Destitución

La titular del partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, exigió hoy que sea destituido el encargado de la cárcel donde se encuentra el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, acusado de maltratar a la esposa y a la madre de este en presencia de sus dos hijos menores.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), desde este mes controlada por la oposición, “tiene que exigirle al ministro (de Defensa, general Vladimir) Padrino que destituya e investigue de inmediato al coronel Viloria, responsable de estos hechos infames”, exigió Machado a través de la red social Twitter.

Lilian Tintori y Antonieta Mendoza, esposa y madre de López, respectivamente, denunciaron la noche del lunes en las oficinas en Caracas del canal de televisión colombiano NTN24 que, en presencia de Manuela y Leopoldo, de 6 y 3 años, ambas fueron desnudadas y revisadas hasta en sus partes íntimas por orden del coronel identificado solo con su apellido.

“Infame práctica de ‘requisar’ a miles de mujeres venezolanas que visitan a familiares presos es la más cruel representación del régimen depravado. NO MÁS”, añadió Machado.

La titular del Partido Vente Venezuela les dijo a Tintori y a Mendoza en otro mensaje que “todas las mujeres venezolanas” sienten “en carne propia la agresión que sufrieron” el pasado domingo en la cárcel militar de Ramo Verde, próxima a Caracas.

Esta agresión “no las humilla; las enaltece. Fuerza, falta poco”, agregó Machado en alusión a una próxima amnistía parlamentaria para los que la oposición considera “presos políticos”.

La cónyuge y la madre de López fueron obligadas incluso “a abrir las piernas” una vez desnudadas, según relataron ambas a NTN24, canal prohibido en Venezuela desde febrero de 2014, “por razones de Estado”, según dijo Maduro entonces.

López se encuentra en la cárcel Ramo Verde desde que se entregó a la Policía el 18 de febrero de 2014, tras dictarse orden de prisión en su contra por unos incidentes en el centro de Caracas en el marco de “La Salida”, táctica de lucha callejera antigubernamental que lideró y que dejó 43 muertos en el primer semestre de 2014.

La esposa de López repitió en su cuenta en Twitter lo que relató en NTN24, aunque en la red social advirtió: “Si después de estas denuncias algo le pasa a Leopoldo en la cárcel de Ramo Verde responsabilizo a @NicolasMaduro”.

“Han buscado separarnos como familia, han torturado a Leopoldo psicológicamente con estos tratos, a mi, y lo peor: a mis hijos!” y “desnuda completamente me pidieron que abriera las piernas varias veces y revisaron hasta el modes que me quitaron”, sostuvo Tintori.

El titular de la Defensoría del Pueblo venezolano, Tareck William Saab, tiene previsto reunirse este miércoles con Tintori y otros representantes y familiares de opositores encarcelados que le han pedido su apoyo para la aprobación de la ley de amnistía.

El viernes recibirá a su vez a los miembros del Comité de Víctimas de las Guarimba (barricadas), instancia que aglutina a familiares de las víctimas de “La Salida” identificadas con el Gobierno.

Lilian y Antonieta,todas las mujeres vzlans sentimos en carne propia la agresión q sufrieron.No las humillan;las enaltecen.Fuerza,falta poco

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) enero 19, 2016

Infame práctica d «requisar»miles d mujeres vzlans q visitan a familiares presos,es la más cruel representación d régimen depravado.NO MÁS

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) enero 19, 2016

La AN tiene que exigirle al Ministro Padrino que destituya e investigue de inmediato al Coronel Viloria;responsable d estos hechos infames

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) enero 19, 2016

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff se enfrenta a un proceso de destitución. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció este miércoles, de imprevisto, ante un grupo de periodistas, que ha decidido aceptar una de las peticiones de destitución contra Rousseff por las maniobras fiscales del Gobierno en 2015. Ahora comienza un largo proceso que puede acabar con la salida del poder de la líder del Ejecutivo, reelegida hace poco más de un año.

«No lo hago por motivación política», aseguró Cunha ante la prensa. Horas antes, sin embargo, el todopoderoso líder de la Cámara (del Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB), había recibido un varapalo del partido en el Gobierno, el Partido de los Trabajadores (PT), su exaliado.»Hubo mucha reflexión de mi parte», expresó Cunha. «Pero en ningún otro mandato se habían recibido tantos pedidos para impugnar a un presidente». Dos tercios o 342 diputados de la cámara, conformada por 513 congresistas, tendrían que aprobar el procedimiento para que este avance al Senado. Analistas políticos dicen que hasta este momento no se espera que la medida cuente con el apoyo de los dos tercios necesarios.

Los miembros de la Comisión de Ética, compuesta por 20 parlamentarios de varias ideologías, tenían este miércoles que dilucidar si aprobaban desencadenar un proceso parlamentario para reprobar —y destituir— a Cunha. El ultraconservador está envuelto en el escándalo Petrobras y es dueño de unas cuentas sospechosas y millonarias en Suiza que todo apunta a que han sido alimentadas gracias a sobornos. Su descrédito es completo, ya que aseguró solemnemente hace meses, ante otra comisión parlamentaria y antes de que las pruebas saltaran obscenamente a todos los telediarios de Brasil, que no tenía ninguna cuenta en el extranjero. Pero su poder también es enorme: además de aglutinar en torno suyo a un grupo grande de diputados evangélicos, como él, y parlamentarios aliados, tiene en sus manos, por razón de su cargo, la facultad de desencadenar una votación para destituir a Rousseff. Cunha maniobró los últimos días entre bastidores, como solo él sabe hacer, dejando claro que si los tres diputados del PT de la Comisión de Ética (cuyos votos resultan decisivos para que se apruebe o no la medida) se decidían por votar a favor de la reprobación, él pondría en marcha el impeachment. Este miércoles, finalmente, la comisión fue pospuesta hasta el martes 8 de diciembre. Pero los tres diputados adelantaron que votarán en contra de Cunha. Pocas horas después, Cunha aseguró que acepta la petición de destitución con la esperanza de que Brasil «pueda superar crisis políticas y económicas, sin ningún tipo de juicio de valor».

El miércoles ya había empezado mal para el Gobierno, agitado por una prolongada crisis política y económica. El día anterior, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) hizo públicos los sombríos resultados económicos de Brasil —4,5% de retroceso en el último año, con todos los sectores comprometidos— y la atención del país, en vez de mirar hacia los números y las previsiones, se dirigió hacia el Congreso, en Brasilia, y al todopoderoso Cunha. Todo un síntoma de cómo esta crisis, cada vez más profunda, de la que no se ve el final y que repercute automáticamente en el bolsillo de cada brasileño, tiene buena parte de su origen —y posiblemente de su solución— en la política.

La crisis política que se ha apoderado de Brasil —más las continuas y casi diarias revelaciones de diputados, banqueros y empresarios corruptos— repercute automáticamente en la ya de por sí moribunda economía. El clima de incertidumbre, tanto en el exterior como dentro del país, se apodera de todas las instituciones. Los inversores, ante la visión de un Gobierno sangrante en manos de un presidente del Congreso impredecible y acusado de corrupción, huyen espantados hacia otro país menos explosivo. El ministro de Economía, el liberal ortodoxo Joaquim Levy, lleva meses tratando de que el Congreso apruebe las a su juicio necesarias medidas de austeridad y enfrentándose a la facción más dura del PT, que se opone a ello. Mientras, el paro sube y el consumo se desploma. Ahora, Cunha tiene hasta el martes para tratar de escapar de la reprobación y, posiblemente, de la cárcel. El señuelo delimpeachment puede ahogar aún más al país en la incertidumbre y el desgobierno. Un diputado del PT lo describió este miércoles: “Cunha tiene una metralleta política en las manos”.

@AdrianitaN

La alcaldesa del municipio José Antonio Páez (estado Apure), Lumay Barreto, asegura haber sido víctima de un «golpe de estado» al ser destituida de su cargo. El martes 2 de mayo de 2015 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia de en la que se le acusa de haber abandonado su cargo. El documento, que aún no llega a sus manos, ordena el desalojo del despacho y el traspaso de la gerencia local al presidente del Concejo Municipal por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Víctor Blanco.

Durante la tarde del miércoles 3 de junio de 2015 el alcalde del municipio El Hatillo, estado Miranda, denunció que sujetos armados vinculados con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) amenazan con tomar la alcaldía encabezada por Barreto.

#UltimaHora Grupos armados del #FBL amenazan con tomar la Alcaldía del municipio Páez, Apure, desconociendo a la alcaldesa @LumayBarreto

— David Smolansky (@dsmolansky) junio 3, 2015

 

¿Ausencia o cacería? 

El «abandono del cargo» se traduce en una ausencia de seis días. Barreto detalló, en conversación con Runrun.es, su itinerario de aquel momento. El 19 de febrero de 2015 se trasladó a Caracas para participar en una reunión convocada por la Asociación de Alcaldes, en rechazo a la detención del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma; el 20 de febrero se trasladó a San Cristóbal, estado Táchira. Los días 21, 22 y 23, asegura, estuvo en Barquisimeto atendiendo asuntos médicos con su hijo. Finalmente, pasó la jornada del 23 viajando hacia Guasdualito.

El 27 de febrero de 2015 los cuatro titulares del Concejo Municipal emitieron un documento en el que solicitaban al TSJ su destitución, tomando como argumento su ausencia. «Ellos hicieron un acta, es un acta forjada en la que ponen un montón de días. Ese fue el único documento que recibió el TSJ. No han aceptado ni las facturas de la clínica de mi hijo, ni el documento firmado por la Asociación  de Alcaldes, ni nada», reclamó Barreto.

La alcaldesa admitió que son contadas las opciones que tiene para defender la decisión de los electores apureños. «No acatar una orden del TSJ significa encarcelamiento», señaló. Barreto aseguró que, en el momento en que la sentencia del máximo tribunal del país llegue a sus manos, procederá a «instalarse» en Caracas para «defender la voluntad del pueblo».

Lumay Delfina Barreto del Orbe, integrante del partido opositor Voluntad Popular, fue electa el 8 de diciembre de 2013 por la preferencia de 37,78% de los votantes (11.006 personas).  Dulce Useche, la abanderada del PSUV, obtuvo 10.049 votos en la contienda.

¿Qué dice la ley? 

A pesar de que la Ley del Poder Público Municipal, en su artículo 87, establece que los alcaldes y gobernadores pueden ausentarse hasta por 14 días sin solicitar permiso, Barreto asegura que notificó informalmente a los miembros de su despacho sobre las razones de su viaje.

Para la mandataria, su destitución es una «retaliación por el éxito de la marcha del sábado 30 de mayo». «Esto da vergüenza. Este Gobierno es una dictadura. Todos los poderes están presos del PSUV», dijo.

En este video puede verse la sesión del Concejo Municipal de la localidad apureña, en la que se toma la decisión en contra de Barreto. En la reunión se establece la acusación contra la alcaldesa, sin mayores especificaciones.

Los habitantes de Guasdualito están «muy molestos» y «han tenido enfrentamientos», mientras partidarios del PSUV recorren la localidad en motos, según Barreto.  La alcaldesa aseguró que sus electores le han manifestado su temor a que «vuelvan los paramilitares» a la zona. «Esto antes, hace pocos años, era horrible. Cobraban vacuna a los comerciantes, a las familias. Nosotros hemos logrado parar eso», señaló.

El antecedente más cercano del debate sobre la destitución de un funcionario público por ausencia física fue el del presidente de la República, Hugo Chávez. El primer mandatario se ausentó de su cargo durante tres meses continuos por motivos de salud. Tanto la Asamblea Nacional, como el Tribunal Supremo de Justicia otorgaron los permisos respectivos y se negaron a declarar al funcionario en ausencia absoluta, a pesar de que faltó al compromiso constitucional de juramentarse el 10 de enero de 2013. La Sala Constitucional del máximo tribunal acuñó el concepto de «continuidad administrativa» para justificar la falta.

El Gobierno de Luis Guillermo Solís ha decidido este miércoles destituir a su embajador acreditado en Venezuela por declaraciones de apoyo a la forma en como Nicolás Maduro ha respondido a las medidas anunciadas este mes por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, contra Caracas.

El ingeniero Federico Picado Gómez, simpatizante de la ideología chavista y sin formación diplomática previa a ser nombrado por el Gobierno de Solís, ha perdido su cargo por las palabras “inconsultas”emitidas en una entrevista publicada el domingo en el diario local La Nación. En ella, defendió el otorgamiento de poderes especiales al presidente Maduro después de que Obama consideró a Venezuela una amenaza y ordenó congelar bienes a siete funcionarios venezolanos que vincula a hechos violentos en el 2014.

“Guardando términos de proporcionalidad frente a la gravedad de la declaración emitida por Obama, (Maduro) debe estar investido de capacidades extraordinarias para que, en Consejo de Ministros, dicte decretos con rango, valor y fuerza de ley, tal y como lo establece el artículo 2013 de la Constitución Política”, contestó Picado a un cuestionario mediante correo electrónico.

Se abría así un frente de críticas de un sector costarricense contra elGobierno de Solís, al que critican por considerar blanda su posición ante los acontecimientos políticos en Venezuela. El mandatario (del Partido Acción Ciudadana, de centroizquierda) se desmarcó de las palabras de su embajador y el canciller, Manuel González, ordenó la apertura de un expediente disciplinario contra el embajador por brindar declaraciones que comprometen la posición oficial de Costa Rica.

Solís, quien aboga por el multilateralismo en la política exterior, se ha limitado a abogar por el diálogo y por el respeto a los derechos humanos en el conflicto violento entre el oficialismo de Caracas y los grupos disidentes. El gobernante costarricense llegó al poder en 2014 con un apoyo amplio de organizaciones sociales, políticas y sindicales que, en algunos casos, también simpatizan con la corriente impulsada por Hugo Chávez en Venezuela.

Este fue el caso de Picado. Numerosas declaraciones suyas favorables al chavismo se recogieron en estos días en medios nacionales. Fue coordinador de comité de Relaciones Internacionales del PAC hasta que ocupó la plaza de embajador en Caracas en el Gobierno de Solís, quien insistió ante periodistas que siempre conoció las posiciones de Picado y que el problema suyo fue expresarlas en público, lo cual transgrede las reglas de conducta de los diplomáticos.

El editorial de este miércoles de La Nación, de corte conservador, planteó el despido del embajador, porque “el más alto diplomático costarricense en Caracas actuó como vocero del presidente Nicolás Maduro en Costa Rica, sobre temas tan delicados como la represión y el encarcelamiento de opositores democráticos, incluido el alcalde de Caracas, los poderes especiales concedidos al presidente, la embestida contra la libertad de expresión, las tensiones con Estados Unidos, el desabastecimiento de productos básicos y la política económica en general”. El canciller González descartó esta tarde haber recibido queja alguna de Estados Unidos, cuya sede diplomática en San José cumplirá en junio dos años sin el cargo de embajador. Tampoco recibió la Cancillería comentarios oficiales de Venezuela, según el ministro de Exteriores costarricense, quien la semana pasada reiteró en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, la posición de su Gobierno a favor del diálogo en Venezuela, incluso en el cargo de este foro criticado por el Gobierno de Maduro.

Los concejales del Consejo Municipal de Páez del estado Apure, durante la sección de este jueves 26 de febrero, acordaron “ilegalmente” destituir a la alcaldesa de esta jurisdicción, Lumay Barreto, por abandono del cargo. En un video se muestra como dicha cámara, de mayoría oficialista, viola el artículo 87 de la Constitución que establece destitución cuando la ausencia es mayor de 15 días.

Buscando amparo ante la ilegalidad cometida, en el registro se evidencia como los concejales Víctor Blanco, presidente de la Cámara, María Sonia Conde, José María Romero, Jerson Mansilla y Norberto Martínez solicitan que “un pronunciamiento al Tribunal Supremo de Justicia sobre la constitucionalidad del presente acuerdo de declaratoria por abandono del cargo de la ciudadana Lumay Delfina Barreto del Orbe, alcaldesa del municipio José Antonio Páez, del estado Apure, constituye una falta absoluta en ejercicio de sus funciones”.

Al respecto, la alcaldesa Lumay Barreto afirmó que continuará al frente de su cargo. “Ni renuncio, ni me renuncian. Fui electa por el pueblo y eso se respeta. Me quieren vetar porque no soy oficialista”. Recordemos que en diciembre de 2013, Barreto fue electa alcaldesa con 11.006 sufragios, equivalentes al 37,78% de la votación.

Vía El Nuevo Herald

Miles de personas, integrantes de grupos minoritarios de derecha, realizaron este sábado protestas en varias ciudades de Brasil en contra del Gobierno, de la corrupción y en demanda de un proceso de destitución contra la presidenta, Dilma Rousseff.

La manifestación más numerosa ocurrió en Sao Paulo, donde se concentraron cerca de 10.000 personas en la Avenida Paulista, principal arteria de la ciudad, según cálculos de la Policía Militarizada.

Parte de los manifestantes demandaron en Sao Paulo una “intervención militar” para sacar al Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff del Gobierno.

En Río de Janeiro un centenar de personas se congregó en la Avenida Atlántica, que bordea la playa de Copacabana, liderados por el diputado derechista Jair Bolsonaro.

En las manifestaciones se corearon consignas contra el PT, que fue directamente responsabilizado por el escándalo de corrupción de grandes proporciones que la Policía está investigando en el seno de la petrolera estatal Petrobras.

Algunos manifestantes portaban pancartas pidiendo la destitución de Rousseff y sugiriendo que se cometió un “fraude” en las elecciones del pasado octubre, que la actual mandataria ganó por un estrecho margen sobre el opositor Aécio Neves, quien reconoció su derrota rápidamente y no ha cuestionado el resultado.

Las manifestaciones fueron convocadas en una veintena de ciudades coincidiendo con la conmemoración del día de la proclamación de la República, que se celebra hoy, aunque hace dos semanas se registraron protestas en la misma línea.

El pasado jueves cerca de 15.000 militantes de movimientos sociales de izquierda y sindicalistas se manifestaron en Sao Paulo defendiendo consignas de Rousseff y “en contra de la derecha”.

El resultado de las elecciones del pasado 26 de octubre fue el más ajustado de la reciente historia democrática de Brasil y Rousseff se impuso con un 51,63 % de los votos frente al 48,37 % de Neves.

La primera lectura de la destitución por televisión del ex superpoderoso ministro Miguel Rodríguez Torres, es la de que se trató de una presa entregada para calmar las iras de los grupos violentos que sostienen al chavismo en el poder, luego de la razzia que abatió varios integrantes de los colectivos «5 de Marzo» y «Escudo de la Patria» acusados de haber cometido numerosos delitos. Visto así por encimita, podría apreciarse como una debilidad del poder legal (el gobierno) ante el poder factual (los colectivos armados), y ante esa eventualidad el régimen ha pagado en términos de opinión un peaje de pronósticos reservados. Luego de este precedente ¿cómo podrá el gobierno contener exigencias futuras de los colectivos armados en defensa de sus “fueros”? Sin embargo, por esas cosas que uno sabe porque se saben, lo de los colectivos no fue la razón sino el pretexto para sacar del match a Rodríguez Torres. El tema de fondo son las rivalidades políticas chavismo adentro, donde zancadillas y liquidaciones son instrumentos rutinarios de solución de conflictos, como lo son en todas en las luchas encarnizadas por el poder. No se trató de enmendar la inconstitucionalidad continuada desde Chávez para acá, por haber entregado a la discrecionalidad castrense el ejercicio de funciones constitucionalmente reservadas a los civiles y vedadas a los militares en servicio activo, porque en este caso han sustituido a un militar por otro y todo sigue quedando en manos militares en un cambio gatopardiano en el que se modifica algo para que todo siga igual. La razón tampoco pudo ser el fiasco sucesivo de los planes de seguridad que se han tragado miles de millones, porque si de eso se tratara el gobierno debería auto destituirse masivamente por su fracaso rumboso en todas las áreas de su competencia, llámense economía, servicios públicos, etcétera. Rodríguez Torres no es un militar más. De altísima confianza de Chávez desde siempre, tanto como para ser el único militar que pronunciara un discurso solemne ante el ataúd en el Cuartel de la Montaña (obviamente con el beneplácito de la familia del fallecido), rendía cuenta directa al presidente sobre las actividades de los órganos de la inteligencia civil y militar que le estuvieron encomendados por encima de los ministros del área. Una pelusa. La enorme cantidad de “saber” acumulada en 15 años no es una fortuna perdida, claro que no, sino una gigantesca póliza de seguro del mismo tamaño de la que posee el cuasi desplazado Rafael Ramírez por haber sido todopoderoso Ministro de Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA, es decir, el conocedor más completo y profundo de la caja grande y la caja chica del régimen y de todos sus jerarcas. Que uno u otro no puedan disponer de la información acumulada como instrumentos de retaliación porque en todos los hechos aparezcan como agentes principales, cómplices o cooperadores es distinto. Pero de que saben, saben, y los otros saben que ellos saben. Creo que la verdadera razón de la destitución, es que Rodríguez Torres se percibía como presidenciable en sectores del chavismo y más allá. A ratos declaraba más como civil y como político que como militar, mientras que Maduro sólo declara como civil porque lo militar no le cuadra y Diosdado solo lo hace como militar porque lo civil no le calza. A pesar de todo, es posible que para disimular puedan nombrarlo Vicepresidente de algo.

@hramosallup

Acción Democrática