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Carta Magna

Maduro declaró al Consejo de Defensa de la Nación en sesión permanente

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El presidente Nicolás Maduro Moros declaró este miércoles al Consejo de Defensa de la Nación en sesión permanente, de acuerdo con el artículo 323 de la Carta Magna, que establece la convivencia ciudadana y la protección de la soberanía.

Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el jefe del Estado venezolano lamentó que el presidente a la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, no haya acudido a la primera reunión del Consejo de Defensa de la Nación.

Señaló, en ese sentido, que el presidente de la directiva del Parlamento estaba obligado por la Carta Magna a presentarse con los representantes de los demás poderes públicos.

“Lamento mucho que el presidente de la Asamblea Nacional continúe en desacato con la Constitución y no quiera dialogar. Continúa empleando un verbo de intolerancia y odio (…). Convoqué a la oposición durante todo el año y siempre las sillas se han quedado vacías, justo como hoy ocurre con la de Henry Ramos Allup”, expresó el mandatario nacional.

Subrayó, en ese sentido, que los conceptos consagrados en la Carta Magna -aprobada en Asamblea Nacional Constituyente en 1999- son superiores a todos los conceptos de la democracia burguesa. Al mismo tiempo, el Presidente argumentó que la Constitución está pensada para el equilibrio de los poderes públicos.

Recordó que la primera vez que se activó el Consejo de Defensa de la Nación fue en 2015, cuando el presidente de EE. UU., Barack Obama, declaró a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos”.

El presidente de la República precisó: “Ahora hay una polémica dentro de la oposición para acabar con el paso de diálogo dado recientemente”.

José Toro Hardy Sep 26, 2016 | Actualizado hace 8 años
¡Esto se acabó! por José Toro Hardy
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El país parece haberse paralizado con el anuncio del CNE. No  entiendo por qué. Todos sabíamos que el régimen no iba a jugar limpio. El «fair  play» no es característica de este «gobierno». Burlar la Carta Magna no les quita el sueño porque cuentan con un TSJ irregularmente designado para validar decisiones inconstitucionales. Si alguna vez llegaron a tener fuerza moral hoy la reemplazaron por una farsa moral.
Lo teórico
La democracia se basa en varios elementos: el respeto al voto popular, la legitimidad de origen y la de desempeño, el equilibrio de los poderes y el respeto a los DDHH. Veamos:
En cuanto al voto, el pueblo se manifestó de manera clara el 6D. La razón de ser de que la elección de la AN no coincida con la del Presidente es para  indicarle a quien gobierna si su actuación se corresponde con la voluntad de la gente. El pueblo dio un mensaje contundente. Puso las 2/3 partes de la Asamblea en manos de la oposición para enfatizar que quería un cambio. Pero el Presidente no escuchó.
Se optó entonces por reunir el 1% de las firmas exigidas a fin de poner en marcha un mecanismo constitucional: el Referendo Revocatorio.
Pero el régimen insiste en desconocer la voluntad de la gente al  intentar impedir a toda costa que se lleve a cabo el Referendo o, en todo caso,  retrasarlo hasta el año que viene para anular sus efectos. Es también ilegal la pretensión del CNE de que en cada estado se debe recoger el 20% de las firmas, cuando en realidad al Presidente de la República se le elige en una sola circunscripción nacional tal como reza el Art. 72 de la Constitución y lo establece sentencia del TSJ del 5-6-2002:  «una vez verificado el 20% nacional (no regional) el CNE está obligado a convocar el referéndum revocatorio».
La tesis del CNE llevaría por analogía a la conclusión de que Maduro debe ser desconocido porque perdió no en uno sino en nueve estados.
Cree el gobernante que así podrá retener el poder. Vana ilusión. Su legitimidad de origen ha quedado en entredicho.
Desconoce también el gobierno a la Asamblea Nacional con lo cual destruye otro elemento de la democracia: el equilibrio de los poderes. Bien lo decía Montesquieu: «Le pouvoir arrête le pouvoir». Pero si uno de los Poderes, violando la Carta Magna, acaba con el equilibrio de los poderes, la democracia misma deja de existir y desaparece la legitimidad de desempeño.
Y ni hablar de los DDHH. El tema indigna.
La realidad
Pero más allá de los fundamentos teóricos que evidencian que ya no hay democracia, está la realidad nacional. Independientemente de cuál sea la vía, esa realidad es aplastante y terminará por imponer el cambio. No hay manera de parar ese tsunami. La economía venezolana colapsó. La escasez es apabullante y la crisis ha llevado a la sociedad al borde de una ruptura del tejido social.
Las reservas internacionales en manos del BCV van en caída libre, tal como la producción petrolera, cuyo precio además cae. El petróleo aporta el 97% de los dólares que ingresan a Venezuela pero PDVSA está colapsando. Si todavía opera es porque el BCV le ha prestado auxilios financieros por una suma equivalente a $ 201.200 millones -17 veces el monto de las reservas internacionales- tal como lo señala el BCV al  mostrar los componentes de la base monetaria. Aún así no ha podido cumplir con el pago de deudas con contratistas esenciales para mantener la producción -muchos de los cuales se están yendo- por lo que esta se derrumbará aún más.
El aparato productivo está destruido. Infinidad de empresas  de toda índole han sido expropiadas y han dejado de producir, otras han sido llevadas a la quiebra y otras dejaron de funcionar. En el campo las cosechas serán insuficientes porque los agricultores no dispusieron de semillas, fertilizantes ni otros insumos. La escasez se agravará.
El Déficit Fiscal es insostenible. Supera el 20% del PIB y el descrédito del gobierno impide la obtención de financiamientos. Por tanto el déficit se cubre con emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV (que son las responsables de que padezcamos la mayor inflación del mundo).
Funciones básicas de un Estado como la seguridad, la salud, la justicia y la educación se están desintegrando junto con los servicios públicos.
El parapeto socialista dejó  de ser viable. El socialismo del Siglo XXI se derrumba. Se equivoca el gobernante si cree que mediante marramucias del CNE podrá sostenerse en contra de la voluntad de más del 80% de los venezolanos que lo repudian. El resultado, indeseable, podría ser un estallido social.
Los objetivos del gobierno al obstaculizar el Revocatorio son claros: Desmoralizar a los venezolanos y dividir a la oposición.  No le hagamos el juego. Sigamos con la lucha. La comunidad internacional sabe que cayeron las máscaras y desea una solución. Como dice Leonardo Padrón, «el país está unido en la crisis y por tanto debe estar unido en la solución».
Por una vía o por otra, esto se acabó.

 

@josetorohardy

La usurpadora (I) por Gonzalo Himiob Santomé

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El título de esta entrega no tiene que ver con la conocida telenovela mexicana, se refiere a la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, que está cumpliendo funciones que no le toca cumplir y que ni la ley ni la Constitución le asignan. La Sala Constitucional es nuestra versión criolla de “La usurpadora”.

Esta opinión que emito, cual es mi derecho, es netamente jurídica, y tiene que ver específicamente con la reciente sentencia emanada el pasado 11 de abril de la Sala Constitucional contra la Ley de Amnistía. Por razones de espacio, este será el primero de varios artículos en los que comentaré algunos de los aspectos más importantes de este fallo que, no precisamente por su lucidez, pasará a la historia y será ejemplo mundial de lo que no puede hacer el Poder Judicial en materia de Amnistías.

Ningún órgano del Poder Público puede hacer lo que no le haya sido expresamente atribuido por la Constitución y la ley. Esto lo destaca el Art. 137 de la Constitución, que reza: “Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”. Además, el Art. 7 de nuestra Carta Magna establece como Principio Fundamental de nuestro modelo de Estado la supremacía de la Constitución y el sometimiento a sus normas de todos los ciudadanos y de todos los órganos del Poder Público, de esta manera: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.

Así, los órganos del Poder Público, entre los que está el TSJ, solo pueden hacer lo que la Constitución les haya expresamente encomendado, ya que ejercer las funciones de otras instancias constituye lo que en el derecho llamamos una “usurpación de funciones”, y nuestra Carta Magna, en su Art. 138, nos dice con claridad que: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

En primer lugar, la sentencia contra la Ley de Amnistía se dedica a precisar cuáles son las limitaciones de las Amnistías. Pese a que es correcto afirmar que no son aceptables las Amnistías que pretendan concederse en casos de crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra, Genocidios o graves violaciones a los DDHH, la sentencia es completamente equívoca en cuanto al alcance que le atribuye a estas nociones. El TSJ obvió que tanto nuestro derecho interno (por ejemplo el Art. 5, numeral 1º de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional) como el derecho internacional, definen con claridad lo que debe ser entendido por “violaciones graves a los DDHH”, y que por ello no le corresponde a la Sala Constitucional “legislar” incluyendo dentro de estas definiciones precisas otros supuestos que no han sido considerados legalmente por quien corresponde, que es el Poder Legislativo, como violaciones graves a los DDHH.

En segundo lugar, la Sala Constitucional usurpa también las funciones de la AN al evaluar, en el texto de esa sentencia, si el momento histórico o el contexto político y social es el “adecuado” para la promulgación de una Ley de Amnistía, y concluye (no faltaba más) que no, que acá todo está bien y no estamos ante un escenario social o político en el que sea necesaria una Amnistía. La cosa es que no le corresponde al TSJ, ni al Poder Ejecutivo, decidir si están o no dadas las condiciones sociales y políticas para la promulgación de una Ley de Amnistía, ya que esas valoraciones y decisiones políticas le corresponden única y exclusivamente a la AN, y así lo destaca el numeral 5º del Art. 187 de nuestra Carta Magna. En estos análisis también incurre la Sala Constitucional en una muy evidente, pese a lo muy adornada, usurpación de funciones que, como ya hemos visto, deviene en la nulidad absoluta de la sentencia.

 

Seguiremos. No se pierda el próximo capítulo…

 

@HimiobSantome

Capriles: Las elecciones no se ganan con rectores, sino con electores

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El gobernador de Miranda calificó de vergonzosa la designación de nuevas autoridades de los Poderes Públicos, al considerar que la manera como fueron seleccionadas viola la Carta Magna

Como «vergonzosa» calificó el Gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski,  a la designación de las nuevas autoridades de los Poderes Públicos, al considerar que el mecanismo de selección viola la Carta Magna.

«Cómo van a nombrar magistrados con antecedentes penales. Las cabezas del Sistema de Justicia están comprometidas en lo moral y en los principios de las leyes. La manera cómo fueron seleccionadas las nuevas autoridades de los Poderes Moral, Electoral y Judicial ha violado la Constitución y, por tanto, son autoridades transitorias hasta que escojamos una nueva Asamblea Nacional, que elija a funcionarios que trabajen por el país y no por favores políticos», afirmó.

Con respecto a la reelección de dos rectoras del CNE, declaró que «ahí no hubo renovación, las enchufadas se mantienen enchufadas. Ellas son las responsables de la peor crisis política que vive el país. A nuestro pueblo le digo, todos estos atropellos lejos de desmoralizarnos y hacernos sentir que no hay forma de cambiar este modelo, nos tienen que dar fuerzas. Frente a la organización y mayoría abrumadora no hay poder rector, ni fiscal que pueda detenerlo, las elecciones no se ganan con rectores, sino con electores».

Durante una visita a las instalaciones del Servicio de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente del estado Miranda (Sepinami), ubicado en Los Teques, Capriles pidió por la unión de todos los venezolanos y afirmó que, ante lo que considera «un atropello» del poder, «tiene que venir una fuerza que impulse los cambios que el país reclama de forma pacífica, electoral y constitucional».

 

 

Estas fueron las reacciones tras la conmemoración de los 15 años de la constitución

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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cumple este lunes 15 años de ser aprobada, lo cual sirvió de ocasión para mediante Gaceta Oficial, oficializar el Día del Poder Popular Constituyente.

“Hoy termina una era nefasta, el Pacto de Punto Fijo pasó a la historia, ha nacido la República Bolivariana de Venezuela”, fueron las palabras del entonces presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, quien el 15 de diciembre del año 1999, explicó a la población que había nacido una Carta Magna más humanista, liberadora, participativa, protagónica y revolucionaria en toda la historia venezolana.

A través del voto directo, el 25 de julio se seleccionaron los 131 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual se instalo el 3 de agosto y a partir de allí, durante un periodo de seis meses, se redactó la nueva Carta Magna.

Luego de ser aprobado el proyecto de Constitución por la Asamblea Nacional Constituyente, el entonces actual presidente convocó mediante decreto a un referéndum constitucional para que el pueblo la aprobara.

 La Carta Magna fue aprobada el 15 de diciembre de 1999, con tres millones 301 mil 475 votos a favor del Sí, equivalente al 71,78 % del electorado que acudió a las urnas.

Con motivo de la conmemoración de los 15 años de la constitución los comentarios a través de la red social de Twitter no se hicieron esperar: