UN GRUPO DE MÉDICOS DEL ESTADO MIRANDA denunció que en los calabozos de la Policía Municipal de Independencia, en Santa Teresa del Tuy, existe un brote de tuberculosis.
En tanto, un vocero de Una Ventana a la Libertad confirmó que en la actualidad hay nueve presos con tuberculosis, mientras que otros 50 reclusos presentan síntomas.
La fuente sentenció que en los actuales momentos solo una médico bacteriólogo es la encargada de tomar las muestras a los reos en el Hospital General de Ocumare del Tuy.
«Estas muestras no son procesadas de manera inmediata por problemas de factor humano, ella es la única profesional encargada y el Ministerio de Salud no está brindando apoyo. En contacto con familiares de los presos hemos confirmado que en los calabozos no se están tomando las medidas para evitar que otras personas se sigan contagiando».
SEGÚN LA ONG VITALIS, la cantidad de agua contaminada en América Latina sigue en aumento, alrededor de 70% del vital líquido utilizado en las ciudades, la industria y la agricultura, regresa a los ríos y lagos sin ningún tipo de tratamiento.
Diego Díaz , director general para las Américas de Vitalis dijo que con ello se incrementan los riesgos de enfermedades, el deterioro de los suelos, y la disminución en la disponibilidad de agua potable.
Para Martín el problema no es exclusivo a la región latinoamericana, en vista de que situaciones similares se presentan en África y Asia, donde en su conjunto, existen más de 300 millones de personas en riesgo de enfermarse por la mala calidad del agua.
La Organización de las Naciones Unidas informó que alrededor de 1800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada por material fecal, poniéndolas en riesgo de contraer el cólera, disentería, tifus o polio.
El agua no apta para consumo humano, unido a pobres infraestructuras sanitarias y débiles hábitos de higiene, son la causa principal de al menos 842 mil muertes al año.
Para Vitalis, el agua tratada de forma segura es una fuente sostenible y asequible de energía, así como una manera de obtener nutrientes y otros materiales recuperables.
Para Díaz Martín, no tratar las aguas residuales amenaza la producción de alimentos, destruye las fuentes de agua dulce, acelera el deterioro de los ecosistemas y hasta puede dañar las economías de los países más afectados.
La contaminación del agua alcanza alrededor de la cuarta parte de los ríos de América Latina, de 10 al 25 % de los ríos africanos y a la mitad de ellos en Asia.
A POCO MÁS DE UN AÑO de que la palabra “femicidio” apareciera en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cuerpo decapitado y desmembrado de Yessika Durán apareció en el refrigerador de su casa. El 28 de diciembre de 2015, el maltrato que recibía de su pareja terminó en una escena dantesca. En el congelador, su cabeza. El resto de su cuerpo mutilado, en la parte inferior de la nevera.
Un mensaje de texto del homicida a su padre develó el suceso. El hombre ante la noticia se dirigió a la estación de Politáchira en la ciudad de Colón para denunciar a Gaudy Mejía, su hijo. Casi de inmediato se activó un bloque de búsqueda para detener al asesino. Sin embargo, a más de 12 meses del hecho, aún continúa prófugo de la justicia.
La corrupción es la causa que para Luis Durán, padre de la víctima, mantiene libre al homicida de su hija. “Ese hombre es de familia adinerada y ya se ha visto en reiteradas ocasiones en Colón y en Colombia, aun así no lo han detenido. Si mi hija hubiera sido la culpable seguro ya estaría tras las rejas”.
Yessika tenía 25 años y llevaba alrededor de tres meses conviviendo con Mejía, quien la sometía a múltiples maltratos. “No le permitía salir con sus amigos, no la dejaba vestirse como quería, la limitaba muchísimo. Incluso, ese 24 de diciembre ella lo pasó sola, porque él se fue sin razón”, cuenta una amiga cercana.
Kharina Rico también hizo poner en práctica los protocolos de esta ley a tan solo 27 días de su reforma. El 22 de diciembre de 2014 murió asfixiada por su cónyuge, así lo afirma Marta Rico, su hermana, y las pruebas preliminares que hicieron mantener a su presunto asesino dos años tras las rejas.
6 años de convivencia con su pareja fueron el preámbulo del suceso. Las señales de violencia siempre fueron percibidas por su familia. “Él la agredía verbalmente, la trataba malísimo”, cuenta Marta. Detrás del maquillaje las consecuencias de un maltrato que traspasaba las palabras. “Notábamos morados en su cuerpo, que ella intentaba tapar con maquillaje. Nosotros le preguntábamos y siempre tenía alguna excusa, nos decía que se había pegado con cualquier cosa pero jamás responsabilizó a Wagner”.
Pese a que el pasado mes de febrero el tribunal encargado del proceso acordó un sobreseimiento de la causa, que le otorgó libertad plena a Wagner Newman, Marta no tiene duda de que su hermana fue asesinada por su pareja. “Kharina tenía un golpe en la base del cráneo y su autopsia determinó que murió por asfixia mecánica. Todo indica a que él la mató”. En su cuerpo quedaron señales de un maltrato que se acentuaba con el tiempo: “Mi hermana quedó con unas cicatrices de hebilla de correa en sus piernas que demuestran el maltrato al que era sometida”.
La familia de la víctima, al igual que el padre de Yessika, apunta de inmediato a que el giro en el proceso judicial es producto de la corrupción. “Nosotros sabemos que ellos han movido mucho dinero para que el caso quede impune. Él no debe estar libre si está siendo procesado por femicidio agravado. Nosotros solo pedimos justicia”.
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La señal más clara de las irregularidades en el proceso, según Marta, se ilustra en la exhumación del cuerpo de Kharina. Así lo aprobó la jueza luego de más de un año en que la familia del acusado solicitara el procedimiento para demostrar que Wagner no había sido responsable. El resultado dictaminó que la muerte de la mujer de 30 años fue por causas naturales. “La exhumación del cuerpo de mi hermana no era necesaria. Desde el inicio hubo suficientes pruebas que incriminan a ese señor. Además se hizo de manera muy sospechosa y sin nuestro consentimiento”, explica.
Pese a que la ley expone que aquel que intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidio, y será sancionado con penas de veinte a veinticinco años de prisión, aún ambas familias esperan por justicia.
De la ley a las políticas públicas
La deuda de Venezuela no es en materia legislativa sino en la aplicabilidad de la norma, argumenta Judith Pacheco, abogada y presidenta de Amnistía Internacional Venezuela. “Fue un gran avance haber incluido la palabra femicidio en la ley, que se tipificara un delito tan grave como este. Ahora hace falta aplicar políticas públicas que vayan orientadas a detener realmente la violencia contra la mujer”, precisa.
Al momento de encontrar razones para que este tipo de actos sigan ocurriendo en el estado, la cultura es una variable a atender. “En Táchira vivimos aún con muchas manifestaciones de la cultura del patriarcado, el machismo es una de ellas y esto hace que exista misoginia y la consecuencia más lamentable es que continúen apareciendo estos casos tan lamentables”.
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La Ley entiende esta realidad y en su objeto busca promover “cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres”. Sin embargo para Pacheco aún queda mucho trabajo que hacer pues las sombras culturales parecen haber invadido el andamiaje institucional.
“Si los funcionarios de los órganos de justicia no están conscientes de que las victimas deber ser atendidas de manera especial no vamos a ningún lado. La capacitación debe ser indispensable para la concienciación. Aún la cultura machista está en las instituciones y hace que estos casos no tengan justicia con la celeridad debida”, enfatiza Pacheco.
Mujeres que vencen el miedo
Para vencer ese círculo de violencia es necesario denunciar cualquier caso de maltrato. Así lo entendieron 138 mujeres que fueron atendidas por el Instituto Tachirense de la Mujer solo en febrero. No es un número aislado. El promedio de atención de la institución adscrita a la gobernación del Táchira supera los 100 casos mensuales. Esto dibuja una larga fila de más de 1.000 mujeres que vencieron el miedo en 2016.
En Táchira funcionan cuatro de las 69 dependencias fiscales especializadas en violencia contra la mujer que operan en el país. Se trata de las fiscalías sexta y 18, en San Cristóbal; la 32 en Rubio; y la 26 San Antonio. En La Fría, la de guardia también recibe estos casos.
En el edificio del Ministerio Público en la capital saben que los despachos que llevan los expedientes de mujeres maltratadas son de los más álgidos; el trabajo de los fiscales muchas veces se extiende hasta la noche.
En los periódicos no hay espacio para tantos hechos de violencia. El Observatorio Venezolano de Violencia con sede en la Universidad Católica del Táchira, que se encarga de monitorear la prensa regional, solo registró 14 casos. “Solo se reseñan los sucesos en los que ya no se puede hacer nada, casos de femicidio o de violencia muy grave que se hacen noticia”, comenta Mirian Bustos, periodista de sucesos de Diario La Nación.
La tarea entonces es promover la denuncia, vencer el miedo, romper con el machismo como rasco cultural para que estos casos tengan justicia y no se sumen más mujeres a las cifras de una estadística lamentable. Pues como lo expresó la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet: “La violencia contra la mujer en todas sus formas es una violación a los derechos humanos”.
SEGÚN LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES, Emprendedores y Microempresarios (Atraem) sección Estética y Belleza en lo que va de2017 se ha reducido en un 60% la asistencia de clientes a peluquerías y estéticas.
Asimismo informaron que productos como tintes y decolorantes ha aumentado en un 300%.
“Podemos afirmar que en 60% ha disminuido la presencia de clientes en nuestros negocios, ya que el alto costo de la vida a convertido el cuidado de la imagen personal casi en un lujo”, dijo Gregorio Hernández, coordinador de Atraem Estética y Belleza.
Hernández explicó que las peluquerías se encuentran desiertas, incluso los fines de semana, el supuesto día más movido para esta rama de la económica
Hernández señaló que en los últimos seis meses se ha producido una subida enorme en el precio de los productos la cual oscila entre un 300% y 400%.
“Una cera para cabello costaba tres mil bolívares y ahora está en nueve mil, un polvo para decolorante de 500 gramos cuesta 38 mil Bs. cuando hace poco tiempo se podían conseguir en 11 mil, Todo esto afecta directamente el bolsillo de nuestros consumidores”, acotó.
El estilista detalló que un simple tinte que costaba 2 mil 500 Bs. hoy sale en 8 mil Bs. “Hacerse una mechas en Venezuela tiene un precio de 60mil bolívares, teniendo en cuenta además que las casas comerciales por la crisis han tenido que vender el oxidante aparte incrementando el precio del tratamiento de belleza”, aseguró.
Aprovechó la oportunidad para invitar este próximo sábado 25 de marzo a la Feria de la Estética y la Belleza organizada por Atraem en el Hotel Caribay de Mérida. “Miles de personas incluso profesionales con carreras universitarias han visto en este emprendimiento una esperanza para progresar, la dificultades pueden verse superadas con la vocación y las herramientas necesarias para triunfar”
EN EL MARCO DE LA SEXTA CONFERENCIA Latinoamericana y del Caribe de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS), efectuada en Cuba entre el 13 y el 17 de marzo, Juan Ángel De Gouveia, presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven), resultó electo como vicepresidente de la mencionada red continental.
De Gouveia estará durante los próximos cuatro años en la directiva del organismo, cuyo objetivo es continuar avanzando con la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en América Latina.
El venezolano, quien venció a los representantes de Cuba y Panamá, se convirtió en la primera persona sorda en asumir la vicepresidencia de la organización en toda su historia.
“Estamos muy orgullosos de dejar en alto el nombre de nuestro país y seguimos comprometidos en la labor por lograr la accesibilidad para todos”, afirmó De Gouveia.
De Gouveia explicó que uno de sus principales objetivos es dar continuidad a la labor de promoción y defensa de derechos humanos en Venezuela, América y el mundo.
Además de someterse al proceso electoral, el venezolano tuvo la oportunidad de ofrecer una ponencia en la que presentó el impacto de los resultados del estudio “Comunidad Sorda Activa a través del diagnóstico y formación en derechos y movimientos asociativos #DDHHSordosVe”, realizado en los estados Aragua, Vargas, Miranda y Distrito Capital.
RIADIS agrupa a 55 organizaciones de personas que viven con diferentes tipos de discapacidad en 19 países de América Latina y el Caribe y lucha por los derechos a través de los valores de no discriminación, así como promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Agenda 2030.
LA ONG AULA ABIERTA VENEZUELA conjuntamente con periodistas del estado Zulia dieron a conocer el proyecto “Observatorio de Libertad de Expresión y Ejercicio del Periodismo”, cuyo objetivo es documentar y denunciar los atropellos a los que a diario son sometidos los periodistas y reporteros gráficos.
El Observatorio a través de sus voceros persigue alertar ante cualquier situación que vulnere la libertad de expresión en el ámbito universitario, en vista que en los últimos meses se han suscitado varios atropellos a la libertad de expresión tanto a estudiantes como profesores.
Durante la investigación realizada se han detectado al menos 17 violaciones a la libertad de expresión o ejercicio del periodismo desde el 2014
También se evidencian nuevos modos empleados por el Estado Venezolano para acorralar el ejercicio del periodismo, como la falta de divisas para la obtención de papel periódico o la agresión de algunos efectivos de orden público contra periodistas.
“El año pasado estuve detenido, por cortos periodos, pero detenido, en tres oportunidades, donde me arrebataron mis instrumentos de trabajo y el material fue borrado”, dijo el fotógrafo, Milko Marín.
Aula Abierta puso a disposición la página web aulaabiertavenezuela.org , así como sus redes sociales(Twitter: @ObservaLEZ) para efectuar cualquier tipo de denuncias.
En el mes de mayo se llevará a cabo un taller de formación en derechos humanos ligados a la libertad de expresión y ejercicio del periodismo, dirigido a profesionales y estudiantes de comunicación social.
DESDE 2009, EL OBSERVATORIO VENEZOLANO de Prisiones comenzó a solicitar la actuación del Estado en las denuncias relacionadas con desapariciones de reclusos en la Penitenciaría General de Venezuela y “nunca hicieron nada”, expresó Humberto Prado, director general de la ONG, al referirse concretamente al caso de Francisco Fionel Guerrero Lárez.
Aunque ninguna autoridad actuó para conocer la suerte del preso, hubo ocasiones en las que un fiscal de Guárico llamaba a la familia para preguntarle qué sabía del caso. Cualquier intento de indagar se frustraba, porque no se le permitía el paso a la prisión a aquel que intentara investigar esa desaparición, dijo Prado, quien también opina que el Estado no tiene el control de la PGV.
Citó un ejemplo: cuando se hizo la audiencia oral en el Tribunal 2° de Control de Guárico por un hábeas corpus solicitado por la OVP sobre ese caso, la juez preguntó que quién tenía el control del penal y el entonces director de la PGV respondió que era él. Prado, que acompañaba a los parientes de Guerrero Lárez, le sugirió a la juez que realizara una audiencia en esa cárcel. La jurista suspendió el acto, y el juzgado y la familia se trasladaron a la PGV, pero el pran llamado Franklin Masacre no dio permiso para que el acto se realizara allí. La audiencia terminó en la sede del Comando de la GNB, ubicado al lado del penal.
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Este miércoles 22 de marzo se celebrará el Día Mundial del Agua, pero en Venezuela no hay muchas razones para celebrar.
Según Zoila Martínez, directora ejecutiva de Vitalis, en suelo venezolano menos de 25% de las aguas contaminadas son debidamente tratadas. A juicio de la especialista, las aguas residuales constituyen uno de los grandes problemas ambientales que confronta el país.
“La ciudad capital sólo cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales de tipo experimental, ubicada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela y con la de Empresas Polar, en la zona industrial Los Cortijos”.
Este año el lema que asumirán los gobiernos, ONGs, empresas, medios de comunicación social y la sociedad en general será “Aguas residuales, ¿por qué desperdiciar agua?”.
Para Diego Díaz Martín, Presidente de Vitalis y fundador de la Asociación Venezolana para el Agua, en lugar de desperdiciar las aguas residuales, necesitamos disminuir la cantidad que generamos y debemos hacer todo lo necesario para reusarlas.
«En nuestras ciudades, también podemos tratar y reusar las aguas residuales para espacios verdes como plazas y jardines, y en la industria y la agricultura podemos tratarlas, reciclarlas y usarlas para sistemas de enfriamiento y riego”, afirma Martínez.
En el caso de Caracas, donde se localiza la mayor concentración urbana del país, existen pocas plantas de tratamiento. Por ello, las aguas residuales son vertidas en la cuenca del Río Tuy, que desemboca en el Mar Caribe.
«Recordemos que en nuestras casas podemos aprovechar las aguas grises, de lavamanos y la ducha, para lavar el piso, y dependiendo de su condición, hasta para lavar la ropa», agregó.
«Es necesario impulsar la construcción y puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas servidas a nivel municipal, a fin de disminuir el impacto que las aguas residuales ocasionan sobre los distintos cuerpos de agua del país. Después de todo, el agua es un Derecho Humano fundamental», salió al paso Martínez.
