La venta de la participación en casi todas las refinerías en el exterior pudo haber sido para disponer de más recursos para gastos superfluos y para regalar a Cuba y a países del CARICOM
El gobierno interino de Guaidó no recibió ni una locha de Citgo, tampoco la endeudó, ni hipotecó, no vendió nuestras refinerías en el exterior, ni destruyó las refinerías en Venezuela. La directiva ad hoc de Pdvsa recibió a Citgo deteriorada e hipotecada, con un valor no mayor de cinco mil millones de dólares y la puso a valer entre diez y doce mil millones de dólares. Quien diga lo contrario está mal informado o miente. Entonces, ¿quiénes son los responsables de la destrucción de nuestro sistema de refinación?
Cuando Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999, Venezuela tenía participación parcial en nueve refinerías en Europa y total o parcial en ocho refinerías en los Estados Unidos, que nos garantizaban disponer de una capacidad de refinación mínima de 1.576.000 barriles por día (b/d).
A esta cifra hay que sumar 335.000 b/d en la refinería que PDVSA alquilaba en Curazao, para un total de 1.911.000 b/d en el exterior. Hoy solo contamos con tres refinerías en Estados Unidos que pertenecen a CITGO, con capacidad de unos 800 000 (b/d), pero en riesgo de perderse y una participación de 14.5 %, equivalente a 8700 b/d, en refinerías de Nynas.
Hay que agregar que el régimen de Chávez-Maduro dejó perder nuestra participación en tres pequeñas refinerías en Cuba, República Dominicana y Jamaica, las cuales había adquirido por razones políticas. En Venezuela, las cinco refinerías operan con muchas interrupciones.
Pudo haber sido para disponer de más recursos para gastos superfluos y para regalar a Cuba y a países del CARICOM. También por no entender las ventajas de disponer de mercados cuando aumentara la producción, como estaba contemplado en los planes anteriores a Chávez-Maduro.
Cabe citar las siguientes declaraciones de Rafael Ramírez en el 2011, cuando era ministro y presidente de PDVSA: “Buscaremos firmar contratos de suministro y no tener activos en el exterior, que además nos amenazan constantemente de actuar sobre ellos”. En el 2014, el mismo Ramírez declaró: “CITGO es muy atractivo para un refinador, pero para una empresa cuyo objetivo fundamental es producir petróleo, no tanto”.
Debido a la caída de la producción petrolera por mal manejo, Maduro solicitó en el 2016 un préstamo por 6400 millones de dólares a la petrolera Rosneft, dando en garantía el 49,9 % de las acciones de CITGO y renovó bonos de la deuda pública 2017 ofreciendo a los nuevos Bonos Pdvsa 2020, por un valor de 1930 millones de dólares, dando en garantía del 50,1 % de las acciones de CITGO.
Además, endeudó a CITGO con otros 2200 millones bajo la figura de un dividendo ficticio. Por otra parte, el presidente Chávez expropió numerosas empresas extranjeras que operaban en Venezuela o rescindió convenios arbitrariamente. Esos grupos introdujeron demandas contra CITGO. La minera Crystallex, la petrolera Conoco y los tenedores de Bonos PDVSA2020 son los principales acreedores. En total las demandas montan a 24 000 millones de dólares, más del 80 % por deuda de la República y no de CITGO.
A comienzos del 2019, se consideraba que era difícilmente recuperable y que podíamos perderla. Las directivas ad hoc de PDVSA, designadas el 2019 por el gobierno interino, presididas inicialmente por Luis Pacheco y posteriormente por Horacio Medina, y con Carlos Jordá como presidente ejecutivo de CITGO, lograron recuperar la empresa, pagar deuda interna y producir ganancias netas superiores a 4800 millones de dólares entre 2022 y 2023.
Para enfrentar las demandas, inicialmente se intentó llegar a acuerdos con los acreedores, lo cual no fue posible. Por ello, la Procuraduría Especial de la República, la Asamblea Nacional 2015 y la Junta Administradora ad hoc de PDVSA han tenido que defender a CITGO en los tribunales. A pesar de que las demandas no son por deudas de CITGO, sino en su inmensa mayoría de la República, el juez de la causa determinó que había la figura de alter ego, es decir que son la misma cosa.
La directiva de PDVSA ad hoc solo ha aprobado el pago directo a los abogados que defienden nuestros activos, así como intereses de los bonos 2020, lo cual era imprescindible para proteger a CITGO.
El procurador especial de la República, Enrique Sánchez Falcón, informó a la Asamblea Nacional 2015 que era urgente aprobar el presupuesto para cancelar honorarios a los abogados que defienden nuestros activos, pero no recibió respuesta. También advirtió de la inconveniencia de eliminar el gobierno interino de Guaidó, ya que eso afectaría la defensa de los activos.
En el caso de los Bonos 2020, algunos dicen que son legales y otros que no lo son porque la Asamblea Nacional no los aprobó y, además, que es inconstitucional haber dado a CITGO como garantía. Se menciona que algunos políticos aseguraron a los prestamistas y compradores que eran legales y que otros han hecho lobby para que no se objete su legalidad. Está supuesta a ser rematada a menos que prosperen otras acciones.
Un grupo de trabajadores despedidos de PDVSA ilegalmente en el 2002 se sumó a la lista de acreedores para intentar cobrar la deuda que les debe la PDVSA de Chávez-Maduro por las prestaciones y fondo de ahorros. Tienen un punto discutible y complejo. Lamentablemente, cuatro o cinco personas han manejado el caso indebidamente; se han descalificado entre ellos y han arremetido injustamente en contra de Horacio Medina y contra las organizaciones Gente del Petróleo y Unapetrol, que son quienes han defendido a los despedidos. Calumniar a Medina por algo que no está en sus manos resolver desacredita a sus autores.
Queda claro que Chávez, Maduro, Rafael Ramírez, y sus directores y gerentes destruyeron nuestro sistema de refinación en Venezuela y en el exterior.
Como (había) en botica
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