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Crisis

En 2019 la Asamblea Nacional se concentró en un cambio de gobierno
El Parlamento navegó entre las aguas del Legislativo y del Ejecutivo al mando de Juan Guaidó
El TSJ se dedicó a allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados sin seguir el precepto constitucional

@saracosco

El 29 de octubre durante un debate sobre la renovación del Poder Electoral, el presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, propuso a la Cámara declararse en sesión permanente para que el chavismo consultara con el Psuv su participación en la Comisión Preliminar.

Aunque los diputados del “Bloque de la Patria” dicen desconocer a Guaidó, volvieron una semana después con una lista de nombres para incorporarse a la Comisión, que tiene la tarea de iniciar el proceso de nombrar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora desde 2015, pasó de ser un poder en “desacato” – por un supuesto fraude electoral en el estado Amazonas denunciado por el chavismo – al protagonista de un intento de transición. Tanto así que, luego de una ausencia de dos años y cinco meses, los parlamentarios del Psuv regresaron al Parlamento.

El “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” se convirtió en el lema de la Asamblea Nacional durante el año 2019. Con la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado, el 23 de enero en una manifestación en Caracas, la transición política fue el foco de la Asamblea Nacional.

Este proceso se apalancó en el Poder Legislativo a través de un Estatuto – aprobado por los diputados opositores – que lleva como eje principal la interpretación del artículo 233 de la Constitución. 

Esto provocó que el Parlamento navegara entre dos aguas, la de sus funciones legislativas y las del Ejecutivo. Así el presidente encargado con el aval de la Asamblea Nacional hizo distintos nombramientos. 36 representantes diplomáticos y Juntas Directivas Ad Hoc en filiales petroleras y petroquímicas venezolanas como Citgo y Pequiven.

Esto provocó que el Parlamento navegara entre dos aguas, la de sus funciones legislativas y las del Ejecutivo.

 

Además Guaidó, a través de la Asamblea Nacional, logró el reconocimiento de 60 países, entre ellos Estados Unidos, desde donde se han impuesto más sanciones a instituciones que maneja el gobierno de Nicolás Maduro como el Banco Central de Venezuela, Pdvsa y también a funcionarios como los miembros de la Dirección General de Contrainteligencia (Dgcim) o los directores del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Las sanciones más fuertes se dieron a principios de agosto, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump emitió una orden ejecutiva congelando todos los bienes e intereses del gobierno de Maduro en ese país. 

En ese momento el presidente Guaidó explicó que las sanciones solo afectarían al régimen de Maduro y a todos aquellos que hicieran negocios con ellos. Agregó que el sector privado no se vería afectado. “La orden ejecutiva aclara expresamente que los temas de alimentos, salud y humanitarios no están limitados”, aseguró en ese momento.

Aunque el objetivo con estas sanciones es presionar a Maduro para que deje el poder, esa meta no se alcanzó durante el año y Venezuela terminó con dos presidentes al mando, sumado a los dos Poderes Judiciales y Legislativos con la Asamblea Nacional y la Constituyente.

Año de persecución

Desde 2016 – cuando asumió la oposición como mayoría – la Asamblea Nacional se ha visto afectada en su labor por las constantes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anulando cada una de sus decisiones.

Este año no fue distinto, aunque el TSJ junto a la ANC se encargaron de anular a los diputados de la oposición. Sin seguir el procedimiento establecido en el artículo 200 de la Constitución, donde se indica que es el Parlamento el que decide sobre el allanamiento a la inmunidad parlamentaria.

Hasta ahora son 36 los diputados que se encuentran en esta situación, optando por pasar a la clandestinidad, salir del país o refugiarse en embajadas en Caracas. Ese fue el caso de los diputados Mariela Magallanes (Causa R-Aragua) y Américo De Grazia (Causa R- Bolívar), quienes se encontraban en la embajada de Italia, pero a finales de noviembre llegaron a ese país, gracias a las gestiones de los funcionarios europeos. La Causa R lo calificó como un destierro.

Ese fue el caso de los diputados Mariela Magallanes (Causa R-Aragua) y Américo De Grazia (Causa R- Bolívar), quienes se encontraban en la embajada de Italia, pero a finales de noviembre llegaron a ese país, gracias a las gestiones de los funcionarios europeos.

 

Incluso el presidente encargado y de la AN, Juan Guaidó fue víctima de una de estas sentencias de allanamiento, aunque siguió con su doble labor durante el año. Pero uno de sus miembros más cercanos, Roberto Marrero, jefe de Despacho de la AN, fue detenido por funcionarios del Sebin la madrugada del 21 de marzo. Hasta el momento no ha recibido sentencia y la próxima audiencia de juicio será el 8 de enero.

Caso similar al del diputado Juan Requesens (PJ-Táchira) quien se encuentra detenido desde agosto del año pasado – acusado de formar parte del atentado con drones contra Maduro. Tampoco ha recibido sentencia porque sus audiencias de juicio son constantemente diferidas. 

El regreso del chavismo

Mientras a los diputados opositores se les allanaba la inmunidad, el chavismo decidió regresar a la Asamblea Nacional, de la cual se ausentaron por dos años y cinco meses. 

Esta decisión de volver se dio después de anunciar un proceso de diálogo entre el régimen de Maduro y partidos minoritarios de la oposición, entre ellos Cambiemos y Avanzada Progresista que cuentan con representación dentro del Parlamento.

Sin embargo continuaron con el argumento de que la AN se encuentra en desacato y que deben cumplir una sentencia del TSJ – regresar a la Junta Directiva de 2016 – para salir de este modelo y poder regresar a la “legalidad”.

Al menos 17 chavistas ejercieron la doble función de diputados y de Constituyentes y en varias oportunidades abandonaron el Hemiciclo de Sesiones para irse al Hemiciclo Protocolar – donde sesiona la Constituyente – y aprobar el allanamiento de sus colegas opositores.

Al menos 17 chavistas ejercieron la doble función de diputados y de Constituyentes y en varias oportunidades abandonaron el Hemiciclo de Sesiones para irse al Hemiciclo Protocolar – donde sesiona la Constituyente – y aprobar el allanamiento de sus colegas opositores.

 

Aún con el supuesto desacato, los chavistas propusieron modificaciones en el orden del día, votaron a favor de un proyecto de acuerdo sobre la participación de los diputados en el Parlasur y también dicen estar de acuerdo en aprobar la Ley Aprobatoria de Asistencia Técnica y Financiera ante la Emergencia Humanitaria del sector Eléctrico.

Renovar al CNE

Como lo ha repetido el presidente Guaidó y los diputados opositores a lo largo del año, el objetivo final es lograr elecciones “libres”. Esto pasa por renovar a la directiva del Consejo Nacional Electoral, una prerrogativa de la Asamblea Nacional, según el artículo 296 de la Constitución.

Con el regreso del chavismo al Parlamento y bajo negociaciones, las dos bancadas conformaron una Comisión Preliminar para iniciar este proceso. Aunque la oposición aseguró que es para tener elecciones presidenciales, el chavismo mantiene la postura de que solo corresponden los comicios legislativos el próximo año.

“Venezuela no volverá al sistema financiero mundial si no hay una elección presidencial. Mientras Maduro esté en Miraflores las sanciones van a seguir”, declaró a los medios el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González.

Aunque la Comisión Preliminar se instaló el 13 de noviembre, con la conformación de una subcomisión para hacer el cronograma y así hacer la convocatoria de la sociedad civil, para que se una al Comité de Postulaciones, hasta la fecha no ha avanzado. 

 Leyes a la espera

Ciertamente durante el año 2019 la función legislativa de la Asamblea Nacional fue dejada a un lado. 

Solo se sancionaron tres leyes enfocadas en lograr el objetivo del “cese de la usurpación” con el Estatuto que rige la Transición a la Democracia; la Ley de Amnistía y de Reconocimiento de todas las Garantías de Reinserción Democrática para los Funcionarios Civiles y Militares y la Ley de Garantías para Funcionarios y Trabajadores del Sector Público y Sectores Sociales que participen en el Restablecimiento de la Democracia.

Otras legislaciones como la de Protección al Salario y la Reforma de Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) fueron diferidas, esta última en al menos dos oportunidades. 

Sin embargo algunas Comisiones del Parlamento como la de Energía y Petróleo se mantuvieron activas preparando un compendio de leyes para reactivar el sector petrolero y regular la minería. 

Sin embargo algunas Comisiones del Parlamento como la de Energía y Petróleo se mantuvieron activas preparando un compendio de leyes para reactivar el sector petrolero y regular la minería. 

 

Esta Comisión, presidida por Elías Matta (UNT-Zulia), tiene ya en su “archivero” tres proyectos de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos; Ley de Minas y la Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro. Además también trabajó en la elaboración de la Ley Orgánica del Sector Eléctrico.

En esta misma área la Comisión de Energía junto a la Comisión de Administración y Servicios tendrá la labor de estudiar el proyecto de Ley Aprobatoria de Asistencia Técnica y Financiera ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico.

Este proyecto, que busca un préstamo de 350 millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para reducir los apagones en los estados más afectados, no tiene el visto bueno de todos los diputados opositores. 

Primero Justicia y Voluntad Popular no están convencidos de aprobar la ley, pues explicaron que el crédito sería solicitado y manejado por el régimen de Maduro. Aunque la Ley estaba prevista para su primera discusión a mediados de noviembre, fue diferida y ahora es tarea pendiente para 2020, como también lo sigue siendo el “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

Conindustria: Si no se recupera el poder adquisitivo del salario no se recuperará la economía del país
Adán Celis Michelena, presidente de Conindustria, asegura que esto es lo que hace que las empresas trabajen a un 20% de su capacidad

Si no se recupera el poder adquisitivo del venezolano, será imposible recuperar la producción nacional e impulsar el desarrollo de la economía, asegura el presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), Adán Celis Michelenaal ser consultado en torno a las expectativas del sector manufacturero para el futuro  inmediato. 

Estima el líder del sector transformador, que este es el gran reto que tendrá que enfrentar el país durante el año 2020, por cuanto es un factor transversal, que afecta a toda la economía, la perdida de la capacidad de compra del venezolano, el drama que vivimos todos los venezolanos.

“Este es el factor determinante, esto es lo que hace que las empresas estén trabajando a un 20% de su capacidad instalada, porque no hay poder de compra y esto contrasta con décadas pasadas cuando llegamos a tener un salario mínimo de 500 dólares, uno de los mejores de América Latina e incluso del mundo, mientras que hoy el trabajador tiene un salario mínimo que está por debajo de los 5 dólares, de manera que si no se rcupera eso es imposible recuperar la producción”. 

Advierte que a esto se suma la precariedad de los servicios públicos, lo cual es muy grave, porque todas aquellas empresas que tienen producción continua, con  los cortes recurrentes de electricidad, se convierten en ineficientes, afirmando que esta situación les impide competir con productos de otros países que tienen 24 horas de luz.

Destaca que no hay que olvidarse del impacto que tiene la incertidumbre en el escenario político, advirtiendo que mientras no tengamos un marco, una orientación que nos diga hacia donde vamos, que el empresario sepa hacia donde tiene que dirigirse, sea una vía o sea la otra, resulta imposible programar y si no se puede programar no puede invertir y sin inversión no hay productos, no hay empleos ni prosperidad en el pais.

Hizo referencia a los problemas que ha tenido el sector productivo nacional, con la falta de financiamiento, como consecuencia de las políticas de encaje aplicadas por el Gobierno, a través del Banco Central de Venezuela, con la intención de frenar el tipo de cambio en el mercado paralelo, lo cual ha contribuido de manera determinante a la contracción de la economía, ratificando que el financiamiento es fundamental para las empresas. 

Otra variable que ha tenido que enfrentar la industria nacional, es la competencia desleal de los productos importados, que están ingresando al país sin pagar aranceles ni impuestos aduaneros, por cuanto están llegando al país a través de los sistemas de transporte “puerta a puerta”, lo que ha dado lugar a la proliferación de los denominados “Bodegones” por todo el país. 

Guaidó pide solidaridad y respeto al nuevo gobierno argentino

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, expresó en entrevista al diario argentino Clarín, que espera tener las mejores relaciones con el nuevo gobierno de Argentina, liderado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y pide solidaridad y respeto para los venezolanos que están refugiados en Argentina, además del reconocimiento de quien fue designada por Guaidó como representante en ese país de su gobierno interino, Elisa Trotta.

Dentro de los temas abordados, Guaidó respondió a un cuestionamiento en el que le planteaban una autocrítica porque aún no se han logrado los objetivos que se trazó cuando asumió la presidencia de la AN, en enero de este año, y posteriormente el interinato de la presidencia de la República, al ser juramentado ante una multitud de venezolanos como presidente encargado hasta que cesara la usurpación, una de las piezas claves de la tríada de su hoja de ruta inicial.

“Estamos en una dictadura, hemos subestimado la organización del mal. La banalización del mal. Subestimamos la capacidad de la dictadura de hacer el mal. En cualquier contexto normal ya se habría avanzado en un gobierno de transición. En segundo lugar, el manejo de las comunicaciones, hay una censura absoluta, en las radios no se puede mencionar mi nombre. Tenemos que mejorar la comunicación con métodos y medios no tradicionales, y llegar a la población, la construcción de un proceso, y en tercer lugar las expectativas”.

Guaidó hizo referencia en la entrevista al diario argentino sobre la situación que se presentará ante la modificación del Reglamento interno de la AN, luego de la pregunta de qué hará ya que la bancada oficialista no permitirá que haya un Parlamento virtual con votos a distancia.

“La reforma del reglamento fue aprobada con 93 diputados por mayoría y no pueden impugnarla con un tribunal usurpador. Sabemos que van a intentar arrebatar nuestras facultades como lo han venido haciendo desde el 2015 cuando ganamos las legislativas. Vamos a avanzar. Tenemos la mayoría absoluta y la vamos a ejercer a plenitud”.

Representantes empresariales y gremiales pedirán reunión con autoridades del estado para intentar frenar esta situación
Durante el año se han registrado al menos tres ataques con granadas a comercios y viviendas para cobrar vacuna

Representantes gremiales y empresariales se han pronunciado por un aumento en los casos de extorsión a comerciantes y productores de municipio Valera, en el estado Trujillo, desde finales de noviembre.

Gonzalo Vásquez, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera (Acoinva) aseguró que estos actos delictivos vienen a mermar la capacidad de producción de los empresarios, en una localidad donde el 60% de los comercios ha cerrado por la crisis económica.

Igualmente Ricardo Barrios, presidente de Fedecámaras en la entidad, explicó que tienen conocimiento de estos casos de extorsión más marcados en la zona panamericana, “donde nuestros productores agrícolas y ganaderos son víctimas de extorsión y chantaje”.

Para el dirigente el incremento de estas acciones delictivas, junto a las políticas del Gobierno, falta de confianza e inseguridad jurídica, está afectando de forma considerable la actividad productiva en Trujillo. “Eso lo que significa es más cierre de negocios o empresas ante el ensañamiento de algunas bandas”, agregó.

Barrios señaló que, al igual que hizo Fedecámara Zulia, propiciarán reuniones con organismos de seguridad del estado Trujillo, para poder hacerle frente a esta situación. “en los próximos días con los presidentes de las cámaras y asociaciones de Trujillo para solicitarle al Gobernador y al Director de Política tomar acciones para la seguridad de la actividad productiva, es una responsabilidad de todos”.

Aumenta el peligro

Como lo reportó El Pitazo desde finales de noviembre se registraron dos ataques con granadas en Valera.

De acuerdo a las autoridades, este es el modus operandi de los cobradores de vacuna en la región. 

El 5 de diciembre  el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del estado Trujillo realizó una inspección en el sector La Haciendita del municipio Valera, donde delincuentes lanzaron una granada a la empresa Embrioven.

Aunque las autoridades están en la búsqueda de los responsables, hasta el momento no ha habido alguna detención.

Durante el año se han contabilizado tres hechos similares.

¿Qué se puede esperar de la dolarización implícita de Venezuela en el 2020?

La economía venezolana se está dolarizando, y el uso del dólar se va haciendo más común en las transacciones diarias. Sin embargo, es una dolarización desordenada, natural y anárquica, que ha surgido de los individuos y que avanza sin clara guía.

En la segunda mitad de los 90s una fuerte discusión dividía a los economistas venezolanos en dos bandos: los llamados “neo-liberales” argumentaban entre otras cosas a favor de la privatización de PDVSA y dolarizar la economía. Del otro lado, economistas tradicionales defendían la existencia del bolívar y veían con sospecha la privatización de PDVSA.

Es irónico que los líderes de un movimiento que utilizó el término neoliberal como una forma de insulto hacia sus adversarios, haya llevado al país a aceptar e implementar las políticas que tanto denunciaron.

Más importante aún es un proceso que nos divide como sociedad; dada la brecha entre los que pueden acceder a dólares y los que no. Hay un alto grado de frustración y rabia en la frase que recuerda que “dolarizaron los precios pero no los salarios”.

Oponerse a la dolarización es como argumentar en contra de una epidemia de difteria o malaria. No importa mucho si a uno le parezca mal, lo cierto es que lo mejor es tratar de entender lo que está pasando para poder prepararnos, o discutir lo que está por venir.

En el caso de la dolarización es útil pensar en al menos 3 etapas: la primera es cuando el dólar comienza a aparecer de manera natural en las transacciones diarias; la segunda, es cuando un país asume formalmente que en su economía co-existan dos o más monedas de manera legal, por ejemplo, usted puede abrir en su banco cuentas en diferentes monedas; y la tercera es cuando el estado renuncia formalmente a mantener una política monetaria y adopta el dólar como moneda de curso legal. Podemos llamar a las tres etapas como dolarización informal, co-existencia, y dolarización formal.

Esta simple división de etapas, no implica que naturalmente uno pase de la una a la otra. Existen ejemplos de economías que se quedan en alguna de las tres etapas por períodos prolongados. Pero en el caso nuestro pueden ser útiles para entender la situación actual y que esperar en el futuro próximo.

Claramente nos encontramos en la primera etapa de dolarización informal. En ella los ciudadanos adoptan el dólar como mecanismo de defensa para proteger el valor de su riqueza en el tiempo.

Los venezolanos hemos adoptado al dólar además por conveniencia dado que la hiperinflación ha hecho poco práctico el uso del bolívar en nuestra economía. La cantidad de moneda que se necesita para llevar a cabo las transacciones más simples, y la falta de papel moneda en la economía hacen que los venezolanos busquen otras monedas.

Los dólares que están siendo utilizados en la economía provienen de una minoría que puede generar ingresos en moneda dura ya que lidian con clientes extranjeros, o reciben remesas familiares las cuales han aumentado notablemente con la aparición de nuestra diáspora.

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Instituto Brookings: Crisis de refugiados venezolanos se convertirá en la más grande de la historia moderna
La escasez de alimentos, la baja calidad en los servicios públicos y la inseguridad son las causas del éxodo de venezolanos

 

La crisis humanitaria de Venezuela está a punto de superar a la de los refugiados sirios y en los próximos meses podría convertirse en la más grande de la historia moderna, afirma un estudio del Instituto Brookings.

El estudio divulgado el pasado lunes, hace la comparación: 4,6 millones de venezolanos han abandonado su país hasta la fecha, mientras que en Siria la cifra de refugiados en 2015 era de 4,8 millones. Sin embargo, la de Siria ya está contenida y la de Venezuela tiende a incrementarse.

 

Brookings prevé que 6,5 millones de venezolanos residan en el exterior para 2020, según cifras de la agencia para los refugiados de la ONU, ACNUR, y que si la crisis humanitaria en Venezuela empeora llegarán a ocho millones.

 

Sin embargo, lo que destaca el estudio es que la respuesta de la comunidad internacional ha sido pequeña en relación con la magnitud del desplazamiento humano.

En respuesta a la crisis de Siria, la comunidad internacional movilizó grandes sumas de capital, que alcanzaron la cifra de 7.400 millones de dólares en cuatro años. Para Venezuela, en un período de tiempo similar, apenas se han asignado 580 millones de dólares. Eso representa, según el estudio, un per cápita de 1.500 dólares por cada refugiado sirio y 125 dólares por cada venezolano.

La escasez de agua, electricidad y la violencia generalizada, a veces con la complicidad de las fuerzas de seguridad del gobierno, hace al país uno de los más violentos del mundo.

El estudio de Brookings afirma que los venezolanos que huyen son refugiados y se merecen las protecciones asociadas con esa condición, pero hasta ahora el peso de esas responsabilidades ha caído en los vecinos de la región, especialmente Colombia, Ecuador y Perú, los cuales han recibido muy poco apoyo de la comunidad internacional en comparación con otros desplazamientos históricos.

 

Hasta el día de hoy esos tres países siguen solicitando más colaboración para poder hacer frente a la corriente migratoria.

 

Esta situación ha llevado a algunos de los países de la región a imponer barreras a la entrada de venezolanos. Así han hecho Ecuador, Perú y Chile, y más recientemente República Dominicana, que anunció que exigirá una visa a los migrantes del país.

 

*Con información de VOA

Dic 10, 2019 | Actualizado hace 2 meses

Las redes sociales se han convertido en la comidilla de la buena fe o inocencia de muchos, atrapados en los boots del gobierno, con más de 5000 cuentas falsas y pagadas”.

 

El estudio reciente del Centro de Estudios de Política y de Gobierno de la UCAB (CEPYG/UCAB/Félix Seijas), refleja registros que es menester analizar para colocar la realidad política venezolana en una justa dimensión. 

Podemos adelantar varias conclusiones que analizaremos en el cuerpo de este ensayo. 1.- Se mantiene la percepción que el responsable de la crisis del país es el Gobierno Nacional y Nicolás Maduro [70%]. 2.- La desesperanza se apodera del país pero paradójicamente se mantiene la confianza que Guaidó logrará el cese de la usurpación 3.- El venezolano quiere votar [78%] condicionando cambio de CNE y salida de Maduro como candidato.  4.- Un 35% de la oposición cree que la protesta debe ir a mayores riesgos [radicalización de la oposición] y más un 30% sigue dispuesta a salir y luchar. 5. Gobierno Interino de Juan Guaidó mantiene más de un 50% de confianza ponderada [después de la iglesia Católica, Estudiantes, Universidades, Empresarios, Organizaciones ciudadanas y AN] Vs. un 20% ponderado, los críticos a la oposición [últimos en la lista de 25 instituciones evaluadas] 

 

Entre mitos, leyendas y realidades urbanas

No cabe duda que la realidad del país es insuflada y distorsionada inmensamente por las ansiedades de posicionamiento de matrices del branding digital. Las redes sociales se han convertido en la comidilla de la buena fe o inocencia de muchos, atrapados en los boots del gobierno, con más de 5000 cuentas falsas y pagadas para confundir, calumniar y falsear, más otro pelotón de radicales de oposición. 

Pero como nos decía Manuel Vincent, “quien busca la verdad corre el riesgo de encontrarla”. Y así como existe una verdad tórrida del lado oscuro de la oposición-escandalizada por radicales y avatares anónimos-también existe un otra elocuente realidad: El pueblo Venezolano de los targets más bajos [C,D y E que representa el 94% de la muestra], respalda mayoritariamente sus instituciones como la Iglesia católica, los empresarios, los estudiantes, las universidades, la AN y el Gobierno interino de Guaidó; siendo que por el contrario, rechaza las salidas, posturas y críticas radicales.  

La política desde las gradas y no desde la arena “del león” nunca ha pegado con las preferencias de las masas. El líder debe bajar al terreno de la contienda y demostrar sus fortalezas y su disposición a dar la pelea con el más felino enemigo. Las conjuras detrás de las columnas o de los teclados siempre han existido, pero no tienen rostro de vencedores. Y aun llegando al poder, se hace efímero.  

Otro dato interesante del CEPYG/UCAB/Seijas es que la gente aun desesperanzada está dispuesta mayoritariamente protestar [subiendo el nivel de riesgo] y votar [bajo ciertas condiciones]. En otras palabras, la intervención armada internacional-que nunca ha sido un planteamiento plausible ni en lo político ni en lo jurídico-se reduce a un 5% de respaldo de la población, contra un 48% que está dispuesta  a luchar con [18%] o sin armas [31%]. 

Pero quizás la leyenda urbana que queda más en evidencia es creer que la gente piensa mayoritariamente que “Maduro sólo sale a golpe y porrazo, que aquí no hay nada que hacer y lo mejor es quedarme en casa y esperar” […] 

La expectativa de un golpe de estado es respalda por un 5% de la población. Creer que esto se lo llevó quien lo trajo y no hay nada que hacer sino irse a una rebelión armada, cuenta con un rango de 1% al 18%, siendo que quienes piensa que lo mejor es quedarse en casa, no llegan a un 20%.

En conclusión la inmovilización que vive el país es producto de una desesperanza innegable, pero también por la exacerbación de manipulaciones y narrativas “notables”, que afortunadamente gozan de un muro de resistencia superior a la tergiversación de los hechos y la hiper-escandalización de la realidad.  La conciencia y la sensatez de una mayoría de amplia base popular aun en su fatiga y su miseria es más notable que la de los intelectuales apocalípticos. El Presidente Juan Guaidó mantiene una amplia aprobación del pueblo quien sigue apostando al voto como herramienta de cambio y la protesta como método de lucha no violenta, por una razón muy profunda: le ven como reflejo de un interés propio y humilde. Y desde ese mismo reflejo humilde y pero lúcido, mantienen intacta el rechazo a Maduro [85%] por ser responsable de la crisis.  Que cosas que los “más educados” que se auto califican opositores no lo ven así.

 

El 2020. Todo o Nada

Una combinación de factores, internos y externos, impiden que la ecuación protestas más negociación, quiebre militar  y presiones internacionales, conduzcan al desenlace. La tarea pasa por revisar la descentralización real de las protestas, su masividad eficiente, la prolongación del diálogo, la brecha del discurso civilista y militar, y la alineación de las presiones internacionales.  

El 2020 demanda tres elementos esenciales: 1.- Radicalización de la narrativa del liderazgo, 2.- Reestructuración de la disciplina militante y estrategia de calle y 3.-Realineación de la comunidad internacional.  

No pierdo para nada la convicción que lograremos el objetivo de restauración democrática y rescate país. Pero buscamos la verdad en la arena con los leones, no en las gradas [en los teclados],  con los emperadores…

 

@ovierablanco

Julio Castro asegura que dentro del Plan País hay un esquema integral para combatir la malaria
Venezuela reporta un 51% de los casos de malaria de toda la región
El médico Julio Castro asegura que dentro del Plan País ya se están estableciendo contactos con organizaciones internacionales para aplicar “esquemas terapéuticos novedosos”

 

El médico internista infectólogo Julio Castro, miembro del equipo de Salud del Plan País, informó este jueves 5 de diciembre que el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el Parlamento y la sociedad civil organizada contempla una “solución integral” para combatir el repunte de la malaria en Venezuela.

Castro analizó el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado el martes 3 de diciembre, donde se señala que durante 2018 en Venezuela se registraron 471 mil casos de malaria, lo que representa 51% de las personas afectadas por esta enfermedad parasitaria en todo el continente americano.

El profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (UCV) destacó que la tasa actual se asemeja a la que se contabilizó en 1940, “año en el que comenzaron a aplicarse los medicamentos antimaláricos”, y estimó que en la actualidad alrededor de 1,5 millones de personas sufren de malaria en el territorio nacional. 

“Hablamos de personas que no son capaces de ser económicamente activas”, indicó para describir el impacto negativo que tiene este mal en el desarrollo económico y social de la República.

Castro puntualizó que en los últimos dos años el régimen de Maduro no ha aprobado ningún presupuesto para el tratamiento de la malaria. “El presupuesto otorgado para el tratamiento de la malaria es de cero bolívares”, denunció.

Respuesta efectiva

La mayoría de los casos de malaria se localizan o tienen su origen en los estados Bolívar y Amazonas, víctimas del ecocidio y de la violencia promovida por el decreto del Arco Minero impuesto por el régimen de Maduro. 

El académico de la UCV precisó que el incremento de la malaria guarda relación con la crisis económica, que lleva a personas de distintas regiones a probar suerte en la minería, actividad que además se desarrolla de manera ilegal por grupos irregulares que perpetran masacres y provocan un enorme daño ambiental. 

“La mayoría de los casos se ubican en el municipio Sifontes del estado Bolívar, que recibe a más de un millón de personas de todo el país en busca de un ingreso que permita mejorar la calidad de vida a través de la minería”, acotó.

El experto del Plan País sostuvo que ya tienen definidas las acciones para enfrentar la malaria, en el marco de una “política pública integral” que tiene como prioridad retomar el control de las zonas mineras con la Fuerza Armada Nacional. Igualmente, se tiene previsto mejorar los servicios públicos y valerse de los avances tecnológicos como la inteligencia artificial para combatir la enfermedad.

Castro detalló que el Plan País ya levanta información, establece contactos con organizaciones internacionales, y trabaja con expertos venezolanos y extranjeros para aplicar “esquemas terapéuticos novedosos” que garanticen la salud de la población. “Hay formas de controlar esta situación, con las políticas públicas correctas puedes controlar este problema”, insistió.

Subrayando las fortalezas de Plan País y la necesidad de un cambio político para superar esta epidemia de malaria que en 2018 costó la vida a unos 400 venezolanos, el profesor de la UCV sentenció: “Si no resolvemos los otros problemas del país, no podremos reducir los casos de malaria en Venezuela”.