdo y el pago sea hecho, Gold Reserve continuará buscando cumplimiento de sus derechos en cualquier jurisdicción en la que cree que puede embargar bienes, en ejecución de la sentencia”.

Flughafen Zürich AG / Ingeniería IDC S.A: 36 millones de dólares.

En noviembre de 2014 el tribunal arbitral resolvió que Venezuela debía indemnizar al consorcio suizo chileno Flughafen Zurich AG / Ingeniería IDC con 36 millones de dólares por el finiquito de la concesión para operar el puerto internacional de Margarita. Venezuela solicitó este mes la nulidad del laudo y alarga un litigio que se inició en agosto de 2010.

Owens Illinois: 455 millones de dólares.

El proceso ante el Ciadi comenzó en 2011 y este mes se conoció que el tribunal arbitral impone a Venezuela pagar una compensación de 455 millones de dólares por la expropiación que ordenó Chávez en 2010 de la fábrica de envases de vidrio que la compañía estadounidense tenía en el país. La Procuraduría General de la República manifestó en un comunicado que el laudo es «impugnable» y que iban a solicitar su «nulidad ante el mismo Ciadi».

TideWater: 46 millones de dólares.

El 13 de marzo de este año el tribunal arbitral indicó que Venezuela debe cancelar 46 millones de dólares. El ministerio de Petróleo y Minería celebró que luego de más de cuatro años de disputa, “el tribunal rechazó la compensación exorbitante demandada por Tidewater y determinó que la compensación justa por los activos nacionalizados es de 46 millones de dólares”. Sin embargo, precisó que “ahora la República procederá a estudiar el laudo para verificar los cálculos del tribunal”. Tidewater poseía activos en el Lago de Maracaibo asociados a la actividad petrolera.