Expertos independientes de la ONU piden poner fin a violencia poselectoral en Venezuela
"Hay evidencias de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, que impide el pleno disfrute de los derechos fundamentales y aumenta el riesgo para la vida de cualquiera que sea crítico con el Gobierno”, alertaron los expertos independientes de la ONU
Expertos independientes nombrados por el Consejo de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas expresaron su “profunda preocupación” por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el día 28 de julio y llamaron a poner fin a lo que consideran un “patrón sistemático”.
En un comunicado publicado en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU también se hizo mención a la “falta de transparencia y veracidad” de los comicios, hechos denunciados según apuntan “por organismos de supervisión, incluidos observadores electorales invitados por el Gobierno”, en referencia a las conclusiones que sobre el proceso han hecho públicas el Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU.
Los expertos destacaron en su reporte que antes, durante y después de las elecciones se registró una “oleada de violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, homicidios, desapariciones forzadas, hostigamiento, despidos ilegales, persecución y fiscalización de opositores políticos, quienes eran identificadas como opositoras y personas que ejercían sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, así como violaciones de las garantías procesales”.
Indicaron que también recibieron informes de que, luego de las protestas contra las irregularidades electorales, se registraron “más de 1.300 detenciones arbitrarias, incluidas de niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas Indígenas, mujeres, personas LGBTIQ+, y también de desapariciones forzadas y al menos 21 muertes causadas por armas de fuego presuntamente por agentes no estatales que actuaban con el apoyo de las fuerzas de seguridad”.
Recalcaron el uso arbitrario del sistema de justicia penal
A los expertos les preocupa el “alto grado de indefensión entre la población, personas defensoras de derechos humanos, personas involucradas en trabajo social y comunitario, periodistas y todas las personas percibidas como oposición”.
Indican que han recibido información sobre el “uso arbitrario del sistema de justicia penal por parte del Ministerio Público en contra de estos grupos, la criminalización de la defensa de los derechos humanos, la corrupción rampante, la impunidad y la falta de un poder judicial independiente capaz de investigar violaciones graves a los derechos humanos”.
Se refirieron también a la aprobación de la ley para el control de la sociedad civil, la cual consideran, “no hará más que endurecer las restricciones al derecho a la libertad de asociación”. Esto se suma, según precisan, al ya existente “uso indebido de cargos de terrorismo ante una jurisdicción especial de terrorismo”.
También, señalaron restricciones en algunas de las principales plataformas de medios sociales y aplicaciones de mensajería.
En el comunicado, instaron a las autoridades venezolanas a “poner fin” de inmediato a estas prácticas, a garantizar la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, así como a poner fin a los actos de censura “y otras formas de hostigamiento”.
De igual manera, instan a impulsar investigaciones independientes de todas las violaciones de derechos humanos y opinan que tanto las empresas como los proveedores de internet y las aplicaciones informáticas “no deben permitir ni facilitar esas violaciones”.
El documento lo suscriben Gina Romero, relatora Erpecial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y otros 23 expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos “para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo”.
Se concluye el escrito indicando que, en los últimos cinco años, estos expertos han enviado un mínimo de 22 cartas al Gobierno “que muestran un contexto general de violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos. La mayoría de estas cartas siguen sin respuesta”.
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