El Caracazo

En el año 1999, la Corte IDH declaró responsable al Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos cometidas entre el 27 de febrero y marzo de 1989

Al cumplirse 34 años del Caracazo, este 27 de febrero, organizaciones no gubernamentales revelan que el Estado sigue sin cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

De acuerdo con Amnistía, familiares de las víctimas del Caracazo esperan justicia por las violaciones de DDHH cometidas en aquel momento, así como cambios en las políticas que garanticen que esto no se repita.

La represión del Estado desencadenada en febrero y marzo de 1989 ocasionó que las familias de las víctimas coincidieran a las puertas de la morgue y hospitales públicos, reseñó Cofavic.

A juicio de la ONG, tras 34 años de este acontecimiento, no ha habido condenas por los hechos y tampoco se ha dado apertura de un juicio oral y público.

Fue el 27 de febrero de 1989 el primer día de varios donde reinó «el uso desproporcionado, indiscriminado, letal, de la fuerza pública contra civiles».

También, Cofavic recordó que durante esos sucesos muchos venezolanos perdieron a sus seres queridos «bajo el fuego de las armas del Estado». 

En el año 1999, la Corte IDH declaró responsable al Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos cometidas entre el 27 de febrero y marzo de 1989.

«Se trata de una sentencia en cuyos puntos resolutivos se encuentra una ruta fundamental para adecuar los planes operativos de control de orden público a los estándares internacionales, evitar el uso de las fuerzas militares para estas tareas, así como ofrecer justicia independiente y conclusiva en los casos de violaciones de los derechos humanos, está íntimamente ligado al deterioro de la situación de los derechos humanos en el país», agregó Cofavic.

Según la organización Cofavic, actualmente «se han profundizado patrones de violencia y de represión que han generado actualmente una grave crisis de derechos humanos».

A 34 años del #Caracazo el Estado no cumple sentencia de la CorteIDH

Familiares y víctimas esperan justicia por esas violaciones a #ddhh en #Venezuela y cambios en las políticas que garanticen no repetición pic.twitter.com/ehFTYcJqMM

— amnistia . org 🕯 (@amnistia) February 27, 2023

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Cofavic recordó la «brutal represión que las fuerzas del Estado aplicaron contra la población civil y desarmada» durante los hechos de febrero y marzo de 1989

La ONG alertó que, a 33 años del 27 de febrero de 1989 y el resto de días de febrero y marzo sacudidos por la violencia estatal, las condiciones de seguridad ciudadana «mantienen su deterioro, lo cual está reflejado en la grave de cifra de 13.208 casos de ejecuciones extrajudiciales desde 2012»

Foto: Cofavic

A través de una nota de prensa, Covafic recordó los hechos acaecidos en Venezuela desde el 27 de febrero de 1989, fecha que también marcó el inicio de la ONG. 

«La represión del Estado desencadenada en febrero y marzo de 1989 propició que las familias de las víctimas coincidieran a las puertas de la morgue y hospitales públicos, lo que constituyó el germen de la fundación de nuestra ONG», destacan.

Cofavic catalogó lo sucedido en febrero de 1989 como el «principal hito en la historia contemporánea de Venezuela, no solo por la manifestación del descontento social de ese momento sino, sobre todo, por la brutal represión que las fuerzas del Estado aplicaron contra la población civil y desarmada».

Indican también que Yris Medida, Maritza Romero, Hilda Páez, Aura Liscano y la entonces estudiante de Derecho, Liliana Ortega empezaron a coincidir en los días posteriores al 27 y 28 de febrero de 1989, en diferentes espacios donde concurrían las familias de las víctimas en búsqueda de los cuerpos asesinados.

«Así fue como un grupo de víctimas se unió a activistas sociales y abogados, y coincidieron en la idea de crear un comité de familiares que pudiese ejercer presión colectiva ante
el Estado, con el fin de que este reconociera los excesos y propiciara la identificación y localización de los cadáveres. Unidas en COFAVIC, las fundadoras de la ONG iniciaron un proceso gradual de aprendizaje y crecimiento, en un contexto donde se conocía poco sobre derechos humanos, hasta consolidar la que hoy constituye una de las organizaciones no
gubernamentales históricas con mayor experiencia, impacto social y reconocimiento nacional e  internacional», reseñan.

Una sentencia, una deuda pendiente

En 1999, las fundadoras de COFAVIC acudieron a la justicia internacional debido al estancamiento del caso en los tribunales nacionales. Fue así como llevaron al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lograron sentencia a favor de las víctimas. ç

Rememoran que este Tribunal ordenó, entre otras reparaciones, entregar a las familias los cuerpos de las personas desaparecidas, y reformar el sistema de seguridad ciudadana para evitar repetir el uso desproporcionado de la fuerza pública.

«Con el caso Caracazo, comenzó la labor de litigio estratégico que ha caracterizado la gestión de Cofavic a lo largo de tres décadas y tres años, y ha permitido a la organización lograr justicia contra el Estado venezolano en siete casos representativos de violaciones a derechos humanos», comentaron.

Liliana Ortega insiste, en virtud de estas cifras, en que “el Caracazo no es un asunto del pasado sino del presente en Venezuela, y del futuro. La sentencia emitida por la Corte IDH es la indiscutible hoja de ruta para que se puedan llevar a cabo planes de seguridad ciudadana sin vulnerar el derecho a la vida y a la integridad personal de la población civil”.

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DESDE EL PASADO 7 DE MARZO, cuando ocurrió el megaapagón en todo el país hasta el día de hoy, cuando continúan los indeseables cortes diarios que durante horas dejan a los ciudadanos en las tinieblas, a merced del hampa,  totalmente incomunicados, sin el servicio del Metro y con escaso servicio de transporte, paralizados, desabastecidos de agua, con  miedo al vandalismo y a las desproporcionadas acciones represivas desatadas por la FAES y los colectivos violentos, que disparan a mansalva contra manifestantes que protestan por la falta de servicios públicos en zonas populares, no podemos sino concluir que se ha implementado un plan siniestro, probado durante años en Cuba para desgastar física y psicológicamente a la población para someterla.

Se trata de una plan de operaciones psicológicas que desde el punto de vista de inteligencia militar se ha creado para producir desgaste en la población. Una de las recomendaciones que el difunto Hugo Chávez siguió al pie de la letra de su mentor, Fidel Castro, fue  la de mantener al pueblo con miedo y principalmente con hambre, por eso expropió y destruyó el aparato productivo con el fin de alcanzar el control absoluto. Su heredero político, el usurpador Nicolás Maduro, ha tenido que sortear las calamidades provocadas por la crisis eléctrica que se viene arrastrando desde el año 2010, cuando Chávez declaró una emergencia  eléctrica producida por una sequía que hizo descender el agua a niveles críticos en la represa del Guri y aplicó un drástico racionamiento que pudo ocasionar una rebelión popular similar al Caracazo, cosa que no ocurrió gracias a la  inmediata intervención de Fidel Castro, que le envió al padre y cerebro de la Inteligencia cubana, comandante Ramiro Valdés –alias Charquito de Sangre–,  para comandar las acciones si intentaban sacarlo del  poder con la excusa de la crisis de electricidad.

La situación hoy es mucho más grave para la estabilidad del régimen usurpador, el país se le va de las manos y para colmo hay una comunidad internacional que mayoritariamente desconoce su legitimidad y reconoce como presidente interino a Juan Guaidó, por eso tenemos nuevamente la presencia en el país de Ramiro Valdés, convertido en el verdadero jefe de las redes de inteligencia en Venezuela.

La Fuerza Armada ha  venido convalidando la entrega de la soberanía a la dictadura cubana, con el agravante hoy de la inquietante presencia militar rusa. Se calcula que casi 400 rusos pertenecientes a operaciones especiales están en el país. El pasado 23 de marzo arribaron dos aviones militares con 99 hombres a bordo por la rampa 4 del aeropuerto internacional de Maiquetía. A ellos se suman unos 52 hombres que habrían llegado –según fuentes de inteligencia– el miércoles 27 de marzo a bordo de un submarino clase Kilo de la Armada rusa.

El “agujero negro”, conocido así por su habilidad para desaparecer silenciosamente –según Wikipedia–, iba a  atracar en el puerto de Guanta en el estado Anzoátegui, pero se desvió a última hora hacia la Estación Principal de Guardacosta, Alférez de Fragata Fernando Díaz, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, debido a la alerta lanzada por el diputado Andrés Velásquez en su cuenta de Twitter. Otros 230 rusos expertos en artillería antiaérea y toma de instalaciones físicas habrían llegado hace un mes, 100 de ellos distribuidos en la seguridad del usurpador Nicolás Maduro (50) y el resto para la seguridad de Diosdado Cabello y del ministro de Finanzas, Simón Zerpa.

La injerencia rusa es motivo de alarma y una amenaza para la  paz en la región. El cese de la usurpación depende ahora de las dos grandes potencias. ¡Qué Dios nos agarre confesados!

@AliasMalula

El Nacional

El pasado 15 de enero ocurrió una matanza en El Junquito. Óscar Pérez y seis de sus aliados cayeron, por disparos en la cabeza, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Las víctimas se suman a las casi 700 personas que han muerto en procedimientos policiales y militares, y en condiciones similares, durante el gobierno de Nicolás Maduro

@loremelendez

A LO LARGO DE LAS ÚLTIMAS SIETE DÉCADAS, la historia de Venezuela ha sido salpicada por hechos de sangre que fueron perpetrados con la anuencia del Estado. A partir de 1958, cuando el país superó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, estos ataques masivos de funcionarios – que suelen triplicar en número a sus víctimas – dejaron de ser frecuentes. Sin embargo, desde la década de los 80 empezó a observarse cómo los gobiernos de turno, o los uniformados bajo su mando, los pusieron en práctica. Las masacres – matanzas en las que mueren al menos tres personas que, por lo general, están indefensas ante sus victimarios – despuntaron así en medio de la democracia.

La mayor cantidad de masacres se ha ejecutado en el último lustro. En menos de cinco años en Miraflores, Nicolás Maduro y los policías y militares que le obedecen han estado al frente de al menos 49 de estos procedimientos. Solo en el marco de las Operaciones de Liberación del Pueblo, entre 2015 y 2017, se llevaron a cabo 44 matanzas. A estos sucesos se suman la tragedia de Tumeremo, donde participaron uniformados como aliados de la banda criminal que ejecutó a 17 mineros; la persecución y asesinato de 9 pescadores de Cariaco; los ataques a las cárceles de Uribana y al retén de Amazonas, que dejaron 61 y 39 reos muertos, respectivamente; y más recientemente la masacre de El Junquito, que acabó con la vida del piloto rebelde Óscar Pérez y seis de sus compañeros. En total, 693 personas han caído en estos hechos.

Aunque ningún gobierno había alcanzado estos números, estos procedimientos, plagados de irregularidades, también fueron noticia en la era democrática. El primero se registró en 1982, cuando seis cuerpos de seguridad rodearon a 41 rebeldes marxistas en Cantaura, estado Anzoátegui, y mataron a 23 de ellos.

Después de Cantaura hubo nuevas operaciones policiales y militares que registraron un alto número de víctimas civiles. Así sucedió en poblaciones rurales como Yumare y El Amparo, y también en la capital venezolana, donde se produjo la mayor cantidad de muertes de El Caracazo – que es por cierto la única de estas masacres que no fue planificada, sino que sucedió como una reacción ante los disturbios y protestas –y donde también ocurrió la masacre del Retén de Catia, en 1992, el mismo día en el que hubo una segunda intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez durante un mismo año. En total, 489 personas cayeron en estos sucesos. La mayoría de ellos lo hicieron en El Caracazo.

Con el arribo de Hugo Chávez al poder, las matanzas que contaron con la actuación de funcionarios de seguridad del Estado no cesaron y 26 personas fueron víctimas de estos operativos. En sus 14 años de gobierno, los uniformados intervinieron en al menos cinco hechos de esta naturaleza: dos se ejecutaron en zonas populares de Caracas (Barrios Kennedy y El 70), una se escenificó en la cárcel de (Vista Hermosa, estado Bolívar) y otra en una zona rural (La Paragua, estado Bolívar). Runrun.es presenta un recuento de estas masacres que ponen en vilo el papel del Estado frente a la defensa de los derechos humanos.