DESDE 2009, EL OBSERVATORIO VENEZOLANO de Prisiones comenzó a solicitar la actuación del Estado en las denuncias relacionadas con desapariciones de reclusos en la Penitenciaría General de Venezuela y “nunca hicieron nada”, expresó Humberto Prado, director general de la ONG, al referirse concretamente al caso de Francisco Fionel Guerrero Lárez.

Aunque ninguna autoridad actuó para conocer la suerte del preso, hubo ocasiones en las que un fiscal de Guárico llamaba a la familia para preguntarle qué sabía del caso. Cualquier intento de indagar se frustraba, porque no se le permitía el paso a la prisión a aquel que intentara investigar esa desaparición, dijo Prado, quien también opina que el Estado no tiene el control de la PGV.

Citó un ejemplo: cuando se hizo la audiencia oral en el Tribunal 2° de Control de Guárico por un hábeas corpus solicitado por la OVP sobre ese caso, la juez preguntó que quién tenía el control del penal y el entonces director de la PGV respondió que era él. Prado, que acompañaba a los parientes de Guerrero Lárez, le sugirió a la juez que realizara una audiencia en esa cárcel. La jurista suspendió el acto, y el juzgado y la familia se trasladaron a la PGV, pero el pran llamado Franklin Masacre no dio permiso para que el acto se realizara allí. La audiencia terminó en la sede del Comando de la GNB, ubicado al lado del penal.

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