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Probox explica cómo Maduro teje su red propagandística en redes para promover su reelección

Redacción Runrun.es
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Probox explica cómo Maduro teje su red propagandística en redes para promover su reelección

El observatorio digital Probox explica cómo Nicolás Maduro ha desplegado una campaña electoral “implacable” haciendo uso de los recursos del Estado para así tejer una red propagandística “que contamina la conversación en línea”.

Así lo señaló la organización en su investigación titulada “La máquina del poder: cómo Maduro teje su red propagandística”, donde se detalló cómo Maduro impone las narrativas oficialistas valiéndose del uso de entes gubernamentales y canales de televisión abierta para promover su candidatura, desinformar y atacar a sus adversarios.

De acuerdo con Probox, la intención de estas acciones también es “minimizar la conversación de actores de la sociedad civil en redes sociales”.

La campaña en línea de Maduro inició en 2023

Probox ha evidenciado y denunciado que el Ministerio de Comunicación e Información es quien dicta la pauta comunicacional en redes sociales, al menos en X. Así pues, el Mippci se convirtió en “uno de los pilares centrales de apoyo a Maduro en su rol de candidato más allá que en su cargo actual en la presidencia del país”.

Desde el 27 de julio de 2023, es decir, un año antes de conocerse el calendario electoral, el Mippci ya posicionaba tendencias de campaña a favor de Nicolás Maduro.

De acuerdo con Probox, desde enero de 2023 hasta el 30 de abril de 2024 se han posicionado 88 tendencias en X desde actores e instituciones oficialistas en apoyo a Maduro, acumulando más de 8.462.776 publicaciones en ese período.

El Mippci refuerza el apoyo a Maduro en línea

Entre enero de 2023 y abril de 2024, el 10,77% de las tendencias impulsadas por el Mippci fueron de apoyo a Nicolás Maduro, destacando con mayor cantidad de mensajes acumulados #JuntosPorLaPatria del 10 de enero de 2023 y #MaduroLealtadYVictoria del 14 de abril de 2023 con cerca de 1.100.000 publicaciones cada una de ellas.

Asimismo, según los cálculos de Probox, desde 2023 hasta la actualidad se han reportado picos en el impulso de la campaña en línea a favor de Maduro. Resalta el mes de agosto de 2023 con 8 tendencias como #ElTipoEsMaduro y #ConsensoDeVenezuela.

En marzo de 2024 esta tuvo un repunte, representando el 45,28% (24 tendencias) de todas las etiquetas registradas en el mes en la conversación sociopolítica de Venezuela en X.

La propaganda viene desde todos los frentes oficialistas

Para tejer esa red propagandística, entre enero y abril de 2024, se posicionaron en Venezuela 50 tendencias con esta narrativa, 12 más que en todo 2023, de acuerdo con la investigación de Probox.

Asimismo, de las 88 tendencias a favor de Maduro entre 2023 y abril de 2024, 62 han sido electorales, sumando más de 2.472.155 publicaciones en X. Es decir, el 70,45% de las etiquetas en apoyo a Maduro han sido electorales.

red propagandística

No solo se promueve propaganda, también se ataca a la oposición

La conversación electoral del chavismo no solo se trata de propaganda, sino también de ataques por parte de actores oficialistas como Diosdado Cabello hacia la oposición, principalmente hacia María Corina Machado. 

Al respecto, ProBox puso como ejemplo el 12 de junio de 2023, cuando Cabello impulsó la etiqueta #NoTeVistasQueNoVas con más de 7.000 publicaciones desde “Con el Mazo Dando”, atacando a Machado y resaltando su inhabilitación.

Después, el 19 de julio del año pasado, Diosdado Cabello impulsó nuevamente desde su programa la etiqueta #YaTeDijeQueNoVas, que concentró más de 19.400 publicaciones. 

Por su parte, el 27 de julio del 2023, el Mippci promovió #MaduroSíVa con más de 170.000 publicaciones siguiendo la línea de la narrativa impulsada por Cabello: atacando a Machado y resaltando su inhabilitación política con el lema “no te vistas que no vas”. 

red propagandística

Este año, según los registros de Probox, el PSUV también ha impulsado esta etiqueta, promoviendo #ElQueVaEsNicolás entre el 16 y el 17 de marzo con más de 6.400 publicaciones en X ante la postulación oficial de Maduro como candidato.

El uso institucional de la propaganda

Aunque existe un reglamento del Consejo Nacional Electoral que establece los lineamientos para una campaña electoral justa, el chavismo hace caso omiso de ella, y el órgano rector de vigilarlo tampoco cumple su función.

Al respecto, en las elecciones regionales del año 2021, ProBox demostró el ventajismo del oficialismo sobre el resto de los participantes y las violaciones del reglamento electoral, hecho que también fue resaltado por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y el Centro Carter.

“No es un secreto para nadie que desde hace años los poderes públicos siguen lo que el Ejecutivo dicta, es por eso que la institucionalidad del país se resquebrajó y podemos ver cómo con total ‘normalidad‘ el Ministerio de Comunicación lleva la batuta de la campaña de Maduro, que desde los canales de televisión del Estado se trasmiten programas como ‘Con el Mazo Dando’ de Diosdado Cabello que desinforma y ataca la disidencia y que además se paga con dinero del Estado a personas para que impulsen tendencias en redes sociales”, expresó Mariví Marín Vásquez, directora ejecutiva de Probox.

Para Probox, existe un control “evidente”:  desde la inhabilitación de candidatos de oposición hasta el adelanto de las elecciones, según la organización, el régimen “no escatima en tácticas para inclinar la balanza a su favor”.

“A pesar de las irregularidades, las redes sociales continúan siendo una herramienta importante para que la sociedad civil se mantenga informada y promueva la protesta cívica”, asegura la directora ejecutiva de ProBox.

Puede leer la investigación completa aquí

La Gran Aldea: la nueva víctima de Conatel 

Los cuestionamientos de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales a la Ley de Protección de Pensiones

Yeannaly Fermin
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Los cuestionamientos de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales a la Ley de Protección de Pensiones

La Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales (Acienpol) fijó posición y cuestionó varios aspectos de la reciente “Ley de Protección de Pensiones de la Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista” (LPPSS), aprobada por la Asamblea Nacional oficialista y publicada en Gaceta Oficial.

A través de un comunicado, la Academia señaló que el sistema de seguridad social en Venezuela está muy lejos de poder cumplir con los objetivos constitucionales y legales ya establecidos. Además, responsabilizó al Estado de mantener durante tres años consecutivos el monto del salario mínimo (actualmente fijado en 130 bolívares mensuales, unos 3.5 dólares) y en su lugar, sostener una práctica que es “inconstitucional” y que ha contribuido al “descalabro de las las prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldos y utilidades”.

En Gaceta Oficial número 42.880, con fecha del 16 de mayo de 2024, se estableció como monto de la contribución especial el 9% del total de los pagos realizados por las empresas privadas a los pensionados del país. 

Aunque la ley ya está en Gaceta, se espera por el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (Seniat) para que informe sobre la fecha de pago mensual de las empresas tanto nacionales como extranjeras que operan dentro del país.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales cuestionó 10 aspectos sobre esta ley que no solo no solo afecta a los trabajadores venezolanos, sino que consideran, también afecta a grupos más vulnerables como los pensionados y jubilados que perciben salario mínimo:

La Academia cuestiona que el tributo “se solapa innecesariamente y contradice” la contribución creada por la Ley del Seguro Social y su Reglamento General que han de efectuar los empleadores al IVSS (Art. 109: 9% al 11% del salario normal), desviando los recursos al tesoro nacional y no al ente encargado de la seguridad social.

La Acienpol refutó que la base imponible de la “contribución especial” contradice y viola la restricción del artículo 107 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, que “limita la base imponible de los llamados “tributos a la nómina” a la medida del salario normal, criterio legal que no tiene nada que ver con el artificial concepto de “ingreso mínimo integral indexado” que solo aplica al sector público”.

La Academia señaló que la contribución del 9% es discriminatorio porque grava exclusivamente al sector privado de la economía, lo que es contrario al principio de universalidad de la seguridad social que incumbe a toda la población, independientemente de que se haya cotizado o no, incluido el sector público, que es el primer empleador en el país.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales también cuestionó que la Ley deslegaliza la fijación de elementos esenciales a la determinación del tributo y delega indebidamente en el Presidente de la República la fijación de la alícuota según el tipo o actividad económica, en violación del constitucionalizado principio de reserva de ley, otorgando una herramienta discrecional que se puede prestar como forma de control político y económico a sectores del país.

La Acienpol afirmó que dicha “contribución especial” es regresiva e inconsistente con una medida efectiva de la capacidad contributiva que pueda representar el pago del salario y las bonificaciones no salariales, pues se configura en un desestímulo a las mejoras salariales y no salariales de los trabajadores. “Mientras mayores beneficios se otorguen al trabajador, más alta será la carga tributaria para el empleador y menor sus posibilidades de crecimiento”.

Adicionalmente, la academia señaló que el tributo está desconectado de la realidad contributiva, pues si la capacidad de un empleador de pagar salarios y otras bonificaciones es menor al “ingreso mínimo integral indexado”, igual se le obliga a contribuir con base en una capacidad contributiva inexistente.

“La ley no toma en cuenta aquellos casos de empleadores que han adoptado políticas internas en materia de jubilaciones por vejez, incapacidad, invalidez y sobrevivencia, lo que implica una mayor onerosidad sobre los aportes que a esos efectos realiza el empleador, sin disponer medidas de neutralización o desgravación consecuente”, indicó la Acienpol.

Sobre las sanciones para quien no presente la declaración de la “contribución especial”, la Acienpol indicó que viola los artículos 79 y 103 del Código Orgánico Tributario (COT) al elevar a 1.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el BCV, cuando este tipo de deber formal es sancionado en el COT, de aplicación preferente, con multa entre 100 y 150 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el ente emisor.

En cuanto a la vigencia de la LPPSS la academia explica que esta ley está supeditada al dictado de los decretos presidenciales, pero contradice los artículos 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 8 del COT que establecen al menos, sesenta (60) días para que contribuyentes y administración tributaria, ajusten su proceder en función de las nuevas obligaciones materiales y formales.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales exhortó al Poder Público Nacional a “mantener un diálogo social permanente en materia laboral y tributaria, para recuperar, por una parte, la función del salario y, por la otra, lograr la anhelada armonización tributaria para alcanzar una solución apropiada a la crisis de la seguridad social”. 

El Seniat se cobra y se da el vuelto en nueva ley de pensiones

La tragedia y el reto de CITGO

Orlando Viera Blanco
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La tragedia y el reto de CITGO
Machado y González Urrutia deben involucrarse en la defensa de CITGO. Es impostergable abrir el compás, escuchar a los directores de PDVSA ad hoc, y hacerlo de la mano del gobierno de Maduro. Lo establece el Acuerdo de Barbados

@ovierablanco

A una sola voz los representantes de CITGO en EE. UU., sus abogados, líderes políticos, expertos y la mesa de negociación deben pedir al gobierno de EE. UU. dar protección inmediata a CITGO, y prevenir una subasta injusta.

Lo que ocurre a CIGTO es una verdadera tragedia corporativa. Los desafíos para salir del tifón no son sencillos. Ni Shakespeare o García Márquez, describen en sus obras tanta surrealismo, iniquidad y apología. De cómo una corporación seria y sólida con casi 4 décadas bajo la gerencia de ilustres venezolanos, la convirtieron Chávez y Maduro en un cepo de politiquería panfletaria. Si no es por la llegada del gobierno interino y las nuevas directivas, CITGO sería lo que es hoy su matriz PDVSA: desecho.

Es la historia de abusos cometidos por Chávez et all, que ha llevado al patrimonio más importante de los venezolanos en el exterior [valorado en unos 15 billones de dólares] a riesgo de ser salvaje e injustamente rematada en una Corte de EE. UU.

Excesos de autoridad que se convirtieron en reclamos por inversionistas extranjeros contra la república, en centros internacionales de arbitraje. Expropiaciones, confiscaciones, decomisos, retenciones e incumplimientos de contratos en áreas mineras, energéticas y petroleras [era Chávez], que generaron sentencias muy costosas para la nación [21 billones de dólares]. Habiendo quedado firmes, ahora demandan ante la Corte Federal de Delaware a cargo del juez Leonard Stark.

Invirtieron poco, demandan mucho y pagarán la mitad

Las demandas de acreedores como Crystallex, ConocoPhillips, Huntington Ingalls son desproporcionadas al valor de su inversión en Venezuela. CITGO podría ser adjudicada al mejor postor por un valor muy inferior a su precio real. Lo más injusto es que todo sucede cuando honestos y capaces venezolanos designados por la legítima AN 2015, habían recuperado CITGO de la quiebra [2019].

Cuando Citgo pasa a ser administrada por autoridades designadas por el Gobierno interino de Juan Guaidó [AN-2015], era una corporación esquilmada. Había perdido su valor patrimonial histórico, que llegó a ser de unos 30 billones de dólares con ingresos por 32 BB$. La era Chávez a pesar de administrar el barril de petróleo a más de 100$p/b, hizo de PDVSA y CITGO una operación macilenta.

Citgo se redujo a 4.5 billones de dólares de ingresos [2019] y una deuda superior de 4.8 billones. La administración liderada por Horacio Medina [presidente de PDVSA ad hoc] le dio nuevamente pulmón a CITGO, obteniendo ingresos por 22 billones de dólares, cero deudas, flujo de caja positivo y beneficios por el orden de los 2 billones de dólares [EBITA].

Horacio Medina

CITGO literalmente ha sido salvada gracias a la buena gestión de sus nuevas directivas, designadas por la legítima AN-105. Pero ahora podrían adjudicarla a acreedores impropios de su giro comercial, por un valor muy inferior. CITGO, con un valor auditable de unos 15 billones de dólares, podría rematarse por la mitad o menos, considerando además que la “adquisición forzosa” se hace con unos 1.5 BB$ en caja.

Esta es la historia de una revolución salvaje e irresponsable que ha puesto en jaque mate el activo más importante de Venezuela; crucial para la recuperación del país.

Exprópiese, confísquese, retírense

La tragedia judicial, corporativa y política de CITGO comenzó con la misma llegada de Chávez a Miraflores. Recordemos que Citgo pertenece a la República de Venezuela a través de Petróleos de Venezuela S.A., adquisición que comenzó en 1986 con el 50 % de su capital social, y en 1990 el resto.

PDVSA adquirió, en 1987, el 50 % de la refinería Champlin en Corpus Christi, Texas, con capacidad de 150 000 barriles por día (mbpd). En 1993 se compró la refinería Savannah, en Georgia (que vendió Chávez en 2007), con capacidad de refinación de 28 mpbd. En 1994-1997 Venezuela adquirió el 50 % de la refinería Lyondell-Citgo con base en Houston (y en 2007 el gobierno de Chávez vende el 41.25 % de CITGO a su socio mayoritario) con una capacidad de refinación de 265 mbpd.

El presidente de Venezuela Hugo Chávez anunció, en octubre de 2010, la intención de que PDVSA vendería su subsidiaria Citgo, calificándola de “mal negocio” y citando las bajas ganancias obtenidas desde 2006. El precio mínimo de venta se fijó en 10 000 millones de dólares. En enero de 2015 se confirmó que Citgo no se vendería. Citgo vendió bonos para dar un dividendo a PDVSA. Los bonos vendidos incluían un bono de $1500 millones a cinco años y un préstamo a plazo de $1300 millones que se pagaría en su totalidad en tres años y medio.

Con la llegada de Chávez [1998], comienza un proceso de desmontaje de la llamada meritocracia. PDVSA viviría una insana y perniciosa politización. Progresivamente pasó de ser una empresa productiva, eficiente y poseedora del más elevado nivel laboral, que la llevó a ser la segunda empresa petrolera del mundo detrás de SAUDI ARAMCO.

En abril de 2002 vino la primera ola de despidos de PDVSA. Chávez, en cadena nacional de TV, despidió, con pito en mano, a altos ejecutivos de la estatal petrolera. Al primero que se escuchó despedir fue al Ing. Eddie Ramírez. Luego a directivos de GENTE DE PETRÓLEO y UNAPETROL [que nacen en 2002 para defenderse de la politización de PDVSA]. El paro cívico-petrolero venía de los eventos del 11A-2002, cuando Chávez salió del poder por poco menos de 48 horas.

7 de abril, despedidos con un pito

Con el regreso de Chávez se intensifica la arrasa de PDVSA. No solo de su talento, sino de su capacidad de producción, gobierno corporativo y recursos. Pasamos de 3.5 mbd a 650.000 Bd. Se implementaron políticas populistas al servicio de la revolución y de Cuba, siendo que Venezuela firmó un convenio energético con Castro [2003], que ha significado más de 60 billones de dólares por obsequio petrolero a los Castro en 21 años. Y contando.

El proyecto socialista del siglo XXI se extendió por todo el continente. Desde Boston a Chile, de São Paulo al Caribe y China, pasando por Londres, Damasco, Teherán, Dubái y Moscú. Toda una misión diplomática y proyectos ideológicos [el Foro de São Paulo, Foro de Puebla, acuerdos con Irán, Rusia, China, Argentina, Nicaragua, Bolivia] pagados con dinero de CITGO, más petróleo, minerales y oro venezolanos.

Vino entonces la ola de expropiaciones y confiscaciones. Millones de hectáreas desplazadas. Miles de industrias cerradas. Decomisaron cientos de miles de comercios, propiedades, fábricas y haciendas. Algunas corrieron “con la suerte” de ser pagadas. Otros no, como el caso de Brito, que se inmoló por defender su tierra.

A partir de este episodio de expropiaciones comienza la tercera ola devastación: improductividad y corrupción, hecha hambruna y éxodo. Expulsión de inversionistas extranjeros y locales, traducida en demandas ante centros de arbitrajes en París y Washington. Toda una tragedia de caída, quiebra y debacle, convertido en muerte, tortura, persecución y presos políticos. Las sanciones vinieron mucho después.

Perder CITGO, perder un pasado y un futuro fecundo

Las demandas en centros de arbitraje por empresas como ConocoPhillips, Crystallex, Gold Reserve, Rusoro, etc., generaron decisiones firmes contra la república. Estos reclamos se endosaron a CITGO bajo la figura del alter ego, doctrina según la cual una entidad es reflejo de otra que ejerce dominio sobre aquella. Al subirle el velo corporativo la entidad alter ego, se solidariza con las obligaciones de la empresa dominante […]. Como CITGO es de la República [vía PDVSA], la ponen –en mala hora y en mala lid– a pagar los reclamos contra la nación. La Corte de Delaware, a nuestro juicio inadecuadamente, está dando un mismo tratamiento injerencista a los actos de control de Chávez o Maduro, que a los de Juan Guaidó [que no lo fueron].

Así, el juez de Delaware [Stark], admitió las querellas contra CITGO. La aplicación del alter ego es denunciada por los abogados defensores de la empresa en EE. UU. Jamás CITGO financió actividades del Gobierno interino, como tampoco sufrió de actos de dominio, control e injerencia day to day, por Juan Guaidó. Lamentablemente el juez Stark aduce y acepta alegatos inconsistentes e inapropiados en favor de los demandantes.

Otra irresponsabilidad fue comprometer las acciones de CITGO en 2016 dando en prenda a los bonistas 2017, el 50.1 % del capital social de CITGO. El otro 49 % de CITGO se dio en colateral a la estatal rusa ROSNEFT. La nulidad de la garantía a bonistas 2020, fue incoada por el interinato de Juan Guaidó ante el Tribunal del Distrito Sur de NY. La Corte Superior de NY encontró asidero al alegato el cual denuncia que la prenda de CITGO a bonistas es nula de ilegal, por no contar con la autorización de la AN [conforme lo ordenan los constitucionales artículos 159 y 187.1]. Igual posición adoptó el Tribunal del Distrito Sur de NY y la OFAC [Tesorería U. S.] al suspender la licencia número 50, que impide disponer las acciones de CITGO en favor de Bonistas 2020.

Sin embargo, el juicio de Delaware sigue. El expresidente Trump había dado una orden que impedía liquidar a CITGO. Pero el presidente Biden dejó la protección sin vigencia. Por ello CITGO está a riesgo de ser rematada el próximo mes de julio/2024, salvo que el gobierno de U. S., decida evitarlo. Sería perder un pasado virtuoso y un futuro fecundo para la recuperación de Venezuela.

El remate continúa…

Al tiempo de escribir este artículo se conoció que el juez Leonard Stark de la Corte de Delaware [viernes 17/05/24], desestimó la acción de objeción y descalificación contra el “Máster Valuador” de dicha Corte. La noticia no es buena porque el proceso de subasta continuará […]

A nuestro juicio, el juez Stark ha debido diferir el proceso de subasta por varias razones:

  1. Existen decisiones pendientes de confirmarse y definirse en su alcance y legalidad, por la Corte del Distrito Sur de NY.
  2. Esta litis pendencia incide en el valor justo de CITGO, siendo que el propio ‘Máster’, en carta dirigida a los acreedores, afirmó que del remate podría pagarse a bonistas. Esta misiva “ambigua” según lo dice el propio juez Stark, fue objetada por la defensa de CITGO, solicitando la descalificación del funcionario valuador de la Corte de Leonard, porque tal afirmación afecta la maximización del capital social de CITGO.
  3. Aún existe un 50.1 % de las acciones de CITGO pendiente de validación como garantía [ya cuestionada por las cortes], por lo que el valor de CITGO debe contar con una valuación integral a esta realidad.

Todos estos infortunios: ni el alter ego, ni los daños causados, ni los reclamos y procesos judiciales, fueron causados por la directiva designada por el gobierno interino de Juan Guaidó. Todos se fundamentan en hechos derivados de la actitud expropiatoria y autoritaria de Chávez, más la voracidad mercenaria de fondos buitres, tenedores de bonos 2020.

La defensa de CITGO ha sido impecable. Durante los últimos 5 años, las acciones de las empresas extranjeras –realmente voraces y desproporcionadas– han sido contenidas eficazmente. Las empresas reclamantes no invirtieron en Venezuela montos relevantes como para recibir exageradas indemnizaciones obtenidas. La defensa de los procuradores de Chávez ante el Centro Internacional de Arbitraje para Inversionistas [CIADI] resultaron débiles, impuntuales e imprecisas.

María Corina Machado y Edmundo González deben involucrarse

Machado y González Urrutia deben involucrarse urgentemente en la defensa de CITGO. Es impostergable abrir el compás, escuchar a los directores de PDVSA ad hoc, y hacerlo de la mano del gobierno de Maduro. Así lo establece muy especialmente el Acuerdo de Barbados. Lo que está de por medio es evitar perder el activo más importante de Venezuela en el mundo.

A una sola voz los representantes de CITGO en Estados Unidos, sus abogados, líderes políticos, expertos y la mesa de negociación, deben pedir al gobierno de EE. UU., dar protección inmediata a CITGO, y prevenir una subasta injusta y ajena al espíritu tutelar de empresas inversoras en EE. UU., propiedad de Estados.

¿Es posible salvar a Citgo?

vierablanco@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

CIDH insta a reconstruir la independencia de los poderes públicos para combatir impunidad en Venezuela

Redacción Runrun.es
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CIDH insta a reconstruir la independencia de los poderes públicos para combatir impunidad en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la administración de Nicolás Maduro a “reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos” para combatir la impunidad en Venezuela.

Así lo señala la organización en un comunicado que difundió este lunes, 20 de mayo, donde informó tomar nota de los recientes anuncios del Estado de Venezuela “sobre cierta apertura a la cooperación internacional en la lucha contra la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos”.

El 23 de abril Nicolás Maduro anunció que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional instalará una oficina en Caracas, desde donde cooperará con las autoridades nacionales. También comunicó que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sería invitada a tener un equipo en el terreno nuevamente, después de expulsarla el 15 de febrero.

A juicio de la CIDH, la apertura del Estado a recibir ambas oficinas “debe estar acompañada de un compromiso real y serio en la lucha contra la impunidad”.

De acuerdo con un informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una muestra de 183 casos de conductas que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, solo hubo 12 juicios, es decir, un escaso 6%; y en el 52,5% de estos casos el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial.

El desafío

Para la CIDH, el principal desafío en la lucha contra la impunidad en Venezuela radica en la cooptación del Poder Judicial y del Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo.

Vale recordar que en distintas oportunidades, la CIDH y otros organismos internacionales han denunciado el nombramiento irregular de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del titular del Ministerio Público, presiones para decidir casos o cerrar expedientes, alta provisionalidad de jueces y falta de garantías de inamovilidad en sus cargos, admisión de medios de prueba bajo coacción, cambio recurrente de personas fiscales, así como la falta de control judicial y trasparencia sobre sus actuaciones.

En ese sentido, la CIDH reafirmó que la impunidad “ha propiciado la repetición de violaciones de derechos humanos y ha permitido que en el país se instale una política de represión selectiva dirigida a desalentar la participación política de las personas opositoras o percibidas como tales”.

“Un compromiso genuino en la lucha contra la impunidad exige que el Estado adopte medidas inmediatas para restablecer la separación e independencia del Ministerio Público, del sistema de justicia en general y de los demás poderes públicos”, finalizó el comunicado.

Denuncian que prohíben visitas tras alertas por situación de presos políticos del Rodeo I

Ebrahim Raisí y sus tres años al frente de Irán bajo la lupa

Yakary Prado
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Ebrahim Raisí y sus tres años al frente de Irán bajo la lupa

 

Este lunes 20 de mayo se confirmó la noticia de la muerte del presidente iraní, Ebrahim Raisí, junto con la del ministro de Exteriores y otros funcionarios en un accidente de helicóptero ocurrido un día antes en el noroeste del país.

El trágico hecho se produjo en el marco de constantes denuncias sobre violación a los derechos fundamentales en el país que presidía y en medio de unas relaciones internacionales complejas, luego de que el el mandatario, fallecido a los 63 años, ordenara a mediados de abril un ataque con más de 300 drones y misiles contra Israel, lo que le valió una amplia condena internacional. 

El gobierno de Israel ha denunciado en reiteradas ocasiones que Hamas “es uno de los brazos terroristas del régimen de Irán” y en octubre de 2023, consideraron que el ataque “barbárico” perpetrado por esa organización en su territorio era “otro intento del régimen iraní de asesinar civiles israelíes”.

 

A Raisí lo sucede provisionalmente en el poder Mohamad Mojber, pero se convocaron nuevas elecciones presidenciales para el 28 de junio, aunque esos comicios tienen pocas probabilidades de ser libres, debido a que  los candidatos deberán superar el veto del  “Consejo de los Guardianes”. 

A continuación, algunos hitos del gobierno de Raisí, cuya figura muchos veían que se perfilaba como el  posible sucesor del actual líder supremo de Irán. 

Un pasado ejecutorio a cuestas

A Raisí algunos medios de comunicación lo calificaron como “el juez de la horca” por formar parte de un grupo de clérigos que aprobó las ejecuciones de miles de presos políticos ordenadas en 1988 por el entonces líder supremo, el ayatolá Ruhollah Jomenei. 

El ultraconservador figuró como jefe adjunto de la Autoridad Judicial que, tras la guerra entre Irán e Irak, fue responsable de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. El papel estelar que jugó el fallecido mandatario en estos hechos le valió en el año 2019 una sanción del gobierno de Estados Unidos, convirtiéndose así en el primer presidente de Irán que fue sancionado por EEUU antes de asumir el poder. 

 

 

 

Por estas y otras denuncias sobre violaciones a derechos humanos, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, expresó tras fijar posición sobre la muerte del presidente iraní, que este tenía “las manos machadas de sangre” y que era responsable de “abusos atroces” a los derechos humanos en su país, así como de apoyar a grupos terroristas de la región como Hamas.

El “ungido” del líder supremo de Irán

En el añ0 2017 Raisí intentó llegar al poder de Irán, pero sus aspiraciones cedieron ante el ascenso del relativamente moderado Hassan Rouhani. Cuatro años más tarde, se convertiría en el octavo presidente de la nación iraní desde que la monarquía respaldada por Estados Unidos fuera derrotada por la Revolución Islámica de 1979. 

En junio de 2o21,  logró escalar hasta la primera magistratura de Irán en unos comicios en los que el denominado  “líder supremo” de ese país, el ayatolá Alí Jamenei, usó todas sus influencias para sacar del paso a cualquier candidato opositor relevante.

La mayoría de la comunidad internacional cuestionó el carácter libre de las elecciones porque los candidatos debieron recibir el visto bueno de 12 teólogos y juristas que forman el Consejo de Guardianes. Aunque este órgano no es electo por los ciudadanos tiene en sus manos la decisión final sobre quién puede o no presentarse en una elección.

Para estos comicios, tal y como lo explicó en un trabajo BBC Mundo, este grupo ultraconservador y religioso prohibió a la mayoría de los candidatos reformistas o moderados competir. De entre más de 600 aspirantes, solo siete fueron aprobados. Por esta misma razón, en los comicios en los que triunfó Raisí, casi el 50% de los iraníes se abstuvieron de participar.

Prometió “muerte” a Trump y sus funcionarios

En enero de 2022, se produjo la muerte por un bombardeo de un dron estadounidense del general Qasem Soleimaní, quien estaba al frente de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní (IRGC).

Después del suceso, Ebrahim Raisí pidió aplicar la ley del talión para el entonces saliente mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el exsecretario de Estado, Michael Pompeo y otros altos cargos estadounidenses. 

“El violador, asesino y criminal, el expresidente de EEUU debe de ser juzgado, debe de ser sometido a la ley de “ghesas” (talión)”, afirmó Raisí en la principal ceremonia en memoria del exmilitar, celebrada en la mezquita Mosala de Teherán.

Violaciones de DDHH a la carta 

Como promesa central de campaña, Raisí aseguró que llevaría a cabo un estricto cumplimiento de la ley islámica, que abarcaba la segregación de sexos en espacios públicos. Una vez en el poder, intensificó la obligatoriedad de uso del velo islámico.

En marzo de 2024, la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán de la Organización de las Naciones Unidas denunció la “represión violenta de protestas pacíficas y la discriminación institucional generalizada contra mujeres y niñas” en ese país, que alertaron, derivó en “graves violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno de Irán, muchas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad”.

Los hechos a los que se refieren fueron las intensas protestas que se desataron en septiembre de 2022 bajo el lema  “Mujer, Vida, Libertad” . Las manifestaciones masivas se originaron  por la muerte de  Mahsa Amini, una joven de 21 años que había sido detenida por no usar el hijab y que murió en un hospital tras estar bajo custodia de la “policía de la moral” por presuntas torturas.

Las manifestaciones por este suceso se extendieron durante meses y se saldaron con el asesinato de al menos 500 personas y la detención de más de 20.000 iraníes. La Misión de la ONU documentó que la represión  incluyó  “asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, privación arbitraria de la libertad, tortura, violación, desapariciones forzadas y persecución por motivos de género”.

Uno de los casos más sonados de esta oleada represiva fue el del futbolista Amir Nasr Azadani, a quien las autoridades iraníes querían aplicar la pena de muerte. Pero, ante la ola de advertencias de organizaciones de defensores humanos y la presión que se ejerció en todo el mundo,  al futbolista lo sentenciaron a 26 años de prisión por participar en las protestas. El gobierno iraní lo procesó por cometer delitos contra “el orden público”, reunirse y conspirar contra la seguridad del país y por un “delito contra Dios”. 

Aún ante el fuerte  escrutinio internacional, Amnistía Internacional denunció que solo en 2o23 Irán ejecutó a 853 personas. Uno de los sentenciados recientemente a esta condena es el rapero Toomaj Salehi, famoso por denunciar en sus canciones y en redes sociales la corrupción y la represión del régimen iraní. 

Asimismo, en abril de 2024, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció una violenta ola represiva en Irán contra mujeres y niñas y hombres que las defienden en aplicación de las “estrictas normas” relativas al uso del hijab o pañuelo islámico. En esa ocasión alertaron de  “numerosas detenciones de mujeres y niñas, muchas de ellas de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años”. 

En ese mes se anunció la creación de un nuevo órgano destinado a aplicar las leyes vigentes relativas al hijab. Se advirtió que los miembros de esa organización habían sido entrenados para “hacerlo de manera más enérgica” en los espacios públicos, así como también se adelantó información sobre un anteproyecto de ley que buscaba imponer penas de cárcel, multas y hasta latigazos a quienes transgredieran el código vestimentario. 

El beso al Corán ante la ONU

Uno de los episodios públicos más comentados del fallecido presidente de Irán ocurrió en septiembre de 2023, cuando Raisí pronunció un largo discurso religioso ante la Asamblea General de la ONU mientras sostenía un Corán en sus manos. Al término de la alocución, besó su “libro sagrado”.

En sus palabras,  llamó a tomar medidas contra la quema del Corán por parte de ciudadanos de naciones libres, denunció la “islamofobia y el apartheid” y expresó que defendía la familia “sacrosanta” entre un hombre y una mujer.

 

Sus vínculos con Maduro

Los vínculos entre Venezuela e Irán que promovió el fallecido Hugo Chávez se potenciaron aún más con el gobierno de Maduro, que vio en esa nación un aliado para enfrentar la escasez de  gasolina en el año 2020.

Fue precisamente el gobernante venezolano  uno de los primeros en expresar sus condolencias por la muerte de su homólogo iraní, con quien se reunió en un par de ocasiones. 

En un mensaje en la red social X, Maduro  tildó a Raisí de “persona ejemplar, un extraordinario líder del mundo (…) un excelente ser humano, defensor de la soberanía de su pueblo y amigo incondicional de nuestro país”. 

Maduro y Raisí se encontraron por primera vez en junio de 2022 en Irán, en donde firmaron acuerdos bilaterales que se extenderían por dos décadas.  En junio de 2023, se produjo la segunda reunión entre ambos mandatarios, esta vez en Caracas.  Raisí llegó al país acompañado de una amplia delegación política, económica y científica, reseñaron medios oficiales. 

Raisí enfatizó en esa oportunidad que sus relaciones con Caracas y La Habana “eran estratégicas” y anunció que se profundizarían. 

 

 

El Mañanero del 21 de mayo: presos políticos de Rodeo I aislados y otras noticias sobre Venezuela

Redacción Runrun.es
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El Mañanero del 21 de mayo: presos políticos de Rodeo I aislados y otras noticias sobre Venezuela

En El Mañanero del 20 de mayo de Runrun.es resumimos los titulares más destacados del fin de semana sobre Venezuela: familiares de presos políticos privados de su libertad en la cárcel Rodeo I denuncian que no les permiten visitarlos, el medio de comunicación digital venezolano La Gran Aldea se suma a la lista de portales bloqueados por las operadoras venezolanas y al menos el 35 % de las mujeres en el estado Mérida sufren de tener el sueldo mínimo estipulado por el gobierno, un ingreso menor a los 3,5 dólares mensuales. 

Cabello anuncia que este 21 de mayo se aprobará ley contra las ONG

Homicidios prevalecieron en Caracas de enero a abril de 2024

Edmundo González tras su primer acto de campaña: «Hemos iniciado la victoria»

Denuncian que prohíben visitas tras alertas por situación de presos políticos del Rodeo I

Maduro celebra seis años de una reelección desconocida internacionalmente

Pobreza salarial afecta a 35% de las mujeres rurales en Mérida

La Gran Aldea: la nueva víctima de Conatel 

https://twitter.com/NoticiasONU/status/1792563823280263524

«Denunciamos un nuevo centro de tortura. Tantos ellos como la familia somos encapuchados en el área de visitas», dijo Andreína Baduel, hermana de Josnar Baduel, preso político trasladado a la cárcel el Rodeo I.

El Mañanero del 20 de mayo: Edmundo González no será un presidente que insulte y otras noticias sobre Venezuela

Gracias por leer El Mañanero del martes 21 de mayo de 2024.

Ganar la elección, lograr el poder y gobernar en paz

Eddie A. Ramírez S.
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Ganar la elección, lograr el poder y gobernar en paz
Para obtener el poder y gobernar en paz es obligatorio un trabajo político que permita la transmisión de mando sin traumas y acuerdos mínimos

En la elección de 1952, el partido URD ganó la mayoría de la Asamblea Constituyente, pero el dictador Pérez Jiménez desconoció el resultado apoyado en las bayonetas. En la del 2015 la unidad opositora ganó la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, pero el dictador Maduro utilizó las togas sumisas del TSJ y a los rectores del CNE para desconocer a tres diputados.

Guardando las distancias, y considerando otros ejemplos, pareciera que en tiempos de dictadura o de conflictos armados es necesario intentar llegar a acuerdos entre las partes, tal como hicieron nuestros gobiernos democráticos para pacificar al país en la etapa guerrillera de los años sesenta y setenta. Caso contrario, no se logra el poder, se dificulta gobernar o no se alcanza la paz, según las circunstancias. Desde luego, en algunos casos no se logra el objetivo.

Conoce a tu Fuerza Armada

Cabe citar a Yuval Noah Harari en su artículo Ganar la batalla y perder la guerra, en el que critica la falta de un objetivo político por parte de Israel en la guerra con Hamás. Según Harari, “la justicia es un objetivo noble, pero la pretensión de justicia absoluta conduce inevitablemente a una guerra sin fin. No ha habido un solo tratado de paz en la historia de la humanidad que no requiera compromisos y que proporcione justicia absoluta”. El analista israelita nos recuerda el caso de Ruanda, en el que hoy hutus y tutsis conviven en paz, y la necesidad de concentrarse en el futuro. “Necesitamos sanar las heridas del pasado, en lugar de utilizarlas como excusa para abrir más y más heridas nuevas”.

Edmundo González, nuestro candidato de la unidad democrática, declaró que “nos comprometemos a escuchar y actuar, a tender puentes, no muros, a sanar heridas, a construir un futuro justo y próspero para todos, nuestro compromiso es con la reconciliación de los venezolanos”. Esa es la dirección correcta. Nuestro llamado es a concentrarnos en la organización para que se vote masivamente y contar con los testigos y las actas, lo que nos garantiza ganar la elección. Sin embargo, para obtener el poder y gobernar en paz es obligatorio un trabajo político que permita la transmisión de mando sin traumas y acuerdos mínimos para recuperar el país.

Al respecto, monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, señaló que los venezolanos manifiestan un compromiso de cambio “que debe construirse en un clima de inclusión, tolerancia, igualdad de oportunidades y respeto, superando la tentación de imposición o control de unos pocos sobre las grandes mayorías”.

Este trabajo político corresponde a Edmundo y a María Corina, con el apoyo de Gerardo Blyde y de otros actores.

Edmundo González: consideraciones sobre la politicofobia

Como (había) en botica

eddiearamirez@hotmail.com

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Cabello anuncia que este 21 de mayo se aprobará ley contra las ONG

Redacción Runrun.es
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Cabello anuncia que este 21 de mayo se aprobará ley contra las ONG

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que mañana martes, 21 de mayo, se aprobará la Ley para el control y financiamiento de las ONG en Venezuela. 

A través de un video difundido en redes sociales, Cabello explicó que este martes se debe estar aprobando en segunda discusión la ley para controlar el financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales. 

“Nosotros esperamos aprobar esta ley mañana. Todos van a tener que registrarse, todos van a tener que explicar de dónde vienen los fondos, como los gastan. Es una deuda que tenemos nosotros, histórica”, dijo Cabello. 

El proyecto creado por el oficialismo, plantea un mecanismo jurídico para monitorear los ingresos de las ONG. El mismo contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear y que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

Advierten que ley de fiscalización militarizará a las ONG

Según el último registro del Observatorio Venezolano de la Sociedad Civil (OVSC), al 31 de diciembre de 2022, había 6.270 ONG registradas en Venezuela.

Fernando Fernández, profesor universitario de derecho penal, en una conferencia online advirtió que dicha ley constituye una «nueva herramienta de guerra jurídica contra el espacio cívico».

En su opinión, este proyecto de ley militarizaría a las ONG, convirtiendo a estas organizaciones no gubernamentales en instituciones del Estado. «Todas las ONG tendrían que llenar ese padrón y enlistarse en el Ministerio de la Defensa», apuntó el profesor.

Por su parte, el abogado Alí Daniels, enumeró, en entrevista a Provea,  varias consecuencias que podría traer esta ley y que recaerán principalmente en la sociedad civil más vulnerable producto de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela desde hace varios años: 

“Implicará, si se aprueba, la anulación de la libertad de asociación en Venezuela y, junto con ella, afectará otros muchos derechos porque al hacer prácticamente imposible la creación de ONG, la creación de asociaciones o fundaciones, imponiendo requisitos exorbitantes, se impide que la soberanía se organice y ejerza”.

“La participación en asuntos públicos también se verá afectada porque expresamente el proyecto de ley señala que, si una organización no ha cumplido con toda la infinidad de requisitos que allí se exigen, no puede participar porque no está registrado en el Registro que pretenden crear y que es adicional al ya existente”.

El proyecto de ley implicará que al final solo las organizaciones que el gobierno quiera tendrán personalidad jurídica y el resto serán declaradas de acuerdo a los propios términos de la Ley, inexistentes.

“Esta Ley no reconoce la personalidad jurídica de las organizaciones ya existentes, las que ya se registraron, las que ya han cumplido con todos los requisitos de la ley actual y a esas organizaciones se les ilegalizan y se les obliga, a partir de cero, como que si nunca hubieran existido”.

“La ley obliga a que todas las organizaciones reescriban sus actas constitutivas, incorporen nuevos fines que la ley establece, nuevos objetivos que la ley establece que incorporen actividades con el gobierno, ente otros aspectos”. De acuerdo con la ley, se obliga a que las asociaciones incluyan como miembro a funcionarios públicos, algo que es realmente insólito”.

“Las consecuencias, sobre todo para las organizaciones que denuncian violaciones de derechos humanos, es que lo más probable no se les permita constituirse, no se les dé la posibilidad de continuar”.

“Si una organización trabaja con indígenas waraos, por ejemplo, eso implica que debería estar inscrita, no solo en el estado Delta Amacuro, sino también en los otros estados donde ellos habitan, con lo cual la organización debe estar inscrita en Monagas, Bolívar y, si por ejemplo, no está inscrito en alguno de estos estados y si tiene una medicina en el Delta, pero tiene que enviarlas al estado Bolívar porque lo necesitan, no los puede trasladar porque la ley obliga que deben estar inscritas en los tres estados para poder hacerlo. Entonces, no estamos hablando aquí de sutilezas legales, ni de cosas leguleyas. Estamos hablando de vicios que atentan contra los más elementales derechos humanos”.

Los costos de mantenimiento de las organizaciones, que tendrán que tener estructuras fijas para renovar constantemente estos permisos, serán muy onerosos y eso tiene una repercusión práctica. “Por ejemplo, si un donante da un dinero para alimentar personas o dar medicinas, si antes daba 10 dólares, por poner un caso, y de esos 10 dólares los costos administrativos eran 0,5; ahora puede ser uno o dos dólares por cada 10. Entonces eso implica que, en vez de llegarle más ayuda, le va a llegar menos ayuda a la gente porque los costos operativos para mantener la organización se encarecen”, explicó Daniels.

“La ayuda humanitaria se ejecuta a través de Naciones Unidas, esa ayuda no la ejecuta directamente Naciones Unidas sino que quienes están en el terreno ejecutando esa ayuda humanitaria son las ONG y de ahora en adelante, muchas dejan de operar y Naciones Unidas no va a poder suplir esa falta y de esto estamos hablando, de las vidas en riesgo que pone este proyecto”.

La Gran Aldea: la nueva víctima de Conatel 
cabello cabello 

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