Espacio ONG

@mpaolams

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS, como el Foro Penal Venezolano (FPV) y Proiuris registran casi tres mil detenciones en el contexto de las manifestaciones contra Nicolás Maduro, que iniciaron hace 60 días y han estado marcados por la represión de los cuerpos de seguridad del Estado,que según afirman, va en aumento.

El Foro Penal Venezolano (FPV) contabiliza hasta el 29 de mayo, 2.977 arrestos ocurridos en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales, de esa cifra 1.351 personas permanecen detenidos. La cifra es similar a la que maneja la ONG Proiuris con 2.950 detenciones.

El abogado Nizar El Fakih, director de Proiuris, calculó que la represión y la violencia en las 1.457 protestas registradas en los dos meses aumentarán en las próximas manifestaciones, a pesar que las detenciones han disminuido. En abril fueron arrestadas 1.670 personas y en mayo 1.282, casi 400 personas menos que el primer mes.

Por otro lado, el abogado y director del Foro, Alfredo Romero, señaló el mismo cambio en el patrón de la represión por parte de cuerpos de seguridad del Estado. De acuerdo a sus reportes, el número de arrestos ha disminuido, pero la represión continúa en aumento.

Los altos niveles de heridos durante manifestaciones no han pasado desapercibidos, aclara Romero, quien recordó el caso de un joven manifestante con fractura en el cráneo debido al impacto de una bomba lacrimógena, quien actualmente permanece en estado vegetal en un centro asistencial. También condenó el uso de metras y demás objetos que pueden resultar letales al ser disparados desde un arma de fuego.

Las ciudades que más protestaron en 2014 continúan haciéndolo en este 2017, aseguró El Fakir, e hizo notar que los sitios donde más se registran manifestaciones reportaron la mayor cantidad de fallecidos, lo que significa un mayor uso de la represión y la violencia por parte de los cuerpos de seguridad.

Romero informó que solo 2,5% de los arrestados tienen libertad plena, mientras que un poco más del 13% fueron liberados bajo medidas cautelares, 10% fueron soltados sin presentación y otro 13% fueron sometidos a libertad bajo fianza, debiendo los fiadores atravesar un complicado proceso. Además, 12% de los detenidos permanecen presos y el porcentaje restante espera por sentencia.

Por otro lado, El Fakih explicó que el número de personas lesionadas en el marco de las manifestaciones de abril y mayo es de 1.114, cifra que al compararla con las 878 lesionadas del 2014 por las protestas de ese año demuestran una mayor represión en la actualidad.

Tribunales militares = dictadura militar

Alonso Medina, abogado y representante de Foro Penal, asimismo resaltó que la mayoría de las personas que se encuentran privadas de libertad fueron procesadas por tribunales militares, dejando en evidencia una dictadura de carácter castrense.

Tanto Foro Penal y Proiuris coinciden en que 355 civiles han sido juzgados por la jurisdicción castrense. Foro Penal asegura que 197 de ellos fueron privados de libertad, mientras que Proiuris maneja la cifra de 189 detenidos.

Medina señaló que “la estructura de la justicia militar está subordinada al Ejecutivo, lo que violenta los principios fundamentales del derecho. Es una situación propia de regímenes que son netamente dictatoriales”. Asimismo recordó que toda la estructura militar es designada por el Ministerio de Defensa.

Presos Políticos

Foro Penal confirmó que en Venezuela hay 309 presos políticos, la cifra más alta desde 1958. Aclaró además que existen muchos casos de detenidos que aún deben ser clasificados, por lo que existe la posibilidad de que la cifra se incremente.

De estas 309 personas detrás de rejas, al menos 118 son estudiantes y 32 son militares. Solo 12 ejercen dirigencias políticas. Además, hay 21 mujeres consideradas presa políticas, un fenómeno nuevo, ya que durante el gobierno de Hugo Chávez no se apresaron mujeres por razones políticas, a excepción de la jueza María Lourdes Afiuni.

El director de Foro Penal, el abogado Alfredo Romero, confirmó que en Venezuela hay 303 personas privadas de libertad por razones políticas, la cifra más alta desde 1958.

La organización registra 186 nuevos presos políticos desde el 1 de abril, fecha en que iniciaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro debido al golpe de Estado del Tribunal Supremo de Justicia que dejó sin poderes a la Asamblea Nacional.

La última ocasión en que Venezuela tuvo más presos políticos fue durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, quien puso aproximadamente a 3000 personas detrás de las rejas por motivos políticos, de acuerdo a José Matos Rojas en su libro Pérez Jiménez y su brutalidad, reseña Tal Cual.

Durante 54 días de protesta, Foro Penal ha verificado 2815 personas arrestadas, de las cuales 1240 aún permanecen detenidas. De estas, 341 fueron presentadas ante tribunales militares y estos han privado de libertad a 178 personas.

Cabe destacar que el uso de tribunales militares viola la Constitución Nacional, que en sus leyes garantiza el derecho a un proceso llevado a cabo por los jueces naturales.

#26Mayo 9:00am A esta hora hemos verificado 303 presos políticos en #Venezuela. La cifra más alta registrada al menos desde 1958

— Alfredo Romero (@alfredoromero) 26 de mayo de 2017

EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE LA SALUD (OVS), junto a otras 19 organizaciones de derechos humanos, suscriben un comunicado donde fijan posición sobre la publicación de los boletines epidemiológicos del 2016 y del 2015 que no se habían difundido por el Ministerio de Salud. Cabe recordar que Antonieta Caporale fue destituida como Ministra de Salud un día después de la publicación de los boletines, y su cargo ahora es ocupado por el anterior viceministro de hospitales, Luís Salerfi López, funcionario allegado al vicepresidente Tareck El Aissami.
COMUNICADO

EL BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO VENEZOLANO ¿POR QUÉ AHORA Y NO ANTES?

El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) finalmente ha publicado los 52 boletines epidemiológicos del año 2016, así como los 26 que adeudaba desde julio de 2015, luego de casi dos años de un silencio epidemiológico absoluto. De toda la información que ahora es de dominio público, vamos a detenernos en el boletín de la semana 52 de 2016, es decir, el correspondiente a la última semana del año pasado y donde se encuentran los datos completos de dicho año.

Las cifras allí contenidas son la demostración más evidente de la profunda crisis en la que se encuentra el sector salud venezolano y que, a su vez, son una expresión de la situación global del país. Sin embargo, y a pesar de esa cruda realidad que reflejan los datos, cabe preguntarse: ¿A qué se debe que hayan sido publicadas ahora, dentro del desastre por el que atravesamos en estos momentos, dado que ellas hablan muy mal de la gestión del Gobierno actual?

Dejemos pendiente una respuesta a esta pregunta y revisemos algunos de los datos más impresionantes que figuran en ese boletín, así como otros detalles relacionados con la credibilidad de los mismos y los errores que subyacen en algunos de ellos.

Lo primero que salta a la vista en el boletín epidemiológico número 52 de 2016, es el número de muertes acumuladas en menores de un año: 11.466 en total, indicando un aumento del 30,12% respecto al año 2015. Además destaca el período neonatal como principal componente de estas muertes, con un 53,9% de fallecimientos correspondientes a este período (bebés en sus primeros 28 días de vida).

En el mismo boletín el número de muertes maternas registrado es de 756, reportando un aumento de 65,79% respecto al año 2015. Estos datos revelan cifras alarmantes pues el número de casos, en sí mismos, son signos de un grave deterioro en el cuidado y atención en salud de las mujeres y niños, y requieren de una mesa de análisis de expertos en el tema para que Venezuela pueda superar esta crisis de salud.

Esto lleva a la conclusión de que en Venezuela el deterioro de la calidad en la atención de salud y de las condiciones del estado nutricional de las madres y sus recién nacidos ha sido la causa principal para el aumento desmedido de estas muertes. El mismo boletín del MPPS asume que las causas de las muertes maternas incluyen: hemorragias, enfermedad hipertensiva del embarazo e infecciosas, causas cuya prevención es totalmente posible hoy en día.

Lo mismo ocurre con las causas de muerte durante el período neonatal, pues la enfermedad de membrana hialina, la sepsis neonatal, las neumonías y la prematuridad pueden ser abordadas con un excelente pronóstico con los debidos cuidados y atención hospitalaria.

Aquí es oportuno tratar de dar respuesta a la pregunta inicialmente formulada acerca del momento histórico en que estas realidades salen a la luz pública, porque no se comprende cómo el propio Gobierno, después de largos y varios “silencios epidemiológicos”, opta en esta oportunidad por decirle a los venezolanos que nuestras madres y nuestros niños se están muriendo mucho más que antes, cifras que además se suman a las muertes por violencia que fueron más de 28.000 durante el año 2016. Y es así porque en el propio boletín se comparan los años 2015 y 2016, siendo evidente, de acuerdo con estas cifras oficiales, que hay un enorme ascenso de la mortalidad materna e infantil para el 2016.

Si esta información era considerada secreta antes, ¿porqué ahora no lo es? Es probable que la respuesta tenga que ver -por un lado- con la presión tanto nacional como internacional generada a partir de las necesidades extremas que debe enfrentar el venezolano de a pie, y por otro con las fisuras internas que, frente al clamor popular por un cambio político, aparecen al interior del Gobierno y que se expresan en disensos e incongruencias más marcadas ahora que antes.

Pero la crisis no se agota con las madres y los niños. El crecimiento de la malaria ha hecho que se decrete epidemia en la mayoría de los estados porque la aparición de nuevos casos ha llegado a superar los 200.000 para el año 2016, tema que afecta, sobre todo, al sur y al oriente del país. Lo propio ocurre con la difteria que supuestamente se había controlado y otras enfermedades que afectan, sobre todo, a la población más joven.

Llama la atención que no se publican datos sobre desnutrición y mortalidad infantil por desnutrición en este boletín, pero podría asumirse que buena parte de las muertes en menores de un año tienen como base la profunda alteración del estado nutricional de la madre y por consiguiente de su hijo. Para nadie es secreto la escasez de nutrientes adecuados y el difícil acceso a ellos por parte de la mayoría de los habitantes de este país.

ENCOVI 2016 reportó que 93% de los venezolanos no tiene suficientes ingresos para comprar alimentos, convirtiéndonos en un país donde la mayoría de los venezolanos vive en hogares con inseguridad alimentaria.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Hospitales 2017 pone de manifiesto la imposibilidad en que se encuentran los establecimientos de salud para dar respuesta adecuada a la creciente demanda de servicios que una situación de penuria como la que vivimos, desde hace unos años en el sector salud, es capaz de generar: insuficiente e inadecuada alimentación para los pacientes, deterioro de la infraestructura y de los equipos, y una creciente escasez de personal calificado son algunos de los rasgos que caracterizan la “atención” a los pacientes que demandan servicios en los establecimientos púbicos de salud.

El Gobierno no se ocupa de esto y ha hecho caso omiso al pronunciamiento de la crisis humanitaria realizado por la Asamblea Nacional de Venezuela, a principios de 2016. Prefiere gastar cientos de miles de dólares en artefactos para la represión de la protesta popular, la cual ocasiona más daños a la salud de los civiles.

Por estas razones, la lucha por el derecho a la vida y a la salud es y ha sido, para el actual Gobierno venezolano, profundamente incómoda y la difusión de información acerca de ello ha sido muy difícil en los últimos años.

Ahora esperamos que el MPPS publique los boletines epidemiológicos de 2017 pues, hasta la fecha, no han divulgado los correspondientes a las primeras 18 semanas del año; también esperamos que las Agencias Internacionales tomen en cuenta la información contenida en estos boletines oficiales al momento de elaborar sus próximos informes, y dejen de omitir información sobre la crisis de salud existente en Venezuela.

Recordamos, además, que la información actualizada y metodológicamente correcta es la herramienta adecuada para planificar políticas públicas basadas en evidencias.

Suscriben este comunicado:
1. Acceso a la Justicia

2. Centro de Derechos Humanos de la UCAB

3. Cepaz

4. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, capítulo Mérida

5. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, capítulo Táchira

6. Democracia Siglo XXI

7. Fundación Aguaclara

8. Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición

9. Fundación Cerrando Brecha

10. Gente del Petróleo, AC

11. Movimiento Vinotinto

12. Observatorio Venezolano de la Salud (OVS)

13. Positivos en Colectivo

14. Proyecta Ciudadanía, AC

15. Red Andina de Derechos Humanos

16. Sociedad Hominis Iura

17. Stop VIH

18. Un Mundo sin Mordaza

19. Una Ventana a la Libertad

20. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana, AC

UN GRUPO DE MÉDICOS DEL ESTADO MIRANDA denunció que en los calabozos de la Policía Municipal de Independencia, en Santa Teresa del Tuy, existe un brote de tuberculosis.

En tanto, un vocero de Una Ventana a la Libertad confirmó que en la actualidad hay nueve presos con tuberculosis, mientras que otros 50 reclusos presentan síntomas.

La fuente sentenció que en los actuales momentos solo una médico bacteriólogo es la encargada de tomar las muestras a los reos en el Hospital General de Ocumare del Tuy.

«Estas muestras no son procesadas de manera inmediata por problemas de factor humano, ella es la única profesional encargada y el Ministerio de Salud no está brindando apoyo. En contacto con familiares de los presos hemos confirmado que en los calabozos no se están tomando las medidas para evitar que otras personas se sigan contagiando».

SEGÚN LA ONG VITALIS, la cantidad de agua contaminada en América Latina sigue en aumento, alrededor de 70% del vital líquido utilizado en las ciudades, la industria y la agricultura, regresa a los ríos y lagos sin ningún tipo de tratamiento.

Diego Díaz , director general para las Américas de Vitalis dijo que con ello se incrementan los riesgos de enfermedades, el deterioro de los suelos, y la disminución en la disponibilidad de agua potable.

Para Martín el problema no es exclusivo a la región latinoamericana, en vista de que situaciones similares se presentan en África y Asia, donde en su conjunto, existen más de 300 millones de personas en riesgo de enfermarse por la mala calidad del agua.

La Organización de las Naciones Unidas informó que alrededor de 1800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada por material fecal, poniéndolas en riesgo de contraer el cólera, disentería, tifus o polio.

El agua no apta para consumo humano, unido a pobres infraestructuras sanitarias y débiles hábitos de higiene, son la causa principal de al menos 842 mil muertes al año.

Para Vitalis, el agua tratada de forma segura es una fuente sostenible y asequible de energía, así como una manera de obtener nutrientes y otros materiales recuperables.

Para Díaz Martín, no tratar las aguas residuales amenaza la producción de alimentos, destruye las fuentes de agua dulce, acelera el deterioro de los ecosistemas y hasta puede dañar las economías de los países más afectados.

La contaminación del agua alcanza alrededor de la cuarta parte de los ríos de América Latina, de 10 al 25 % de los ríos africanos y a la mitad de ellos en Asia.

Con información de Vitalis 

A POCO MÁS DE UN AÑO de que la palabra “femicidio” apareciera en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cuerpo decapitado y desmembrado de Yessika Durán apareció en el refrigerador de su casa. El 28 de diciembre de 2015, el maltrato que recibía de su pareja terminó en una escena dantesca. En el congelador, su cabeza. El resto de su cuerpo mutilado, en la parte inferior de la nevera.

Un mensaje de texto del homicida a su padre develó el suceso. El hombre ante la noticia se dirigió a la estación de Politáchira en la ciudad de Colón para denunciar a Gaudy Mejía, su hijo. Casi de inmediato se activó un bloque de búsqueda para detener al asesino. Sin embargo, a más de 12 meses del hecho, aún continúa prófugo de la justicia.

La corrupción es la causa que para Luis Durán, padre de la víctima, mantiene libre al homicida de su hija. “Ese hombre es de familia adinerada y ya se ha visto en reiteradas ocasiones en Colón y en Colombia, aun así no lo han detenido. Si mi hija hubiera sido la culpable seguro ya estaría tras las rejas”.

Yessika tenía 25 años y llevaba alrededor de tres meses conviviendo con Mejía, quien la sometía a múltiples maltratos. “No le permitía salir con sus amigos, no la dejaba vestirse como quería, la limitaba muchísimo. Incluso, ese 24 de diciembre ella lo pasó sola, porque él se fue sin razón”, cuenta una amiga cercana.

Kharina Rico también hizo poner en práctica los protocolos de esta ley a tan solo 27 días de su reforma. El 22 de diciembre de 2014 murió asfixiada por su cónyuge, así lo afirma Marta Rico, su hermana, y las pruebas preliminares que hicieron mantener a su presunto asesino dos años tras las rejas.

6 años de convivencia con su pareja fueron el preámbulo del suceso. Las señales de violencia siempre fueron percibidas por su familia. “Él la agredía verbalmente, la trataba malísimo”, cuenta Marta. Detrás del maquillaje las consecuencias de un maltrato que traspasaba las palabras. “Notábamos morados en su cuerpo, que ella intentaba tapar con maquillaje. Nosotros le preguntábamos y siempre tenía alguna excusa, nos decía que se había pegado con cualquier cosa pero jamás responsabilizó a Wagner”.

Pese a que el pasado mes de febrero el tribunal encargado del proceso acordó un sobreseimiento de la causa, que le otorgó libertad plena a Wagner Newman, Marta no tiene duda de que su hermana fue asesinada por su pareja. “Kharina tenía un golpe en la base del cráneo y su autopsia determinó que murió por asfixia mecánica. Todo indica a que él la mató”. En su cuerpo quedaron señales de un maltrato que se acentuaba con el tiempo: “Mi hermana quedó con unas cicatrices de hebilla de correa en sus piernas que demuestran el maltrato al que era sometida”.

La familia de la víctima, al igual que el padre de Yessika, apunta de inmediato a que el giro en el proceso judicial es producto de la corrupción. “Nosotros sabemos que ellos han movido mucho dinero para que el caso quede impune. Él no debe estar libre si está siendo procesado por femicidio agravado. Nosotros solo pedimos justicia”.

La señal más clara de las irregularidades en el proceso, según Marta, se ilustra en la exhumación del cuerpo de Kharina. Así lo aprobó la jueza luego de más de un año en que la familia del acusado solicitara el procedimiento para demostrar que Wagner no había sido responsable. El resultado dictaminó que la muerte de la mujer de 30 años fue por causas naturales. “La exhumación del cuerpo de mi hermana no era necesaria. Desde el inicio hubo suficientes pruebas que incriminan a ese señor. Además se hizo de manera muy sospechosa y sin nuestro consentimiento”, explica.

Pese a que la ley expone que aquel que intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidio, y será sancionado con penas de veinte a veinticinco años de prisión, aún ambas familias esperan por justicia.

De la ley a las políticas públicas

La deuda de Venezuela no es en materia legislativa sino en la aplicabilidad de la norma, argumenta Judith Pacheco, abogada y presidenta de Amnistía Internacional Venezuela. “Fue un gran avance haber incluido la palabra femicidio en la ley, que se tipificara un delito tan grave como este. Ahora hace falta aplicar políticas públicas que vayan orientadas a detener realmente la violencia contra la mujer”, precisa.

Al momento de encontrar razones para que este tipo de actos sigan ocurriendo en el estado, la cultura es una variable a atender. “En Táchira vivimos aún con muchas manifestaciones de la cultura del patriarcado, el machismo es una de ellas y esto hace que exista misoginia y la consecuencia más lamentable es que continúen apareciendo estos casos tan lamentables”.

La Ley entiende esta realidad y en su objeto busca promover “cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres”. Sin embargo para Pacheco aún queda mucho trabajo que hacer pues las sombras culturales parecen haber invadido el andamiaje institucional.

“Si los funcionarios de los órganos de justicia no están conscientes de que las victimas deber ser atendidas de manera especial no vamos a ningún lado. La capacitación debe ser indispensable para la concienciación. Aún la cultura machista está en las instituciones y hace que estos casos no tengan justicia con la celeridad debida”, enfatiza Pacheco.

Mujeres que vencen el miedo

Para vencer ese círculo de violencia es necesario denunciar cualquier caso de maltrato. Así lo entendieron 138 mujeres que fueron atendidas por el Instituto Tachirense de la Mujer solo en febrero. No es un número aislado. El promedio de atención de la institución adscrita a la gobernación del Táchira supera los 100 casos mensuales. Esto dibuja una larga fila de más de 1.000 mujeres que vencieron el miedo en 2016.

En Táchira funcionan cuatro de las 69 dependencias fiscales especializadas en violencia contra la mujer que operan en el país. Se trata de las fiscalías sexta y 18, en San Cristóbal; la 32 en Rubio; y la 26 San Antonio. En La Fría, la de guardia también recibe estos casos.

En el edificio del Ministerio Público en la capital saben que los despachos que llevan los expedientes de mujeres maltratadas son de los más álgidos; el trabajo de los fiscales muchas veces se extiende hasta la noche.

En los periódicos no hay espacio para tantos hechos de violencia. El Observatorio Venezolano de Violencia con sede en la Universidad Católica del Táchira, que se encarga de monitorear la prensa regional, solo registró 14 casos. “Solo se reseñan los sucesos en los que ya no se puede hacer nada, casos de femicidio o de violencia muy grave que se hacen noticia”, comenta Mirian Bustos, periodista de sucesos de Diario La Nación.

La tarea entonces es promover la denuncia, vencer el miedo, romper con el machismo como rasco cultural para que estos casos tengan justicia y no se sumen más mujeres a las cifras de una estadística lamentable. Pues como lo expresó la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet: “La violencia contra la mujer en todas sus formas es una violación a los derechos humanos”.

ESTE 22 DE MARZO, ocho organizaciones de la sociedad civil presentaron en la 161° audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (Estados Unidos) un informe para denunciar la denegación de justicia y violación de los derechos humanos en Venezuela.

En este evento participó Acceso a la Justicia en la voz del abogado Alí Daniels, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Transparencia Venezuela, Sinergía, Espacio Público, Civilis, Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).

Luego de escuchar a los peticionarios y la respuesta del Estado venezolano, los comisionados de la instancia internacional pidieron a ambas partes se enfocaron en dos asuntos: por una parte, la suspensión de los parlamentarios del Estado Amazonas con la consecuente declaratoria de desacato de la Asamblea Nacional y por la otra, la provisionalidad de los jueces.

Sobre el primer punto destacó el comisionado Francisco Eguiguren Praeli, quien presidió la sesión: “Me parece desusual la aplicación de una cautelar que priva del derecho a electores y diputados electos sin que se haya tomado una decisión sobre las elecciones parlamentarias”.
​ ​
En este sentido, el presidente de la Comisión mostró su preocupación por la especial situación de vulnerabilidad de los indígenas y en general, de los electores en Venezuela. ​

Otro de los comisionados de la CIDH, Jesús Orozco, aclaró que para la instancia es necesario garantizar el acceso a la justicia y para esto debe haber independencia judicial. Estas palabras fueron suscritas por Margarette May Macaulay​,​ quien además solicitó información sobre el acceso a la justicia de mujeres, afrodescendientes, y víctimas de trata de blancas.

Ante estos planteamientos las ONG respondieron, así como el Estado.

Alí Daniels, representante de Acceso a la Justicia para dar respuesta a la solicitud de los comisionados de la CIDH expresó: “El desacato se basó en sentencia cuya única prueba era una grabación ilegal, anónima y editada. Bajo esa sola prueba se inhabilitó a un estado y se impidió al Poder Legislativo cumplir con su misión”.
Adicionalmente, dijo que en el Plan Estratégico del Poder Judicial no se determina cuándo el Poder Judicial tendrá el 100% de sus jueces independientes y es más, expresó con preocupación que en ese plan se incluye un concepto que no está en la CRBV que es el de socialismo.

Por el Estado, Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, explicó a los comisionados que el desacato de la AN se debe a la desincorporación de los diputados de Amazonas que fueron suspendidos por el TSJ mientras se aclara la situación con las elecciones de ese Estado.

No dio mayores detalles sobre el acceso a la justicia de las mujeres, afrodescendientes, trabajadores sexuales y víctimas de trata de blancas ni sobre la provisionalidad de los jueces, solo indicó que aproximadamente la mitad de los magistrados del TSJ son mujeres y que hay una buena representación de mujeres en el poder judicial.

LA COMISIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS del Estado Zulia (CODHEZ) presentó en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) su Informe Anual 2016, un documento que refleja el trabajo de documentación e investigación realizado por esta organización durante el año pasado en la región zuliana.

Según explicó la organización, el derecho a la alimentación y a la salud son los más transgredidos en el estado. Daniela Guerra, directora general de Codhez, explicó que debido a la situación que vive el país, la comisión comenzó a atender el año pasado casos vinculados a la crisis en el sistema de alimentación y salud.

“En definitiva aunque nuestros derechos civiles y políticos están fuertemente transgredidos, incluyendo también la suspensión del referendo revocatorio, la violación a los derechos a la alimentación y a la salud es una transgresión muy directa a nuestro derecho a la vida y afecta la dignidad de las personas”.

Indicó que los racionamientos programados que ocurrieron en abril de 2016 generó una repercusión muy grave para todos los zulianos. “En el caso de los tribunales se redujo de la forma le horario oficial que de 427 horas que debían laborar, solo trabajaron 187 horas; es decir 240 de labor establecida no se hicieron por siete decretos presidenciales”.

Durante su presentación, Guerra hizo una revisión de los casos más resaltantes recopilados en el Informe Anual 2016, entre los que destacó la figura de los Patriotas Cooperantes y su participación en el inicio de investigaciones penales, las detenciones arbitrarias en las Torres del Saladillo, los despidos en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), las detenciones de Eduardo García y Jesús Chirinos, la escasez de papel periódico, el desalojo del retén El Marite, la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), además de la militarización y la malnutrición en la Guajira. Finalmente, invitó a los presentes a alzar su voz frente a las injusticias y a denunciar los hechos violatorios de los derechos humanos.

El evento también contó con la intervención de Rigoberto Lobo, activista de derechos humanos y director de la Asociación Civil para la Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos (PROMEDEHUM), quien expuso los casos de represión gubernamental ocurridos en el marco de las protestas realizadas en la ciudad de Mérida. Al respecto, denunció el mantenimiento de patrones de represión desde 2014 y la constante utilización de armas de fuego para el control de las manifestaciones.

Por su parte, el profesor José Ángel Rivero, en representación de la organización Uniandes, abordó el tema fronterizo a través de la exposición de una serie de medidas cuya aplicación contribuiría al mejoramiento de la situación de los habitantes de la frontera colombo-venezolana, a la vez que invitó a pensar esta zona como un “espacio de posibilidades”.

Luego, en nombre de la organización Acceso a la Justicia, la abogada Laura Louza inició su ponencia titulada “TSJ al servicio del poder”, alusiva a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que muestran la parcialidad del órgano a favor del gobierno nacional. Asimismo, calificó al Plan de la Patria como “inconstitucional”, y denunció la militarización de la sociedad venezolana, la falta de independencia del máximo tribunal y las prórrogas de los estados de excepción. “La constante prórroga a los estados de excepción viola lo establecido en la Constitución”, expresó.

El Informe Anual 2016 es un documento de 120 páginas que cuenta con tres capítulos. El primero, titulado “Libertades personales y debido proceso”, aborda las detenciones arbitrarias y la discriminación por motivos políticos, además de  las fallas en la administración de justicia; el segundo, titulado “Derechos a la integridad personal, la vida y la seguridad ciudadana”, versa sobre la Operación Liberación del Pueblo (OLP),  la crisis alimentaria y de salud; entre tanto, el tercer capítulo, llamado “Derechos de los pueblos y comunidades indígenas” se centra en los sucesos vinculados a la militarización de la Guajira y casos de desnutrición en esa zona. La versión digital estará disponible próximamente en la página web de la organización, www.codhez.org.ve.

*Con información de nota de prensa y La Verdad