Año nuevo, gabinete y billetes nuevos. Con esa consigna el Gobierno encara 2017. La ampliación del “cono monetario” fue confirmada por las autoridades a comienzos de diciembre y la circulación de los nuevos billetes fue prometida para el 15 de diciembre, su aparición quedó postergada para este año.

“He decidido sacar por decreto la extensión hasta el 20 de enero de la vigencia de los billetes de 100 bolívares (…) El país está buchón y no hay apuro, los tengo derrotados”, dijo Nicolás Maduro para justificar la extensión hasta el 20 de enero de la vigencia del billete de 100 bolívares. Pocos días antes, argumentando que había que “quemarle las manos a las mafias”, había dado un plazo de 72 horas para recoger los billetes de 100 bolívares, una decisión que generó caos e incertidumbre entre consumidores y comerciantes.

Un nuevo capítulo de la historia llegó el 9 de enero. Maduro anunció que será a partir del 16 de enero cuando entren en circulación los ansiados billetes. “Le he pedido a (Ramón) Lobo –nuevo ministro de Economía y Finanzas- y al BCV que a partir del lunes 16 de enero vaya entrando en circulación los nuevos billetes del cono monetario venezolano que han venido llegando a Venezuela a pesar del sabotaje”, expresó el mandatario.

Si en definitiva el plan se cumple, los venezolanos verán 6 nuevos billetes que van desde 500 hasta 20 mil bolívares y monedas de 10, 50 y 100 bolívares. Más allá de facilitar las transacciones diarias de la población, obligada en los últimos meses a cargar fajos de billetes de 100 para sus compras cotidianas, la medida por sí sola no resolverá los problemas y distorsiones que acumula la economía desde que Maduro asumió la presidencia en 2013.

“La economía venezolana arrastra una serie de desequilibrios que requieren medidas de política económica para poder ser corregidos. Hay cuatro grandes desequilibrios que hay que abordar: cambiario, inflación y escasez, déficit fiscal y déficit de cuenta corriente. Es necesario un plan coherente y exhaustivo para romper con la dinámica actual y que la economía retome una senda de crecimiento económico”, refiere un reporte que la firma Econométrica envió a sus clientes en diciembre.

La carrera indetenible de los precios

En la administración de Nicolás Maduro el costo de la vida no ha dejado de subir. Año tras año, el ritmo con el que suben los precios se ha disparado, erosionando el poder adquisitivo de la población. Cifras extraoficiales indican que en 2016 la inflación fue de 500%, una cifra muy por encima del 180,9% que reportó el Banco Central de Venezuela (BCV) para 2015, así como del 68,5% y 56,2% registrados en 2014 y 2013, respectivamente, de acuerdo al BCV.

El Gobierno culpa a los empresarios de causar la inflación como parte de la “guerra económica”, pero uno de los factores principales que explica el alza de precios está en la política fiscal dictada desde Miraflores. Sólo en el segundo semestre del año pasado el financiamiento del BCV a Pdvsa, asfixiada por la caída de sus ingresos y por el tipo de cambio de 10 bolívares por dólar, se disparó 330% al pasar de poco más de 1 billón de bolívares a 4,5 billones de bolívares. Ese auxilio financiero es empleado por Pdvsa para pagar misiones, proveedores y otros compromisos, lo que termina impactando el comportamiento de los precios en la economía al aumentar el dinero circulante y estimular la demanda de bienes en un contexto en el que la producción y la oferta de los mismos está contraída.

A falta de una política antiinflacionaria, la única respuesta a la que apela el Ejecutivo nacional es al aumento del salario mínimo. El 8 de enero Maduro anunció un nuevo ajuste salarial de 50%, trasladando el salario mínimo en 40.638 bolívares y el bono de alimentación en 63.720 bolívares, una medida insuficiente y contraproducente para la espiral inflacionaria que atraviesa la economía.

“Otro aumento de salario, cada vez con más frecuencia, síntoma de que el problema de inflación se agrava (…) Aumento de salarios vía decreto no sólo es garantía de mayor inflación, sino también de más desempleo y cierre de empresas”, expresó en Twitter el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros. El diputado e integrante de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, también se expresó en la red social: “Un aumento salarial financiado con impresión de dinero por parte del BCV, inevitablemente produce más inflación. Ya eso está estudiado”.

Las estimaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a que al cierre de 2017 Venezuela podría tener una inflación de cuatro dígitos y llegar a superar la cifra de 1.500%.

Una “depresión” económica estancada

Economistas y firmas especializadas coinciden en que la economía venezolana atraviesa una “depresión”. Aunque aún los datos del comportamiento económico de 2016 no son oficiales, cifras extraoficiales indican que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 12% en el año que recién terminó, completando así tres años consecutivos de retroceso. Esa contracción del año pasado, sumada a las registradas en 2015 y 2014, supone que la economía venezolana ha perdido más de 20% en apenas tres años.

“El sector continúa en contracción”, aseveró en diciembre Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), al realizar un balance de lo ocurrido en 2016. El año pasado se agudizó la sequía de divisas para el sector privado, lo que impidió a las empresas realizar importaciones de materia prima y causó paralizaciones en fábricas de alimentos, medicamentos, repuestos y ensambladoras de vehículos, entre otras.

Además de la falta de divisas, los industriales también se enfrentan a controles de precios que obligan a vender por debajo de los costos de producción, la caída de la demanda, la crisis eléctrica o la escasez de insumos nacionales provenientes de empresas estatales como Sidor, Pequiven o las cementeras. El propio Maduro reconoció eso el pasado 9 de enero, hasta el punto de que pidió “reestructurar” esas empresas si fuera necesario.

“Hay que intervenir directamente todas las plantas que suministran insumos y materiales fundamentales para el desarrollo industrial del país (…) Por ejemplo, ¿Por qué la petroquímica, Pequiven, no suministra los insumos a las industrias? ¿Por qué? (…) Lo digo públicamente aquí, ¿Qué hace la directiva de Pequiven? El presidente de Pequiven, ¿Qué hace? Le he ordenado al Vicepresidente que lo cite inmediatamente a Miraflores”, se quejó el mandatario.

El año pasado ni el “decreto de emergencia económica”, o la política de los 15 “motores” o el Consejo Nacional de Economía Productiva resolvieron la crisis de la industria. De las datos de Conindustria se desprende que en los primeros meses de 2017 persistirán las dificultades, ya que al cierre del tercer trimestre del año pasado 17% de los industriales estaba sin inventario de insumos y otro 41% apenas tenía para trabajar un mes, de acuerdo a un sondeo realizado por esa organización. “El responsable es única y exclusivamente el Ejecutivo nacional”, aseveró Olalquiaga.

Locura cambiaria

El desconcierto cambiario ha caracterizado a la administración de Nicolás Maduro. En 2016, lejos de resolverse, el problema se agudizó al punto de que el tipo de cambio paralelo –su publicación está prohibida por ley- es 300 veces mayor al tipo de cambio preferencial de 10 bolívares por dólar y unas 5 veces mayor al tipo de cambio complementario del Dicom, que oscila los 680 bolívares por dólar.

La distorsión impacta en el bolsillo de los venezolanos. Cálculos de Ecoanalítica señalan que al cierre del tercer trimestre del año pasado, casi un 30% de las importaciones privadas se financiaron con dólares a tasa del mercado paralelo, impactando al alza el “tipo de cambio ponderado del consumidor”, que para ese momento ya rondaba los mil bolívares por dólar y en categorías como equipamiento del hogar, vestido y calzado, y bebidas alcohólicas y tabaco, entre otras, rondaba los 2 mil bolívares por dólar.

El Dicom, creado en 2016, no es el único ensayo de Maduro para intentar contener el auge del dólar en el mercado negro. El Sistema Margina de Divisas (Simadi), así como el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) fueron otros de los intentos fallidos en materia cambiaria. El presidente de la República también ha desechado planes como el de la “unificación cambiaria” propuesto en 2014 por el entonces Vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, o recomendaciones como las formuladas el año pasado por los técnicos de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) –a pedido del propio Maduro- para establecer un solo tipo de cambio.

¿Funcionará el cambio de ministro?

Otras de las constantes de Maduro para enfrentar la crisis ha sido la de cambiar a sus ministros del área económica. El pasado 4 de enero anunció que Ramón Lobo será el ministro de Economía y Finanzas, y el Vicepresidente del Área Económica. “Un joven experto en materia económica, uno de los expertos más grandes que tenemos en temas financieros, presupuestarios”, dijo el jefe de Estado en relación al nuevo jefe de la economía.

Lobo es el cuarto Vicepresidente de economía que nombra Maduro en apenas doce meses y el séptimo desde que asumió la presidencia de la República en abril de 2013. Por ese cargo también pasaron Luis Salas, Miguel Pérez Abad Carlos Faría, Rodolfo Marco Torres, Rafael Ramírez y Nelson Merentes.

“Las expectativas no pueden ser buenas, lamentablemente hemos compartido con el diputado Lobo durante más de cinco años en la comisión de finanzas y sabemos de su desconocimiento sobre la materia, pero además, de su incondicionalidad a un proyecto económico y político que ha llevado a Venezuela a la peor crisis de toda nuestra historia republicana, así que la designación de Ramón Lobo es la ratificación de que los errores que ha cometido el Gobierno de Nicolás Maduro se van a seguir repitiendo este año”, alertó el diputado opositor y presidente de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina.

@robertodeniz 

VENEZUELA ESTÁ ATRAPADA EN LA MAYOR CRISIS económica de su historia. Lejos de mostrar una salida, las señales anuncian que al cierre de este año la inflación de 180,9%, registrada en 2015 por el Banco Central de Venezuela, palidecerá, y que la escasez se profundizará debido al severo recorte de las importaciones aplicado por el Gobierno.

El año 2016 será también el tercer ejercicio consecutivo de contracción del Producto Interno Bruto (PIB), tras los desplomes de 2014 y 2015. Desde el Gobierno la explicación es la misma desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de la República, en abril de 2013: la “guerra económica”.

En el discurso oficial se trata de un plan orquestado por Estados Unidos, los empresarios y la oposición venezolana. “El Gobierno de Estados Unidos está al frente de la guerra económica contra Venezuela, pero no pueden ni podrán con nosotros”, manifestó recientemente el mandatario nacional.

Economistas y organizaciones empresariales coinciden en que la crisis que se vive sólo responde a las políticas aplicadas por el Gobierno de Hugo Chávez y su sucesor. “Los problemas económicos que sufren los venezolanos son consecuencia de una serie de políticas económicas y reguladoras que fueron implementadas por el presidente Hugo Chávez y continuadas por Nicolás Maduro. Se trata de políticas que constituyen la esencia del modelo intervencionista implementado bajo el nombre de Socialismo del siglo XXI, como el control de precios, las estatizaciones y el control de cambios”, escribió el economista, Ángel Alayón, en un artículo de opinión para el New York Times.

(http://www.nytimes.com/es/2016/08/09/chaveznomics-el-verdadero-enemigo-de-venezuela/?smid=tw-share-es).

Antonio Pestana, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), se muestra igual de tajante. “La famosa guerra económica no existe en la producción de alimentos (…) Ningún agricultor ha jugado a no sembrar”.

Una mirada a los datos y a los resultados de las medidas promovidas por el Gobierno durante los últimos años confirma que detrás del ardid de la “guerra económica” se esconde un recetario de medidas que allí donde se han aplicado han conducido al fracaso.

La “guerra económica” al desnudo

Expropiación de Tierras

Hugo Chávez impulsó una política dirigida a expropiar e intervenir tierras agrícolas. Al menos 1.200 “unidades productivas” que suman poco más de 5 millones de hectáreas fueron asumidas por el Estado para ensayar distintos esquemas de producción, pero los resultados revelan el fracaso. “Evidentemente tenemos que revertir esto (…) Hoy en día no producen lo que sus dueños originales podían producir porque no hay sentido de pertenencia”, sostiene el presidente de Fedeagro.

Las cifras de esa organización, basadas en las del Ministerio de Agricultura y Tierras, muestran que al cierre de 2015 la producción de rubros como el maíz, arroz, caña de azúcar, sorgo y café es menor a la registrada en 2008. Asimismo, indican que prácticamente en ninguno de los principales rubros agrícolas hay “autoabastecimiento”, a pesar de que en casos como los del café y el arroz Venezuela tuvo una oferta exportable.

Carlos Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), también asegura que las expropiaciones en el campo impactaron negativamente la producción agropecuaria. “Las confiscaciones de tierras causaron un daño impresionante que ha venido a parar en lo que vemos hoy en día”, manifiesta Albornoz. Los datos de Fedenaga indican que hoy sólo se produce entre 35% y 38% de la carne que se debería producir, pero la caída del consumo en las familias venezolanas impide ver ese grave déficit de producción. “Con esa tercera parte estamos abasteciendo todo el mercado por la caída del consumo”, apunta el directivo.

De Agroisleña a Agropatria

La expropiación de Agroisleña en 2010 marcó un punto de inflexión para la producción agrícola. Las consecuencias de esa medida se ven hoy en los productores de diversas regiones que no pueden sembrar ante la falta de insumos como semillas y agroquímicos para los cultivos. La empresa, rebautizada por el Gobierno como Agropatria, es incapaz de atender oportunamente la demanda de los productores. “El monopolio que significa Agropatria es una gran desgracia para los productores venezolanos. Hay que permitir que el resto de empresas privadas que importaban insumos o los producían aquí puedan trabajar”, opina el presidente de Fedeagro.

La incapacidad de Agropatria es tal que en zonas como Los Andes el 75% del área de siembra no se está aprovechando por falta de insumos, mientras que en rubros como arroz este año apenas se sembrarán 110 mil hectáreas de arroz, menos de un tercio de las 360 mil hectáreas que se requieren anualmente. En el café el resultado es peor y la producción apenas llega al 25% de las necesidades del país porque los productores no tienen insumos para combatir la plaga de “la roya”. “Mientras no llegan los insumos no podemos hacer el milagro de convertir tierra en alimentos”, insiste el presidente de Fedeagro.

El Estado empresario

El Estado también se convirtió en un gran industrial a punta de expropiaciones e intervenciones de empresas en los últimos años. Cifras de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) señalan que entre 2002 y 2015 se expropiaron 1.322 empresas, siendo los años 2009, 2010 y 2011 en los que hubo el mayor número de intervenciones.

De acuerdo a ese conteo, casi un tercio de las expropiaciones ocurrió en el sector industrial y afectó particularmente operaciones agrícolas y plantas agroindustriales. Sólo el ministerio de Alimentación administra alrededor de 300 empresas agrupadas en varios “conglomerados”: el de aceites y grasas con 9 empresas, el de arroz con 17 empresas, el cárnico con 29 empresas, el avícola con 8 empresas, el de los silos con 46 empresas y el de harina de maíz con 15 empresas, entre los más importantes.

Pero en compañías emblemáticas que fueron expropiadas la producción va en picada. En Industrias Diana, por ejemplo, entre 2013 y 2015 la producción se redujo 55% al pasar de 164.904 toneladas de aceites y grasas a tan sólo 73.406, según la Memoria y Cuenta de 2015 del Ministerio de Alimentación. En Lácteos Los Andes se repite la historia y en ese mismo período de dos años el rendimiento de la empresa cayó 12% al pasar de las 298.045 toneladas de 2013 a sólo 263.094 toneladas el año pasado.

Empresarios han planteado al Ejecutivo nacional la necesidad de que esas instalaciones vuelvan a manos privadas, pero el diputado Diosdado Cabello le ha cerrado la puerta a esa posibilidad, pese a que el ex ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, y otros funcionarios llegaron a reconocer que estaban evaluando esa opción.

Control de cambio: corrupción, fuga de divisas y otros males 

Además de convertirse en una fuente de corrupción, el control de cambio vigente desde hace 13 años terminó siendo una medida perniciosa para la producción. El sostenimiento de tipos de cambio artificialmente bajos hizo más atractivo y rentable recurrir a las importaciones que producir en el país. “Las importaciones lamentablemente tuvieron un crecimiento desmedido”, cuestionó recientemente el presidente de Fedeagro.

Los datos del Banco Central de Venezuela (BCV) muestran que entre 2003 y 2014 –las cifras totales de 2015 no están disponibles- las compras al exterior de Venezuela pasaron de los 10.483 millones de dólares a 47.508 millones de dólares, esto es, un crecimiento de 353%. En ese auge destaca el salto de las importaciones públicas que brincaron de los 2.483 millones de dólares a los 23.445 millones de dólares, esto es, un alza de 844% en once años.

En paralelo al festín de importaciones el aparato productivo se fue desmantelando, situación que ha quedado al desnudo con la caída de los ingresos petroleros y la imposibilidad de mantener las importaciones. “Desde 1998 hasta 2015 la producción de Venezuela per cápita creció 0,03%, o sea, 0%. El consumo per cápita del Gobierno creció 2,3% cada año durante 18 años, el consumo privado per cápita creció 1,9% cada año durante 18 años. Tienes un país que se acostumbró a consumir bastante, basado en importaciones, y en paralelo fue destruyendo su capacidad productiva”, explicó recientemente el economista Miguel Ángel Santos en entrevista con el Circuito Éxtos.

Del control de precios a los bachaqueros

El Gobierno ha insistido en la política del control de precios para frenar el alza de los mismos. Los resultados han sido exactamente contrarios: Venezuela es el país con la inflación más alta del mundo y las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a que al cierre de 2016 la inflación será de 700%. Desde las organizaciones empresariales han cuestionado el control porque en la práctica se ha traducido en una “congelación” que obliga a las empresas a comercializar productos por debajo de sus costos de producción.

Un desabastecimiento crónico y la reducción de la diversidad de marcas y presentaciones de productos básicos han sido algunas de las consecuencias. En septiembre de 2014 la filial venezolana de Clorox, fabricante de marcas como Nevex y Mistolín, cesó sus operaciones en el país y atribuyó la decisión a los efectos que había ocasionado en la compañía el control de precios, ya que “durante casi tres años” se vio obligada a “vender más de dos tercios de sus productos a precios congelados por el Gobierno venezolano”, generando “constantes pérdidas operativas”. Este año se filtró a la prensa un comunicado interno de Colgate Palmolive en el que la empresa también advertía a sus trabajadores la imposibilidad de trabajar con precios que no reconocen los costos de producción. “Ninguna empresa puede sostener la producción con pérdidas permanentes”, decía el texto.

El contrabando de extracción, primero, y posteriormente la extensión del fenómeno del “bachaqueo” han sido otras de las consecuencias del control de precios. Hoy las distorsiones son tan amplias que en algunos productos la rentabilidad que se puede obtener en el mercado informal es tal que ni si quiera es necesario sacarlo de contrabando a Colombia para obtener ganancias. Cifras de Datanálisis revelan que dos de cada tres de personas que hacen colas están allí para comprar los productos con precios regulados y luego revenderlos.

Pese a los malos resultados, el Gobierno no parece dispuesto a cambiar su política. Recientemente las empresas de servicios de telecomunicaciones anunciaron ajustes de precios en las tarifas de telefonía celular, internet y televisión por cable. El alza se había discutido en las mesas de trabajo del “motor de telecomunicaciones” a raíz de que la estructura de costos del sector pasó a la tasa del Dicom, en casi 650 bolívares por dólar, pero aun así el presidente de la República ordenó revertir los aumentos de tarifa.

Control a la distribución o repartir lo que no existe

Pese a que todas las señalas apuntan a que el problema principal en la oferta de bienes es la caída de la producción, el Gobierno ha insistido en que la clave está en controlar la distribución. Así a los esquemas de control vigentes desde hace años como el “sistema de guías de movilización” instrumentado por la Sunagro, en el que obligan a las empresas a notificar el traslado de la mercancía, se han ido sumando mecanismos como el de las máquinas capta huellas en los supermercados, el cierre de la frontera con Colombia o los recientes Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

“Estamos enfrentado un monstruo de mil cabezas: la guerra económica, porque (actualmente) el sistema distributivo y el sistema comercializador de todo el país, en un 95%, está en mano de los distribuidores privados y son cuatro o cinco grupos distribuidores del país que controlan todo lo que es el metabolismo y el mecanismo de distribución», ha denunciado Nicolás Maduro.

Sin embargo, desde la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) han insistido en que el problema principal es la caída de la producción por la imposibilidad para importar materia prima, la falta de insumos, el ausentismo laboral o la crisis eléctrica, entre otros obstáculos. “No es un problema de distribución, es un problema de producción (…) Concentrar la distribución en menos puntos de venta no resuelve el problema”, alertó en febrero pasado Manuel Felipe Larrazábal, presidente de Cavidea.

Aumentos salariales, una ilusión monetaria y más presión inflacionaria

El Gobierno nacional esgrime como una bandera los aumentos de salario. Ricardo Menéndez, Vicepresidente de Planificación, afirmó que el alza de 50% en el salario mínimo decretada recientemente por el presidente de la República forma parte de una política de “protección salarial” y “combate de manera frontal la inflación y la especulación de los precios”.

Sin embargo, para los economistas los cada vez más frecuentes ajustes salariales son una señal clara del deterior de la moneda y de la pérdida del poder adquisitivo. “Ello va a causar inflación. Todo aumento de salario superior al de la productividad causa siempre, por definición, inflación (…) La única forma que gane poder de compra el salario es cuando aumente la productividad”, declaró a Globovisión el economista y director de Econométrica, Ángel García Banchs.

Las cifras de Econométrica indicaban que en julio de este año –antes del aumento salarial- el poder adquisitivo del salario mínimo integral (incluye bono de alimentación) “es casi un tercio del que tenía en julio de 2007”, como consecuencia de la inflación registrada en ese período. En otras palabras, los venezolanos han ido teniendo cada vez más bolívares en sus bolsillos que compran menos.

Aunado al factor de la productividad está la política monetaria del Gobierno como causante de la inflación que evapora los salarios. Durante años el Gobierno ha apuntalado la expansión del gasto público a través del financiamiento del Banco Central de Venezuela (BCV) a Pdvsa, generando lo que los economistas llaman dinero “inorgánico”, que al entrar a la economía presiona más los precios de los productos que escasean en el mercado.

Los resultados indican que en los últimos diez años Venezuela ha figurado entre los diez países con mayor inflación del mundo y que desde 2013 la economía nacional ha registrado la tasa de inflación más alta del planeta.

La Verdad

@robertodeniz

LOS ANAQUELES DE LOS SUPERMERCADOS en Venezuela han quedado grandes. Los estantes vacíos contrastan con las colas de personas a las afueras de los establecimientos comerciales de todo el país. Muchos de los productos que habitualmente consumían la mayoría de los venezolanos han desaparecido progresivamente y el desabastecimiento se tornó en un problema crónico.

El vicepresidente del Área Económica, Miguel Pérez Abad, promete que en seis meses podrá revertirse esa tendencia. “Hemos planteado seis meses para estabilizar todo el sistema de producción y distribución”, dijo recientemente en rueda de prensa.

No es la primera vez que un alto funcionario del Gobierno se compromete a poner fin al desabastecimiento. En junio del año pasado el entonces ministro de Alimentación, Carlos Osorio, aseguró que en “uno o dos meses debemos tener estabilizado en su totalidad lo que son los productos de primera necesidad”.

Pero la crisis no dejó de agravarse y se fueron sumando productos a la lista del “no hay”. Los empresarios continúan alertando la imposibilidad que tienen de abastecer el mercado con normalidad por la falta de insumos, el freno en liquidación de divisas o la distorsión causada por el control de precios, entre otros problemas. A finales de abril la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) indicó que algunos de esos obstáculos están “afectando severamente la continuidad de la producción”.

Cerveza: Tomar cerveza también será complicado en Venezuela. Empresas Polar paralizó indefinidamente las cuatro plantas en las que produce la popular bebida tras quedarse sin cebada, principal insumo para la producción. De acuerdo a la compañía, el Gobierno no ha aprobado divisas para la importación de la materia prima y se ha quedado sin alternativas. La parada de Polar impactará a los consumidores, ya que las distintas cervezas de la empresa representan 80% del mercado. El 20% restante lo abastece Regional, que actualmente está produciendo, pero al 50% de su capacidad, de acuerdo a fuentes ligadas a la empresa.

Harina de maíz: La tradicional harina para las arepas tampoco escapa a la crisis. Empresas Polar informó recientemente que los inventarios de maíz llegan hasta finales de mayo y que el Gobierno debe garantizar la venta del maíz importado para continuar produciendo. “Para seguir operando con los actuales niveles de producción, las plantas harineras de Alimentos Polar requieren 17.500 toneladas de maíz blanco todas las semanas”, aseguró Manuel Felipe Larrazábal, director de la empresa. La oferta de Polar representa alrededor del 50% de la harina precocida que demanda el mercado. Al menos existen otras 12 marcas del producto, en su mayoría en manos del Estado, pero la oferta es casi inexistente, en las redes privadas de supermercados. La regulación de precios también ha afectado la oferta del producto. Durante meses el Gobierno obligó a vender el kilo de harina de maíz precocida en 19 bolívares por kilo, pero recientemente la Sundde aprobó un nuevo precio de 190 bolívares por kilo, que de acuerdo a los cálculos de Polar aún implica perder 30 bolívares por cada kilo que producen.

Pan: Las colas se han trasladado a las panaderías. Los clientes se agolpan en los establecimientos a la espera del pan “canilla” y los propietarios se han visto obligados a racionar la venta del producto. El problema fundamental es la falta de “trigo panadero”, producto cuya importación depende de la estatal Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA). En una información reciente Cavidea indicó que el “trigo panadero” es uno de los insumos con un nivel de inventarios “crítico”, pese a que finales de abril el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, garantizó el abastecimiento de la materia prima para las panaderías. Juan Crespo, presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina (Fetraharina), señaló recientemente que los inventarios de harina de trigo están en su “mínimo histórico”, que varios molinos se han paralizado y que seguramente en los próximas semanas “las colas se multiplicarán”.

Refrescos: La Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber) informó el 9 de mayo que la causa por la cual se ha visto afectada la producción de refrescos es por la falta de azúcar, cuya importación también depende de la empresa estatal CASA, en un año en que los productores han denunciado un descenso en la cosecha nacional. “Estamos experimentando importantes fallas en el suministro de materias primas –fundamentalmente azúcar- que han impactado severamente nuestra producción y abastecimiento pleno del mercado nacional”, indicó Anber. En el texto se señaló, además, que “no tenemos la certeza de cuándo su abasto se normalizará en cantidad y oportunidad”.

La embotelladora venezolana de Coca-Cola paralizó su producción de bebidas endulzadas tras consumir los inventarios de azúcar industrial. “El sistema Coca-Cola de Venezuela informa que se han agotado los inventarios de azúcar refinada de uso industrial en nuestras plantas”, informó la compañía.

Leche: La industria láctea atraviesa varios obstáculos. Desde la Asociación de Procesadores de Leche (Asoprole) y la Cámara Venezolana de la Industrias Lácteas (Cavilac) han advertido que el precio regulado por el Ejecutivo nacional impide a las empresas comercializar el producto. “Si tenemos una apertura de precios, da una bocanada de oxígeno a algunos productos que no se están produciendo en el país, como es el caso de la leche, que no aparece porque está a muy bajo costo y nosotros tenemos que pagar por los empaques y el procesamiento”, declaró recientemente Roger Figueroa, presidente de Cavilac. El 24 de mayo la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) autorizó los nuevos precios del producto, tras una congelación de precios que se remontaba a 2014. La leche pasteurizada oscilará entre los 100 y los 676,96 bolívares, dependiendo de la presentación.

La falta de empaques, especialmente los suministrados por la empresa Tetra Pak, es otro de los factores que ha impedido que el producto llegue con normalidad a los comercios. La deuda de la compañía con sus casa matriz asciende a 70 millones de dólares debido a los retrasos de las autoridades a la hora de aprobar las liquidaciones de divisas. Recientemente el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, se reunió con la directiva de la compañía, y aseveró que se garantiza la producción de 50 millones de envases mensuales para leche y jugos.

Atún: Desde el año pasado la industria atunera enfrenta problemas por la falta de materia prima. Para la producción de marcas como Eveba, Margarita, El Faro, El Peñero y Arrecife, entre otras, se requieren alrededor de 90 mil toneladas de atún entero, pero la oferta de la pesca nacional no llega a 40 mil toneladas. El déficit debe compensarse con importaciones de atún entero, pero las empresas procesadoras han tenido retrasos en las aprobaciones de los permisos necesarios para la importación. Este año algunas empresas han logrado reactivar la producción, pero a un ritmo muy por debajo de la capacidad instalada. El producto ha llegado a los anaqueles con precios que rondan los mil bolívares para las presentaciones más pequeñas y que supera esa cantidad para las presentaciones más grandes.

Café: Buena parte de la producción de las torrefactoras está en manos del Estado. Sindicatos de varias de esas compañías han reportado paralizaciones en la producción tras agotarse los inventarios del grano de café verde, importado desde Brasil por el Gobierno nacional, así como una mala administración de esas empresas. La producción nacional a su vez ha caído por diversos factores, entre ellos los cortes eléctricos y el control de precios, que ha empujado a los productores a dedicarse a otros cultivos en los que puedan obtener mayor rentabilidad. Carlos Andrade, secretario general del sindicato de Café Venezuela, declaró a Globovisión que la empresa está produciendo al 10% de su capacidad y que tienen “serias” dificultades con la materia prima. “La producción nacional cayó en 80% (…). La Corporación Venezolana del Café (CVC) importa de Brasil y Nicaragua, pues dicen que es más económico, pero acaba con la producción nacional”, declaró el dirigente sindical.

Productos de cuidado personal: Conseguir jabón de baño, desodorante, crema dental o champú también se convirtió en una rareza en el mercado venezolano. Los fabricantes han tenido problemas para importar insumos, al igual que las empresas de alimentos, pero han estado afectados principalmente por el control de precios. Recientemente, en un comunicado interno Colgate Palmolive explicó a sus trabajadores que no podía sostener la producción con “pérdidas permanentes”. Esa compañía, como las otras del sector, estaba comercializando sus productos con precios fijados por el Gobierno en septiembre de 2014. Recién el pasado 21 de mayo la Sundde emitió la providencia en la que fijó nuevos precios de venta para productos como la crema dental, pañales, papel higiénico o jabón de baño.

Productos limpieza del hogar: Con los productos para el aseo del hogar ocurre igual que con los de cuidado personal. El control de precios ha obligado a las empresas a parar la producción y, en algunos casos, como el de Clorox, a cesar sus operaciones en Venezuela. Clorox era la responsable de producir marcas como Nevex y Mistolín, pero a finales de 2014 tomó la decisión de abandonar el mercado venezolano tras acumular años con pérdidas ocasionadas por el control de precios. La situación se repite en otras compañías que se mantienen, pero han reducido al mínimo la diversidad de marcas y presentaciones de productos para el cuidado del hogar. También enfrentan dificultades para importar insumos como el sulfato de sodio y cebo, necesarios para la producción de detergentes y jabones en barra.

Pasta y Arroz: El trigo y el arroz son dos de los insumos con los que las empresas productoras tienen problemas, de acuerdo a la información de Cavidea. Pero la pasta y el arroz también han desaparecido de los anaqueles por el control de precios. El precio oficial del arroz es de 25 bolívares el kilogramo y el de la pasta es de apenas 15 bolívares por kilogramo, lo que hace atractivo estos productos para luego ser revendidos en el mercado informal por los “bachaqueros”. A comienzos de año, Cavidea planteó que de acuerdo a las estructuras de costos de las empresas, el kilo de arroz debería costar 102 bolívares, mientras que el de pasta 141 bolívares. De esa propuesta han pasado varios meses y en el sector aún esperan por el ajuste de precios.

El funcionario estuvo al frente del Banco Industrial de Venezuela (BIV) entre 2002 y 2004. Los #panamapapers de Mossack Fonseca revelan que, en ese período, que además coincidió con la instauración del control de cambio y el nacimiento de la extinta Cadivi, estuvo relacionado con empresas en paraísos fiscales.

@robertodeniz

EL 11 DE FEBRERO DE 2016 culminó la historia del Banco Industrial de Venezuela (BIV). Una resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) fue el acta de defunción para una institución financiera que nació en 1937.

“Acordar la disolución anticipada del Banco Industrial de Venezuela, C.A y el cese de las operaciones y actividades de intermediación financiera y, en consecuencia, se inicie el proceso de liquidación administrativa”, señala el artículo 1 de la medida, contenida en la Gaceta Oficial 40.846.

Pero el final del BIV estaba escrito desde hace tiempo. En 2011 la Contraloría General de la República (CGR) recomendó terminar el “proceso de intervención” al que estaba sometido el banco desde 2009. Aconsejó su “liquidación” en “aras de preservar los intereses de la República, la estabilidad del sistema financiero nacional, así como los derechos de los ahorristas, depositantes, clientes y acreedores en atención a que el banco presentó serios problemas de orden económico, financiero y de planificación presupuestaria, durante los años 2007 y 2008”.

Pérdidas millonarias, intervenciones y rescates financieros del Gobierno cada cierto tiempo fueron constantes en el banco. A las cifras en rojo se sumaron también la mala administración y la rotación permanente en la directiva del BIV. En los primeros ocho años del gobierno de Hugo Chávez hubo hasta ocho presidentes.

Uno de ellos fue Leonardo González Dellán, quien, de acuerdo a los papeles del bufete panameño Mossack Fonseca, es beneficiario de varias sociedades en paraísos fiscales. González Dellán fue designado por Chávez para dirigir el BIV en 2002 y estuvo en el cargo hasta 2004, cuando fue relevado por Arné Chacón, el hermano del ex ministro Jesse Chacón, que luego fue detenido en 2009 a propósito de la crisis financiera vivida ese año.

Los documentos del bufete Mossack Fonseca, que recibió de una fuente anónima el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich y fueron revisados por un equipo de más de 370 periodistas en todo el mundo bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), comprueban que González Dellán estuvo vinculado a sociedades offshore desde su época al frente del BIV.

La ruta de Panamá

Un correo electrónico entre ejecutivos del bufete panameño, fechado el 4 de abril de 2013, no deja dudas sobre el cliente. “En el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela existe un documento en el que el Sr. Leonardo González Dellán funge como representante del Banco Industrial de Venezuela (BIV). En este documento se indica el nombre completo y el número de identificación personal que justamente coincide con el documento de nuestro director”, se lee en la comunicación. Detalla, incluso, que “se encontró también el contacto que llegó a tener el Sr Leonardo González Dellán con Hugo Chávez”.

Los primeros emails relacionados con González Dellán se remontan a 2010, pero los papeles de las sociedades descubren que estuvo relacionado con una sociedad, cuyo agente registrador fue el bufete Mossack Fonseca, desde 2003.

Se trata de Blue Crest Holdings S.A, una sociedad registrada en Panamá el 20 de agosto en 2003. “El capital autorizado de la sociedad es de diez mil dólares (10.000 US$), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, divididos en 100 acciones que podrán ser nominativas o al portador, de un valor nominal de cien dólares (100 US$) cada una. La junta directiva podrá permitir que los certificados al portador sean canjeados por certificados a nombre del dueño y viceversa”, se lee en el pacto social de la compañía, especie de acta constitutiva.

El 21 de agosto de 2003 se emitieron cuatro certificados al portador, equivalentes a una acción cada una. Un quinto certificado por 100 acciones fue emitido a favor de Leonardo González Dellán el 23 de julio de 2014. Pero la relación del expresidente del BIV con la sociedad Blue Crest Holdings S.A. no quedó allí.

El 20 de octubre de 2003 los directores de Blue Crest Holdings S.A, personas colocadas por Mossack Fonseca para tal fin, confirieron un poder para “administrar la sociedad sin limitación alguna” a José Ángel González Dellán, hermano del ex presidente del BIV, y quien, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC), es presidente de la Asociación Cooperativa Colosal XX, R.L, una empresa que ha prestado servicios a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), servicios tan variados como el “suministro de comidas”, “construcción y remodelación de oficinas” y “construcción de vialidad y señalización”, entre otros.

Ese 20 de octubre de 2003 también se emitió un poder en favor de Luis Alberto Benshimol, asesor de inversión que estuvo ligado a varias firmas bursátiles como Lemon Casa de Bolsa en 2003 y posteriormente a Bencorp Casa de Bolsa C.A, una de las tantas intervenida por la Comisión Nacional de Valores en 2010, luego de que el entonces ministro Jorge Giordani decidiera acabar con el sector.

A partir del 21 de julio de 2005 el propio Leonardo González Dellán tuvo un poder para administrar sin limitaciones a Blue Crest Holdings S.A.

Control de cambio y mercado paralelo

La etapa de González Dellán al frente del BIV coincide con el nacimiento del control de cambio, decretado por Chávez en febrero de 2003 y aún vigente, así como con el origen de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Varias notas de El Universal, publicadas entre 2003 y 2004, revelan la participación que tuvo el BIV en ese momento.

El 31 de diciembre de 2002, en medio del denominado “paro petrolero”, Jesús Rodolfo Bermúdez, quien entonces era Viceministro de Finanzas, se dirigió al BIV para abrir fideicomisos a nombre de la República: uno por 1.500 millones de dólares, mediante un pagaré a 18 meses y una tasa de 14,5%, otro por 700 millones de bolívares y un tercero por 1.413 millones de dólares.

De acuerdo a las informaciones de entonces, el Ministerio de Finanzas usó ese esquema para cancelar compromisos de pago a organismos públicos y empresas privadas, pero “los pagarés terminaron inyectando gasolina al mercado paralelo de divisas”, reseñó El Universal el 18 de julio de 2004. “En otros casos las empresas exigieron a los compradores, principalmente bancos y casas de bolsa, que cancelaran el pagaré a 100% de su valor facial, con lo que las instituciones financieras adquirieron por esta vía dólares a 1.600 bolívares, exactamente el precio al que el Ejecutivo entregó divisas a los sectores prioritarios de la economía en 2003”, agrega la nota.

El diario El Nacional publicó en 2007 una información sobre la administración del BIV durante el Gobierno de Chávez, en la que se resumió el paso de González Dellán por la institución así: “Leonardo González Dellan, cercano a Copei, fue nombrado presidente del BIV en noviembre de 2002, pero salió en julio de 2004. Para entonces la morosidad llegaba a 49%”.

En el libro El gran saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre se identifica a Leonardo González Dellán como uno de los “operadores” financieros que durante el Gobierno de Chávez se benefició a través de negociaciones de títulos valores y transacciones que permitían aprovechar el “diferencial cambiario”.

De los paraísos fiscales a los paraísos terrenales

Hijo del ex senador copeyano, Eudoro González, y hermano del actual diputado de Primero Justicia, Eudoro González, Leonardo González Dellán conoció a Chávez a principio de su gobierno y terminó formando parte de su gobierno.  Los papeles de Mossack Fonseca confirman que la relación de González Dellán con el bufete y las sociedades en paraísos fiscales no terminaron con Blue Crest Holdings S.A. En diciembre de 2010 representantes del bufete J.A Fernández y Asociados, otra firma legal panameña, en representación del ex presidente del BIV, contactaron a Mossack Fonseca para solicitar información sobre la disponibilidad para “reservar” algunas de las compañías.

“En atención a la sociedad en referencia, les confirmamos que el único accionista de la sociedad es el señor Leonardo González Dellán, por lo cual les solicitamos confeccionen un certificado de acciones por la totalidad del capital social a favor del señor González Dellán”, se lee en un correo del 7 de diciembre de 2010 enviado desde J.A Fernández y Asociados a ejecutivos de Mossack Fonseca.

La sociedad en cuestión era Rodsal Company Limited, registrada por Mossack Fonseca el 5 de agosto de 2010 en Islas Vírgenes Británicas. “La compañía está autorizada a emitir un máximo de 50.000 acciones sin valor nominal de la misma clase de acciones”, estableció el registro de la empresa, cuyo accionista hasta julio de 2013 fue Leonardo González Dellán. Previamente hubo un cambio de directores y finalmente se emitió un certificado con las 50 mil acciones en favor de Weltrust, una compañía suiza, cuyo agente registrador pasó a ser el bufete Python & Peter hasta que la sociedad fue disuelta en noviembre de 2015.

Los documentos de Mossack Fonseca prueban que el ex presidente del BIV también adquirió en julio de 2011 la sociedad Gran Rex Alliance, registrada en Panamá el 11 de mayo de 2010, con un capital autorizado de 10 mil dólares, divido en 10 mil acciones de un dólar al “portador”. En este caso los papeles muestran que el bufete uruguayo Estudio Posadas & Vecino Consultores Internacionales traspasó a Mossack Fonseca toda la documentación relacionada con el origen de la sociedad.

No fue posible contactar a González Dellán para este trabajo. Fuentes consultadas indican, sin embargo, que hace vida en Europa. En 2012 la prensa del corazón reseñó ampliamente su boda en Las Vegas, Estados Unidos, con la ex miss y modelo venezolana, Aida Yespica. En las informaciones se refieren al expresidente del BIV como un “abogado venezolano” sin mayores referencias, pero sí muestran las fotos del enlace, así como otras divulgadas por su esposa en las redes sociales en las que aparecen disfrutando de lugares paradisíacos como Saint Tropez, Islas Baleares y Sicilia.

La familia de origen libanés y creadora de los vehículos militares Tiuna es quien realmente controla la operación de ensamblaje de los vehículos de la marca china. En lo que formalmente se trata de una “empresa mixta” que el Gobierno califica como una “experiencia exitosísima”, el grupo se ha asegurado una porción mayoritaria de acceso a las divisas del negocio de importación de partes y material de ensamblaje a través de una estructura corporativa offshore

@robertodeniz

EL DE LOS CARROS CHERY es un negocio que rueda en Venezuela. A diferencia de la suerte que han tenido otras marcas en los últimos años, que han desaparecido del mercado local, los vehículos del sello chino se ven en todas partes gracias al auspicio del Gobierno.

Sólo el año pasado Nicolás Maduro anunció la compra de 20 mil taxis Chery, cantidad que supera la producción de las siete ensambladoras privadas en 2015. Las importaciones masivas de la marca comenzaron con Hugo Chávez, especialmente entre 2010 y 2014. El ex presidente también fue una especie de valedor para iniciar el ensamblaje de los autos en el país.

Hoy la iniciativa se destaca como ejemplo de la colaboración entre los sectores público y privado. En el mes de marzo reciente, Carlos Faría, viceministro de Industria, la calificaba como un “emblemático proyecto” y como “una experiencia exitosísima”. Pero lo que para las autoridades se trata de un ejemplo, en términos financieros ha sido un negocio jugoso para el grupo Yammine. El clan, encabezado por Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, oriundo del Líbano, y Antonio José Yammine Saade y Mohsen Yammine Saade, nacidos en Caracas y El Tigre, respectivamente, controla la operación.

Los empresarios son viejos conocidos del Gobierno y del mundo militar. Fueron los encargados de llevar a cabo el proyecto del Tiuna, un vehículo “multipropósito” de cuño propio que enorgullece a las Fuerzas Armadas venezolanas.

Ahora los papeles filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca desnudan la trama detrás del negocio de Chery: los inversionistas crearon en Hong Kong y otras jurisdicciones una estructura corporativa que permite retener, en diversas alcabalas establecidas entre la operación venezolana y la casa matriz en China, porciones de las divisas relacionadas a la adquisición de autopartes y del material de ensamblaje de los vehículos.

La trama del negocio

El ensamblaje de Chery en Venezuela se inició en 2011. “Una empresa privada venezolana que se mostró dispuesta a trabajar con el Gobierno venezolano y con la empresa china. Entonces hoy estamos inaugurando en Las Tejerías, ahí en el estado Aragua, una planta ensambladora de vehículos”, celebró Chávez el 25 de agosto de ese año en un consejo de ministros. Entre risas, mientras jugaba con dos reproducciones a escala de los carros que se empezarían a ensamblar, soltó: “a mí me pidieron que le pusiera el nombre y yo se los puse. A uno le puse Arauca y a otro le puse Orinoco, estos son vehículos marca Chery (…) Salen al ámbito venezolano estos vehículos muy buenos, bonitos y baratos”.

Chávez resumía la alianza con Corporación Automotriz Z.G.T, que en septiembre de 2010 aceptó conformar una “empresa mixta” con el Estado, un proyecto que recibió un crédito de 258 millones de bolívares del Banco del Tesoro, adscrito al ministerio de Estado para la Banca Pública que entonces dirigía Rodolfo Marco Torres. Fue el nacimiento de un negocio que cinco años después, en medio de la grave crisis económica y de la parálisis del resto de automotrices, luce redondo.

Corporación Automotriz Z.G.T era apenas la primera pieza del rompecabezas del negocio armado por los Yammine fuera de Venezuela. Ajeno a la construcción del socialismo que impulsaba Chávez, se había ideado una estructura empresarial para dominar el negocio, una especie de laberinto financiero que parece diseñado para ocultar a los beneficiarios.

Según se deduce de los documentos contenidos en la fuga de información de Mossack Fonseca, que recibió de una fuente anónima el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich y fue revisado por un equipo de más de 370 periodistas en todo el mundo bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), en el entramado corporativo que se han hecho construir en paraísos fiscales como Hong Kong, Panamá y las Islas Seychelles, los Yammine han puesto cierto empeño en que se les pierda el rastro.

Para empezar a desenredar la madeja vale la pena citar un correo que el 31 de mayo de 2010 dirige Jahrold Maizo, vicepresidente de Corporación Automotriz Z.G.T y hombre relacionado a los Yammine, a sus contrapartes, ejecutivos de Mossack Fonseca en Panamá.

“Estamos en el proceso de constitución de una empresa en Hong Kong, en la cual el único accionista será Chery Andean and Caribbean, quien tiene directores asignados por AFRA (otro bufete panameño), en este sentido necesitamos que estos directores firmen la constitución de la misma, para lo cual te remito anexo los documentos necesarios (…) Por otro lado, una vez constituida la empresa de Hong Kong, y en función de mantener todas nuestras empresas bajo una sola firma y cercana a nuestra oficina corporativa, requerimos que las empresas Ematrade Inc y Chery Andean & Caribbean Inc sean pasadas a la firma Mossack Fonseca y Compañía”, escribió Manzo.

La comunicación revela cómo se fraguó la operación de Chery en Venezuela. La empresa a la que Maizo se refiere es ICA International Automobiles Limited, registrada en Hong Kong el 1 de junio de 2010 bajo el número 1463140. El memorandum of association, especie de acta constitutiva, detalla que el capital inicial fue de 10.000 dólares de Hong Kong, divididos en 10.000 acciones, a razón de un dólar por acción.

Los directores de esa compañía son Genesis Ltd y Finas Ltd, dos sociedades registradas en la jurisdicción de las Islas Seychelles por Mossack Fonseca. El servicio del bufete incluye designar a las personas que hacen las veces de directores de esas sociedades, con lo cual se logra ocultar inicialmente quién está detrás de ICA International Automobiles Limited. Pero las identidades quedan al descubierto mediante un documento que forma parte de la filtración: un “poder legal” emitido por la directiva de ICA que “puede ser usado y ejercido individualmente por Antonio Yammine, Mohsen Yammine y Sarkis Yammine en cualquier parte del mundo, incluyendo cualquier país, Estado, colonia, provincia, municipalidad o subdivisión política de cualquier país”.

Todo queda en casa

Chery Andean & Caribbean, empresa registrada en Panamá, es el único accionista de ICA International Automobiles Limited, tal y como consta en un “certificado” del 22 de julio de 2010. Fue “protocolizada” el 28 de mayo de 2009, según la “escritura pública número cuatro mil seiscientos cuarenta” de la notaría duodécima del circuito de Panamá.

El “pacto social”, especie de acta constitutiva, precisa que fue constituida por los panameños Camilo Andrés Méndez Chong y Brunilda Gabriela Broce con un “capital autorizado” de 10.000 dólares americanos, dividido en 10.000 acciones. El 2 de junio de 2009 ambos ciudadanos firmaron un “acta de la reunión de la junta directiva” en la que resolvieron “emitir diez mil acciones (10.000) del capital autorizado de la sociedad, a favor de Ematrade Inc”, otro eslabón en el que están Antonio, Mohsen y Sarkis Yammine, cada uno con el 33,33% de las acciones de esa sociedad que también fue registrada en Panamá.

Un documento, denominado beneficial owner declaration, parte del archivo de Mossack Fonseca, y firmado por Antonio Yammine, resume la trama: ICA Intenational Automobiles Limited es una compañía registrada en Hong Kong, cuyo único accionista es Chery Andean & Caribbean, registrada en Panamá, y que los “beneficiarios reales” o últimos son los Yammine. Sin embargo, ninguno de los Yammine quiso dar alguna respuesta sobre este tinglado. Para esta investigación se intentó contactar a directivos de Corporación Automotriz Z.G.T, de ICA International Automobiles Limited, al ministerio de Industrias y al grupo Yammine, pero no estuvieron disponibles.

La estructura armada en Hong Kong y Panamá permite al grupo controlar buena parte del negocio, aunque la operación venezolana aparezca en los papeles como un joint venture a partes iguales entre el Estado venezolano y Corporación Automotriz Z.G.T.

Es ICA International Automobiles Limited –y no la empresa de Chery, como el logo pudiera suponer– quien despacha el material de ensamblaje y autopartes de la marca china para Corporación Automotriz Z.G.T. En otras palabras, la compañía de Hong Kong, cuyos beneficiarios son los Yammine, funciona como un intermediario (trader) entre la casa matriz de Chery y la empresa mixta venezolana, pese a que es una operación que funciona con el esquema del Fondo Chino, en el que habitualmente el Gobierno cancela directamente al proveedor en China por la mercancía, y pese a la resistencia de las autoridades venezolanas a la existencia de cadenas de intermediarios en la actividad comerical privada.

Reportes del movimiento portuario de Puerto Cabello, elaborados por la Cámara de Comercio de esa localidad, revelan que sólo entre finales de 2014 y lo que va de año, ICA International Automobiles Limited figuró como “embarcador” en, al menos, 16 despachos de material de ensamblaje provenientes de los puertos de Wuhu y Shanghai, en China, y cuyo “consignatario” en Venezuela fue la Corporación Automotriz Z.G.T.

Otras facturas muestran a ICA International Automobiles Limited comprando los repuestos y autopartes a Wuhu Chery Automobile Service Parts Co Ltd, subdisiaria de la casa matriz de Chery. Sólo en 2014, la compañía adquirió repuestos por un valor de 3,6 millones de dólares, al sumar unas 40 facturas de ese año.

El control de ICA International Automobiles Limited sobre el negocio de Chery en Venezuela también queda demostrado en los reportes financieros de la compañía. Al 31 de diciembre de 2014 la deuda de Corporación Automotriz Z.G.T, el socio privado del Gobierno en la empresa mixta, con ICA International Automobiles Limited (la empresa de los Yammine en Hong Kong), sumaba casi 169 millones de dólares, de acuerdo a un documento del 29 de junio de 2015.

Varias represas de dólares

En la práctica la trama empresarial funciona como un rosario de peajes en los que quedan retenidas porciones de los dólares implicados en el negocio de Chery. Anualmente ICA International Automobiles Limited (la empresa de los Yammine en Hong Kong) debe cancelar un porcentaje de lo que ingresa a Chery Andean & Caribbean (la empresa de los Yammine en Panamá), en su condición de accionista, así como también paga por conceptos como el de “comisión”, “garantía” de los carros, “transferencia tecnológica” y “asistencia técnica”.

Los reportes financieros revelan que entre 2011 y 2014 ICA International Automobiles –una empresa abierta con 10.000 dólares de capital en Hong Kong– pagó a Chery Andean & Caribbean alrededor de 125 millones de dólares por su rol de accionista, casi la cuarta parte del turn over o el volumen de negocios –casi 565 millones de dólares– que registró la compañía en esos años por la venta de productos Chery a Venezuela.

Por concepto de “comisión”, “garantía”, “asistencia técnica” y “transferencia tecnológica” los pagos de ICA International Automobiles Limited a Chery Andean & Caribbean –es decir de nuevo, de una empresa de los Yammine en Hong Kong a otra en Panamá– sumaron otros 70 millones de dólares entre 2011 y 2014. En la documentación de Mossack Fonseca están los contratos entre ambas compañías por esos servicios. “ICA International Automobiles Limited acuerda pagar una comisión a Chery Andean & Caribbean por cada vehículo vendido de acuerdo a un programa de tarifas establecido por ambas partes”, se lee en los acuerdos de transferencia tecnológica, asistencia técnica y servicio de garantía.

Por su parte, Chery Andean & Caribbean se compromete a garantizar que las operaciones en las “plantas de fabricación de ICA International Automobile Limited o sus subsidiarias” se desarrollen de la mejor forma posible, una disposición que revela la lógica del negocio: aunque el ensamblaje de Chery corresponde a una “empresa mixta”, pareciera que la operación es cosa de privados, especialmente de los Yammine.

Otras facturas muestran que en 2014 fue ICA International Automobiles Limited quien pagó a una compañía, domiciliada en Venezuela, casi 10 millones de dólares por el transporte de los contenedores de mercancía desde Puerto Cabello a las instalaciones de la empresa mixta en Las Tejerías.

Desde las cuentas bancarias de ICA International Automobiles Limited también se han realizado transferencias a otras sociedades registradas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y en Florida, Estados Unidos, algunas de ellas también asociadas a losYammine, según revela la filtración de Mossack Fonseca.

Dominio total

Corporación Automotriz Z.G.T fue registrada el 27 de agosto de 2008 en el Registro Mercantil V de la circunscripción judicial del Distrito Capital y estado Miranda. Ramón Dahdah Galeb y Juana Francisca Revete son los accionistas de una empresa que nació con un capital de 2,3 millones de bolívares. Dahdah Galeb, empresario de origen libanés al igual que los Yammine, controla el 70% de las acciones, y Revete el 30% restante.

Entre 2004 y 2011 Corporación Automotriz Z.G.T recibió 3.568.039 dólares de la antigua Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Los Yammine no figuran en la composición accionaria, pero varios indicios muestran la influencia y el dominio del grupo en Corporación Automotriz Z.G.T.

Jahrold Maizo, el directivo de Corporación Automotriz Z.G.T que intercambió correos con el bufete Mossack Fonseca para definir la estructura del negocio, trabajó con losYammine en el Centro Nacional de Repotenciación (Cenareca), compañía con la que el grupo incursionó en 2004 con el ensamblaje del vehículo para las Fuerzas Armadas, marca Tiuna, y que entre 2004 y 2011 obtuvo por la vía de Cadivi otros 3.204.759 dólares.

Desde 2008 Cenareca tiene el 49% de las acciones en la Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos (Emsoven), y la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) el 51% restante. ICA International Automobiles Limited, la compañía registrada en Hong Kong y que despacha los productos para armar los Chery, es también la empresa que le vende a Emsoven el material de ensamblaje.

Los dos accionistas de Corporación Automotriz Z.G.T también guardan algún tipo de relación con Cenareca y Emsoven. En el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Ramón Dahdah Galeb aparece como “persona de contacto” de Emsoven en una “adquisición de piezas y partes automotriz” a una compañía denominada Metalpres Asociados 3000 C.A. Además, desde cuentas bancarias de ICA International Automobiles Limited se han realizado traspasos a Dahdah Galeb, según revelan los documentos filtrados desde Mossack Fonseca.

Por su parte, Juana Francisca Revete, figura como trabajadora de Cenareca desde el 1 de noviembre de 2004, de acuerdo al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS).

Pero hay más. Una nota de prensa del ministerio de Industrias, fechada el 18 de marzo de 2014, se refiere a Antonio Yammine como “director” de Corporación Automotriz Z.G.T. “Los Yammine aparecen en todas partes, el nombre de ellos adentro retumba mucho, pero Dahdah Galeb sólo aparece en los papeles”, relata un ex gerente, que prefirió reservar su identidad.

Antonio Yammine también reconoció que Corporación Automotriz Z.G.T estaba “bajo su “control” cuando en mayo de 2013 inició las negociaciones para comprar una segunda planta de ensamblaje para Chery en el estado Carabobo. El inmueble en cuestión estaba destinado para armar vehículos de otra marca china, Great Wall, y pertenecía a la empresa Ensamblaje Superior C.A. Los Yammine cancelaron 5 millones de dólares, divididos en dos pagos, y acordaron cancelar otros 11 millones de dólares mediante una carta de crédito, emitida por el banco Interaudi, que expiraría el 17 de diciembre de 2014.

Sin embargo, el 30 de julio de 2013, apareció en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.108 un decreto presidencial mediante el cual “se afectan los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías que sirven para funcionamiento de la sociedad mercantil Great Wall de Venezuela C.A y sus empresas filiales”. Luego de esa medida, los Yammine y el banco Interaudi suspendieron la carta de crédito en favor de los dueños de la instalación, lo que derivó en una disputa judicial en los Estados Unidos contra ICA International Automobiles Limited y el banco Interaudi.

Fuentes ligadas a la industria automotriz dejan conocer sus sospechas de que la expropiación se hizo para favorecer a los Yammine, a Corporación Automotriz Z.G.T y la operación de Chery, ya que pocos días después de esa medida, el 1 de agosto de 2013, apareció en la Gaceta Oficial 40.219 otro decreto presidencial para crear la empresa mixta “Chery de Venezuela C.A”, en la que el Estado posee 51% de las acciones y Corporación Automotriz Z.G.T el otro 49%.

El crecimiento del grupo Yammine no se ha detenido. A finales del año pasado completaron otra maniobra que ya los sitúa como los empresarios más importantes de la industria automotriz venezolana, un área que aporta 3,5% del Producto Interno Bruto.

Inmunes a la crisis

En diciembre de 2015 los Yammine compraron MMC Automotriz a la japonesa Sojitz Group para hacerse con el ensamblaje y la licencia en el mercado local de marcas como Mistubishi, Hyundai y Fuso. La negociación se manejó con secretismo y no se reveló la identidad de los compradores, pero este año Antonio Yammine se presentó en la sede de la compañía en Caracas y en la planta, ubicada en la zona industrial de Barcelona, estado de Anzoátegui (nororiente de Venezuela).

Fuentes cercanas a la negociación aseguran que el esquema seguido por los Yammine se asemeja al utilizado en el caso de Chery, ya que la compra se efectuó a través de una sociedad registrada en Hong Kong. A lo interno, MMC Automotriz apenas informó en un escueto comunicado que el Grupo Sylca, con “más de 30 años de trayectoria y confianza en el desarrollo del país”, fue el que adquirió la empresa. Fue la forma como los Yammine intentaron pasar desapercibido, pero Sylca es una sociedad registrada en Florida, Estados Unidos, sobre la que también tienen control, cuya dirección coincide con la de otras empresas del grupo registradas en esa localidad y que ha recibido fondos de ICA International AutomobilesLimited, de acuerdo a la documentación de Mossack Fonseca.

En la industria interpretan la compra como el salto del grupo a las “grandes ligas” de la industria automotriz y otra muestra del poderío que han acumulado en un contexto en el que hasta las filiales de trasnacionales como Chrysler, Ford, General Motors o Toyota se tambalean por la falta de divisas y las trabas para operar en el país.

AL GOBIERNO LE CUESTA ZAFARSE de la crisis económica. La indecisión del Ejecutivo nacional para resolver las distorsiones del sistema cambiario y el déficit en el flujo de caja en dólares anuncian más dificultades.

En el mundo empresarial desconocen cómo funcionará el esquema cambiario que definió Nicolás Maduro el pasado 17 de febrero. Empresarios del sector alimentos y medicamentos denuncian que no hay nuevas asignaciones de divisas, ni liquidaciones a la tasa preferencial, mientras que en otras áreas económicas ni siquiera se sabe cómo funcionara el sistema “flotante”, que en principio partirá con una cotización de poco más de 200 bolívares por dólar.

Ante ese cuadro, aumenta la amenaza de una contracción aún mayor en las importaciones, tanto de materia prima como de productos terminados. La Memoria y Cuenta 2015 del ministerio de Finanzas revela que el año pasado las importaciones autorizadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) apenas sumaron 5.103 millones de dólares, una declive de 65% con respecto a 2014 y hasta de 76%, si se compara con los 21.128 millones de dólares dirigidos a compras en el exterior en 2013.

El correlato de esos números está en la soledad de los puertos nacionales y la parálisis de la actividad portuaria. “Los patios de los puertos están absolutamente vacíos, creo que eso responde a la cantidad de materia prima que puede estar viniendo para Venezuela (…) No estamos recibiendo materia prima, ese es el gran drama y eso es lo que va a continuar produciéndonos los bajos niveles de producción y, en consecuencia, la carestía que hay de productos en los anaqueles”, advirtió recientemente Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), Manuel Felipe Larrazábal, también lanzó una alerta a mediados de febrero. “Nosotros no podemos planear importaciones de materia prima y productos terminados si el Gobierno no nos autoriza la compra de esas materias primas a los proveedores. La única forma que tiene la industria de abastecerse es con la autorización previa de las autoridades, cosa que no está ocurriendo a la rata que debería ocurrir y, por ende, las cadenas de suministros de materiales para la producción de alimentos están absolutamente rotas y por eso es que la industria está operando intermitentemente”, declaró el directivo en rueda de prensa.

La foto de los puertos de Puerto Cabello y de La Guaira, los dos que concentran el mayor volumen de carga que entra al país, confirma lo dicho por los empresarios.

La foto del puerto de Puerto Cabello

La Cámara de Comercio de Puerto Cabello (Cpcp) reporta una disminución de 80% en el principal terminal portuario del país. “Las agencias de aduanas del litoral carabobeño, en su mayoría, registran una reducción de sus operaciones en más del 80% de su capacidad, lo que está generando una crisis que crece cada día, debido a que las importaciones van cayendo en picada, son muy pocos los importadores que tienen acceso a divisas y pocas empresas importan con dólares propios”, expresó la organización en un comunicado de prensa.

De acuerdo a las estadísticas de esa institución, el promedio de buques que atraca en los muelles de Puerto Cabello ha descendido drásticamente. “La cantidad de buques atracados refleja la situación antes señalada, actualmente se maneja un promedio de 5 a 10 buques por semana cuando lo normal sería un promedio de 25 a 30”.

Esas cifras coinciden con lo que refleja MarineTraffic. De acuerdo a ese registro entre el 18 de febrero y el 1 de marzo llegaron al puerto de Puerto Cabello 35 embarcaciones para promediar 2,5 cada día, incluyendo buques de carga «contenerizada», a granel y tanqueros, entre otros.

La foto del puerto de La Guaira

En el puerto de La Guaira, segundo en importancia, se repite la historia. Cipriana Ramos, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), aseguró que prácticamente hay una paralización de la actividad en ese terminal portuario. “Nosotros hemos disminuido en el puerto de La Guaira en un 90%”, declaró en rueda de prensa recientemente.

Detalló que los pocos buques que llegan transportan menos contenedores y que, en su mayoría, se trata de carga importada por el Estado en detrimento del sector privado. “Además de la cantidad de barcos, es la cantidad de contenedores que tienen los barcos y además lo que está llegando es más para el Gobierno que para el sector privado, y lo que está llegando para el Gobierno llega a las redes públicas y no a las redes privadas”.

Los datos de MarineTraffic indican que entre el 19 y el 29 de febrero llegaron a ese terminal 31 buques para un promedio de 2,8 diarios, incluyendo barcos de carga, tanqueros y de pasajeros, entre otros.

El ajuste económico de Nicolás Maduro no resuelve el problema principal de la economía en 2016: la falta de dólares. El 17 de febrero el propio mandatario se quejó de la fuerte caída en los ingresos que sufre el país, pero no anunció medidas para enfrentar la situación.

“Es una caída estrepitosa del ingreso nacional en un país que depende de la renta petrolera”, afirmó Maduro tras explicar que en 2015 la venta de divisas de Pdvsa al Banco Central de Venezuela (BCV) se redujo a 12.567 millones de dólares y que en enero de este año el traspaso de la petrolera al ente emisor apenas llegó a 77 millones de dólares.

Venezuela, a diferencia de otros países petroleros, no ahorró durante la bonanza y ahora, con los precios del petróleo a la baja, tiene dificultades para cumplir sus compromisos de deuda externa y las importaciones. Las cifras del BCV indican que en el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) sólo hay 3 millones de dólares, mientras que las reservas internacionales apenas rondan los 14.500 millones de dólares, pero en su mayoría no están líquidas, sino en oro en las bóvedas del BCV.

Cada vez son más las voces que ven como inevitable un “default” o “cesación de pagos” por parte de Venezuela, así como una mayor contracción de las importaciones, lo que limitará aún más la oferta de productos en el mercado.

El Gobierno insiste en denunciar una especie de “bloqueo financiero”. “En 16 meses entre 2014 y 2015 pagamos todos nuestros compromisos internacionales, 27 mil millones de dólares, no es concha de ajo”, se quejó Maduro el 17 de febrero. El jefe de Estado cuestionó, además, las condiciones que el mercado le exige a Venezuela para “refinanciar” su deuda. “Los países van pensando en patear la deuda (…) Venezuela tiene un bloqueo financiero internacional, ni refinancian proceso de mejoría en las condiciones de la deuda y buscan condiciones leoninas para prestarnos un dólar”.

El hueco en dólares

En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), celebrada el 18 de febrero, el diputado por la MUD y economista, José Guerra, advirtió que en el ajuste económico anunciado por Maduro “no hay una sola medida que vaya encaminada a solventar y a paliar la grave crisis externa que tiene la economía venezolana, tenemos una brecha externa, un hueco de divisas calculado entre 35 mil y 40 mil millones de dólares que no lo resuelve la devaluación, que no lo resuelve el aumento de la gasolina”.

La alerta se suma a la que han realizado otros economistas. “Todo el mundo da por descontado el default, es una brecha externa bastante grande”, afirma Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica. Los cálculos de la firma indican que con un precio promedio del petróleo en 30 dólares por barril, el déficit en dólares rondará los 30 mil millones de dólares y prácticamente la mitad de los ingresos por exportaciones petroleras, que sumarían 25 mil millones de dólares, estarían comprometidos en pagos de deuda externa, si se incluyen los bonos de la República, los de Pdvsa y la deuda con China.

Los economistas Miguel Ángel Santos y Ricardo Hausmann en el texto “Dios no proveyó” también advirtieron el menguado flujo de caja en dólares que tendrá el Gobierno este año. “En 2016, con las obligaciones actuales, es improbable que el sector público registre un superávit en dólares: tiene 22.000 millones en exportaciones, importó 26.700 millones el año pasado y debe cancelar entre 10.000 y 16.000 millones de dólares en servicio de deuda, según se logre refinanciar la deuda con los chinos. Esto implica que se requeriría un brutal recorte de las importaciones públicas para que el Gobierno pueda tener un superávit de divisas”.

Alejandro Grisanti, economista y ex jefe de investigación para América Latina de Barclays Capital, también sostiene que las cuentas no cuadran. “Es paradójico porque vemos un Gobierno que no tiene capacidad de pago, pero que tiene una profunda voluntad de pago, no por criterios de justicia o porque quieran pagar la deuda, sino porque los costos del default pueden ser muchísimo más altos que lo que se ahorraría de no pagar la deuda, veo un Gobierno atrapado, que no quiere ir al FMI, no quiere un modelo económico más cerca del mercado, no tiene la capacidad para pagar la deuda y, sin embargo, la quiere pagar”.

Desde el chavismo también surge la preocupación. El economista y ex ministro, Víctor Álvarez, alertó recientemente que los ingresos en dólares que tendrá el país este año no son suficientes. “En cualquier caso, las cuentas no cuadran si se tiene en cuenta que las importaciones esenciales para evitar una contracción mayor del PIB están en torno a $ 25 mil millones, mientras que los vencimientos de capital e intereses de deuda externa en 2016 superan los $ 10 mil millones”, escribió Álvarez.

En lo cálculos que realizan todos los economistas ni siquiera incluyen las obligaciones por importaciones no liquidadas, que de acuerdo a estimaciones de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), ascienden a 12 mil millones de dólares, ni posibles pagos de expropiaciones del Ciadi.

¿Cómo salir del hueco?

Miguel Ángel Santos y Ricardo Haussman aseguran que la única salida para evitar el default y trazar un camino de recuperación económica en los próximos años es diseñando un plan de rescate con el FMI que le reporte a Venezuela entre 40 mil y 50 mil millones de dólares. “Las proyecciones con el apoyo del FMI y una reestructuración negociada de la deuda son mucho más viables y esperanzadoras. Venezuela podría aspirar a un programa por entre 40.000 y 50.000 millones de dólares en un plazo de dos a tres años. Suponiendo múltiplos de cuota similares a lo que sucedió con Grecia, el monto sería 53.000 millones”, plantean los economistas.

El economista y profesor universitario, Orlando Ochoa, cree que Venezuela no necesita un plan, al estilo de Grecia, sino un préstamo “puntual”, acompañado de otras medidas para estabilizar la economía y un plan de recuperación de la producción petrolera en 24 meses. “Me preocupa que se proponga un plan como Grecia, tenemos más opciones que Grecia (…) Vamos a necesitar del FMI pero no para un plan de stand by”, manifestó recientemente en un foro realizado por Econométrica.

Asdrúbal Oliveros, por su parte, cree que el Gobierno tiene que “reestructurar” su deuda y para ello debe sentarse a negociar con los acreedores, especialmente para los compromisos de pago que tiene Venezuela para el segundo semestre del año. Oliveros también ve al FMI como una opción porque sería la opción para obtener financiamiento “barato”, “rápido” y daría “credibilidad”, pero advierte que mientras más recursos suministre “más estricto va a ser” en el cumplimiento de una serie de medidas económicas.

Alejandro Grisanti tiene una postura similar. Considera inevitable la “reestructuración” de la deuda venezolana y advierte que será costosa para Venezuela por la debilidad que muestra la economía. “El escenario más probable es un Gobierno que va a ofertar un canje y ese canje va a ser sumamente costoso para la República y para Pdvsa, no va a ser un canje en términos de iguales, va a ser un canje donde se va tener que ceder en una serie de áreas financieras para que los tenedores de bonos acepten el canje y va a ser muy costoso para la República”.

Otras alternativas que plantea Grisanti es “ir al FMI para crear confianza”, ver a China “como un socio estratégico de Venezuela y posiblemente refinanciar recursos ahí” y “abrir el abanico de negociaciones con las empresas petroleras internacionales para poder captar fondos de esa manera”. “Con estas tres patas sería muy poco costoso y beneficioso para Venezuela una renegociación de la deuda externa tanto de Pdvsa como de Venezuela para traer nuevo endeudamiento que venga al país”, apuntó.

¿Qué está haciendo el Gobierno para buscar dólares?

El Gobierno ha descartado la posibilidad de acudir al FMI para solicitar un financiamiento. Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, descartó esa posibilidad y aseveró que la necesidad de financiamiento sería de entre 10 mil y 15 mil millones de dólares. “Este Gobierno no va a caer por falta de divisas”, sentenció en entrevista con Globovisión el 22 de febrero.

El presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino, reconoció el 22 de febrero que han mantenido conversaciones con bancas de inversión para analizar una posible reestructuración de la deuda de la estatal petrolera. Pdvsa también acordó con la petrolera rusa Rosneft un acuerdo por 500 millones de dólares a cambio de ampliar la participación accionaria de esa compañía en Petromonagas, una de las “empresas mixtas” para la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco.

El Gobierno también busca dólares en acuerdos con empresas mineras. El 24 de febrero el presidente de la República informó que se alcanzó un acuerdo con Gold Reserve, minera canadiense que en 2009 dejó de operar en el país luego de que Hugo Chávez le suspendiera las concesiones en dos proyectos auríferos. Ahora ambas partes conformará una empresa mixta en la que el Estado tendrá el 55% de las acciones, y el Gobierno espera además un préstamo de 2 mil millones de dólares de la compañía usando como “colateral” las minas de Las Brisas y Las Cristinas.

“La minería es una de las fuentes más inmediatas, donde el país puede equilibrar sus ingresos, sus cuentas para mantener el ritmo de desarrollo social”, admitió Maduro.

Otra de las vías que está manejando el Gobierno para obtener liquidez es la del canje de las reservas en oro por dinero fresco. Algunas informaciones apuntan a que en enero Venezuela envió a Suiza poco más de 30 toneladas de oro. El año pasado esta fue una de las estrategias usadas por Maduro, así como el cobro de facturas con descuento a países de Petrocaribe y Uruguay, o la venta de activos en el exterior, estrategias que muchos economistas definieron como que se estaba “raspando la olla”.

El economista y profesor del IESA, José Manuel Puente, asegura que el plan anunciado por el presidente de la República “llega tarde” y no ataca los “problemas de fondo”. Advierte, además, que tal y como fue planteado tendrá un impacto “inflacionario y recesivo”. Ni la devaluación de 58,7% que sufrirá la moneda, ni el ajuste del precio de la gasolina de hasta 6.085% corrigen las distorsiones de la economía. 

Nicolás Maduro anunció el paquete de medidas con las que el Gobierno pretende enfrentar la crisis económica. Tras meses de incertidumbre y expectativa, así como de una agudización del deterioro, el mandatario confirmó una nueva devaluación de la moneda, el alza en el precio de la gasolina, un ajuste del salario mínimo y un plan para evitar la evasión fiscal, entre las decisiones más importantes.

El nuevo esquema cambiario tendrá dos tasas. La primera de ellas pasó de 6,30 bolívares por dólar a 10 bolívares por cada billete verde, una devaluación de 58,7%. La segunda paridad será la del Sistema Marginal de Divisas (Simadi), que actualmente ronda los 200 bolívares por dólar, pero con algunas modificaciones en su funcionamiento, según anunció Maduro. “Vamos a transformar el sistema Simadi en un sistema complementario flotante (…) Arranca en el nivel que se encuentra actualmente”, explicó el presidente de la República.

Con el precio de la gasolina los ajustes son mayores. A partir del 19 de febrero la de 91 octanos costará 1 bolívar por litro, un incremento de 1.328% con respecto al valor de 0,007 bolívares por litro con que se comercializaba desde hace casi 20 años. La gasolina de 95 octanos se venderá a 6 bolívares por litro, un alza de 6.085%. “Vamos a cobrarla porque estábamos pagando para echarla”, afirmó Maduro y adelantó que los ingresos recaudados se destinarán al Fondo Nacional de Misiones. “Va a recibir todos los recursos extraordinarios”, aseveró.

Maduro también anunció un incremento del salario mínimo de 20% a partir del 1 de marzo, así como un ajuste en el cálculo del beneficio del cestaticket al llevar a 2,5% la base del cálculo. De esta forma el “salario integral” de los trabajadores pasará de 16.399 bolívares a 24.853 bolívares, distribuido en 11.578 bolívares de sueldo y 13.275 del beneficio de alimentación. “Haciendo de tripas corazón (…) Sacando los recursos de los nuevos impuestos, del nuevo sistema de la gasolina, del nuevo sistema de divisas”, argumentó el jefe de Estado.

En materia tributaria, la decisión del Ejecutivo nacional es profundizar la “revolución tributaria” para reducir la “evasión, elusión y el fraude”. “Para eso vamos a instalar un sistema muy exitoso electrónico de facturación electrónica digital (…) ¡Cuánto podemos captar! Es sorprendente, nos da para sostener las misiones, para mantener los logros sociales, cuidar salarios”, justificó Maduro.

¿Estas medidas resuelven la crisis económica?

Para el economista y profesor del IESA, José Manuel Puente, el ajuste económico anunciado por Maduro “llega muy tarde”, es “tibio” y tampoco ataca los “problemas de fondo”. “No los ataca con la profundidad necesaria y te quedas con el costo inflacionario y recesivo”, aseguró Puente.

Explicó que el presidente de la República “no especificó” qué bienes trabajarán con la tasa de cambio de 10 bolívares por dólar y que la devaluación en esa tasa “es un ajuste muy pequeño” que no resuelve distorsiones como el estímulo a la demanda de dólares baratos, ni el flujo de caja en Pdvsa, al obligarla a venderle al Banco Central de Venezuela (BCV) las divisas por venta de petróleo a esa paridad. “El problema fiscal y el problema de Pdvsa casi sigue intacto, todos los incentivos negativos siguen presentes”, manifestó el economista.

Adicionalmente, señaló que el ajuste cambiario tendrá un impacto “inflacionario y recesivo” en una economía que acumula 9 trimestres consecutivos de contracción y que tiene la inflación más alta del mundo.

Sobre el aumento de la gasolina, el economista indicó que es una medida racional desde el punto de vista económico, aunque está lejos de ser una solución definitiva y tendrá repercusiones en el comportamiento de los precios. “Es un ajuste duro que va a tener un impacto en los precios, pero todavía el precio está por debajo del costo de producción. El problema fiscal sigue estando ahí y Pdvsa no mejorará porque los recursos van a las misiones”.

Puente, incluso, apuntó que el ajuste salarial es una medida que fiscalmente supondrá que el Gobierno deba gastará más de lo que está recaudando con las otras medidas, por lo cual podría agravarse el déficit fiscal, que ya equivale a un 20% del Producto Interno Bruto (PIB). “Presiona más ese déficit fiscal”, acotó.

A juicio del economista, ninguna de las decisiones anunciadas por Maduro aborda una de las dificultades centrales que tiene hoy la economía venezolana, que es el déficit de dólares en su flujo de caja. “El problema externo sigue intacto porque ninguna medida lo modifica”, aseveró. Recordó que este año las exportaciones petroleras venezolanas oscilarán entre 30 mil y 35 mil millones de dólares, pero los requerimientos en divisas rondan los 55 mil millones de dólares.

“Ninguna medida ataca este problema. El nivel de desabastecimiento en 2016 va a ser abrumador, no va a haber dólares para prácticamente nada”, insistió Puente.

Desde el sector privado habían propuesto al Gobierno nacional evaluar mecanismos de financiamiento internacional, así como la “titularización de la deuda” por concepto de importaciones no liquidadas, pero Maduro no planteó soluciones al respecto.

El ajuste anunciado por el presidente de la República, planteó Puente, no evitará que en el “corto y mediano plazo” tengan que venir “medidas de fondo” y que el año 2016 luzca como “perdido” en términos económicos, profundizando la contracción de la actividad económica y acelerando aún más el ritmo con el que suben los precios.