Año nuevo, billetes invisibles y mismo gobierno
Año nuevo, billetes invisibles y mismo gobierno

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Año nuevo, gabinete y billetes nuevos. Con esa consigna el Gobierno encara 2017. La ampliación del “cono monetario” fue confirmada por las autoridades a comienzos de diciembre y la circulación de los nuevos billetes fue prometida para el 15 de diciembre, su aparición quedó postergada para este año.

“He decidido sacar por decreto la extensión hasta el 20 de enero de la vigencia de los billetes de 100 bolívares (…) El país está buchón y no hay apuro, los tengo derrotados”, dijo Nicolás Maduro para justificar la extensión hasta el 20 de enero de la vigencia del billete de 100 bolívares. Pocos días antes, argumentando que había que “quemarle las manos a las mafias”, había dado un plazo de 72 horas para recoger los billetes de 100 bolívares, una decisión que generó caos e incertidumbre entre consumidores y comerciantes.

Un nuevo capítulo de la historia llegó el 9 de enero. Maduro anunció que será a partir del 16 de enero cuando entren en circulación los ansiados billetes. “Le he pedido a (Ramón) Lobo –nuevo ministro de Economía y Finanzas- y al BCV que a partir del lunes 16 de enero vaya entrando en circulación los nuevos billetes del cono monetario venezolano que han venido llegando a Venezuela a pesar del sabotaje”, expresó el mandatario.

Si en definitiva el plan se cumple, los venezolanos verán 6 nuevos billetes que van desde 500 hasta 20 mil bolívares y monedas de 10, 50 y 100 bolívares. Más allá de facilitar las transacciones diarias de la población, obligada en los últimos meses a cargar fajos de billetes de 100 para sus compras cotidianas, la medida por sí sola no resolverá los problemas y distorsiones que acumula la economía desde que Maduro asumió la presidencia en 2013.

“La economía venezolana arrastra una serie de desequilibrios que requieren medidas de política económica para poder ser corregidos. Hay cuatro grandes desequilibrios que hay que abordar: cambiario, inflación y escasez, déficit fiscal y déficit de cuenta corriente. Es necesario un plan coherente y exhaustivo para romper con la dinámica actual y que la economía retome una senda de crecimiento económico”, refiere un reporte que la firma Econométrica envió a sus clientes en diciembre.

La carrera indetenible de los precios

En la administración de Nicolás Maduro el costo de la vida no ha dejado de subir. Año tras año, el ritmo con el que suben los precios se ha disparado, erosionando el poder adquisitivo de la población. Cifras extraoficiales indican que en 2016 la inflación fue de 500%, una cifra muy por encima del 180,9% que reportó el Banco Central de Venezuela (BCV) para 2015, así como del 68,5% y 56,2% registrados en 2014 y 2013, respectivamente, de acuerdo al BCV.

El Gobierno culpa a los empresarios de causar la inflación como parte de la “guerra económica”, pero uno de los factores principales que explica el alza de precios está en la política fiscal dictada desde Miraflores. Sólo en el segundo semestre del año pasado el financiamiento del BCV a Pdvsa, asfixiada por la caída de sus ingresos y por el tipo de cambio de 10 bolívares por dólar, se disparó 330% al pasar de poco más de 1 billón de bolívares a 4,5 billones de bolívares. Ese auxilio financiero es empleado por Pdvsa para pagar misiones, proveedores y otros compromisos, lo que termina impactando el comportamiento de los precios en la economía al aumentar el dinero circulante y estimular la demanda de bienes en un contexto en el que la producción y la oferta de los mismos está contraída.

A falta de una política antiinflacionaria, la única respuesta a la que apela el Ejecutivo nacional es al aumento del salario mínimo. El 8 de enero Maduro anunció un nuevo ajuste salarial de 50%, trasladando el salario mínimo en 40.638 bolívares y el bono de alimentación en 63.720 bolívares, una medida insuficiente y contraproducente para la espiral inflacionaria que atraviesa la economía.

“Otro aumento de salario, cada vez con más frecuencia, síntoma de que el problema de inflación se agrava (…) Aumento de salarios vía decreto no sólo es garantía de mayor inflación, sino también de más desempleo y cierre de empresas”, expresó en Twitter el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros. El diputado e integrante de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, también se expresó en la red social: “Un aumento salarial financiado con impresión de dinero por parte del BCV, inevitablemente produce más inflación. Ya eso está estudiado”.

Las estimaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a que al cierre de 2017 Venezuela podría tener una inflación de cuatro dígitos y llegar a superar la cifra de 1.500%.

Una “depresión” económica estancada

Economistas y firmas especializadas coinciden en que la economía venezolana atraviesa una “depresión”. Aunque aún los datos del comportamiento económico de 2016 no son oficiales, cifras extraoficiales indican que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 12% en el año que recién terminó, completando así tres años consecutivos de retroceso. Esa contracción del año pasado, sumada a las registradas en 2015 y 2014, supone que la economía venezolana ha perdido más de 20% en apenas tres años.

“El sector continúa en contracción”, aseveró en diciembre Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), al realizar un balance de lo ocurrido en 2016. El año pasado se agudizó la sequía de divisas para el sector privado, lo que impidió a las empresas realizar importaciones de materia prima y causó paralizaciones en fábricas de alimentos, medicamentos, repuestos y ensambladoras de vehículos, entre otras.

Además de la falta de divisas, los industriales también se enfrentan a controles de precios que obligan a vender por debajo de los costos de producción, la caída de la demanda, la crisis eléctrica o la escasez de insumos nacionales provenientes de empresas estatales como Sidor, Pequiven o las cementeras. El propio Maduro reconoció eso el pasado 9 de enero, hasta el punto de que pidió “reestructurar” esas empresas si fuera necesario.

“Hay que intervenir directamente todas las plantas que suministran insumos y materiales fundamentales para el desarrollo industrial del país (…) Por ejemplo, ¿Por qué la petroquímica, Pequiven, no suministra los insumos a las industrias? ¿Por qué? (…) Lo digo públicamente aquí, ¿Qué hace la directiva de Pequiven? El presidente de Pequiven, ¿Qué hace? Le he ordenado al Vicepresidente que lo cite inmediatamente a Miraflores”, se quejó el mandatario.

El año pasado ni el “decreto de emergencia económica”, o la política de los 15 “motores” o el Consejo Nacional de Economía Productiva resolvieron la crisis de la industria. De las datos de Conindustria se desprende que en los primeros meses de 2017 persistirán las dificultades, ya que al cierre del tercer trimestre del año pasado 17% de los industriales estaba sin inventario de insumos y otro 41% apenas tenía para trabajar un mes, de acuerdo a un sondeo realizado por esa organización. “El responsable es única y exclusivamente el Ejecutivo nacional”, aseveró Olalquiaga.

Locura cambiaria

El desconcierto cambiario ha caracterizado a la administración de Nicolás Maduro. En 2016, lejos de resolverse, el problema se agudizó al punto de que el tipo de cambio paralelo –su publicación está prohibida por ley- es 300 veces mayor al tipo de cambio preferencial de 10 bolívares por dólar y unas 5 veces mayor al tipo de cambio complementario del Dicom, que oscila los 680 bolívares por dólar.

La distorsión impacta en el bolsillo de los venezolanos. Cálculos de Ecoanalítica señalan que al cierre del tercer trimestre del año pasado, casi un 30% de las importaciones privadas se financiaron con dólares a tasa del mercado paralelo, impactando al alza el “tipo de cambio ponderado del consumidor”, que para ese momento ya rondaba los mil bolívares por dólar y en categorías como equipamiento del hogar, vestido y calzado, y bebidas alcohólicas y tabaco, entre otras, rondaba los 2 mil bolívares por dólar.

El Dicom, creado en 2016, no es el único ensayo de Maduro para intentar contener el auge del dólar en el mercado negro. El Sistema Margina de Divisas (Simadi), así como el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) fueron otros de los intentos fallidos en materia cambiaria. El presidente de la República también ha desechado planes como el de la “unificación cambiaria” propuesto en 2014 por el entonces Vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, o recomendaciones como las formuladas el año pasado por los técnicos de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) –a pedido del propio Maduro- para establecer un solo tipo de cambio.

¿Funcionará el cambio de ministro?

Otras de las constantes de Maduro para enfrentar la crisis ha sido la de cambiar a sus ministros del área económica. El pasado 4 de enero anunció que Ramón Lobo será el ministro de Economía y Finanzas, y el Vicepresidente del Área Económica. “Un joven experto en materia económica, uno de los expertos más grandes que tenemos en temas financieros, presupuestarios”, dijo el jefe de Estado en relación al nuevo jefe de la economía.

Lobo es el cuarto Vicepresidente de economía que nombra Maduro en apenas doce meses y el séptimo desde que asumió la presidencia de la República en abril de 2013. Por ese cargo también pasaron Luis Salas, Miguel Pérez Abad Carlos Faría, Rodolfo Marco Torres, Rafael Ramírez y Nelson Merentes.

“Las expectativas no pueden ser buenas, lamentablemente hemos compartido con el diputado Lobo durante más de cinco años en la comisión de finanzas y sabemos de su desconocimiento sobre la materia, pero además, de su incondicionalidad a un proyecto económico y político que ha llevado a Venezuela a la peor crisis de toda nuestra historia republicana, así que la designación de Ramón Lobo es la ratificación de que los errores que ha cometido el Gobierno de Nicolás Maduro se van a seguir repitiendo este año”, alertó el diputado opositor y presidente de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina.