Conflictividad

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.541 protestas durante el mes de mayo de este año, lo que representa un incremento de 81% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se registraron 850 manifestaciones.

En promedio fueron 51 protestas al día, donde un 55% (855) de ellas fueron para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, vinculados principalmente con el acceso a servicios públicos de calidad, exigencias laborales, educación, salud y alimentos. «El 45%  de las protestas restantes (686) que corresponde a los derechos civiles y políticos (DCP) congregó principalmente a las protestas de ciudadanos que exigen un cambio político en Venezuela».

El OVCS también registraron que los estados que más protestaron fueron Mérida con 190; Táchira con 147; Sucre con 138; Distrito Capital con 94 y Miranda con 93 protestas. 

En el informe también alertaron que durante los primeros cinco meses de este año, registraron junto a Provea, un saldo de 60 manifestantes asesinados. «La represión ha sido ejercida principalmente por funcionarios de las Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Colectivos Paramilitares, Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que fungen como grupos de exterminio junto a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)».

Igualmente señalaron que la conflictividad durante el mes de mayo se caracterizó por largas colas frente a estaciones de gasolina, trabajadores del sector estudiantil que iniciaron jornadas de paro exigiendo mejoras salariales. Exigencia de electricidad, gas doméstico y agua postable, siendo las modalidades de protesta más empleadas fueron concentraciones, cierres de calle y marchas.

El OVCS ratifica sus exigencias donde se avance hacia un proceso de transición para retomar el Estado de Derecho y las libertades en Venezuela, mediante la realización de elecciones libres y transparentes. También realizar las investigaciones pertinentes para establecer responsabilidades por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas. 

Otra de las exigencias es el cese inmediato de la participación de colectivos paramilitares, grupos de exterminio y organismos de seguridad y reguardo de sus vidas e integridad, además de atender las demandas de la población que «a diario ve desmejoradas sus condiciones para disfrutar de una vida digna, mediante el ejercicio de su profesión u oficio, con los servicios y sistemas de salud que le garanticen calidad de vida».

Puede leer el informe completo aquí: Conflictividad Social en Venezuela

MEDIO

AL ROJO VIVO:

«El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política’. La frase fue pronunciada por Simón Bolívar en su Discurso de Angostura el 19 de febrero de 1819.  Casi doscientos años más tarde, las calles de Venezuela se llenan de protestas a diario dando cuenta de infelicidad, inseguridad social e inestabilidad. Ya no se trata de reclamos políticos, como los que protagonizaron las manifestaciones de 2017, consideradas como el período de reclamos de calle más largo de la historia contemporánea cuando se registraron 5.427 manifestaciones en el primer semestre del año, el más activo. Un año después, las voces se alzan para denunciar las condiciones de vida, exigir reivindicaciones laborales, reclamar las fallas en los servicios públicos y demandar respuestas de las autoridades”. “El Termómetro de la Calle -una iniciativa de TalCual, El Pitazo y Runrun.es- nace para llevarle la temperatura a la protesta gracias a instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores y que permiten dar cuenta de cómo los municipios del país se inundaron de reclamos durante el primer semestre del año, a razón de casi 7 manifestaciones por día para un total de 2.403. El contraste con 2017 es evidente, pero la disminución global del registro da pie a otra comparación: el protagonismo del reclamo por razones sociales.»

La investigación está en www.runrun.es y de ella reproduzco algunos datos relevantes: Entre enero y junio de este año hubo 2.152 protestas sin motivaciones políticas a escala nacional, el 89% del total, y con el Distrito Capital como la entidad más conflictiva. La tendencia se mantuvo la primera quincena del mes de julio, siendo el estado Zulia el de mayor cantidad de manifestaciones durante esos 15 días, superando a Distrito Capital y Mérida que le siguieron. Sin embargo, en el acumulado, sigue siendo la capital el territorio con las calles más calientes, con la región zuliana acercándosele. Asimismo, en la sumatoria de todo el país se notó un aumento de la protesta política (264), superando por primera vez en 2018 a las motivadas por ausencia de gas doméstico (253). A escala local, el municipio Libertador, en la Gran Caracas, fue el que más reclamó en la calle (hubo 350 protestas desde enero al 15 de julio). Libertador superó con creces a los demás municipios capitalinos por la cantidad de protestas laborales (149), seguidas de las motivadas por razones políticas (57). En general, los reclamos laborales son a mediados de año los más comunes (853), seguidos por los de electricidad (332) y por escasez de comida o fallas en la entrega de los CLAP (273). Es así como 3 de cada 10 protestas, en promedio responden a motivos laborales, así como 1 de cada 10 lo hacen por fallas eléctricas. La lista se completa con las manifestaciones políticas (264), por agua (260) y por gas (253), además de aquellas con respecto a servicios de salud (247) y por transporte público (104). En 16 estados del país -incluyendo el Distrito Capital- la protesta más común es la de origen laboral. Allí se debe tomar en cuenta el reclamo a escala nacional que inició el gremio de enfermeras el 25 de junio con una protesta coordinada en distintos hospitales del país y al que se le fueron sumando otros sectores de la salud. De allí que la data los primeros quince días de julio aumente la intensidad. Le sigue en un distante segundo puesto la protesta por el CLAP, que se repitió en tres entidades. Salud, gas, comida y electricidad fueron la prioridad #1 en cuatro estados, respectivamente.

“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”. La frase forma parte del Discurso de Angostura de Simón Bolívar y fue pronunciada por el Libertador el 19 de febrero de 1819.  Casi doscientos años más tarde, las calles de Venezuela se llenan de protestas a diario dando cuenta de infelicidad, inseguridad social e inestabilidad.

Ya no se trata de reclamos políticos, como los que protagonizaron las manifestaciones de 2017, consideradas como el período de reclamos de calle más largo de la historia contemporánea cuando se registraron 5.427 manifestaciones en el primer semestre del año, el más activo. Un año después, las voces se alzan para denunciar las condiciones de vida, exigir reivindicaciones laborales, reclamar las fallas en los servicios públicos y demandar respuestas de las autoridades.

El Termómetro de la Calle, una iniciativa de TalCual, El Pitazo y Runrun.es nace para llevarle la temperatura a la protesta gracias a instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores y que permiten dar cuenta de cómo los municipios del país se inundaron de reclamos durante el primer semestre del año, a razón de casi 7 manifestaciones por día para un total de 2.403. El contraste con 2017 es evidente, pero la disminución global del registro da pie a otra comparación: el protagonismo del reclamo por razones sociales.

De hecho, entre enero y junio de este año hubo 2.152 protestas sin motivaciones políticas a escala nacional, el 89% del total, y con el Distrito Capital como la entidad más conflictiva. La tendencia se mantuvo durante la primera quincena del mes de julio, siendo el estado Zulia el de mayor cantidad de manifestaciones durante esos 15 días, superando a Distrito Capital y Mérida que le siguieron. Sin embargo, en el acumulado, sigue siendo la capital el territorio con las calles más calientes, con la región zuliana acercándosele. Asimismo, en la sumatoria de todo el país se notó un aumento de la protesta política (264 protestas), superando por primera vez en 2018 a las motivadas por ausencia de gas doméstico (253).

A escala local, el municipio Libertador, en la Gran Caracas, fue el que más reclamó en la calle (hubo 350 protestas desde enero hasta el 15 de julio), en contraste con el municipio Sucre del estado Trujillo donde apenas se registró una protesta laboral durante el período.

En Caracas, Libertador superó con creces a los demás municipios capitalinos, impulsado su registro por la cantidad de protestas laborales (149), seguidas de las motivadas por razones políticas (57). Entretanto, El Hatillo es el que menos protestó durante el primer semestre, con apenas 5 manifestaciones (2 por agua, 1 laboral, 1 por electricidad y 1 política).

En general, los reclamos laborales son a mediados de año los más comunes (853), seguidos por los de electricidad (332) y por escasez de comida o fallas en la entrega de los CLAP (273). Es así como 3 de cada 10 protestas, en promedio responden a motivos laborales, así como 1 de cada 10 lo hacen por fallas eléctricas.

La lista se completa con las manifestaciones políticas (264), por agua (260) y por gas (253), además de aquellas con respecto a servicios de salud (247) y por transporte público (104).

En 16 estados del país -incluyendo el Distrito Capital-, la protesta más común es la de origen laboral. Allí se debe tomar en cuenta el reclamo a escala nacional que inició el gremio de enfermeras el 25 de junio con una protesta coordinada en distintos hospitales del país, y al que se le fueron sumando otros sectores de la salud. De allí que la data los primeros quince días de julio aumente la intensidad. Le sigue en un distante segundo puesto la protesta por el CLAP, que se repitió en tres entidades. Salud, gas, comida y electricidad fueron la prioridad número 1 en cuatro estados, respectivamente.

La data de El Termómetro de la Calle incluye el apartado “otras”, conformada por reclamos puntuales. En ese sentido, Mérida encabeza ese tipo de manifestaciones, que incluye la protesta de padres y representantes de la U.E. Ramón Reinozo Núñez denunciando el abandono de esa institución el 12 de abril, o la de estudiantes de la Universidad de Los Andes en La Hechicera haciendo lo propio por el comedor universitario el 23 de ese mes. Le sigue Miranda, donde por ejemplo, el 22 de enero en Ocumare del Tuy hubo una revuelta para comprar pañales en el local Todoferta; y el 31 de mayo clientes de Sanitas de Venezuela protestaron en el municipio Chacao por fallas en la cobertura de esa empresa. El registro en el estado Lara incluye, en este apartado, la manifestación de universitarios por el extravío de sus títulos académicos el 2 de marzo en Barquisimeto, y la de alumnos de la escuela María Ledezma de la capital larense 10 días después.

Por su parte, el apartado “Otros servicios” incluye, en todos los casos, protestas por recolección de basura, por rotura de tuberías de aguas blancas o negras o por colapso de puntos de venta en comercios.

Con la iniciativa de la constituyente comunal, el régimen de Nicolás Maduro, con una terquedad y ceguera ya criminales, busca enfilar al país a las puertas de una catástrofe nacional.

Como principal promotor de la violencia y el desencuentro, el régimen madurista destruye formas constitucionales y vías democráticas en su negativa a abandonar el poder, frente al rechazo mayoritario de su gestión y modelo. Hace un llamado a una constituyente ilegal, en medio de una Venezuela inmersa en una situación de enorme conflictividad, en la que convergen todos los factores de la crisis histórica que estamos viviendo.

La implementación forzada de la constituyente se suma a otras acciones llevadas a cabo por la dictadura que parecen tener como único objetivo la agudización de la crisis y el establecimiento, en el país, de un escenario permanente de confrontación violenta.  Hablamos de acciones como la actuación impune de grupos paramilitares, bajo el amparo de fuerzas del ejército y la policía, los procedimientos criminales de juicios a civiles por tribunales militares o el Operativo “Tun Tun”, y la generación de focos de represión, hostigamiento y caos en comunidades de Caracas y el interior venezolano.

La propuesta constituyente se realiza violando toda normativa legal al respecto, desconociendo las competencias y atribuciones de instituciones públicas así como los derechos de los venezolanos, para supeditarlas a las necesidades ilegítimas de una presidencia autocrática. Esto ha sido reconocido por voceros de la disidencia dentro del gobierno como la fiscal general. Incluso magistrados del Tribunal Supremo hacen pública la alerta, ante la evidencia innegable del enorme daño que, de ser exitosa, la movida dictatorial haría a la nación.

La situación actual es de aguda crisis social impulsada por el gobierno: desmanes contra la población que van desde la brutal represión hasta mecanismos de control serviles como la bolsa CLAP o el carnet de la patria, en medio de un discurso que exacerba la polarización, el sectarismo y la disputa entre los venezolanos, validando la violencia y buscando involucrar a diferentes sectores de la sociedad en una dinámica de guerra.

El régimen ataca la concordia entre los venezolanos. El derecho al voto y el respeto a la constitución, representan acuerdos indispensables para asegurar la convivencia entre los habitantes de un país.  La imposición brutal de la constituyente y la grosera manipulación de los escenarios electorales,  que el régimen  ha efectuado en estos días, son golpes mortales contra esta convivencia.

Imaginemos el escenario de una constituyente que se lleva a cabo pese a la negativa general de la población: ¿Cómo va a ser ese día de elecciones donde la mayoría del país no irá a votar o expresará públicamente su desacuerdo en centros de votación y calles, en el crispado ambiente de tensión, represión violenta y hartazgo que estamos viviendo? ¿Cuál puede ser la reacción nacional frente a unas autoridades desprestigiadas del CNE o el TSJ, cuando pretendan, como en otras ocasiones, validar un proceso manipulado para único beneficio del régimen? ¿Cómo será posible la coexistencia, en medio de la situación irracional de un país con dos constituciones en disputa?

Nuestra democracia, alcanzada con gran esfuerzo por los venezolanos, ha sido, a pesar de sus fallas e imperfecciones, el sistema  que ha generado más progreso en nuestra historia y el espacio más apropiado para la solución, con tolerancia y respeto, de nuestras diferencias. La actual constitución, luego de polémicas y discusiones, fue aprobada por la inmensa mayoría del país, con la confluencia de todos los actores políticos y en representación de toda nuestra diversidad social. La transformación en dictadura del gobierno de Nicolás Maduro, no solo rompe esta democracia y niega esta constitución, sino que ahora, con la implementación forzada de su constituyente fraudulenta, evidencia su intención de llevarnos a situaciones de conflicto y enfrentamiento no vividas en el país desde tiempos de la guerra federal.  Devolvernos a un estadio de miseria y caos en el que el encuentro entre venezolanos solo podía ser de beligerancia, sometimiento o sangre.

Es necesario detener este proceso, activando la participación de todos los sectores sociales que repudian al régimen.  Frente a la censura y desinformación del gobierno, hay que estimular la implementación de asambleas en urbanizaciones y comunidades, que informen y sensibilicen a los venezolanos frente a esta situación alarmante que represente un claro peligro a la ya debilitada convivencia del país. El liderazgo político, en todos sus niveles, debe actuar articulado con la comunidad en la búsqueda e implementación de formas de protesta que presionen la estructura del poder y frenen el despropósito tiránico del madurismo. Todos los venezolanos, sin importar ideologías o filiaciones políticas, debemos tomar conciencia en la desactivación de ésta amenaza y en la vuelta activa a las vías democráticas para impedir la catástrofe.

Detener la constituyente madurista representa la expresión clara del talante democrático de los venezolanos. Puede consolidar los diferentes sectores sociales que se oponen a la instauración de la dictadura y cohesionar los variados esfuerzos que en este momento coexisten enfrentándose a la represión. Es una oportunidad al liderazgo opositor para articularse en profundidad con comunidades y reconocer visiones y expectativas sobre la Venezuela de cambio que busca materializarse. También  posibilita el sumar al reclamo democrático a grupos y personas que permanecen en espacios afines al gobierno, leales al proyecto de justicia social de Hugo Chávez pero desencantados y traicionados por el descalabro que ha significado el madurismo.

El proceso constituyente que pretende llevar a cabo el régimen de Nicolás Maduro es un paso al abismo de escenarios violentos y confrontación.  Debemos hacer  todo nuestro esfuerzo para impedirla y lograr la  Venezuela posible de la reconstrucción, de reencuentro necesario y real entre los venezolanos, que todos queremos.

@RobertoPatino

@AngelOropeza182

El Nacional 

EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS) publicó su informe correspondiente al mes de febrero y reveló que en los dos primero meses de 2016 se registraron 64 saqueos e intentos de saqueo.

La ONG explica que desde enero 2015 se han registrado más de 350 actos vandálicos por comida y que precisamente febrero 2016, cuando se reportaron 41, es el número más alto en los últimos meses. En enero se registraron 23 saqueos e intentos de saqueos. Responsabilizan de este aumento a la ausencia de medidas gubernamentales para garantizar los alimentos por lo que «las personas continúan perdiendo la paciencia», indican.

El 81% de estos hechos fue en contra de transportes de alimentos o bebidas, mientras cubrían sus rutas de distribución y el 19% restante fue contra centros de expendio de alimentos, depósitos y otras instalaciones.

El observatorio asegura que han aumentado las protestas por servicios básicos y alimentos. En los dos primeros meses de 2016 se documentaron unas 1.014 protestas en todo el país, de las cuales, 76% de las protestas fue por derechos sociales como alimentos y servicios básicos.

A continuación el informe completo

Se registraron 64 saqueos e intentos de saqueo en los dos primero meses de 2016 by runrunesweb

“La frustración del venezolano se está transformando en rabia. Y eso genera algo muy delicado: la sociedad está engatillada. Los niveles de conflictividad aumentan; porque, es real que no hay recursos y estamos viviendo el empobrecimiento de Venezuela. El gobierno asumió el poder, y llegó ofreciendo cambios que elevaron las de expectativa de la población. Cuando esos niveles caen, genera una situación muy delicada en el país”.

“¡Sociedad engatillada!” Repito, admitiendo que la frase de Roberto Briceño León, del Observatorio Venezolano de Violencia -mi entrevistado de este jueves- es contundente y perfecta para describir lo que muchos percibimos: Venezuela está de a toque, como decimos en criollo. Pero, el doctor Briceño León fue mucho más allá, un poco para responder a mi pregunta de si estamos o no a punto de otro estallido social: “es muy difícil prever cuándo una chispa se convierte en un incendio en la pradera”.

No obstante, aclara basado en sus estudios, que en nuestro país están dadas todas las condiciones para la conflictividad porque hay pobreza. Y este empobrecimiento ocurre después de altas expectativas y muchas promesas. Promesas formuladas para lograr un objetivo: llegar al poder. “A los venezolanos de escasos recursos les ofrecieron no solo viviendas; sino, viviendas muy bien equipadas.  Nos ofrecieron independencia de poderes, seguridad y un Bolívar fuerte. No cumplieron con nada de eso. Llegaron hablando de una Revolución que prometía cambios y la Revolución es una gran estafa. Un fraude. El gobierno se convierte en un gran estafador: nos prometió oro y nos entregó baratijas”, dice.

Uno su comentario con lo que leí en el artículo de Alejando Moreno, En masa, publicado el pasado martes 21 de febrero, quien describe que la violencia masiva tenía rasgos de defensa, y que la gente se reunía circunstancialmente, para enfrentar al delincuente. Pero, que ahora, “el ciudadano común imita al hampón impune y con él se mezcla y se confunde”.  Le pregunto si acaso esa no es la reacción natural de quien se tropieza con un Estado que en vez de proteger lo que hace es matar, disparando en la población el derecho a asumir una situación de auto defensa.

“El ciudadano no aprueba el delito. Lo que pasa es que está desprotegido y no tiene a quién acudir”. Insiste en que el discurso de Chávez sirvió para quebrantar la ley y aumentar las expectativas con propósitos electorales a corto plazo; pero, no para alentar a la gente a superarse. Rescata de sus investigaciones la capacidad del pueblo y su apego a la democracia. “La población venezolana tiene una idea muy clara de lo que es la ley y cómo cumplirla; sin embargo, está enfocada luchando con los problemas porque no cuentan con las autoridades. El gobierno no da la cara por la gente honesta”. Asegura que el cambio es muy difícil debido a que existe un abismo muy grande entre las expectativas y la capacidad de satisfacerlas. Y esto genera mucha tensión, caldo de cultivo para la violencia y la conflictividad.

Es duro saber que, en los actuales momentos, Caracas superó a Ciudad Juárez –la que en su momento fuera la ciudad más violenta de México- y a Medellín, registrando en 2015 la tasa más elevada de homicidios. Y esto, con toda certeza, alentado desde el mismo gobierno. Porque la delincuencia desbordada es la meta de todo gobierno autoritario. “El mensaje con el que Chávez llega al poder, no era más que un elogio sistemático de la violencia. Y el mejor ejemplo es que Chávez nunca festejó el día que ganó sino el día de su fallido alzamiento”, asevera.

No podemos dejar a un lado la corrupción. El Estado autoritario que nos desgobierna impuso controles en todos los órdenes lo que, para Briceño León, propicia “negocios” para saltar estos controles; y, por supuesto, los “negocios” generan crimen. Un gran círculo vicioso que nos hunde y nos proyecta como una de las naciones más corruptas del mundo.

Esto me lleva a reconocer lo astuto que ha sido el régimen, todo en aras de mantenerse al mando de la nación. La situación en la que estamos es parte de su estrategia para perpetuarse en el poder. Es un juego político perverso de las actuales autoridades que, a propósito del progresivo descenso en credibilidad y popularidad de su liderazgo, están jugando con el estallido social para, de esa manera, tirar a la FANB a la calle, con el consabido proceso de suspensión de garantías constitucionales y así abrogarse el poder absoluto de la violencia, oficializando un gobierno de facto; sin importarle incluso la posible abismada observancia del concierto internacional de países hermanos. Por eso, no creo que estemos frente a ninguna crisis humanitaria. Es mentira. Porque para este modelo Estado/Comunista/Autoritario todo forma parte de un plan concebido con cinismo y alevosía. Mientras más débiles se vuelven el individuo y la sociedad, más fuerte se hace el modelo Estado/Comunista/Autoritario, garantizando su perpetuación en el poder. Al modelo Estado/Comunista/Autoritario no le importan ni le interesan las carencias: le importa el hampa, que son ellos mismos. Al fin de cuenta, en qué consiste este modelo: ¿calidad? ¿abundancia? ¿mejoras? ¿prosperidad? ¿modernidad? ¿felicidad? No, es todo lo contrario. Este modelo aboga por el debilitamiento de la sociedad. Infunde terror para neutralizarla, aun cuando está engatillada.

@mingo_1

mingo.blanco@gmail.com

@juanraffalli

El Nacional