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Gobierno de Venezuela denunciará a presidente colombiano
Por la presunta persecución y el exterminio de los migrantes venezolanos

El Gobierno de Venezuela denunciará al presidente de Colombia, Iván Duque, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la «persecución» y el «exterminio» de los migrantes venezolanos, después de culparlo del asesinato de dos jóvenes en el país vecino, anunció este miércoles la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

«Venezuela llevará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por el delito de exterminio, persecución, contemplado en el artículo 7.1H del estatuto de Roma por la persecución contra nuestros migrantes, por el asesinato de nuestros migrantes», indicó Rodríguez en una rueda de prensa.

Según señaló, esto se ha convertido «en una política sistemática y masiva contra» los venezolanos.

La vicepresidenta, además, dijo que el departamento de medicina legal de Colombia publicó que desde el año 2017 se ha «asesinado a 2.061 migrantes venezolanos».

También aseguró que la ONG Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) ha documentado el asesinato de 360 venezolanos en Colombia, así como más de 800 desaparecidos.

Rodríguez insistió en que los migrantes venezolanos están siendo «asesinados en Colombia» y que son víctimas de «persecución» en países de la región.

«El aparato publicitario de las oligarquías, dirigidas por el narcotráfico colombiano (…), dirige su aparato comunicacional a denigrar a los migrantes venezolanos (…) de los pobres, de los vulnerables, por eso es una xenofobia aporofóbica», agregó, al tiempo que también culpó de «extremismo» a la oposición venezolana.

Asimismo, dijo que hace tres semanas el alto representante de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se reunieron en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas para darle «más dinero a Colombia para que asesinen a los migrantes venezolanos».

Informe Codhez: 71% de hogares en La Guajira viven por debajo de la línea de pobreza extrema
Según Codhez, 80% de la población de La Guarija viven en constante preocupación por no contar con alimentos suficientes

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) reportó en su informe de agosto las precarias condiciones de vida de personas pertenecientes a comunidades indígenas de esa región.

El reporte de la ONG recuerda que las comunidades indígenas que habitan la región Zulia son los Wayuu y Añú,  cuyo hábitat se ubica en la Guajira, y Barí, Japreria y Yukpa, cuyo hábitat se ubica en la Sierra de Perijá.

Advierten que estas etnias padecen el «abandono institucional y gubernamental acostumbrado por los gobiernos de turno, con el agravante de que en los últimos años la desatención ha llegado a tal extremo que no se garantizan las condiciones mínimas de subsistencia».

Entre los hallazgos más importantes de este informe de Codhez, se destaca que el 71% de los hogares de La Guajira viven por debajo de la línea de pobreza extrema.

A continuación, se presentan las claves de los resultados sobre la situación de los pueblos indígenas que hacen vida en el estado Zulia:

La Guajira

En el caso de esta zona, donde habitan los Wayuu y Añú, los principales problemas son la carencia en los servicios públicos como electricidad y agua potable, el suministro de gasolina y transporte público, la inaccesibilidad a la salud y la educación, así como la inseguridad alimentaria, ciudadana y jurídica que padece esta región.

Servicio eléctrico

Durante los primeros siete meses del 2021, la prestación del servicio eléctrico fue decadente. La situación llegó a tal extremo, que hubo sectores que llevaban más de un año sin electricidad, como los habitantes de la comunidad de Marichen I en al municipio Guajira, quienes denunciaron que los dos transformadores que les suministraban electricidad se dañaron en enero del 2020 y hasta febrero de 2021,  afirmaban que realizaron múltiples solicitudes a la Gobernación del Zulia y a la Alcaldía del municipio, sin obtener respuesta, situación que perjudicaba a más de 120 familias.

Tal situación es tan agobiante que el Comité de Derechos Humanos de la Guajira denunciaba un déficit de 90 transformadores en ese municipio.

Agua potable

Desde enero del 2021, se hicieron múltiples denuncias sobre el problema del suministro de agua en La Guajira. Una de las más resaltantes estuvo relacionada con el alto precio de la pipa de agua vendida por los camiones cisternas.

Con respecto a la pipa, que solo alcanza para unos dos días, estuvo valorada en enero de 2021 en Bs. 2.000.000,0019 (COP 12.000,00 y USD 1,29 en ese momento), pero hay sectores donde ni siquiera pasan estos camiones, como es el caso de la comunidad Fundo El Carmen. 

Gasolina y transporte público

Desde hace cuatro años el despacho de gasolina y el transporte público es un problema agudizado en todo el estado Zulia, por lo que en La Guajira no son ajenos a esta realidad.

Según el informe de Codhez, en abril de 2021 los pescadores de varios municipios del estado, entre ellos la Guajira, denunciaban que por cada 35 litros de gasolina debían entregar 6 kilos de pescado a los encargados de las estaciones de servicio para luego venderles el combustible.

Salud

Uno de los temas más preocupantes es  la propagación de COVID-19 en la región Guajira.

A mediados del mes de marzo, la alcaldesa del municipio anunció el arribo de apenas 156 dosis de la vacuna Sinopharm a distribuirse en dos centros de diagnóstico integral (CDI) en Sinamaica y Paraguaipoa, mientras que para ese entonces se reportaba que el personal médico del hospital centinela del municipio no había recibido ningún tipo de inmunización.

Asimismo, en abril ya se reportaba el ingreso al Zulia de la variante brasileña por la zona limítrofe con la Guajira.

Educación

Al igual que el año pasado, el derecho a la educación en esta zona del se encuentra desatendido, sobre todo luego de la declaratoria de la cuarentena social y la sustitución de las clases presenciales por clases a distancia mediante el uso de las nuevas tecnologías.

Con respecto a lo anterior, el Inso Encovi 2020 reportó que solo el 2,7% de los hogares en la Guajira poseen computadoras, mientras que 1,1% tiene acceso a internet.

Alimentación

La poca disponibilidad y el bajo acceso a los alimentos entre las familias de esta región es uno de los mayores problemas. Dicha situación se ve ensombrecida ante la falta de políticas reales y sustentables que permitan rescatar los índices de seguridad alimentaria, que contribuyan a restablecer niveles óptimos de nutrición y calidad de vida de las personas.

Además, en abril de 2021, a más de un año desde del inicio de la cuarentena, las familias del municipio Guajira viven en constante preocupación por no contar con alimentos suficientes.

Seguridad

La seguridad en la zona fronteriza de La Guajira siempre se ha considerado en alerta roja. Es un espacio por donde se trafica todo tipo de mercancía, lo cual ha generado la proliferación de mafias y delincuencia organizada.

Con respecto a lo anterior, denuncias apuntan que estos grupos actúan bajo la anuencia de los órganos del Estado quienes, o bien participan activamente en las actividades ilícitas, «o reciben sobornos para garantizar el silencio y no averiguación de hechos delictivos».

Perijá

Habitantes indígenas de la Sierra de Perijá presentan las mismas calamidades en cuanto a la prestación de servicios públicos como electricidad, agua potable o gas doméstico.

Salud

Codhez señala que existe una «indolencia gubernamental» ante la ausencia de los más elementales requerimientos sanitarios y médicos transciende en el tiempo.

En ese sentido, el informe señala que no existen condiciones  mínimas de infraestructura hospitalaria, ni insumos, ni medicamentos para atacar enfermedades que incluso se estimaban erradicadas de la región, como es el caso de la tuberculosis, y mucho menos para atender el impacto de la pandemia en estas comunidades.

Educación

Las comunidades del pueblo yukpa han sufrido desatención por parte del Estado en materia educativa.

Sin embargo, a principios de este año, el Ministerio del Poder Popular de los Pueblos Indígenas anunció la realización de unas jornadas de atención integral dirigida a la comunidad indígena Yukpa del Kilómetro 22, que incluía asistencia en materia de salud, alimentación, servicios públicos, vivienda y educación, para lo cual se organizaron mesas de trabajo con los voceros de la comunidad y así abordar a las familias yukpas.

Alimentación

En las comunidades indígenas de la Sierra de Perijá, uno de los mayores problemas es la desnutrición, que ha ido en crecimiento y se asocia directamente al deterioro del poder adquisitivo, lo cual impide la adquisición de alimentos con alto contenido proteico y nutricional.

Antes de la pandemia, el comercio informal permitía solventar por lo menos una de las tres comidas diarias, pero con la hiperinflación, la crisis de gasolina y de transporte, «es casi imposible».

Gasolina y transporte público

La escasez de combustible sigue causando estragos en todo Zulia, especialmente en zonas rurales como la Sierra de Perijá. Consecuencia de esta escasez es la indisponibilidad de transporte para trasladar los pocos alimentos cosechados, o  para atender emergencias de salud.

Seguridad

Un ejemplo de la deteriorada seguridad en esta zona es que en febrero de 2021, unos yukpas permanecían en las instalaciones de una unidad de producción en Machiques (finca Araguaney) que, al parecer, invadieron el 29 de enero como exigencia y forma de presión para que el gobierno termine la demaración de las tierras indígenas de las cuencas de El Tukuko y Yaza que inició en 2006.

El Ejército venezolano custodiaba las instalaciones tomadas y los trabajadores cumplían su jornada laboral.

Hallazgos generales

  • Según el Inso Encovi 2020, el 71% de los hogares del municipio Guajira viven por debajo de la línea de la pobreza extrema.
  • 66% de los jóvenes entre 15 y 24 años no estudian ni tienen empleo.
  • 100% de los hogares presenta inseguridad alimentaria.
  • 94,3% se encuentra en inseguridad alimentaria moderada o severa.
  • Solo el 5,4% pudo pagar por atención médica.
  • 80% de la población de La Guajira viven en constante preocupación por no contar con alimentos suficientes.
  • Solo 2,7% de los hogares en la Guajira poseen computadoras, mientras que 1,1% tiene acceso a internet.
Sin servicios públicos en el Zulia la vida pende de un hilo
Los habitantes del segundo estado más poblado del país padecen sin agua, sin gas doméstico y con cortes eléctricos. Mujeres embarazadas y con niños pequeños que deben cargar y cocinar con leña, ancianos que sufren por las fallas de luz y familias enteras que deben caminar kilómetros para conseguir agua

“¡Qué no me duele! Con esta situación que estamos viviendo nos duele hasta el alma”.

Son las 12:15 pm y los rayos del sol le nublan la vista a José Montiel. Las marcas del sudor le pegan su franela al cuerpo porque la sensación térmica supera los 40°. 

José, tiene 56 años y vive en la comunidad Jagüey de la Punta, en el municipio San Francisco del estado Zulia, el segundo más poblado en la región con 526.504 habitantes hasta 2020 según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. 

Cuenta que el principal foco de atención en su sector es una manguera delgada que está en el patio de un vecino. De ese plástico negro sale un hilo de agua muy delgado entre las 6:30 am y 6:00 pm del que se sirve una parte de la comunidad.

José tiene 17 años viviendo en ese sector y desde hace al menos 3 años no hay agua en la zona. Por eso acude a la bondad de su vecino para llenar cinco toneles de agua que suman 1.000 litros, que luego monta en una carretilla oxidada y los lleva a su casa en dos viajes. 

Ese día caluroso, a mediados de julio, le pidió a su hijo y a unos niños que jugaban con un burro que lo ayudaran a llevar los 450 kilos que pesa la carga del agua de su primer viaje.  

Desde hace dos años, José padece desprendimiento de retina en los dos ojos y en el izquierdo tiene glaucoma. Su discapacidad, que se agrava por la falta de atención médica y de dinero para atender este padecimiento, deterioran aún más su calidad de vida e imposibilitan actividades cotidianas como salir solo en búsqueda de agua y ver las piedras que hay en el camino. 

“Nos quedamos sin una gota de agua y tengo cuatro hijos menores y a mi esposa esperando. ¡Estamos desesperados! Siento impotencia”.

Las fallas en la distribución de agua potable en el Zulia son cronicas, se registran, al menos, desde 2018 y las consecuencias que genera se agravan en medio de la emergencia humanitaria compleja que impacta a los 21 municipios zulianos. 

La escasez se agudizó en el contexto de la pandemia por COVID-19 en que la principal forma de evitar la propagación y contagio del coronavirus es que las personas laven sus manos de manera constante y mantengan sus espacios limpios. 

El agua, que es un derecho humano y así está previsto en las normativas internacionales, no es un beneficio del que gozan los ciudadanos en la región. 

Una toma comunitaria que “salva vidas”

En Jagüey de la Punta se cansaron de no tener respuesta de los gobiernos locales y decidieron unirse para atender lo que el Estado no les resuelve. Es así que decidieron hacer una toma comunitaria que se logró por iniciativa de un vecino que conectó dos rollos de manguera a un pozo que habilitó la Gobernación del Zulia, después de tres años sin funcionar. Gracias a esta invención, la comunidad puede servirse de agua. 

Jagüey de la Punta tiene cinco largas y maltrechas calles a medio asfaltar en las que residen 110 personas. De las 22 familias que hacen vida en el sector, al menos seis se benefician de la toma vecinal.  

Para tener agua en su casa, tanto José como sus vecinos deben recorrer a pie las calles polvorientas y huecas de su sector. José, por ejemplo, vive a 100 metros del patio donde está instalada la manguera. Las carretas y carritos se atascan en el trayecto, lo que amerita más esfuerzo. Además, en cada brinco o al pisar una piedra, los toneles, tanques y envases se derraman, y se pierden varios litros frente a la mirada impotente de quienes la trasladan.

En casa de José, los 1.000 o 2.000 litros de agua que busca cada semana le alcanzan para cocinar, bañarse, bajar el retrete, limpiar la casa a medias, lavar la ropa o regar las matas. Poco queda para lavarse las manos varias veces al día para evitar el contagio de la COVID-19 y sus variantes.

Lo mismo pasa en casa de sus vecinos y, quizás peor, en la casa de quien no tiene la opción de llevar toneles grandes, o una carretilla para transportar el agua. 

Maracaibo es la tercera ciudad del Venezuela con el mayor número de usuarios que no reciben agua a pesar de estar conectados a la red de acueducto, esto de acuerdo con un estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos durante enero de 2021. En la investigación se demostró que la valoración negativa del servicio de agua potable es de 82,4% en la capital del Zulia. Mientras, hay zonas donde no llega una gota y en otras se pierden cientos de litros por los botes de agua.  

Esto no es vida 

“Parece tamarindo, da miedo, pero no tenemos más opciones. A veces llega hasta aceitosa, uno le ve las manchas”, dice Marta Sánchez, habitante del sector Santa Fe, también del municipio San Francisco sobre el agua que recolecta para tener en su casa. 

El agua que sale por las tuberías es turbia y está causando diarrea, vómitos, enfermedades en la piel y escalofríos a una población a la que se le dificulta comprar hasta un suero para hidratar.

Para “tratar” el agua, las personas usan cloro, la hierven o le echan alumbre, un mineral compuesto por aluminio y potasio, principalmente, que la aclara al concentrar las partículas en el fondo.  

En declaraciones recientes Ausberto Quero, miembro de la junta directiva del Centro de Ingenieros del estado Zulia (Cidez), explicó que la crisis hídrica que vive la capital zuliana responde a la mala administración de la gestión integral del manejo del agua a manos de la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago).

El especialista explicó que la precariedad del servicio “inicia desde las primeras gotas que nacen en las cuencas hasta la última gota que llega a casa”, debido a los altos índices de deforestación de las zonas que, según dice, deberían estar protegidas por la Guardería Ambiental. Sobre la turbiedad del agua detalló que esta debe tener entre una y cinco unidades nefelométricas que es lo que la mide y el agua que llega tiene más de 250. 

La escasez de agua obliga, a aquellos que pueden, a comprar botellones, pagar a camiones cisternas o acudir a pozos comunitarios. Los precios varían entre los 500.000 bolívares y los 2 dólares estadounidenses por tonel, lo que representa más de un salario mínimo mensual en Venezuela.

“¡Siento que se me va la vida! Las piernas se me acalambran cuando estoy subiendo”. 

Así resume Dayana Gil lo que siente tres veces a la semana. Esta mujer de 32 años y madre de seis hijos camina junto a sus vecinos casi un kilómetro desde su casa hasta una empresa privada de cervezas -donde le regalan agua potable- o al pozo de una vivienda donde la venden, y suben al menos dos pendientes cargando botellones de agua en una carreta.

Dayana vive en el sector Santo Domingo, parroquia Cristo de Aranza de Maracaibo, al borde de una cañada, como le dicen en Zulia al canal donde se empozan las aguas servidas. 

En la reportería se destaca que los datos coinciden en las distancias que deben recorrer las personas en el Zulia para buscar y acarrear agua. La mayoría suma hasta los 3 kilómetros. El volumen que cargan o arrastran es de entre 2 litros y tanques de 2 mil litros. El tiempo ocupado al día en estas actividades de subsistencia es de media hora hasta 7 horas. Y una persona puede destinar hasta 21 horas semanales de su tiempo en busca de agua para su hogar.

Mujeres, hombres, adultos mayores, e incluso niños, niñas y adolescentes, buscan agua en diversas fuentes ubicadas fuera de sus hogares, debido a que no llega una gota a la tubería. Caminan con carretas, coches, sillas de ruedas y carritos a parques, cañadas, jardines y pozos comunitarios -tomas improvisadas sin control- para intentar llenar sus envases. Y cuando llueve, tratan de almacenar  toda el agua que pueden.  

Lea la historia completa aquí

 

 

Zulia registró 158 muertes por violencia policial durante el primer semestre de 2021
122 hechos violentos en la entidad fueron identificados por las autoridades como enfrentamientos entre los cuerpos policiales y presuntos delincuentes

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia documentó 158 muertes por presunta violencia policial en 122 hechos violentos ocurridos durante el primer semestre de 2021 en la entidad.

Esta cifra representa una disminución de 57,64% en comparación con los números registrados para el mismo periodo el año pasado, cuando se documentaron los asesinatos de 373 personas en 261 hechos de ese tipo.

Distribución de la violencia

La Comisión precisó que los 122 hechos violentos en la entidad fueron identificados por las autoridades como enfrentamientos entre los cuerpos policiales y presuntos delincuentes. El mes más violento, señaló la Codhez, fue enero con 45 casos.

Maracaibo se mantiene como el municipio con el mayor número de hechosde este tipo, con 47 (38,52%).

Le siguen San Francisco con 22 (18,03%) y la Cañada de Urdaneta con 12 (9,84%). En Lagunillas, añadió la organización, ocurrieron 6 hechos violentos (4,92%), mientras que en Jesús Enrique Lossada y en Machiques de Perijá ocurrieron 5.

En enero se contabilizaron 58 fallecimientos por violencia policial. Es decir, 36,71% del total de muertes desde ese mes hasta junio de 2021. En marzo se produjeron 25 muertes (15,82%); en mayo hubo 22 personas fallecidas (13,92%) y en abril se documentaron 21 muertes (13,29%) y un policía fallecido.

En febrero 20 personas resultaron ultimadas (12,66%) y se reportó un policía herido. Mientras que en junio se registró el número más bajo de muertes por violencia policial con 12 en total (7,59%).

Cuerpos de seguridad involucrados

Cuatro cuerpos de seguridad causaron el mayor número de muertes, puntualizó la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia.

El Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia causó, de acuerdo con el informe, la muerte de 33 personas (20,89%); mientras que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas causó 25 (15,82%); el Equipo de Respuesta Especial, 13 (8,23%), y la Guardia Nacional Bolivariana, 1

Berríos Ortigoza: Rol de Bachelet es fundamental para la vigencia de los DDHH en el país
En un artículo publicado en la revista Democratización del Instituto de Estudios Políticos FORMA, el codirector de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) señala que los venezolanos deben salvaguardar a las ONG porque su labor “es una garantía para que el país pueda tener un mejor porvenir”

 

Siempre en el ojo del huracán por sus informes y declaraciones con respecto al caso venezolano, Michelle Bachelet se ha convertido en una figura clave en la lucha por la democracia en Venezuela, según el abogado Juan Alberto Berríos Ortigoza, codirector de la asociación civil Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).

“El rol de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (…) es fundamental para procurar que se restablezca la vigencia de los derechos humanos en el país”, sostiene Berríos Ortigoza en un ensayo publicado en la revista Democratización, editada por el Instituto de Estudios Políticos FORMA.

El profesor de la Universidad del Zulia (LUZ) señala que la labor del despacho de Bachelet, así como del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son aportes valiosos que apuntalan los esfuerzos internos por alcanzar la plena vigencia de la Constitución.

Además de reconocer la importancia del apoyo recibido desde el exterior, Berríos Ortigoza subraya el empeño “de las organizaciones de la sociedad civil, cuya perseverancia y firmeza ha logrado que se haya fijado la atención de estos organismos internacionales en Venezuela”.

Frente a la nueva embestida contra las ONG de parte del régimen de Nicolás Maduro, que recientemente ordenó la detención de los activistas de Fundaredes, el investigador de LUZ enfatiza que los venezolanos deben salvaguardar a estas agrupaciones de la sociedad civil porque su existencia “es una garantía para que el país pueda tener un mejor porvenir”.

Gran desafío

“La investigación de las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido, así como la sanción a sus responsables, y la reparación a las víctimas, es el principal reto de esta época, y marcará la suerte del próximo siglo venezolano”, afirma Berríos Ortigoza.

El portavoz de Codhez indica que “el resultado de estos años de persistentes violaciones a los derechos humanos ha sido una emergencia humanitaria compleja, en medio de un contexto de persecución política que no cesa”.

Berríos Ortigoza observa que desde 1999 la estrategia del Estado chavista ha buscado la “reducción del espacio cívico y la imposición de obstáculos a la participación ciudadana para el cambio político”.

En ese sentido, el experto opina que las acciones ejecutadas desde el poder “corresponden a una política de control social y de persecución que tuvo como primer objetivo obstaculizar y, luego, impedir, la participación de activistas y partidos políticos de oposición, a través de diversas estrategias que han involucrado al Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República”.

Codhez: 6 de cada 10 hogares zulianos come una vez o nada en el día
55,4% de los hogares tiene un ingreso mensual entre 10 y 50 dólares

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) presentó el informe Seguridad Alimentaria en Zulia- Marzo 2021, que comprende los resultados de la cuarta encuesta sobre seguridad alimentaria que realizan en la región.

El estudio abarcó una muestra de 1.200 hogares en los cinco municipios de la región zuliana con mayor población: Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Mara y Lagunillas, respectivamente, y fue aplicado durante el mes de marzo.

Este estudio da cuenta de la permanencia de la inseguridad alimentaria en los hogares zulianos, configurada tanto en los diversos obstáculos para la producción, distribución y comercialización de alimentos, como por la adaptación de severas estrategias de sobrevivencia, poca variedad dietética y discontinua frecuencia de consumo, malos hábitos alimenticios, y programas estatales de alimentación ineficientes, lo que en conjunto deriva en graves limitaciones para el acceso y la disponibilidad de alimentos entre los hogares zulianos, intensificadas por la pandemia.

Más hambre, menos sueldo

Tras ser consultadas, 9 de cada 10 personas entrevistadas refirieron tener una percepción negativa de la situación actual de la comunidad donde vive, calificándola de mala o muy mala. Aunado a esto, en general, 55,4% de los hogares tiene un ingreso mensual entre USD 10 y 50, es decir, USD 1,66 diarios como máximo. Mientras que 7 de cada 10 hogares gasta entre menos de USD 5 y 50 en compras mensuales de comida.

Esto es consistente con el hecho de que la crisis económica sea la principal preocupación de los zulianos: 4 de cada 10 hogares expresa su malestar por los problemas asociados a la inflación, falta de dinero en efectivo, desempleo, insuficiencia de ingresos, entre otros.

Esta situación ha forzado a que miles de familias zulianas hayan tenido que adaptar estrategias de sobrevivencia para acceder a los alimentos cuando no tienen suficientes recursos o dinero para adquirirlos, ante lo que Codhez vio necesario determinar el índice de estrategias de sobrevivencia (IES) y el puntaje de consumo de alimentos (PCA).

Indicadores en rojo

En esta encuesta se determinó la calificación IES, un indicador de seguridad alimentaria que mide las prácticas aplicadas por los hogares que no pueden acceder a los alimentos, cuyo resultado es una puntuación numérica: un puntaje alto significa que los hogares adoptaron estrategias con mayor frecuencia y más severas para alimentarse.

En este sentido, el promedio del IES reducido de los hogares en el Zulia es de 31 puntos, con un IES mínimo de 6 puntos y un IES máximo de 56 puntos. Se trata de un rango amplio que remarca las brechas de desigualdad entre los hogares.

El IES en los hogares zulianos con niñas, niños y adolescentes (NNA) es de 34 puntos. En este último supuesto se excede el promedio entre los hogares de la región e implica la adopción de estrategias de sobrevivencia con más frecuencia y gravedad para alimentarse, reflejando los sacrificios que realizan los adultos para que los menores tengan una mejor alimentación.

Codhez también destaca la situación de hogares donde una madre o una abuela está a cargo de la familia (25,7% de la población encuestada), en los que se registra un IES reducido promedio de 32 puntos. Así, esta resulta una población que requiere atención prioritaria, puesto que en estas familias a cuyo cargo se encuentran madres o abuelas, solo 21,75% de las jefas de familia tiene empleo fijo, 9,74% están desempleadas y 54,22% trabajan por su cuenta, mientras que 1,3% están jubiladas, y 12,99% son amas de casa.

Y en referencia específica a los municipios encuestados, Maracaibo sobrepasa el promedio de la región con un IES de 35 puntos, seguido de Cabimas con 31 puntos, Lagunillas con 29 puntos, San Francisco con 28 puntos, y Mara con 24 puntos. Sin embargo, en todos los municipios encuestados se registran brechas considerables entre las puntuaciones mínimas y máximas referidas a los hogares que aplican estrategias de sobrevivencia para alimentarse, por lo que existen hogares que deben afrontar las posibilidades de alimentarse de forma más riesgosa y comprometida.

Dificultades para acceder a una alimentación adecuada

De la encuesta realizada por Codhez en los cinco municipios zulianos más poblados, se desprende que en cuatro de cada 10 hogares zulianos consumieron siete veces a la semana alimentos que menos les gusta o más baratos; mientras que 4 de cada 10, afirmó haber dejado de desayunar, almorzar y cenar entre tres y cuatro veces a la semana; y en cuatro de cada 10, se disminuyó el tamaño de las porciones de la comida siete veces a la semana.

También destaca que 6 de cada 10 hogares declaró haber comido una vez o dejado de comer en todo el día, entre una y cuatro veces a la semana. Pedir alimentos prestados entre una y siete veces a la semana fue una situación reportada en 5 de cada 10 hogares. En menor proporción, 3 de cada 10 hogares comió dependiendo de la ayuda de vecinos, amigos o familiares que viven en el país, en lo que 6 de cada 10 hogares dependió de la ayuda de familiares en el exterior para alimentarse.

Además, 8 de cada 10 hogares durante la semana tuvo que vender o intercambiar bienes personales por o para comprar comida; y 7 de cada 10, trabajó a cambio de alimentos entre una y siete veces a la semana. Sin embargo, el elemento que más afecta a las familias zulianas es el alto precio de los alimentos. En efecto, 8 de cada 10 hogares afirmó que la carestía de los alimentos es el gran obstáculo para su compra.

Poca variedad en la dieta

Codhez también evaluó la diversidad dietética y la frecuencia del consumo de alimentos en los hogares del Zulia, en atención a ocho grupos de alimentos diferentes durante el transcurso de una semana, para determinar el puntaje de consumo de alimentos (PCA). De los 1.200 hogares zulianos encuestados, 93% presenta un PCA aceptable; 7% un PCA limitado; y 1% un PCA pobre.

En este orden, 8 de cada 10 hogares consumió cereales, plátanos y tubérculos entre seis y siete días a la semana; 9 de cada 10, consumió granos entre cuatro y siete días a la semana; 8 de cada 10, consumió vegetales entre dos y cuatro días a la semana; 8 de cada 10, no consumió frutas durante la semana; 8 de cada 10, consumió carnes, huevos, pescado y mariscos entre tres y cinco veces a la semana; 5 de cada 10, consumió lácteos entre dos y tres días a la semana; 10 de cada 10, consumió aceites y grasas durante toda la semana; y 5 de cada 10, no consumió azúcares durante la semana.

En 5 de cada 10 hogares zulianos no se desayuna, y en 3 de cada 10 no se cena. En ambas comidas las combinaciones más comunes son arepa con queso y arepa con huevo. En el almuerzo la mayoría come pasta con verduras, huevos con arroz, y arroz con verduras y granos.

Remesas vs. ayudas gubernamentales

Todo lo anterior escenifica un complicado panorama en el día a día de los zulianos, cuya subsistencia depende en gran medida de las remesas o ayudas económicas de familiares en el exterior. Los municipios con mayor tasa de emigración en el Zulia son Mara (78%) y San Francisco (75%): 8 de cada 10 hogares.

En tal sentido, 97,2% de los hogares donde emigró algún familiar percibe apoyo económico. En específico, del total de hogares del Zulia, la ayuda mensual alcanza a 5 de cada 10 hogares, y 4 de cada 10 hogares percibiría entre USD 11 y 50 cada mes de familiares en el exterior.

En el caso concreto las mujeres que viven en hogares que reciben esta ayuda mensual, 66,3% comen dos veces al día, y 73,4% lo hacen tres veces. También, en 68,9% de los hogares donde NNA comen tres veces al día son apoyados cada mes por familiares en el exterior.

Ahora bien, en cuanto a las ayudas del gobierno nacional, si bien el 96,1% de los hogares afirmó haber recibido dinero por parte del gobierno nacional a través de misiones, pensiones o bonos asociados al carnet de la patria, estas ayudas resultan irrisorias e insuficientes como contribución a la alimentación, dado que las mismas oscilan entre USD 5 o menos.

Índices de inseguridad alimentaria demandan acciones urgentes

Codhez insiste en la necesidad urgente de que el Estado venezolano asuma su responsabilidad como garante de los derechos humanos de los zulianos, con especial énfasis en la garantía de la seguridad alimentaria; por lo que estima imperioso planificar y ejecutar medidas sustentables que permitan el restablecimiento de la seguridad alimentaria en la región como elemento necesario para garantizar el derecho a la alimentación.

La organización de derechos humanos reitera que el Estado venezolano debe asumir su obligación constitucional de asegurar la seguridad alimentaria en la región, con la participación de todos los sectores involucrados, en especial de los expertos en la materia y los productores, distribuidores y comerciantes de alimentos, incentivando el rescate y la optimización de la cadena de producción nacional de alimentos, y atendiendo a las poblaciones más vulnerables, sobre todo mujeres, NNA, personas adultas mayores, y con enfermedades crónicas y discapacidad.

8 de cada 10 hogares en Zulia, Táchira y Lara adopta estrategias de sobrevivencia para mantener consumo básico de alimentos
56% de los hogares sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 16% presenta inseguridad alimentaria

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó los resultados del sondeo en línea sobre consumo de alimentos y seguridad alimentaria para estudiar los hábitos alimenticios de los hogares en Lara, Táchira y Zulia.

Al verificar las estrategias que adoptan las familias de Maracaibo para acceder a alimentos, se observa que 88% de los hogares adopta estrategias de sobrevivencia para mantener un consumo básico de alimentos. De este porcentaje, 56% sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 16% presenta inseguridad alimentaria, 16% está en riesgo de sufrirla, y 12% estaría en una situación normal.

En otros municipios del Zulia, la situación se agrava: en San Francisco, 83% de hogares adopta estrategias de sobrevivencia para mantener un consumo básico de alimentos, en Lagunillas comprende el 93% de hogares, mientras que, en Mara y Cabimas, las estrategias de sobrevivencia abarcan la totalidad de hogares.

Esta sección del sondeo de Codhez se refiere a la indagación sobre las adaptaciones que las familias experimentan para acceder a los alimentos cuando no tienen suficientes recursos o dinero para adquirirlos, con el objetivo de determinar el índice de estrategias de afrontamiento.

Situación similar en otros estados

En el estudio, se reporta también las estrategias que adoptan las familias de Táchira para acceder a alimentos: 38% sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 21% presenta inseguridad alimentaria, 16% estaría en riesgo de padecerla, y 25% en una situación normal.

Mientras, en Lara se evidencia que 44% de los hogares sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 19% presenta inseguridad alimentaria, 26% estaría en riesgo de sufrirla, y 11% estaría en una situación normal.

Al contrastar los datos relativos a las estrategias de sobrevivencia con los hábitos de consumo de alimentos, se evidencia que persisten graves dificultades para los hogares venezolanos para alcanzar cierta diversidad en la dieta a pesar de sus sacrificios, que consisten en adoptar cambios en la calidad de la dieta, racionar las comidas, disminuir el número de personas que pueden comer en casa, o realizar alguna adaptación para lograr el acceso a los alimentos.

El reporte, que incluye información sobre la experiencia en los hábitos de consumo en los municipios del Área Metropolitana de Maracaibo (Maracaibo y Mara); de la Costa Oriental del Lago (Lagunillas y Cabimas), el municipio Iribarren, en el estado Lara y el municipio San Cristóbal, en el estado Táchira, también presenta datos sobre la calidad de la dieta alimenticia.

Cereales, plátanos, tubérculos, aceites y grasas son los alimentos más consumidos en el contexto de las comidas diarias. En Maracaibo, por ejemplo, la respuesta predominante fue el consumo de cereales (94%), es decir, de arepa, pasta, pan, arroz, harinas de maíz o trigo, entre otros, y, en segundo lugar, el consumo de aceites/grasas (76%), repitiéndose la tendencia del sondeo realizado en noviembre de 2020.

En San Francisco, 83% de hogares consume alimentos menos preferidos o más baratos

En el municipio San Francisco, estado Zulia, 83% de hogares reportó haber consumido alimentos menos preferidos o más baratos durante la semana, mientras que 19% declaró hacerlo los siete días de la semana. Entre tanto que el 52% de los encuestados indicó haber dejado de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez durante la semana, cuando 15% lo hizo a diario.

Comer solo una vez o no comer nada en el día fue una situación presentada en al menos una vez en la semana en 41% de hogares, mientras el 29% señaló que sucedió de una a tres veces por semana. Aunado a esto, San Francisco registró la tasa de diversidad de alimentos más baja entre los hogares de las regiones del occidente del país que respondieron el sondeo.

El sacrificio continúa siendo máximo en los hogares de Lara, Táchira y Zulia

En atención a lo observado, Codhez destaca que los sacrificios que implementan los hogares para acceder a los alimentos se han mantenido tanto intensos como cotidianos; una situación que también se presenta en los hogares de Lara y Táchira, de acuerdo con los resultados obtenidos de los sondeos realizados desde octubre de 2020. En general, los datos evidencian que la inseguridad alimentaria se mantiene como constante.

Esta notoria fragilidad —en un contexto cada vez más precario— de la economía familiar para afrontar los gastos en alimentos, concurre con los de otras necesidades básicas como el agua potable, la gasolina o los servicios de educación y salud.

Ante esto, Codhez resalta que, en las circunstancias actuales, un año después de haberse decretado el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19 en todo el país, persiste la inquietante inacción del Estado venezolano ante la inseguridad alimentaria.

“Se ha cometido una serie de arbitrariedades contra organizaciones de la sociedad civil que realizan asistencia humanitaria en el ámbito de la alimentación que, entre otras consecuencias, han supuesto la suspensión de los programas de transferencias monetarias que permitían comprar alimentos a familias en situación de vulnerabilidad”, sostiene la organización en su reporte.

En este sentido, se insiste en que el Estado debe diseñar e implementar un plan estratégico que dé respuesta inmediata y eficiente a la inseguridad alimentaria, y que asegure el derecho a no padecer hambre; y a la par de otro orientado a restablecer la independencia económica de las familias para sostenerse; aplicados con particular atención a las especificidades de las poblaciones más vulnerables.

Codhez reitera su llamado a las instancias de protección de los derechos humanos —en específico, a aquellas dedicadas al derecho a la alimentación— para que examinen la situación de este derecho en Venezuela e intercedan para restituir su pronta garantía.

Pacientes renales en Zulia corren riesgo por fallas del sistema eléctrico
Denuncian que tampoco hay personal médico

La organización de derechos humanos, Codhez, informó que hay 15 pacientes en riesgo porque no han recibido su diálisis ante la falta de electricidad en la unidad de diálisis Juan Bautista Terán, en Maracaibo, estado Zulia.

Hasta el momento solo han podido atender a 12 de 27 pacientes renales, reseñó 800 Noticias.

El centro quedó sin energía eléctrica y no cuenta con planta para continuar con las labores, alertó la organización.

Los pacientes renales denunciaron igualmente la falta de personal médico para atender sus diálisis.

Solicitaron respuestas urgentes, puesto que sus vidas corren peligro.