Prensa Codhez, autor en Runrun

8 de cada 10 hogares en Zulia, Táchira y Lara adopta estrategias de sobrevivencia para mantener consumo básico de alimentos
56% de los hogares sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 16% presenta inseguridad alimentaria

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó los resultados del sondeo en línea sobre consumo de alimentos y seguridad alimentaria para estudiar los hábitos alimenticios de los hogares en Lara, Táchira y Zulia.

Al verificar las estrategias que adoptan las familias de Maracaibo para acceder a alimentos, se observa que 88% de los hogares adopta estrategias de sobrevivencia para mantener un consumo básico de alimentos. De este porcentaje, 56% sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 16% presenta inseguridad alimentaria, 16% está en riesgo de sufrirla, y 12% estaría en una situación normal.

En otros municipios del Zulia, la situación se agrava: en San Francisco, 83% de hogares adopta estrategias de sobrevivencia para mantener un consumo básico de alimentos, en Lagunillas comprende el 93% de hogares, mientras que, en Mara y Cabimas, las estrategias de sobrevivencia abarcan la totalidad de hogares.

Esta sección del sondeo de Codhez se refiere a la indagación sobre las adaptaciones que las familias experimentan para acceder a los alimentos cuando no tienen suficientes recursos o dinero para adquirirlos, con el objetivo de determinar el índice de estrategias de afrontamiento.

Situación similar en otros estados

En el estudio, se reporta también las estrategias que adoptan las familias de Táchira para acceder a alimentos: 38% sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 21% presenta inseguridad alimentaria, 16% estaría en riesgo de padecerla, y 25% en una situación normal.

Mientras, en Lara se evidencia que 44% de los hogares sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas, mientras que 19% presenta inseguridad alimentaria, 26% estaría en riesgo de sufrirla, y 11% estaría en una situación normal.

Al contrastar los datos relativos a las estrategias de sobrevivencia con los hábitos de consumo de alimentos, se evidencia que persisten graves dificultades para los hogares venezolanos para alcanzar cierta diversidad en la dieta a pesar de sus sacrificios, que consisten en adoptar cambios en la calidad de la dieta, racionar las comidas, disminuir el número de personas que pueden comer en casa, o realizar alguna adaptación para lograr el acceso a los alimentos.

El reporte, que incluye información sobre la experiencia en los hábitos de consumo en los municipios del Área Metropolitana de Maracaibo (Maracaibo y Mara); de la Costa Oriental del Lago (Lagunillas y Cabimas), el municipio Iribarren, en el estado Lara y el municipio San Cristóbal, en el estado Táchira, también presenta datos sobre la calidad de la dieta alimenticia.

Cereales, plátanos, tubérculos, aceites y grasas son los alimentos más consumidos en el contexto de las comidas diarias. En Maracaibo, por ejemplo, la respuesta predominante fue el consumo de cereales (94%), es decir, de arepa, pasta, pan, arroz, harinas de maíz o trigo, entre otros, y, en segundo lugar, el consumo de aceites/grasas (76%), repitiéndose la tendencia del sondeo realizado en noviembre de 2020.

En San Francisco, 83% de hogares consume alimentos menos preferidos o más baratos

En el municipio San Francisco, estado Zulia, 83% de hogares reportó haber consumido alimentos menos preferidos o más baratos durante la semana, mientras que 19% declaró hacerlo los siete días de la semana. Entre tanto que el 52% de los encuestados indicó haber dejado de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez durante la semana, cuando 15% lo hizo a diario.

Comer solo una vez o no comer nada en el día fue una situación presentada en al menos una vez en la semana en 41% de hogares, mientras el 29% señaló que sucedió de una a tres veces por semana. Aunado a esto, San Francisco registró la tasa de diversidad de alimentos más baja entre los hogares de las regiones del occidente del país que respondieron el sondeo.

El sacrificio continúa siendo máximo en los hogares de Lara, Táchira y Zulia

En atención a lo observado, Codhez destaca que los sacrificios que implementan los hogares para acceder a los alimentos se han mantenido tanto intensos como cotidianos; una situación que también se presenta en los hogares de Lara y Táchira, de acuerdo con los resultados obtenidos de los sondeos realizados desde octubre de 2020. En general, los datos evidencian que la inseguridad alimentaria se mantiene como constante.

Esta notoria fragilidad —en un contexto cada vez más precario— de la economía familiar para afrontar los gastos en alimentos, concurre con los de otras necesidades básicas como el agua potable, la gasolina o los servicios de educación y salud.

Ante esto, Codhez resalta que, en las circunstancias actuales, un año después de haberse decretado el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19 en todo el país, persiste la inquietante inacción del Estado venezolano ante la inseguridad alimentaria.

“Se ha cometido una serie de arbitrariedades contra organizaciones de la sociedad civil que realizan asistencia humanitaria en el ámbito de la alimentación que, entre otras consecuencias, han supuesto la suspensión de los programas de transferencias monetarias que permitían comprar alimentos a familias en situación de vulnerabilidad”, sostiene la organización en su reporte.

En este sentido, se insiste en que el Estado debe diseñar e implementar un plan estratégico que dé respuesta inmediata y eficiente a la inseguridad alimentaria, y que asegure el derecho a no padecer hambre; y a la par de otro orientado a restablecer la independencia económica de las familias para sostenerse; aplicados con particular atención a las especificidades de las poblaciones más vulnerables.

Codhez reitera su llamado a las instancias de protección de los derechos humanos —en específico, a aquellas dedicadas al derecho a la alimentación— para que examinen la situación de este derecho en Venezuela e intercedan para restituir su pronta garantía.

Codhez registró 586 muertes por violencia policial en 2020
Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta y Cabimas presentaron los números más elevados 

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), registró para el cierre de 2020 un total de 586 muertes por violencia policial en la región zuliana en hechos que involucran a funcionarios de seguridad del Estado venezolano. 

De acuerdo al Boletín de diciembre 2020 sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia publicado por la organización, para el último semestre de 2020 se registró la muerte de 213 personas, en comparación con las 373 personas asesinadas entre los meses de enero y junio de 2020.

Codhez manifiesta “profunda preocupación ante la violencia desplegada por funcionarios del Estado venezolano, cuyas acciones durante el segundo semestre de 2020 generaron 213 muertes en el Zulia, sin que hayan trascendido mayores detalles sobre las investigaciones que se han debido iniciar”

Cuerpos policiales letales 

Las muertes registradas en el segundo semestre de 2020 fueron resultado de 158 hechos violentos en los que participó algún cuerpo de seguridad del Estado. De la totalidad de estos 158 hechos violentos, 155 fueron calificados por las autoridades como enfrentamientos entre los cuerpos policiales y presuntos delincuentes, mientras que el resto ocurrió en otras circunstancias.

En cuanto a la distribución de hechos violentos por municipio, en el boletín de Codhez se destaca que Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta y Cabimas presentaron los números más elevados de violencia policial. Así, en Maracaibo tuvieron lugar 66 hechos violentos (41,77%), en San Francisco 25 (15,82%), en La Cañada de Urdaneta 16 (10,13%) y en Cabimas 12 (7,59%). Por su parte, tanto en Jesús Enrique Lossada como en Santa Rita ocurrieron 9 hechos durante el segundo semestre de 2020.

En el segundo semestre de 2020, el boletín de Codhez establece que el mayor número de muertes es imputable a cuerpos de seguridad adscritos al gobierno regional: 89 (41,78% de los casos del período julio-diciembre)De forma específica, dos de los cuerpos de seguridad regionales provocaron el mayor número de muertes por violencia policial en el Zulia: el SIPEZ con 42 (19,72%) y el ERE con 30 (14,08%).

Por su parte, los cuerpos de seguridad municipales dieron muerte a 54 personas (25,35%). Entre tanto, los cuerpos de seguridad nacionales ocasionaron la muerte de 53 personas (24,88%). Asimismo, en acciones conjuntas de comisiones mixtas se dio muerte a 17 personas (7,98%). 

Cabe destacar que el CICPC, cuerpo de seguridad nacional, produjo 22 muertes por violencia policial (10,33%), cifra que se suma a las 10 muertes causadas por las FAES (4,69%). Mientras que CPBEZ (7,98%), Polimaracaibo (7,98%) y comisiones mixtas (7,98%) sumaron 17 muertes cada uno. 

Se destaca que, en estos casos, la mayoría calificados como presuntos enfrentamientos por las autoridades, no falleció ningún funcionario de seguridad.

Zulia, una de las regiones más violentas 

Durante los últimos seis meses el Zulia continúa ubicándose entre las regiones con mayores incidentes de hechos y muertes por violencia policial, los cuales permanecen impunes ante un sistema judicial que se encuentra en entredicho por ausencia de su independencia y autonomía.

“Las personas víctimas y sus familiares se encuentran frente a un aparato estatal que no responde, dejando en la impunidad este tipo de violaciones, contraviniendo el mandato previsto en el artículo 29 constitucional”, manifiesta Codhez en su informe mensual.  El texto constitucional preceptúa que El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades

Estos casos de uso excesivo de la fuerza y violencia policial se verifican también con situaciones de detenciones arbitrarias, como la ocurrida el 4 de diciembre cuando dos hombres fueron detenidos en el municipio La Cañada de Urdaneta por portar volantes de la consulta popular convocada por la oposición venezolana. Las autoridades que los detuvieron alegaron que se trataban de panfletos alusivos en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Con posterioridad, se informó que las personas fueron presentadas ante los tribunales y se les dictó medida sustitutiva de privación de libertad consistente en un régimen de presentación. Otro suceso que destaca es el ocurrido en noviembre en una finca ubicada en el municipio Francisco Javier Pulgar, en donde en un supuesto procedimiento de las FAES, sin autorización ni razón expresa, amordazaron a personas trabajadoras de una finca y les ordenaron excavar una fosa, situación que estaría siendo investigada por el Ministerio Público.

Ante esto, Codhez reitera que el Estado venezolano debe asumir su obligación constitucional y convencional tanto en lo referente a impedir este tipo de conductas por parte de sus agentes como a castigar y determinar las responsabilidades personales por el uso excesivo de la fuerza pública, que desencadena graves violaciones a los derechos humanos. 

“Las ejecuciones extrajudiciales deben ser investigadas, sancionadas y reparadas como muestra de actitud proactiva del Estado, puesto que estamos en presencia de un tema que interesa a toda la comunidad internacional dada su connotación como delito de lesa humanidad”, manifiesta la organización de derechos humanos en sus consideraciones finales.  

 

Con salario mínimo solo se puede comprar un kilo de yuca en Barquisimeto
En solo quince días, la Canasta Codhez en Barquisimeto aumentó 10,31%

El salario mínimo en Venezuela, establecido en Bs. 400.000,00, representa un valor cada vez más pírrico para adquirir algún alimento de la cesta básica. Esto se evidencia en Barquisimeto, estado Lara, en donde este ingreso mensual apenas rinde para cubrir el costo de un kilogramo de yuca, cuyo precio promedio es de Bs. 345.715,00 (USD 0,31).

Así lo evidenció la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) en su monitoreo de oferta y precios de alimentos en el municipio Iribarren, correspondiente a la primera quincena de diciembre. Este estudio —realizado entre los días 12 y 14 de diciembre— forma parte de un estudio más amplio sobre la seguridad alimentaria en el occidente venezolano.

De esta manera, el valor de la lista de alimentos monitoreados por Codhez se ubicó en Bs. 51.653.621,90 (USD 46,54), a una tasa de Bs/USD 1.109.875,40, equivalentes a 12.913,41% del salario mínimo mensual.

Esta cifra marca una diferencia de +971% en comparación con los precios acordados por el gobierno nacional para los cortes de carne de res de primera, de segunda y costillas; pollo entero; caraotas, arvejas, lentejas y frijoles; cartón de treinta huevos, queso blanco semiduro, harina precocida de maíz, pasta, arroz blanco de mesa, margarina, y aceite vegetal.

Precios de alimentos por las nubes

El rubro monitoreado por Codhez que registró mayor incremento en su costo fue el tomate, con un precio por kilogramo de Bs. 2.087.416,50, es decir, +77,26% más alto que en la segunda quincena de noviembre.

Asimismo, el aceite vegetal tuvo un aumento de +40,30%, con un precio de Bs. 2.680.660,00, mientras que el kilogramo de cebolla subió +37,00%, ubicándose en Bs. 1.915.590,11.

Entre tanto, el alimento más costoso fue el corte de primera de carne de res, cuyo valor alcanzó los Bs. 5.254.325,57; a pesar de haber disminuido su costo un -6,77% en contraste con la segunda quincena de noviembre.

Por otra parte, Codhez constató la escasez del huevo por unidad en los establecimientos monitoreados. En su lugar, estuvo disponible la presentación de quince unidades, aunque con un incremento de precio de +33,57%.

En términos generales, en solo quince días, la Canasta Codhez en Barquisimeto aumentó +10,31% en los precios representados en bolívares, y +5,99% en términos de dólares estadounidenses.

Ante la acelerada pérdida del poder adquisitivo en el país, Codhez exige al Estado respuestas urgentes que permitan garantizar la seguridad alimentaria en los hogares de Venezuela. Además, la organización de derechos humanos advierte que “postergar la implementación de estrategias reales en esta materia solo desmejora la calidad de vida de la población a un punto de ponerla en riesgo”.

Alimentos en Maracaibo registran incremento de 74% en quince días
Una familia requiere de Bs. 50.410.860,66 para comprar los 21 alimentos básicos

De la primera a la segunda quincena de noviembre, la brecha entre los precios de los alimentos y el poder adquisitivo de los marabinos se amplió de manera exorbitante, alcanzando un incremento global de los precios de +74% durante este corto periodo.

Así lo evidenció la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) en los resultados de su monitoreo efectuado entre los días 28 y 30 de noviembre en diversos establecimientos de ventas de alimentos de la capital zuliana, y que también reveló que una familia requiere de Bs. 50.410.860,66 para comprar los 21 alimentos básicos monitoreados por Codhez.

Esta suma de precios representa 12.602,72% del salario mínimo mensual vigente, que pese a la crisis palpable continúa siendo de Bs. 400.000,00, según su última actualización en Gaceta Oficial.

Divisas para comprar alimentos

En Maracaibo, la mayoría de los establecimientos de ventas de alimentos fijan sus precios conforme a la tasa de cambio promedio del dólar estadounidense del día. Incluso, en muchos de estos comercios los precios están marcados en los anaqueles en esta moneda.

En este contexto, Codhez resalta que hubo un incremento de la tasa de cambio promedio de +64% en solo 15 días, ubicándose en Bs/USD 1.090.763,36. En términos generales, la suma de 21 alimentos básicos del monitoreo que realiza la organización, equivale a USD 46,22, mientras que el salario mínimo se estima en USD 0,37.

Precios al doble

Todos los alimentos monitoreados mostraron incrementos de sus precios entre +52% y +102%. Para esta quincena, el precio promedio del corte de primera de carne de res se encontró en Bs. 4.355.364,67, registrando un aumento de más de 61% en comparación a la quincena pasada, y +542% por encima de su precio regulado. Por su parte, la costilla de res se ubicó en Bs. 2.031.691,27, con un alza de +72%.

Los incrementos del pollo y sus presentaciones no presentan mayores diferencias con los de la carne de res. En este sentido, los muslos de pollo incrementaron su precio en +71%, con un valor en el mercado de Bs. 2.790.066,83; mientras que las alitas de pollo aumentaron +57%, pues su precio promedio en esta segunda quincena fue de Bs. 2.371.932,00.

Los granos también experimentaron preocupantes alzas en sus precios. Las caraotas tienen un precio en el mercado de Bs. 2.774.040,76, +793% más que el precio regulado. Las arvejas, reguladas en Bs. 249.945,42, se ubicaron en Bs. 2.799.965,44, una diferencia de +1.020% respecto a la regulación.

El kilogramo de queso blanco semiduro alcanzó el valor de Bs. 3.965.347,00, es decir +102% más que hace quince días. En otras palabras, se requiere 991,34% del salario mínimo mensual para comprar un kilo.

La harina de maíz precocida se ubicó en Bs. 1.216.378,50 (+88%), y una diferencia con su precio regulado de +602% (Bs. 173.176,47). El precio de la pasta se elevó a Bs. 1.727.344,86 (+101%) y una diferencia con su precio regulado de +644% (Bs. 232.092,18).

Pan de jamón incomprable

Para cerrar este monitoreo, Codhez hizo seguimiento al precio de uno de los platos tradiciones de la época navideña, como es el pan de jamón.  Hace un año un pan de jamón costaba Bs. 305.549,69 (USD 5,89). En esta quincena ese precio se elevó +2.488,74%, ubicándose en Bs. 7.909.889,00 (USD 7,25), requiriéndose 1.977% del salario mínimo para su adquisición.

En vista de los resultados de este monitoreo de precios de alimentos en Maracaibo, para Codhez se confirman las razones de los altos índices de inseguridad alimentaria existentes en la ciudad, que someten a la población a estrategias de supervivencia para adquirir los alimentos.

“La inercia estatal ante este escenario produce que miles de familias estén sometidas a constantes sacrificios para subsistir”, destaca la organización de derechos humanos en su reporte. Por ello, establece que es urgente la atención inmediata y directa del Estado, mediante acciones puntuales con efectos a corto plazo para rescatar la salud y el bienestar físico de los ciudadanos, con especial consideración a los más vulnerables, así como medidas a mediano y a largo plazo que permitan el rescate de los índices de seguridad alimentaria en la región y su garantía de sostenimiento a lo largo del tiempo.

Nov 04, 2020 | Actualizado hace 4 meses
Luisa Pernalete: la letra con hambre no entra
La Coordinadora del programa de Educación para la Paz de Fe dice que si un niño no come no hay manera de que estudie 

Por Dayanna Palmar 

 En una de las zonas más vulnerables de Maracaibo, Luisa Pernalete empezó su carrera como docente en una escuela de Fe y Alegría. El impacto de conocer a niñas y jóvenes con muchísimas necesidades, solo se recompensaba por el hecho de verlas aprender nuevos conocimientos y herramientas en las aulas de clases.

Para ese tiempo, no estaba familiarizada con los términos de derechos humanos y sus implicaciones, pero a medida que fue involucrándose en sectores con mucha necesidad, asistiendo a programas de formación y conociendo de experiencias de niños y jóvenes en países latinoamericanos que enfrentaban situaciones de violencia y no tenían refugio, fue aprendiendo más sobre los derechos humanos y los incluía en su agenda de formación.

Hoy cuenta con más de 40 años de experiencia en el área educativa, y en la actualidad es Coordinadora del programa de Educación para la Paz de Fe y Alegría y miembro de la Red de Derechos Humanos del Niño, Niña y Adolescente (Redhnna).

Como activista, se inició con trabajos de promoción y formación en materia de derechos humanos en comunidades populares, con el apoyo de sacerdotes y líderes indígenas en el Zulia a principios de los años ochenta.

“Empezamos a buscar contactos en Caracas porque parecía que el vocabulario en derechos humanos solo se conocía en la capital”, cuenta la educadora.  Luego de hacer cursos básicos sobre derechos humanos con Provea y otras organizaciones, en su escuela empezaron a publicar papeletas de información sobre derechos humanos.

“Publicábamos una hojita que llamamos ‘Aquí está pasando’, porque no solo en Caracas pasaban cosas de derechos humanos y eso era lo que queríamos dar a conocer. Básicamente en esa hojita se difundían los derechos establecidos en la constitución y denuncias de las comunidades que no tenían agua ni servicios públicos. Ahí empecé a ser más consciente de los derechos humanos como una realidad que teníamos que trabajar”. 

Entre sus experiencias más recordadas en la enseñanza de los derechos humanos, recuerda cuando un hombre wayuu le dijo sorprendido ‘que las leyes de los alijunas (personas no indígenas) no son para fregar a los wayuu’ y que esas leyes también estaban para protegerlos a ellos. ‘Los derechos humanos son universales y nos pertenecen a todos y todas’, le había afirmado ella para aquel entonces.

Educación en Emergencia

Para Luisa, “todo derecho en Venezuela es como un sartén sin mango”. La realidad del país es un lugar donde todos los derechos humanos están siendo masivamente violados y no se garantiza ni siquiera el derecho a alimentarse.

La educadora recuerda el caso reciente de un niño con desnutrición en una zona de San Feliz, estado Bolívar, donde los niños y niñas se encontraban viendo clases en galpones o al aire libre.

Mientras luchaba porque la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) otorgara un terreno para fundar una escuela en aquella zona tan vulnerable, también empezó a consultar con nutricionistas para hacer evaluaciones antropométricas de talla y peso a los alumnos de la escuela, y para asistir a la recuperación de niños con desnutrición.

“La letra con hambre no entra, si un niño no come no hay manera de que estudie y Venezuela es uno de los países con mayor inseguridad alimentaria severa en América Latina”, lamenta la educadora.

Si bien hay derechos muy importantes como el de la salud, la alimentación al ser es masiva genera una urgencia más apremiante, de acuerdo a la defensora. Otro de los temas que más le ocupa también es el salario de los maestros, que en Venezuela se calcula en menos de cuatro dólares al mes.

“¿Qué tiene que ver el salario con la educación? Es que sin salario no tienes maestros y nuestros maestros no pueden vivir con el salario que ganan. Otro problema que tenemos es el transporte. Si los niños tuvieran clases presenciales, el problema sería ese. He conocido de niños que han salido de Fe y Alegría porque la escuela le quedaba muy lejos a pie y no han podido conseguir para su pasaje”.

Los testimonios que menciona Luisa, se acompañan de los datos de la más reciente edición de la Encuesta de Condiciones de Vida en Venezuela, publicada antes de la pandemia y que ya presentaba un panorama bastante desolador: 40 % de los estudiantes entre 3 y 17 años falta a clases algunas veces por fallas de servicios, comida, falta de transporte y docentes.

‘Es muy serio lo que está pasando, es una educación en emergencia, una educación amenazada. Hay docentes que son héroes, que aún siguen asistiendo a los niños en las comunidades más vulnerables aún en el contexto de la pandemia. Hay que cuidar a nuestros cuidadores y asistir a las escuelas públicas, darles acompañamiento’.

Para Luisa Pernalete, todos los docentes de alguna manera son defensores y defensoras de derechos humanos, ya sea explícitamente e implícitamente.

“El evangelio dice ‘Bienaventurados los que luchan por la paz y la justicia’. Cuando uno lucha por los derechos de los demás uno no está esperando alguna retribución, uno se siente contento cuando a cualquier persona le garantizan un derecho, más si tuviste algo que ver. Uno se siente alegre cuando escucha que abrieron una escuela en ese barrio, o qué bueno que esa niña consiguió el cupo que buscaba o qué bueno que esa mama consiguió ese trabajo. Uno se siente contento que alguien pueda tener acceso a los derechos humanos. Y eso es lo que esperamos, para nuestros niños, niñas y adolescentes, que pueden disfrutar de sus derechos humanos y desarrollarse como personas sanas y con la capacidad de defender a otros”. 

Codhez: Salario mínimo no alcanza para comprar un paquete de harina
Una familia necesita un promedio de Bs. 19.451.579,28 para adquirir los 21 alimentos de la canasta alimentaria 

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) dio a conocer los resultados del monitoreo de precios de alimentos realizado en Maracaibo, correspondiente a la primera quincena de octubre, en los que no se vislumbra un mejoramiento en las condiciones de vida y alimentación de los marabinos.

Del estudio realizado en establecimientos de ventas de alimentos de la capital zuliana, entre los días 12 y 15 de octubre, resulta que una familia marabina necesita, en promedio, Bs. 19.451.579,28 para adquirir los 21 alimentos de la canasta Codhez. Esto representa un aumento de +7% en comparación con la segunda quincena de septiembre.

Precios promedio se mantienen en alza

A este respecto, durante esta quincena se vuelve a verificar, aunque en menor medida, aumentos en los precios de los cortes de las carnes de res. El corte de segunda de Bs. 1.583.400,00 a Bs. 1.667.154,17 (+5%), mientras que la costilla de res aumentó de Bs. 795.731,11 a Bs. 885.821,67 (+11%). Por su parte, el pollo entero y la pechuga de pollo experimentaron también un aumento moderado, de +6% y +3%, respectivamente.

Los granos evidenciaron un aumento de precio considerable, salvo el caso de las arvejas que bajaron -7%. Las caraotas aumentaron en +21%, las lentejas en +7% y los frijoles en +24%. También se elevó el valor promedio del cartón de 30 huevos (+22%), ubicándose en Bs. 1.315.820,63.

El queso blanco semiduro, uno de los alimentos más comunes en el plato marabino, sigue incrementando su costo promedio. Para esta quincena, el kilogramo de queso se ubicó en Bs. 1.234.991,56, representando +21% de alza en comparación con la quincena pasada.

El precio de la margarina también mantiene su tendencia al aumento, pues para esta quincena se ubicó en Bs. 793.007,14, +10% más que la quincena pasada. Con el aceite vegetal también ocurre lo mismo: para esta quincena experimentó un aumento de +14%, pasando de Bs. 730.590,10 a Bs. 829.757,00, necesitándose el equivalente a 207,44% del valor del salario mínimo para adquirir un litro.

Embutidos duplicaron su costo en cinco meses

Para la primera quincena de octubre, Codhez revisó la oferta de embutidos: jamón de pierna, jamón de espalda, mortadela de pollo y mortadela de carne. En comparación con el monitoreo de estos rubros realizado hace cinco meses, se evidenció un incremento superior al 100%.

El precio promedio del kilo de jamón de pierna se ubica en Bs. 3.037.282,72, es decir, +110,45% más caro que en la primera quincena de mayo, mientras que el jamón de espalda promedió Bs. 2.445.572,72 (+110,42%).

Por su parte, la mortadela de pollo tiene un precio promedio de Bs. 1.368.722,00 (+114,81%), y la mortadela de carne, la más económica entre estos embutidos, se consigue en Bs. 1.291.393,33 (+120,87%). Vale acotar que la mortadela de carne es el único embutido con precio acordado, y representa una diferencia de +269,05% con su precio real en mercados de Maracaibo.

El costo de la harina de maíz se incrementó 606.995% en dos años

En esta primera quincena de octubre se cumplen dos años desde el primer monitoreo de precios de alimentos realizado por Codhez en Maracaibo. Desde octubre de 2018 los cortes de carne de res han aumentado 488.173%, las presentaciones de pollo 362.572%, y los granos 613.828%. En este mismo periodo, la harina de maíz pre-cocida se ha incrementado 606.995%: en aquella época, un kilo valía Bs. 75 (USD 0,60), mientras que el salario mínimo era de Bs. 1.800 (USD 14,40).

En esta quincena, dos años después, el salario mínimo equivale a USD 0,88 (en atención a una tasa de Bs/USD 453.508,70 transada en los mercados monitoreados) mientras que la sumatoria de los precios de los 21 alimentos revisados por Codhez asciende a USD 42,89, marcando una diferencia abrumadora y sumamente preocupante.

El ingreso mínimo por un mes de trabajo en Venezuela es equivalente a menos de un dólar, y es desproporcionadamente insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias, tanto que no alcanza para comprar ni siquiera un kilo de harina pan, que se encuentra disponible en el mercado a un precio de Bs. 455.321.

Por esto, desde Codhez se reitera la exigencia al Estado venezolano de prestar atención a esta realidad. Las circunstancias de indisponibilidad e inaccesibilidad a los alimentos son evidentes y persistentes. Contar con un salario digno que implique un poder adquisitivo real y estable, que permita una calidad de vida en salud y alimentación nutritiva y completa, es un derecho humano, y el Estado está en la obligación normativa, tanto nacional como internacional, de atender y enfocar las medidas necesarias para su cumplimiento cabal.

Pueblos indígenas del Zulia se encuentran en situación de desamparo
Más del 80% del sector laboral y comercial se paralizó en la Guajira

Las medidas de confinamiento por la pandemia de Covid-19 han empeorado la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Zulia, de acuerdo al boletín de agosto publicado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).

En este informe se documentan las condiciones de vida de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que habitan en las zonas de Guajira y Perijá. Se destaca que la deficiente prestación de los servicios de energía eléctrica, agua potable, gas doméstico, salud, educación, y transporte público, así como las dificultades para acceder a los alimentos se ha agravado desde el mes de marzo con la aplicación de las medidas restrictivas relativas a la cuarentena colectiva y social.

Como consecuencia de las medidas anunciadas por los gobiernos venezolano y colombiano con motivo de la pandemia, más del 80% del sector laboral y comercial se paralizó en la Guajira a partir del segundo trimestre de 2020. Por su parte, en la zona de la sierra de Perijá, las dificultades de acceso a los poblados, la sequía, las inundaciones y la proliferación de enfermedades, presuntamente erradicadas, siguen ocasionando daños irreparables a las comunidades allí asentadas, ante la inacción e inercia estatal.

Guajira sin luz y en sequía


En el transcurso del año han sido comunes las denuncias por fallas eléctricas o cortes prolongados que se extienden más allá de las horas de racionamiento. El boletín de Codhez resalta la situación del 19 de agosto, cuando 80 comunidades de Paraguaipoa, es decir, más de 50.000 personas, quedaron sin servicio eléctrico debido a fuertes lluvias que provocaron una caída de guayas y cinco postes. 

Al respecto, las autoridades manifestaron no contar ni con las herramientas ni el combustible necesario para trasladarse a atender las averías, y varios habitantes debieron organizarse para suministrar combustible a los camiones de Corpoelec. Sin embargo, esta circunstancia persistió varios días.

Después de una semana, y luego de más de 180 horas sin servicio, los vecinos de Paraguaipoa se concentraron en la plaza central para organizar comisiones y exigir la restitución de la electricidad.Este hecho ha sido catalogado por el Comité de Derechos Humanos de la Guajira como “una violación a los derechos humanos de más 50.000 personas”.

Con respecto al suministro de agua, el 21 de enero el Gobernador del Estado Zulia anunció que a partir del siguiente mes el municipio Guajira tendría agua potable por tubería. En esta subregión hay poblados que tienen más de 20 años sin agua corriente y cuyo suministro de agua depende de pozos artesanales, además de que se ven obligados a consumir agua no apta para el consumo humano.

En abril, en pleno aumento de casos de Covid-19, los habitantes de la Guajira continuaban esperando por el servicio de agua corriente. Esta ausencia de agua potable impide la correcta preparación de los alimentos y han trascendido reportes de familias que solo pueden cocinar una comida al día por no contar con agua para su preparación. Asimismo, la carencia de servicio de gas doméstico se suma a la lista de dificultades que deben afrontar los wayuu para preparar alimentos.

Inseguridad alimentaria que persiste

Apenas 15 días después de la declaratoria del estado de alarma y la subsecuente aplicación de medidas restrictivas, los habitantes de la región Guajira afirmaban que “no nos va a matar el virus, nos va a matar el hambre”, dado el cierre de los puntos fronterizos donde, normalmente, compraban sus alimentos.

La inseguridad alimentaria entre los indígenas en el estado Zulia ha sido una problemática sostenida en el tiempo, pues tanto la accesibilidad como la disponibilidad de los alimentos necesarios para la nutrición de estos pueblos no han sido garantizadas por el Estado venezolano.

La mayoría de los habitantes de la Guajira debe trasladarse hasta Colombia para adquirir los pocos alimentos que pueden. Se ha denunciado que para llegar a otras zonas se debe recorrer hasta 12 kilómetros en bicicleta, o en el peor de los casos, caminar para adquirir tan solo tres artículos con bonos proveídos por el gobierno, dado que la mayoría depende de la economía informal y las medidas de confinamiento han afectado sus ingresos y dependen de la ayuda gubernamental para subsistir. La misma situación enfrentan quienes perciben salario fijo, pues este resulta insuficiente ante el alto costo de los alimentos 

Según información de la Alcaldía de Mara, en este municipio y la Guajira se han detectado más de 496 familias con niños malnutridos y deshidratados, asociados con otras patologías como cardiopatías y parasitosis. En agosto se reportaron altos índices de desnutrición en niños de la Guajira. Algunas familias caminan hasta 20 kilómetros para pedir pescado y así contar con un plato de comida al día.

Otras de las situaciones reportadas por Codhez en el boletín se refieren a la precaria atención sanitaria de los pueblos indígenas, agravada en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia. Además del flagelo de la pandemia, otras enfermedades permanecen desatendidas en la subregión como casos de paludismo, tuberculosis y personas portadoras del VIH con limitado acceso a medicamentos y tratamientos pertinentes.

La problemática en la educación se ha hecho más desoladora, cuando el gobierno nacional declaró la suspensión de clases presenciales y la activación del plan Cada Familia una Escuela, que implica la realización de actividades académicas a distancia mediante el uso de la gestión virtual de la educación. Para la ejecución de este plan se requieren como elementos básicos tanto un servicio continuo de energía eléctrica como un acceso permanente a internet, condiciones de las cuales carece el municipio Guajira.

Perijá en riesgo por falta de combustible

El tema sanitario es uno de los principales problemas del pueblo yukpa, en especial por la reaparición del paludismo, puesto que más de 120 habitantes, entre hombres, mujeres y niños de la sierra de Perijá, están afectados con esta enfermedad y aplican sus propios métodos curativos dado que no cuentan con medios para trasladarse a centros hospitalarios urbanos.

La escasez de gasolina también pone en riesgo la salud del pueblo yukpa. El 1° de mayo un niño mordido por una serpiente falleció por no contar con gasolina para trasladarlo oportunamente a un centro de salud que queda a 6 horas de su comunidad Santa Catalina. En junio se reportaron fallecimientos de personas yukpas por Covid-19. Los caciques yukpas solicitaron la venta de gasoil para el transporte del sector, pues sus pueblos se encuentran aislados y en una posición más vulnerable frente a cualquier tipo de afección contra la salud.

Las dificultades de acceso a los territorios yukpas, se evidencian, además, en acontecimientos como los incendios forestales sucedidos en febrero en la sierra de Perijá, que ocasionaron daños en las comunidades de Apón, Macoita, Toromo y El Tukuko. El cuerpo de bomberos de la zona no cuenta con los vehículos idóneos para este tipo de eventos y de esa magnitud. Cuando lograron apagarse las llamas ya se habían afectado 480 hectáreas de cultivos.

Consideraciones finales

El boletín de Codhez también documenta la deficiencia de servicios hospitalarios, incremento de contagios y muertes del personal sanitario en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid19. Desde el inicio de la pandemia hasta agosto, se registraron 33 muertes en el personal de salud en la región. El gremio médico ha continuado con sus constantes llamados de atención y denuncias sobre la necesidad de dotar de implementos de bioseguridad al personal sanitario que se encuentra en la primera línea de control y tratamiento de casos de Covid-19.

Como recomendaciones finales en este boletín, Codhez alerta que los pueblos y comunidades indígenas del Zulia presentan problemas a gran escala que requieren soluciones de fondo y de sostenido alcance en el tiempo, no respuestas inoportunas y coyunturales. La permanente escasez de alimentos, así como la reiterada ineficiencia en la prestación de servicios básicos, en particular de agua potable y electricidad, convierten a estos pueblos en comunidades marginadas y desoladas.

Circunstancias relativas a la pandemia han intensificado la difícil realidad de sus habitantes. Las medidas de restricción y asilamiento han paralizado el sector comercial y productivo, afectando a la gran mayoría dedicada al comercio informal y al intercambio de bienes y servicios. Todo ello empeora los problemas de inseguridad alimentaria y enfermedades que afectan, en gran medida y particularmente, a niños y personas adultas mayores. Codhez recuerda que el Estado venezolano debe garantizar el disfrute pleno, sin ningún tipo de discriminación, a todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas de los derechos humanos reconocidos por instrumentos nacionales e internacionales, y ello implica atender sus necesidades básicas y asegurar el mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales.

Jul 30, 2020 | Actualizado hace 9 meses
Emergencia sanitaria se agudiza en el Zulia
La situación se ha agudizado por la proliferación de los casos de Covid-19

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó el boletín de junio 2020 que documenta los hechos más destacados en materia de la situación del derecho a la salud y acceso a los servicios de asistencia sanitaria de la región. En el mes de junio abundaron las denuncias e incertidumbre sobre la capacidad del sistema público nacional de salud para atender la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

 La crisis del sistema público de salud en la región, si bien ha sido un constante tema de preocupación para las organizaciones de derechos humanos, en estos últimos tres meses, Codhez advierte que esta situación se ha agudizado por la proliferación de los casos de Covid-19, sin dejar a un lado las otras patologías que también resultan desatendidas. En medio de esta crisis los más afectados son las personas enfermas y el personal sanitario.

Deficiencia de servicios hospitalarios

 Según las cifras oficiales, el Zulia cierra junio con 1.033 personas contagiadas, lo que supone un aumento en el número de contagios de 865,42% en comparación con mayo. De esta forma, en junio el Zulia se convirtió en el estado con mayor número de casos comunitarios, y el segundo con más personas contagiadas por Covid-19 en el país, después de Apure.

 Desde el comienzo del estado de alarma por la presencia de Covid-19 en el país, el gobierno nacional determinó que el Hospital Universitario de Maracaibo fungiría como centro centinela para la atención priorizada de las personas contagiadas en la región. Si bien es el centro médico más grande de la región occidental, en la actualidad presenta déficit de personal de salud y en el número de camas necesarias.

 En este centro persisten las fallas de suministro de agua potable, continuando la dependencia del servicio de camiones cisternas. Además, según el Colegio de Médicos del Estado Zulia, el hospital centinela solo dispone de 14 camas operativas en la Unidad de Cuidados Intensivos, y conforme a información de algunos trabajadores, cuenta con 12 ventiladores respiratorios.

 En este contexto proliferan las denuncias públicas de familiares y personas recluidas ante la ausencia de personal sanitario, la falta de atención, y a principios de mes, el fallecimiento de una persona, cuyo cuerpo permaneció por horas postrado en una cama.  Para el levantamiento de los fallecidos debe utilizarse un traje especial de protección NBQ, y en casos como este, el levantamiento tardío de los fallecidos se debe al retraso del envío de estos trajes por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, trascendieron reportes de personas recluidas que decidieron abandonar, sin autorización médica, el centro hospitalario. Por otro lado, hubo información por parte de trabajadores sanitarios sobre la muerte de varias personas con síntomas de Covid-19, pero en cuyas actas de defunción se describen muertes por neumonía o enfermedades respiratorias.

Igualmente, se anunció la habilitación de 15 hoteles ubicados en Maracaibo y en San Francisco para el aislamiento de personas contagiadas pero asintomáticas. En estos albergues, como es el caso de un hotel en Tía Juana, municipio Simón Bolívar, la escasa comida poco balanceada y nutritiva que les proporcionan llega a deshora —desayunan a las 11:30 am y almuerzan después de las 4:00 pm—, la falta de aire acondicionado y la nula iluminación en las habitaciones, obligan que los familiares, con pocos recursos económicos disponibles, deban encargarse de llevarles todo lo necesario durante este confinamiento.

Personal de salud en riesgo

Mediante un comunicado, la junta directiva del Colegio de Enfermería del Estado Zulia, alertó sobre los riesgos para el personal de enfermería que se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante la ausencia de controles y protocolos de protección indispensables.  Igualmente, la junta directiva del Colegio de Médicos del Estado Zulia, en un comunicado de 22 de junio, hizo un llamado de alerta roja sobre la situación de la pandemia en la región.

Durante los últimos días de junio se denunciaron contagios y fallecimientos de varios trabajadores de salud. El 25 de junio se informó de 5 fallecimientos de médicos asociados a Covid-19, todos trabajadores activos en centros de salud de Maracaibo. Además, 4 se encontrarían en unidades de cuidados intensivos, mientras que otros 47 estarían recluidos en moteles o en sus casas.

Al respecto, la Presidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia denunció que en la estadística oficial nacional de muertes no se han incluido los 5 médicos fallecidos en el Zulia, aseverando que “hay un subregistro importante criminal”.

 El 29 de junio la Presidenta del Colegio de Enfermería del Estado Zulia, Hania Salazar, denunció que recibió una citación por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para declarar el día 30 de junio, sin que se precisara razón o motivo alguno. Salazar había advertido en varias oportunidades los riesgos que enfrentaba el personal de enfermería que no contaba con los equipos de bioseguridad necesarios.

Desatención a las personas con enfermedades crónicas

En este boletín, Codhez reitera que persisten los obstáculos para la atención prioritaria de las personas con enfermedades crónicas. Es el caso de las casi 140 personas que requieren diálisis en el Hospital Universitario de Maracaibo, y que debido a su condición presentan mayor vulnerabilidad en caso de contagio.

Reiteradamente han solicitado su traslado a otros centros de salud para ser dializados en entornos seguros y libres de contagio por Covid-19, pero siguen sin recibir respuesta sobre ello. A la par, deben sortear las dificultades para trasladarse a sus centros de tratamiento debido a las pocas garantías que se ofrecen para su transporte, y en el caso de los pacientes de Maracaibo, la desatención en las estaciones de servicio para surtir combustible.

 

Consulta el boletín Junio 2020 sobre la Situación General de los Derechos Humanos en el Estado Zulia