La revolución de Chávez terminó convertida en una empresa homicida. Su defensa no son las masas enfebrecidas de la primera hora; tampoco robustos pilares ideológicos; y menos la reciedumbre ética de sus dirigentes. Se convirtió en aquello en medio de lo cual nació en febrero de 1992: un charco de sangre.
La forma de llegar al poder anticipa la forma como se sale. Chávez lo intentó por un sangriento golpe y, en un momento de esclerosis democrática, las bondades del sistema político y la ceguera de unos cuantos ricos locales y foráneos le abrieron las puertas luego para triunfar con los votos. Pero jamás debe olvidarse que la participación electoral no fue una convicción sino una vía tan legítima para él como la del golpe de Estado.
Después de la ruina del país; del robo a mano armada; del narcotráfico; de los vínculos con el submundo del crimen, disfrazados de caperucitas ¡rojas!; de tanta fechoría; de tanta muerte, les toca irse. No tienen más sustento que la fuerza bruta y brutal. Las tácticas empleadas en las calles no tienen el propósito de disuadir; son ofensivas: su propósito es emboscar, provocar cientos de heridos y matar, si lo consideran necesario.
Chávez al llegar al poder intentó suprimir la Guardia Nacional. Entonces, la resistencia institucional se lo impidió. Ahora el régimen lo logra por otras vías, al comprometer a la GNB en el crimen que se comete diariamente contra la insurgencia civil. Así somete al componente a un grado de desprestigio difícilmente reversible. Por esa razón el Ejército, la Armada y la Aviación se niegan sistemáticamente a participar en la represión. Los autores inmediatos de la destrucción de la GNB son dos de sus generales: Néstor Reverol y Antonio Benavides Torres.
Benavides dijo: “Aquellos que agredan o hagan uso de armas de fuego en contra de nuestros efectivos GNB los buscaremos hasta debajo de las piedras” y: “Toda agresión a un efectivo GNB será castigada de manera contundente y el responsable pagará las consecuencias por sus actos terroristas”. Si la insurgencia civil es catalogada sistemáticamente de terrorista, lo que esto dice para un sargento o un guardia es una sola cosa: muerte.
Los jerarcas del régimen tienen que decidir si se hunden definitivamente en este naufragio. La fiscal decidió, como otros lo han hecho, dejar de participar en el horror del cual fue parte. Tal conducta debilita al régimen y por eso ahora se necesita que hagan lo propio otros de igual jerarquía, lo cual incluye a los altos y medios jefes militares.
SEGÚN LA PRESIDENTA DE CONTROL CIUDADANO, Rocío San Miguel, los cambios en el alto mando militar venezolano agravarán las violaciones a los derechos humanos.
San Miguel aseguró que la promoción del 1987 en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asumirá la mayoría de las REDIS en Venezuela, promoción famosa por ser la del diputado y dirigente del Psuv, Diosdado Cabello.
La activista de derechos humanos también aseveró que ha gastado más de tres millones de dólares en la utilización de bombas lacrimógenas en los 80 días que han durado las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
«En promedio se utilizan 700 de esos artefactos diariamente para ser disparados contra las manifestaciones de calle que se vienen registrando en el país desde el primero de abril de este año», dijo San Miguel en una entrevista publicada por el diario El Impulso.
«Esas cifras nos permitió aproximarnos a la cifra de 40.600 dólares diarios utilizados solamente en bombas lacrimógenas, tomando en cuenta que el empleo de éstas los sábados y domingos e incluso otros días, no alcanza esos números», agregó.
Según datos del propio ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, son empleados 23 mil funcionarios uniformados en funciones de represión.
En el costo de la represión no está incluido el valor de los vehículos antimotines (murciélagos, ballenas), adquiridos en China.
M/G (GNB) Sergio Rivero Marcano actual Cmdte REDI Oriente podría asumir Comandancia General de la GNB. En 2004 fue denunciado por tortura pic.twitter.com/ITq74a8qTk
El comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, se refirió este lunes en la noche a los hechos de violencia que se produjeron durante la manifestación opositora, y en los que murió el joven Fabián Urbina, y aseguró que «la GNB tiene instrucciones expresas de controlar el orden público con apego estricto a la Constitución».
«Por ello nuestros hombres y mujeres tienen prohibido el uso de armas de fuego en disturbios, incluso a riesgo de su propia integridad. Ante hechos ocurridos en Altamira, donde falleció un ciudadano, la GNB abrió investigación si un efectivo incumplió las órdenes», señaló.
Asimismo, indicó que, «en tal caso, el individuo será puesto a órdenes de las autoridades para que asuma su responsabilidad».
En otro mensaje, Benavides Torres dijo que «la GNB ratifica su compromiso con la CRBV y exige a factores políticos deponer la violencia que solo busca muerte y destrucción».
1. La GNB tiene instrucciones expresas de controlar el Orden Público con apego estricto a la CRBV #19Jun
El mayor general Antonio Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional de Venezuela, el cuerpo militar que se ha ocupado del orden interno de las protestas en el país, no solo rechaza las acusaciones de agresión a manifestantes, sino que asegura que no teme que se le acuse de violar derechos humanos.
“No tengo temor”, contestó tras una charla sobre guerras de cuarta generación a un batallón de efectivos militares que actuaría poco después para impedir el paso de una marcha opositora, cuando en una entrevista con Efe se le preguntó si tenía miedo a que se le acusase de cometer delitos de violación de derechos humanos por la actuación contra las manifestaciones.
El mayor general, que es para los opositores el responsable de la represión, sostiene que su confianza se debe a que sus actuaciones después de 32 años de carrera militar “han sido ajustadas a derecho”, y con eso se desmarca del aluvión de denuncias, fotografías y vídeos de personas agredidas por efectivos bajo su mando.
La acusación de “represión” contra las manifestaciones es otro asunto que también niega con firmeza porque defiende que la actuación de los efectivos solo busca “dispersar” las movilizaciones apegados a normas internacionales.
En los 63 días de protestas opositoras contra el Gobierno de Nicolás Maduro, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que actúa junto a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ha empleado 12.000 -de 80.000 activos- efectivos en todo el país para el control del orden público, empleados principalmente para disolver las marchas opositoras.
Benavides valora la actuación de la GNB como “muy profesional, impecable”, no obstante, reconoce que en ese universo de agentes puede que “uno o dos funcionarios”, a los que ellos definen como “electrón libre”, cometa un “exceso”, sin embargo “no es la orden de un superior” porque, subraya, “eso está totalmente prohibido”.
De estos dos meses de protestas, la Fiscalía ha totalizado 62 fallecidos en contextos de manifestaciones y violencia, dos de ellas supuestamente causadas por efectivos de la GNB.
Una de ellas la de Juan Pernalete, que de acuerdo a la tesis de la Fiscalía fue causada por un proyectil de lacrimógena disparado a quemarropa por un GNB, una muerte que Benavides lamentó, y por la que el uso del tipo específico de munición involucrada, dijo, está temporalmente suspendido.
“Aquel que se vea comprometido en un hecho comprobado, tengan la plena seguridad de que lo pondremos a orden de las autoridades competentes para que este delito no quede impune”, afirmó.
El uso de un tipo de munición no convencional en las escopetas, el uso inapropiado del equipamiento para el control de manifestaciones, y la arremetida desproporcional de funcionarios contra los manifestantes, son algunas de las acusaciones que se han hecho contra la GNB y la Policía.
El mayor general niega rotundamente todas estas acusaciones y contrapone en la mesa los datos de al menos 25 funcionarios militares heridos por armas de fuego, y otros 250 por contusiones en medio de las manifestaciones, un dato que para él desdice el carácter pacífico de las movilizaciones opositoras.
Luego de ver fotos de balines metálicos, de goma, y las canicas con las que son acusados de replegar a los manifestantes, en algunas ocasiones causando heridas de muerte, el comandante general de la GNB desconoció las municiones, y aseguró no haber visto su uso “nunca” durante la tres décadas de servicio militar.
“Nosotros en nuestro deber cotidiano, nuestro accionar, no usamos ese tipo de esfera en nuestro desempeño ni existen en nuestros comandos, en el parque de armas, o en un depósito que tengamos ese tipo de esferas, no existe en nosotros”, dijo enfático.
Aunque tampoco es “imposible”, Benavides defiende que esto “no está en nuestra formación ética, moral, de honor”.
Su explicación técnica se basa en que la pólvora que tiene el cartucho que se usa como propulsor en las escopetas “no tiene la fuerza para impulsar un objeto como una metra (canica) y/o una esfera, porque esto está hecho para impulsar plástico”.
El mayor general defiende con fiereza que las manifestaciones callejeras de quienes se oponen a Maduro forman parte de un “golpe suave” que, asegura, se basa en el método de la “no violencia” promovido por Gene Sharp, desarrollado en cinco etapas, y Venezuela estaría en medio de la cuarta.
Argumentó como prueba de que los grupos de jóvenes que actúan en los enfrentamientos contra los agentes de seguridad, luego de que estos bloquean el paso de las marchas, son financiados desde el exterior, está una incautación en un aeropuerto de “máscaras de gas, guantes de cuero, y objetos, entre ellos cajas de metras, esferas metálicas”.
Luego de repasar una por una las armas que son usadas para el control del orden público puestas sobre una mesa para una exhibición, el militar repitió: “a mí no me causa ningún temor lo que se diga, es difícil que cuando estamos usando este armamento ajustado a la Ley, a los estándares internacionales, se nos acuse de una acción que se pueda considera como delitos de lesa humanidad”.
Acuso a los generales Vladimir Padrino López, Néstor Reverol y Antonio Benavides Torres, ministro de la Defensa, ministro del Interior y Comandante General de la Guardia Nacional, respectivamente, de arengar a los guardias nacionales para que degüellen a quienes protestan en contra del totalitarismo. Así se desprende del video en el que en marcha de entrenamiento los guardias cantan ¨Quisiera tener un puñal de acero para degollar a un maldito guarimbero¨. ¡Qué degenerados!
Con este tipo de lavado de cerebro no es de extrañar que los guardias nacionales, con sus oficiales al frente, salgan a asesinar a ciudadanos, la mayoría de ellos jóvenes estudiantes que protestan porque el régimen los dejó sin futuro y sin democracia. Los comandantes de Destacamentos, demás oficiales, clases y guardias no pueden eludir su responsabilidad, ni escudarse en que acatan órdenes.
Estos generales, obedeciendo órdenes del presidente de facto, quieren degollar a quienes se oponen a una dictadura que solo ha ocasionado sufrimientos a la población. Maduro y sus palafreneros lo que han producido es miseria. Degollaron a la democracia. Degollaron a la Asamblea Nacional. Degollaron a la justicia. Degollaron al CNE. Degollaron a los derechos humanos. Degollaron el sistema de salud. Degollaron el sistema educativo. Degollaron la seguridad personal y la jurídica. Degollaron a la libertad de prensa. Degollaron a la agricultura. Degollaron a la industria. Degollaron al comercio. Degollaron nuestra moneda. Degollaron el abastecimiento de alimentos, medicinas y repuestos. Degollaron a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Degollaron a las empresas del hierro, del acero y del aluminio. Degollaron al sistema eléctrico. Degollaron la infraestructura y están degollando a nuestros jóvenes.
Estos gorilas rojos son degolladores por naturaleza. Además, son tan cínicos que no les importa que el mundo presencie un video que debería avergonzar a cualquier ser humano y sin embargo siguen afirmando que esta es una ¨revolución de amor¨.
Este perturbador video no puede pasar desapercibido por quienes todavía apoyan al régimen y son magistrados del TSJ, rectoras del CNE, diputados, concejales, gobernadores de estado, directores de institutos autónomos y de empresas del Estado, así como embajadores. De no pronunciarse rechazando a los degolladores, necesariamente son corresponsables de los degollamientos. Aún es tiempo de que rechacen los atropellos, tal y como han hecho la Fiscal General Luisa Ortega, Nicmar Evans, Dudamel, los generales Rodríguez Torres, Cliver Alcalá y otros. El asesinato de 38 venezolanos, la mayoría de ellos jóvenes, y los 717 heridos tienen que mover la sensibilidad de todos.
Los oficiales del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea no pueden seguir avalando los abusos de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional y de los paramilitares rojos. No se les solicita que se levanten en armas, sino que le exijan a Maduro, a Padrino, a Reverol y a Benavides que cese la represión y que acepten la formación de un gobierno de transición que conduzca a elecciones generales ¡ Honor a los caídos en defensa de la democracia! ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
El Plan Zamora en Carabobo activó la justicia militar con el objeto de «mantener la paz y la seguridad ciudadana en toda la entidad, ante las alteraciones del orden público generadas a raíz de las manifestaciones y trancas como forma de protesta contra el gobierno. En el Core 2 están habilitando tribunales militares desde el pasado martes 2 de mayo
El mayor general Antonio José Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, anunció que van más de 70 detenidos por los saqueos y las protestas que se han registrado en el estado Carabobo en los últimos días.
Además, anuncio que el Plan Zamora se ejecuta en la entidad, “cumpliendo instrucciones precisas del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en su condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en virtud de los acontecimientos suscitados en los últimos días en el estado Carabobo en materia de orden público”.
Benavides destacó que se han registrado graves alteraciones a este orden, “con actos vandálicos de asaltos a la propiedad privada y los bienes públicos, lo cual constituye un hecho público y notorio, ya que delincuentes y zagaletones, han aprovechado las circunstancias creadas por el llamado a alterar el orden público con manifestaciones, por lo cual nos hemos visto en la necesidad de tomar acciones muy severas con la aplicación del Plan Zamora”.
En este sentido, indicó que con el Plan Zamora en Carabobo han activado una cantidad de funcionarios militares y policiales, en estrecha coordinación con tribunales militares del estado, agregando que, “están a cargo de la justicia militar a través del Ministerio Público Militar y los tribunales con competencia militar, un total de 70 detenidos hasta los momentos, involucrados en delitos graves contra el orden público como saqueos, rebelión, asalto al centinela y ataque al centinela”.
Según informó el comandante general de la GNB esos detenidos, “van a ser privados de libertad de acuerdo a la normativa vigente establecida en nuestro código de Justicia Penal Militar, para que una vez privados de libertad, sean trasladados a los diferentes establecimientos de reclusión que corresponden a los tribunales militares”.
Asimismo, Benavides Torres enfatizó: “Estamos actuando en todo el territorio del estado de Carabobo, quiero llamar a la cordura, a la calma, a la tranquilidad, estamos realizando diferentes patrullajes con presencia permanente a diferentes horas, del día y de la noche, a fin de mantener la paz y la seguridad que se merecen todos los carabobeños, hago un llamado a todas estas personas para evitar caer en las tentaciones de la violencia, evitando la incitación de la misma a través de las redes sociales, ya que esto perjudica a toda la población”.
El militar recordó que “aquí hay un Estado de Derecho que se debe respetar” e instó a mantener la confianza en los cuerpos de seguridad del estado, «no prestarse para estar cometiendo actos de vandalismo, de saqueos, de asaltos a las propiedades públicas y privadas, así como tampoco obstaculizar vías», ya que, según manifestó, constituyen también «actos vandálicos que no van a afectar a un bando político o a otro sino que todos en general estamos siendo afectados».
“Aquí vamos a actuar contundentemente devolviendo la confianza a la población carabobeña y esperamos contar con la contribución de ustedes los ciudadanos, estamos a la orden para cumplir esta misión, de seguir actuando en aras de recuperar la tranquilidad y la paz que merece nuestro estado y la paz que merecemos todos”, acotó para finalizar.
Desde enero hasta noviembre, 37.7 toneladas de droga han sido incautadas dentro del territorio nacional, de acuerdo al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Antonio Benavides Torres.
La cantidad de droga incautada se ha duplicado este año conforme a la cifra del 2015, con más de 20 toneladas de diferencia según la cifra dada por el militar en Caracas y transtimida por Venezolana de Televisión.
Benavides Torres destacó los esfuerzos del organismo hacia la lucha contra el narcotráfico en los dispositivos especiales, como el realizado el pasado miércoles en el cual 306 kilográmos de droga fueron confiscados.
“Es importante resaltar que la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana seguirán cumpliendo con su deber porque este el mejor significado de soberanía”, expresó.
La toma del barrio San Vicente de Maracay por cuerpos de seguridad el 13 de mayo de 2015 puso de manifiesto la batalla campal entre policías y bandas armadas en la entidad. Vecinos y líderes comunales de este sector acusan a la Policía de Aragua de arremeter con violencia contra inocentes y de “robar” en las viviendas
Jesús Alberto Yajure Laudelyn Sequera
“Dígame usted, ¿Qué barrio de este país no tiene madres con hijos presos o delincuentes? Pero no todos aquí somos malandros. Lo que hicieron no tiene nombre. La Guardia y el Cicpc se portaron a la altura. Pero Poliaragua fue un desastre. Insultaron, golpearon, maltrataron a todo el mundo. Se metieron a robar. Por eso es que no los queremos”, relata una vecina del barrio San Vicente, en Maracay.
“Aquí se quería gobierno, pero no policías”, agrega rodeada de familiares. Luce indignada, molesta. Accede a hablar dentro de su casa. No quiere que la vean conversando con periodistas, menos que se publique su nombre.
Su relato es apenas uno de los testimonios recogidos en este enorme barrio al suroeste de Maracay, tras la toma del pasado 13 de mayo por más de 1.500 funcionarios de organismos de seguridad del Estado. Situado junto a una zona industrial otrora pujante de Aragua, hay lotes abandonados entre los 22 sectores en los que está dividido, donde familias construyen ranchos de madera y lata. Se respira desempleo, pobreza. Las aguas negras corren por las calles.
En un rancho de lata y madera, un hombre con acento andino relata junto a su esposa cómo fue aquella toma. Muestra una herida en la cabeza: “Me dieron un cachazo. Preguntaban por pranes, que dónde estaban. No conozco a ningún pran, y como no les daba nombres, me golpeaban”. Se sube la camisa y deja ver moretones en la espalda. “Se llevaron los teléfonos y cinco mil bolívares que tenía ahorrados. Hasta se robaron la canaimita de la niña”.
Las autoridades no lo decían, pero buscaban a tres presuntos delincuentes a los que asocian con Héctor Guerrero Flores, conocido como “El Niño Guerrero”, el pran de Tocorón. Los objetivos eran Johan José Romero, apodado “Johan Petrica”; y Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”. Los tres tienen prontuario y han estado en la cárcel de Tocorón. Según las autoridades, controlaban una banda conocida como “Tren de Aragua”, a la que organismos de seguridad habían plantado una guerra sin cuartel.
Otra vecina —piel morena, baja estatura― muestra la puerta de su casa, rota a patadas: “No dejaron ni que abriera. Le dije a la oficial ‘¿qué vaina es, qué te pasa? Aquí vive gente decente’. Yo trabajo cuidando niños, ¿quién me va a pagar mi puerta?”.
Desde enero hasta mayo de 2015 fueron asesinados 24 funcionarios de Aragua. Una sede policial en El Mácaro fue atacada con granadas en abril. Luego en mayo, delincuentes atacaron otras dos estaciones en Villa de Cura y Turmero. La reacción se aceleró durante abril, cuando murieron 33 presuntos delincuentes durante procedimientos policiales. Los delincuentes daban un golpe, la policía lo devolvía. Siempre con muertos de por medio.
En un rancho de lata del sector El Infiernito, junto a un vertedero de basura, una mujer relata: “Nos golpearon delante de los niños. Me sacaron de mi casa desnuda. Se llevaron los teléfonos, nos reseñaron como si fuéramos unos delincuentes”.
El rechazo a la Policía de Aragua es latente y reconocido por las autoridades. José Sosa, supervisor jefe de la Comisaría de San Vicente, afirmó a Runrunes: “Cuando yo llegué aquí, el 19 de enero, ya había un choque entre la comunidad y la Policía. La gente no entiende muy bien el trabajo policial. Se molestan cuando se detiene a gente que anda con delincuentes”. Y agrega: “Esto nunca ha sido zona de paz, eso es mentira… Si alguien sustrajo alguna cosa de una vivienda, los vecinos debieron haber venido a poner la denuncia”.
A toda ¿vida?
En julio de 2014, el Gobierno de Aragua, a través de la Misión A Toda Vida Venezuela anunció la puesta en marcha de una fábrica de bloques en San Vicente. El proyecto preveía la inclusión de “jóvenes que han tenido la difícil experiencia de transitar por el sistema penitenciario y la pena de privativa de libertad”, expresó Reinaldo Hidalgo, encargado del programa en la entidad.
El proyecto de la bloquera —con un desembolso de Bs. 500 millones— fue el primer acercamiento entre autoridades e integrantes de una organización que luego se conocería como “Tren de Aragua”, acusada por el gobierno y cuerpos de seguridad de ejecutar asesinatos, ataques con granadas a comisarías, cobrar vacuna e instaurar el caos en la entidad.
Vecinos de San Vicente protestaron el 23 de abril contra el patrullaje y la presencia de la Policía de Aragua. Incluso, fueron más lejos y pidieron el cese del supuesto “acoso” contra Johan Petrica. El general Antonio Benavides Torres, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) para el centro del país, replicó al día siguiente que no permitirán que grupos hamponiles impongan sus reglas.
El golpe de las autoridades se selló con el procedimiento en San Vicente. Las autoridades allanaron cientos de viviendas, asesinaron a tres presuntos delincuentes y detuvieron a más de 800 hombres, 16 de ellos con prontuario: 11 por presunto tráfico de droga; 3 solicitados por homicidio; uno por robo y otra por incumplimiento de medidas cautelares.
En este amplio despliegue se incautaron una escopeta, una pistola, un revólver, una granada y dos envoltorios de droga, según informó el general Jesús Suárez Chourio, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en una rueda de prensa el día después del procedimiento.
Algunos vecinos ya habían denunciado el cobro, por parte de delincuentes, de 500 bolívares como pago de vacunas y cuotas a cambio de la garantía de que no habría robos ni otros delitos. Ese sería el trato que aparentemente impusieron las organizaciones criminales tras lograr sacar a los policías bajo amenaza y con el argumento de que San Vicente era “zona de paz”.
“Tren de Aragua”
Los presuntos delincuentes abatidos durante el enfrentamiento en San Vicente fueron: Edgar Alexander Valderrama Ayala, a quien se le incautó una pistola; y Carlos Eduardo Ribas Rodríguez, atrapado con una granada y una escopeta supuestamente perteneciente al “Tren de Aragua”; Johan José Cárdenas Leal, conocido como “Johan Maleta”, quien tenía un revólver y lo ejecutaron en la sala de su casa, en la calle 1ero de Mayo, según reveló Contrapunto.
Al día siguiente, el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, afirmó que el estado sería “zona de paz y de vida”. También aseguró que en el procedimiento en San Vicente se garantizó “el derecho colectivo a la paz”.
Los delincuentes, algunos de los cuales participaban en proyectos de la Misión A Toda Vida Venezuela, se convirtieron de pronto en “cazapolicías” que atacaban y disparaban a uniformados. El blanco de las balas siempre es la cabeza, en la mayoría de los casos registrados. La guerra obligó a los cuerpos de seguridad a patrullar las calles en grupos de más de ocho funcionarios para poder repeler cualquier ataque, según indicó un oficial activo de Poliaragua a la periodista Laudelyn Sequera.
Los escoltas de altos funcionarios del gobierno no han escapado de estos ataques en Aragua, a pesar que el gobernador El Aissami afirmó que la entidad era “potencia en seguridad” y que incluso formó parte de su propuesta de campaña electoral en 2012. Días después del operativo en San Vicente aparecieron fotografías de “Larry Changa” junto con el hoy exministro de Deporte, Antonio “El Potro” Álvarez.
Fani Moreno y Sonia Herrera, líderes militantes del PSUV en San Vicente, cuestionan todo el operativo en la comunidad: “Si el gobierno les tendió la mano, ¿Por qué ahora los traiciona? ¿Por qué buscaban a esos pranes aquí, cuando ellos salían en fotos con funcionarios del Gobierno?”
“Las zonas de paz no han dado los resultados esperados”
El sociólogo Nelson Fréitez estima que los programas para la reinserción de personas vinculadas a actividades criminales deben emprenderse desde el diseño de políticas integrales que incluyan, en principio, mejoras en las condiciones socioeconómicas, pero sin descuidar el acompañamiento del Estado en materia educativa, cultural y preventiva.
Cree que el deterioro de las condiciones de la vida en comunidades y barrios cercanos a centros industriales donde la crisis económica ha obligado al cierre de empresas y la pérdida de empleos constituye un cóctel para el auge delictivo.
“Hay estudios que prueban esto en zonas residenciales, de trabajadores, aledañas a zonas industriales, que se cierran por razones de crisis económicas. Es allí cuando se expulsa a los trabajadores de los procesos productivos, se pierde el empleo y ocurre un proceso que es común, que consiste en la precarización de la vida, por el desempleo, por la informalidad, por la carencia de ingresos de las familias. Pudiera haber procesos de degeneración y delincuencia, actividades ilícitas”.
Pero también hace un balance de los resultados de las políticas implementadas por el Gobierno; y lo que califica como el fracaso de las llamadas “zonas de paz”, decretadas muchas veces por grupos y bandas armadas.
“El gobierno ha adelantado una política —no muy pública por cierto— de las zonas de paz. En la experiencia que tenemos, esto no ha dado muchos resultados. Se han convertido en zonas en guerra por el poder y el control territorial. En el caso de San Vicente, un elemento que podría explicar la magnitud de la violencia es la presencia de bandas armadas que tienen gran poder de fuego, recursos importantes y un nivel de organización que no suelen tener las bandas, sobre todo por el tipo de armamento: fusiles, armas largas, granadas. Esto puede indicar que existan conexiones con centros de poder”.
Fréitez contrasta estas iniciativas con otras implementadas en Latinoamérica, como en Quito (Ecuador) y Medellín (Colombia). Pero también cita resultados positivos de planes privados, como el Proyecto Alcatraz, implementado por la Fundación Santa Teresa en el municipio José Rafael Revenga, en Aragua, y que “ha logrado la regeneración” de jóvenes con un pasado delincuencial a través de estrategias socioeducativas, de adiestramiento, empleo y participación en actividades deportivas coordinadas y con el acompañamiento de un equipo profesional multidisciplinario.
“En Venezuela lo que ha sucedido es que hay todo un problema de poder, de control territorial, por personas que vienen de la exclusión y la pobreza y encuentran en las armas una fuente de poder y reconocimiento. En Quito, por ejemplo, las bandas se desarmaron luego de un trabajo sociocultural, en el que participó la Iglesia católica y hubo todo un trabajo multidisciplinario allí. Las bandas criminales entregaron las armas a la Iglesia y luego el Estado consiguió financiamiento para insertar e incluir a estas personas a través del trabajo y la productividad”.
Vecinos del barrio San Vicente habían protestado para rechazar el patrullaje policial. Otros incluso concedieron que desde hace meses el “Tren de Aragua” había tomado el barrio y ofrecido condiciones para evitar los robos y asesinatos, como el pago de vacunas y la expulsión de la zona de la Policía de Aragua. Fréitez considera que este tipo de dinámicas ocurren cuando el Estado negocia y cede sus espacios, o incluso cuando los ciudadanos no creen en las instituciones.
“Es lo que los sociólogos llamamos “la anomia”, que es como un mundo al revés. La gente no confía en la institucionalidad del Estado. Y el Estado delega y cede espacios y control. Se le da poder a los delincuentes, se les transfiere recursos. Pero estas políticas fracasan sino vienen antecedidas de procesos socioculturales. Cuando no funciona, ocurre lo de San Vicente. Se va de un extremo a otro, se da al traste con todo y se practica un operativo en el que se violan los derechos de los ciudadanos. En este caso, la comunidad es la víctima”.
