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El Mañanero del 5 de septiembre: así pidieron la liberación de los ucevistas detenidos y más noticias

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En El Mañanero del 5 de septiembre de 2024 de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Seis estudiantes y un profesor de la UCV llevan más de un mes detenidos, sin poder designar a su defensa privada y solo los han podido visitar una vez. En el edificio de loa Federación de Centros Universitarios desplegaron afiches con sus rostros para pedir su liberación. Un marine estadounidense fue detenido en Caracas y aumenta la tensión ya viva entre ambos gobiernos. Además, expertos independientes de la ONU piden poner fin a la “sistemática violación” de Derechos Humanos en el contexto poselectoral y piden la liberación de todos los detenidos arbitrariamente. 

Expertos independientes piden poner fin a violencia poselectoral en Venezuela

Fiscalía se negó a recibir escrito en defensa de González Urrutia

Más de la mitad de los hospitales no tienen agua de manera regular

 

“Nos faltan siete para empezar las clases”: así exigieron la liberación de ucevistas detenidos

Lo que se sabe del marine estadounidense detenido en Caracas

Las medidas cautelares que otorgó la CIDH a Perkins Rocha: sigue incomunicado

 

 

“Hay evidencias de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, que impide el pleno disfrute de los derechos fundamentales y aumenta el riesgo para la vida de cualquiera que sea crítico con el Gobierno”, alertaron los expertos independientes de la ONU.

 

Más allá de las ideologías

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Se puede estar o no de acuerdo sobre el papel del Estado en la economía, pero para dirimir diferencias están las elecciones

El rechazo de los gobiernos democráticos de diferentes ideologías a la burda proclamación de Maduro, sin las actas que comprueben el resultado de la votación, obliga a reflexionar. Del lado de la oposición al régimen, algunos descalifican a cualquier gobierno o persona que se identifique con el socialismo. Eso es no entender que existe un socialismo democrático que respeta la alternabilidad de los gobiernos por la vía electoral y rechaza la violación a los derechos humanos.

Se puede estar o no de acuerdo sobre el papel del Estado en la economía, pero para dirimir diferencias están las elecciones. En lo personal, me adhiero a lo que sostenía Erhard, uno de los artífices de la recuperación de Alemania después de la II Guerra: “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

Pedro Sánchez, Lula, Petro y Boric son socialistas que respetan los resultados electorales y no violan los derechos humanos. Boric ha sido el más crítico del régimen de Maduro, lo cual agradecemos. Le sigue Pedro Sánchez, a pesar de que tiene alianzas con partidos de mala reputación. Lula y Petro han reiterado que Maduro debe presentar las actas. Podemos tener mayor o menor simpatía por ellos, pero son más demócratas que Bukele y que Trump.

En artículos del 13 y del 20 de agosto y en entrevista con Napoleón Bravo del 26 de ese mes mencioné la importancia de algunas personalidades que estuvieron con Chávez y que marcan diferencia con Maduro.

El 28 de agosto, un grupo de 258 ciudadanos de 20 países de América y de Europa, que se identifican como de izquierda, varios de los cuales estuvieron en el proyecto de Chávez o que sin apoyarlo se asumen como revolucionarios que luchan por una sociedad justa, firmaron un documento en el que señalan que “ha llegado el momento de convocar la más grande unidad en torno a la vida común. Es algo que trasciende toda ideología. Es necesario la construcción de un gran movimiento por la salvación de la República y el regreso a la democracia, que pugne por la reconstrucción nacional en un país que destierre la retaliación, la revancha y la venganza. La mentira debe parar. El terrorismo de Estado debe parar”.

Consideramos que este documento es muy importante y los firmantes venezolanos pueden y deben jugar un papel en esta etapa en la que es necesario seguir presionando para que Maduro cese las violaciones a los derechos humanos, ponga en libertad a los presos políticos y reconozca que fue derrotado, pero también para la etapa en la que deberá gobernar Edmundo González.

Es necesario tomar en cuenta que hubo unos 3.300.000 venezolanos que no votaron por Edmundo. Se puede especular que, restando los que procedieron bajo presión, que debe ser un número importante, quedan por lo menos unos dos millones que añoran a Chávez. Varios de los firmantes pueden recoger esa bandera, tomar en cuenta los errores cometidos, corregirlos y participar con críticas constructivas en la vida política que se iniciará en el 2025.

Maduro no podrá resistir la presión nacional e internacional. Debe aprovechar el ofrecimiento de María Corina de buscar una salida para él y su camarilla. Mientras más pronto acepte su derrota, más fácil será encontrar una solución que lo favorezca. Quien calle y tenga cierta relevancia, sea músico, jugador de beisbol o ejerza cualquier actividad es cómplice de las violaciones a los derechos humanos.

Como (había) en botica

  • La designación de Diosdado como ministro del Interior implica que habrá más represión. Está resteado y no lo importará cometer más atropellos.
  • Mencionar a los recientes desaparecidos forzados o detenidos sería olvidar a muchos y a los que están presos desde hace años. Por ello nombraré a los fiscales que tengo entendido han imputado sin pruebas en los últimos tiempos. Puede que falte o sobre alguno: Regino Cova Rojas, Jean Karin López, Elin León Aguilar, Yorder Canchica González, Jonathan Carrero A. y Dusay Dueñas González.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La batalla cultural

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La batalla cultural no pasa por anular al que no opina como tú, ni cerrar instituciones, consiste más bien en crear espacios de debate y encuentro

@SoyJuanette

En una mañana dominguera en Buenos Aires, cuando ya muchos cafés porteños están con algunos comensales leyendo el diario impreso mientras degustan una media luna y un café, me encontré con el escritor Martín Kohan. Con él hablé unos minutos acerca de la “batalla cultural”.

De la batalla cultural específicamente en el cine argentino, Martín me dijo: “No se trata de acabar con el cine, sino de crear los mecanismos para brindar espacios para la pluralidad de pensamiento”.

Ya Kohan se ha expresado acerca de la batalla cultural en el pasado. De hecho, el discurso que dio el pasado 13 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se hizo viral. Acerca de la afrenta que tiene el gobierno argentino contra instituciones culturales Martín expresó en aquella oportunidad:

“Si se abre una batalla / una disputa cultural por ejemplo a propósito del cine, y del lugar del cine en las políticas culturales en la Argentina, estaríamos discutiendo cine. Películas, estéticas, lineamientos, qué tipo de cine queremos, qué tipo de cine se quiere promover en la argentina, qué tipo de cine no se quiere promover, y se pretende que tenga su propio desarrollo por fuera de alguna política de promoción”.

Además, Kohan remató: “Esa discusión sería una discusión que podemos llamar disputa cultural/batalla cultural. Reventar el INNCA no es ninguna batalla cultural, es reventar el INNCA. Es una arremetida contra la cultura, no es una batalla cultural. Ojalá hubiese una batalla cultural”.

Por su parte, el gobierno ha dicho que la industria cinematográfica da pérdidas y por eso hay que “reformularlo”. Lo curioso es que, en contraposición a lo que dicen desde la Casa Rosada, el conocido productor Axel Kutchevasky indica que el cine argentino aporta dividendos a la economía del país:

“Están apareciendo voces demagógicas que atacan al sector audiovisual sobre supuestos que son falsos. El sector audiovisual argentino tiene una diversidad ideológica enorme… además, el sector audiovisual aporta a la economía del país un 5,2 % de forma directa e indirecta”.

¿Por qué Kohan dice que el gobierno arremete contra la cultura?

Desde la llegada al poder del presidente Javier Milei, su administración se ha enfocado, entre otros temas, en ir contra de instituciones culturales y científicas como el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). A estos entes se les acusa de ser “espacios de adoctrinamiento político”. Este hecho fue vendido a la opinión pública como parte de “la batalla cultural”.

Y si bien es cierto que el manejo de estas instituciones fue cuestionable en el pasado reciente, la solución no pasa por abolirlos totalmente. Pasa por revisar su funcionamiento, mejorarlo y depurarlo. Pero hasta ahora los hechos demuestran que a la gestión Milei no le interesa hacerlos más eficientes, sino acabar con ellos.

¿Qué es la batalla cultural?

La expresión guerra o batalla cultural viene de la palabra alemana kulturkampf, que se refiere al enfrentamiento entre el canciller alemán Otto von Bismarck y la Iglesia católica germana entre 1871 y 1878.

Posteriormente, el autor norteamericano James Davison Hunter reflota el fenómeno en su libro publicado en 1991: Guerras culturales: la lucha por definir América. En su texto, Hunter habla de cómo la política y la cultura norteamericana se fueron transformando a través de temas divisivos como la inmigración, el aborto, la separación Iglesia-Estado, el matrimonio igualitario, entre otros.

La batalla cultural puede describirse como el conflicto entre los valores conservadores y los progresistas.

Ojalá hubiese una verdadera batalla cultural

Como ya he escrito en esta columna anteriormente, a los políticos les interesa mantener a los ciudadanos entretenidos (por no decir peleando) para hacer sus negocios tras bastidores.

La verdadera batalla cultural no pasa por anular al que no opina como tú, ni cerrar instituciones; consiste más bien en crear espacios de debate y encuentro donde cada quien pueda demostrar su punto de vista.

Cuando un gobierno comienza a anular a quien no comparte sus ideales, a través del sistema de justicia y otros mecanismos del Estado, se pasa a ser un gobierno autoritario.

Para cerrar mi columna de esta semana, te quiero invitar a ti amigo lector: no te quedes solo con lo que lees en Twitter o te dice el canal de noticias de tu preferencia. Lee también lo que escriben y dicen los que no piensan como tú. Y, ya con ambas visiones, saca entonces tus propias conclusiones.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Lo que se sabe del marine estadounidense detenido en Caracas

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Un marine estadounidense, cuya identidad no fue inicialmente revelada, fue detenido en Venezuela, según informaron este 4 de septiembre medios internacionales y posteriormente confirmaron las autoridades de ese país.

¿Quién lo detuvo y en dónde?

CNN fue el primer medio que hizo pública la noticia. El medio aseguró que fueron funcionarios del Sebin quienes detuvieron al miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y que el hecho ocurrió el 30 de agosto en Caracas. 

Departamento de Estado lo confirma

Un funcionario de defensa estadounidense confirmó a la agencia Reuters que el gobierno de su país está al tanto de la detención de un marine de la Armada. La detención se habría producido “el 30 de agosto o alrededor de esa fecha”, confirmó la fuente.

“Estaba en un viaje personal”

La fuente del Departamento de Estado dijo a Reuters que el marine estaba en Venezuela en medio de un “viaje personal”.  Esta información la complementó luego John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en rueda de prensa.

“Puedo confirmar que un miembro del servicio estadounidense fue detenido en Venezuela. Entiendo que este individuo estaba en algún tipo de viaje personal y no en uno oficial del gobierno”, aclaró.

Antecedente similar en Rusia

Uno de los funcionarios del Departamento de Estado que se refirió al caso dijo que el marine no tenía permiso para visitar Venezuela. A principios de este año, un soldado del ejército estadounidense fue detenido en circunstancias similares pero en Rusia, después de viajar a Rusia para visitar a su novia.

Ciudadanos de EEUU advertidos del riesgo de viajar a Venezuela

El 23 de mayo de 2024, Estados Unidos renovó su advertencia a los ciudadanos de su país de “no viajar” a Venezuela. El gobierno alega que no tienen capacidad para proporcionar servicios de emergencia y basa la advertencia en la “inestabilidad civil, las amenazas de terrorismo y un clima político desfavorable” en el país.

Además de recalcar en la advertencia que los delitos violentos (homicidios, robos a mano armada, secuestros y robo de vehículos) son “comunes” en Venezuela, el gobierno de ese país también advierten que el riesgo de “detención injusta” de ciudadanos estadounidenses “es alto”, con algunos detenidos por hasta cinco años sin notificación al gobierno de EE.UU.

Detención se conoció luego de incautación de avión

La detención del estadounidense se conoció dos días después de que se produjera la confiscación en República Dominicana de un avión Dassault Falcon 900EX “propiedad y operada en beneficio de Nicolás Maduro Moros y personas afines a él en Venezuela”, según el Departamento de Justicia.

De acuerdo con la justicia estadounidense, la confiscación se ejecutó “con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre Venezuela”.

En diciembre de 2023 varios estadounidenses fueron canjeados

En diciembre de 2023, 10 estadounidenses detenidos en Venezuela fueron liberados, en un canje que también implicó la liberación del empresario y conocido como testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, quien estaba preso en una cárcel de Florida. 

 

“Nos faltan siete para empezar las clases”: exigen la liberación de ucevistas detenidos

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Este 4 de septiembre se desplegaron varios afiches en el edificio de la Federación de Centros Universitarios de la  Universidad Central de Venezuela con los rostros de los siete miembros de la comunidad ucevista que fueron detenidos en el contexto de las protestas poselectorales y que todavía continúan tras las rejas.

“A 10 días de empezar las clases nos faltan siete ucevistas”, escribió en la red social X junto a una foto con los rostros de los afectados el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Jesús Morales.
 
Son seis estudiantes de la UCV y un profesor quienes permanecen detenidos. Todos fueron arrestados entre el 29 y el 30 de julio. El pasado 29 de agosto, Morales reveló que en los últimos días tanto el rector de la universidad,  Víctor Rago, como él mismo habían podido contactar a los familiares de los ucevistas detenidos. 

Los estudiantes Keiver Rincón (Facultad de Odontología), Rafael Sivira (Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas), Armando Solís, (Facultad de Humanidades y Educación), Anthony Granadillo (Facultad de Arquitectura), Santiago Ortega (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales) y el profesor de la Escuela de Psicología,  Salvador Rivera, se encuentran recluidos en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, mientras que María Valentina Méndez está recluida en el retén La Crisálida en Los Teques. 

Méndez es atleta de la Selección Femenina de Fútbol y se encontraba en proceso del artículo 25 para ingresar a la UCV. Trascendió que el profesor Rivera  fue detenido en el contexto de una manifestación en Caracas aunque no estaba protestando.

Cabe recordar también que posterior a las elecciones fue detenida y luego excarcelada Edni López, profesora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y trabajadora humanitaria.

Con los ucevistas detenidos se ha repetido el patrón observado en otras detenciones poselectorales: no se les ha permitido juramentar a su defensa privada y durante un mes de detención solo se les ha permitido una visita hace quince días. 

Mendoza informó a LaTvCalle este 4 de septiembre que el rector Rago está tendiendo “puentes institucionales para tratar de mediar,  que se pueda dar la salida de estos ucevistas y se les respete el debido proceso”. En ese sentido, reveló que Rago sostuvo una reunión con el nuevo ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, 

Al menos 39 universitarios detenidos en el contexto poselectoral

Según los registros de prensa y datos cotejados con distintas ONG, hasta el 24 de agosto se contabilizaban al menos 39 universitarios detenidos en el contexto de las protestas poselectorales, 90% de los cuales eran estudiantes y 10% profesores. 

Según estos datos el 85% de las detenciones de universitarios se practicaron en la región capital, otro 10% en Los Andes (entre Mérida y Trujillo) y otro 5% en Los Llanos (Barinas y Bolívar). 

La mayor parte de los detenidos forman parte de las universidades autónomas (UCV y Universidad de Los Andes). También, figuran estudiantes de universidades intervenidas como la Unellez (Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora) y universidades controladas por el gobierno como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, en donde fueron detenidos 25 estudiantes el propio día de las elecciones. 

Por otras vías, asimismo, se han denunciado casos de “persecución y amenazas” contra trabajadores de universidades como de la Universidad de la Salud Hugo Chávez Frías, algunos de los cuales aseguran que se les ha advertido que deben abstenerse de hacer activismo, así como también que no pueden publicar información contraria a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral.

La situación, según fuentes universitarias, hace presumir que el próximo año académico comenzará con más restricciones a la participación política y capacidad organizativa dentro de las casas de estudios, tomando en consideración que 8 de cada 10 instituciones de educación superior del país son controladas por el gobierno y están regidas por autoridades impuestas. 

Expertos independientes de la ONU piden poner fin a violencia poselectoral en Venezuela

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Expertos independientes nombrados por el Consejo de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas expresaron su “profunda preocupación” por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el día 28 de julio y llamaron a poner fin a lo que consideran un “patrón sistemático”. 

En un comunicado publicado en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU también se hizo mención a la “falta de transparencia y veracidad” de los comicios, hechos denunciados  según apuntan “por organismos de supervisión, incluidos observadores electorales invitados por el Gobierno”, en referencia a las conclusiones que sobre el proceso han hecho públicas el Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU. 

Los expertos destacaron en su reporte que antes, durante y después de las elecciones se registró una “oleada de violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, homicidios, desapariciones forzadas, hostigamiento, despidos ilegales, persecución y fiscalización de opositores políticos, quienes eran identificadas como opositoras y personas que ejercían sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, así como violaciones de las garantías procesales”.

Indicaron que también recibieron informes de que, luego de las protestas contra las irregularidades electorales, se registraron “más de 1.300 detenciones arbitrarias, incluidas de niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas Indígenas, mujeres, personas LGBTIQ+, y también de desapariciones forzadas y al menos 21 muertes causadas por armas de fuego presuntamente por agentes no estatales que actuaban con el apoyo de las fuerzas de seguridad”.

Recalcaron el uso arbitrario del sistema de justicia penal

A los expertos les preocupa el “alto grado de indefensión entre la población, personas defensoras de derechos humanos, personas involucradas en trabajo social y comunitario, periodistas y todas las personas percibidas como oposición”.

Indican que han recibido información sobre el “uso arbitrario del sistema de justicia penal por parte del Ministerio Público en contra de estos grupos, la criminalización de la defensa de los derechos humanos, la corrupción rampante, la impunidad y la falta de un poder judicial independiente capaz de investigar violaciones graves a los derechos humanos”. 

Se refirieron también a la aprobación de la ley para el control de la sociedad civil, la cual consideran, “no hará más que endurecer las restricciones al derecho a la libertad de asociación”. Esto se suma, según precisan, al ya existente “uso indebido de cargos de terrorismo ante una jurisdicción especial de terrorismo”.

También, señalaron restricciones en algunas de las principales plataformas de medios sociales y aplicaciones de mensajería.

“Hay evidencias de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, que impide el pleno disfrute de los derechos fundamentales y aumenta el riesgo para la vida de cualquiera que sea crítico con el Gobierno”, alertaron los expertos independientes de la ONU.

En el comunicado, instaron a las autoridades venezolanas a “poner fin” de inmediato a estas prácticas, a garantizar la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, así como a poner fin a los actos de censura “y otras formas de hostigamiento”.

De igual manera, instan a impulsar investigaciones independientes de todas las violaciones de derechos humanos y opinan que tanto las empresas como los proveedores de internet y las aplicaciones informáticas “no deben permitir ni facilitar esas violaciones”. 

El documento lo suscriben Gina Romero, relatora Erpecial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y otros 23 expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos “para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo”.

Se concluye el escrito indicando que, en los últimos cinco años, estos expertos han enviado un mínimo de 22 cartas al Gobierno “que muestran un contexto general de violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos. La mayoría de estas cartas siguen sin respuesta”.

Fiscalía se negó a recibir escrito en defensa de González Urrutia

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La defensa del candidato Edmundo González Urrutia denunció este miércoles, 4 de septiembre, la violación al derecho a “la presunción de inocencia” del opositor, a quien “se le han precalificado delitos” con base en una investigación que “se anunció hace poco”.

Desde las afueras del Ministerio Público en Caracas, José Vicente Haro, abogado de González Urrutia, señaló: “Se le está ya prácticamente considerando culpable iniciando un proceso penal, una investigación penal que se anunció hace poco, el 23 de agosto”.

Haro acudió a la Fiscalía a entregar un escrito con las razones de la inasistencia de González Urrutia -sobre quien pesa una orden de captura- a las tres citaciones emitidas por esta institución. No obstante, el despacho se negó a recibirlo.

La Fiscalía señala a González Urrutia de “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación”, según las citaciones publicadas por el ente fiscal en redes sociales.

En estado de indefensión

También, el abogado explicó que en el documento dirigido a la Fiscalía se señalan “todas las razones” constitucionales y jurídicas por las que “no se ha producido una comparecencia” de González Urrutia, debido al “grado de indefensión en el que se encuentra”, entre otros factores, por la precalificación de delitos.

“En una boleta de citación no se debería estar precalificando delitos y eso no es propio de una acción del Ministerio Público, tiene que hacerlo un tribunal cuando ya está avanzada la investigación”, dijo el jurista, quien señaló que, además, al líder opositor “se le han violado las garantías constitucionales del debido proceso” al no indicar “el carácter con el cual está siendo citado”.

Además, se le hace un llamado a la Fiscalía al “debido cumplimiento de la Constitución” y que “no pretenda judicializar ni criminalizar actos o consideraciones de carácter político”.

La investigación en contra de González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web, en la que la oposición asegura haber cargado “el 83,5 % de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio.

*Con información de EFE

Las medidas cautelares que otorgó la CIDH a Perkins Rocha: sigue incomunicado

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio del abogado venezolano Perkins Rocha Contreras tras considerar que se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”.

De acuerdo con la Resolución 61/2024, emitida el 2 de septiembre de 2024, la parte solicitante señaló que Rocha Contreras es coordinador jurídico del partido Vente Venezuela y representante del Comando ConVzla ante el Consejo Nacional Electoral. Además, es abogado y asesor personal de María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela.

Perkins Rocha fue detenido el pasado 27 de agosto por funcionarios encapuchados y armados, quienes, luego de un fuerte forcejeo, se lo habrían llevado sin orden de aprehensión.

Según información pública, la esposa del propuesto beneficiario recibió un mensaje de que Rocha se encontraba en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, lugar en el que anteriormente habían negado su presencia.

La familia tiene conocimiento de que a Rocha se le imputan diversos delitos, tales como terrorismo y traición a la patria. Sin embargo, ni la familia ni el abogado de confianza han podido verlo o confirmar su situación jurídica.

Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho efectuadas por la parte solicitante, la CIDH consideró que Perkins Rocha se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia”, dado que hasta la fecha se desconoce su paradero. Por consiguiente, solicitó a Venezuela que:

Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Perkins Rocha Contreras. En particular, entre otros, informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado en la sede del SEBIN y las circunstancias de su detención; precise si la persona beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención tras habérsele imputado delitos, o, de lo contrario, precisar las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha; y garantizar el contacto del beneficiario con su familia y abogados de confianza, entregándoles información mínima oficial sobre su situación jurídica.

Implemente las medidas necesarias para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades como integrante de un partido de oposición sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia; y

Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

Sigue incomunicado

En un video que difundió el Comité de DDHH de Vente Venezuela, Marcos Rocha, uno de los hijos del abogado Perkins Rocha, denunció que tras nueve días de su detención, no han podido tener contacto con su padre.

“Es un hombre honesto, un padre de familia, no es un delincuente. Hasta la fecha no hemos tenido contacto con él. Exigimos su liberación inmediata”, dijo Marcos Rocha en el video que se publicó en X este 4 de septiembre.

https://twitter.com/VenteDDHH/status/1831325750307221577