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12 periodistas venezolanos permanecen bajo arresto: gremio y ONG exigen su libertad

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Gremios y ONG en Venezuela exigieron justicia y libertad para los periodistas detenidos, en su mayoría apresados tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Esta demanda se enmarcó en el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, establecido por la ONU en 2013, y que se celebró el pasado 2 de noviembre. 

El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) informó que actualmente hay 12 periodistas detenidos, y destacó que en el país la represión y la censura son prácticas habituales. 

La organización enfatizó que los crímenes contra la prensa “afectan no solo a los periodistas, sino también a nuestro derecho a estar informados”.

El CNP también se pronunció 

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) pidió a las autoridades la “liberación plena” de los comunicadores detenidos “arbitrariamente”, afirmando que “informar no es delito”. 

También la ONG Espacio Público reclamó justicia para quienes han sido víctimas de “detenciones arbitrarias, hostigamiento y amenazas” tras las elecciones.

Según Ipys, 14 periodistas han sido detenidos este año, de los cuales nueve lo fueron después de las elecciones, cuando surgieron protestas contra los resultados, calificados de “fraudulentos” por la oposición y organismos internacionales como Centro Carter y la Organización de las Naciones Unidas. 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el aumento de ataques a periodistas y advirtió que el gobierno sigue limitando las libertades de prensa y expresión, convirtiendo el periodismo en una “profesión de alto riesgo” en Venezuela. 

En agosto, el CNP denunció una “brutal y sistemática represión” contra periodistas y ciudadanos que se atreven a cuestionar la narrativa oficial.

Sin cumplirse el debido proceso 

Al igual que el resto de los detenidos después de los resultados de las elecciones del 28 de julio, a los periodistas y defensores de derechos humanos no se les ha cumplido el debido proceso y tampoco le permiten defensa privada. 

Recientemente, Deysi Peña, reportera gráfica detenida en Los Teques, estado Miranda, y Paúl León, periodista de Venezolanos para la Información (VPI) fueron enviados a juicio, esto después de que se realizará la audiencia preliminar el 22 de octubre. 

León fue detenido en Valera, estado Trujillo, mientras hacía una cobertura informativa el 30 de julio. 

Luis López (reportero/La Guaira), Yuosnel Alvarado (fotoperiodista/Barinas), José Gregorio Camero (productor y presentador/Guárico), Eleángel Navas (fotógrafo y community manager/Anzoátegui), Gilberto Reina (reportero/Bolívar) y Ana Carolina Guaita (reportera/La Guaira) son los otros comunicadores sociales que continúan detenidos y alejado de su familia.

Redhnna denunció cerca de 40 casos de abuso sexual en menores de edad durante septiembre 

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Al menos 37 casos de abuso sexual contra menores de edad registro durante el mes de septiembre la Red por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna).

Según el reporte de la organización, de esa cifra 31, fueron víctimas de trato cruel, maltrato y negligencia.

“En un 35% de los actos de violencia sexual el agresor fue padre, madre u otros familiares de las víctimas. En ocho casos, los victimarios fueron organismos de seguridad (policial o militar), en 13 se desconocen datos de los agresores y en otros tres las víctimas fueron atacadas por vecinos”, relató la ONG.

De acuerdo a lo que aparece en su página web, con base en 282 noticias, la red identificó diferentes vulneraciones a los derechos de la niñez venezolana, entre las que destacan violaciones al derecho a la supervivencia.

Redhnna documentó 25 muertes de niños, niñas y adolescentes como consecuencia de accidentes de variada naturaleza, así como seis menores asesinados, dos de ellos con menos de un año de vida.

El registro de la ONG incluye el caso del femicidio de una mujer embarazada, una muerte por negligencia, un suicidio y otra muerte por complicaciones por dengue hemorrágico.

“En estos casos, como en los referidos a maltrato y negligencia, se evidencia la inexistencia o precariedad de la actuación de servicios y programas sociales para identificar factores de riesgo e intervenir en su reducción”, alertaron. 

Abuso de poder

Aunque varias instituciones hablan de cerca de 70 adolescentes detenidos luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, Redhnna informó que contabilizan 58.

“Están detenidos por razones políticas y han sido víctimas de diferentes formas de torturas y abuso sexual por parte de funcionarios policiales y responsables de los centros de detención”, denunciaron. 

De acuerdo con cifras de la ONG Foro Penal Venezolano, hoy en día hay más de 1.900 presos por razones políticas, la mayoría aprehendidos en el marco de la represión poselectoral.

 

 

Vente Venezuela exige información sobre el paradero de Miguel Granados

El partido Vente Venezuela denunció que ya ha pasado una semana de la desaparición forzada y el secuestro a su miembro Miguel Granados. 

La coalición que lidera María Corina Machado expresó que los familiares de Granados desconocen su paradero y temen por su integridad física.

Responsabilizan al gobierno de Maduro por cualquier cosa que pueda ocurrirle.

“Hasta el momento se desconoce su paradero. Familiares temen por su integridad física. Exigimos conocer dónde está Miguel. El régimen de Maduro es responsable de cualquier cosa que pueda ocurrirle”, escribió la coalición de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela en sus redes sociales. 

De acuerdo con Vente Venezuela hay alrededor de 164 dirigentes opositores y activistas detenidos en su mayoría colaboradores de la campaña a la presidencia de la República que postuló a Edmundo González Urrutia como candidato de la Plataforma Unitaria Democrática. 

Por su parte, Súmate volvió a pedir este lunes 4 de noviembre la liberación de su coordinadora nacional de Formación, Nelida Sánchez.

La ONG informó que Sánchez tiene más de 70 días de reclusión y que detenida injustamente y acusada de cargos de terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir.  

“Nuestra coordinadora ha dedicado gran parte de su vida a la promoción de los derechos humanos, ya se cumplen 70 días  detenida y separada de su familia siendo inocente”, escribió la ONG en su cuenta de X.

La ONG denunció que Sánchez fue apresada sin citación previa ni orden de captura el pasado 26 de agosto por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Desde entonces se le ha negado el derecho a la defensa privada.

La ONG pidió al gobierno de Nicolás Maduro que se le garantice a Sánchez un juicio justo y recordó que el pasado 6 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez por considerar que se “encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”

Tanto Granados como Sánchez fueron detenidos luego de que Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) diera a Maduro como ganador en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio.

El pronunciamiento de Amoroso sin mostrar datos desagregados generó el descontento de un buen número de venezolanos que salieron a protestar a favor del candidato opositor, a quien la mayoría da como el verdadero ganador.

 

 

Inician campaña por una Navidad sin presos políticos

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Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela pidieron este viernes a las autoridades excarcelar a todas las personas que se encuentran detenidas «por sus ideas» en el país, para tener una «Navidad sin presos políticos».

La petición fue hecha a través de las redes sociales, donde las organizaciones difundieron mensajes similares, recordando que 1.958 venezolanos están tras las rejas y son considerados presos políticos, de acuerdo al balance que lleva la ONG Foro Penal, un registro que es avalado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

En X, la ONG Provea dijo que estos prisioneros «enfrentan condiciones inhumanas en centros de detención» como Tocuyito, ubicado en Carabobo, donde un grupo de familiares había escogido un lugar cercano para celebrar esta noche una vigilia, que tuvo que ser cambiada a otro sitio por orden de la Policía municipal, según activistas de derechos humanos.

«Detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles forman parte de la realidad diaria de los presos políticos en el país», subrayó Provea.

Asimismo, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió la «libertad para los presos políticos que son acusados injustamente de terrorismo», un delito que ha sido imputado a decenas de venezolanos -entre ellos algunos adolescentes- que fueron detenidos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Por su parte, la ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció que «la disidencia política se paga con la libertad», donde -aseguró- cientos de detenidos aún no han sido juzgados, por lo que no han podido defenderse, y viven «en condiciones precarias» dentro de los penales.

Globos por la libertad

El pasado viernes 2 de noviembre, familiares de los detenidos en Tocuyito soltaron globos blancos frente al centro penitenciario, para dar fin a la vigilia que realizaron por la libertad de todos los presos políticos.

En un video difundido en la cuenta en X del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, se observa a un grupo de mujeres coreando la palabra «libertad» y también aquí no hay terroristas solo hay «inocentes».

En redes sociales se hizo viral la tendencia #NavidadSinPresosPoliticos en donde miles de personas, activistas y defensores de derechos humanos exigieron la libertad de todos los venezolanos detenidos en protestas. 

Se tiene previsto que para el próximo 7 y 8 de noviembre los familiares de los detenidos en el contexto postelectoral realicen una vigilia en el centro penitenciario de Tocorón, estado Aragua.

*Con información de EFE

“Mi mamá se está muriendo allí”: Piden hospitalizar a paciente oncológica detenida en protestas

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Yenny Barrios es una paciente oncológica que padece cáncer linfático y está detenida en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Pata ‘e Palo, ubicada en Barquisimeto, estado Lara. Fue arrestada en medio de la represión poselectoral.

La señora Barrios necesita ser hospitalizada, por lo que su hijo, Diego Sierralta Barrios, imploró a Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, que permitan el traslado de su madre a un centro de salud para que pueda recibir atención médica.

“Ya hoy son 53 días de la detención de mi mamá. Cuando se pidió para que viera Medicina Forense a mi mamá, que no la había visto desde el día uno que la detuvieron, no era solamente para que mostraran, ya la vimos, ya cumplimos”, señaló Sierralta Barrios en un video que se difundió en redes sociales este domingo, 3 de noviembre.

El joven indicó que su madre requiere que con el informe que elaboró Medicina Forense se corrobore el estado de salud de la paciente oncológica, pues los médicos informaron que debe ser hospitalizada con urgencia. Pero eso no ha ocurrido.

!El defensor público en Caracas ya revisó en tribunales y el informe no aparece, el informe no está. Por favor, esto es un llamado para el juez Edward Briceño, de Caracas, del Tribunal Cuarto de Terrorismo. Allí es donde llega el informe de Medicina Forense, por favor”, suplicó el joven en un material audiovisual difundido en redes. 

Finalmente, dirigió un mensaje al titular del Ministerio Público: “Y ya que fue reelecto el doctor Tarek William Saab, por favor, necesitamos pronto de su ayuda para que mi mamá pueda salir de allí y tener las atenciones que necesita. Mi mamá se está muriendo allí, por favor”.

El pasado 23 de octubre, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que Barrios fue trasladada hasta la emergencia del Hospital Central de Barquisimeto porque presentaba fuertes dolores. Pero solo recibió atención paliativa para calmarlos, y fue devuelta a su lugar de reclusión, “ya que los funcionarios argumentaron la falta de una orden de traslado emitida por el tribunal”.

Gritaron sus nombres antes de matarlos en distintos lugares

Daisson José Silgado Contreras, de 31 de años de edad, fue asesinado de dos disparos alrededor de las 10:00 de la noche del miércoles 23 de octubre de 2024, en el sector La Bolivariana del barrio San Blas de Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

Daisson vivía en La Lira, La Dolorita, no obstante, en ocasiones acudía a la residencia de su papá, en el barrio San Blas de Petare, para visitarlo y quedarse en la zona.

Esa noche se encontraba durmiendo en la vivienda de su papá, y de repente un sujeto comenzó a gritar y a llamarlo por su nombre.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, a él le pareció extraño, pero salió a verificar lo que ocurría, y en ese instante le hicieron dos disparos, uno de ellos en la región frontal de la cabeza y otro, en el cuello.

Debido a la gravedad de las heridas, Daisson murió en el sitio del suceso, mientras que el implicado se dio a la fuga.

Los familiares y vecinos informaron del hecho a las autoridades, y comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la delegación El Llanito acudieron al lugar para realizar las experticias.

Funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) trasladaron el cuerpo hasta la medicatura forense, en Bello Monte, para realizar los estudios médico legales correspondientes.

Según familiares, Daisson laboraba por su cuenta en oficios varios y no dejó hijos. Se conoció que tenía la nacionalidad colombiana por parte de su papá.

En la zona donde ocurrió el hecho, en el sector La Bolivariana, los vecinos comentaron que aparentemente el sospechoso homicida era de la zona, pero desconocían si estaba huyendo luego de perpetrar el asesinato.

Los familiares de la víctima han asistido a la sede del Cicpc en El Llanito para declarar por el caso, debido a las investigaciones que se desarrollan por el hecho.

Para el momento, aún no hay detenidos por el asesinato, sin embargo, se llevan a cabo los interrogatorios correspondientes y las experticias relacionadas con el homicidio.

Otro caso similar

Luis Alberto Rangel González, de 30 años de edad, fue asesinado a disparos alrededor de las 4:00 de la mañana del domingo 15 de septiembre de 2024, en la calle Manantial, situada en Gramoven, Catia, parroquia Sucre, municipio Libertador de Caracas.

Sus familiares contaron que él estaba reunido con un grupo de amigos de la zona, cuando lo llamaron por su nombre. En ese momento bajó por unas escaleras del sector y luego se escucharon los disparos.

Según testigos, al parecer dos sujetos, que cubrían sus rostros con cascos integrales de motos, fueron quienes efectuaron los tiros que impactaron en el tórax, en la región occipital y en las piernas de la víctima.

Sus familiares se enteraron del hecho por medio de vecinos. La madre de Luis Rangel acudió al sitio del suceso, sin embargo, ya estaba sin signos vitales.

Luis Alberto tenía dos hijos menores de edad, uno de un año y el otro de nueve años. Supuestamente, laboraba en las áreas de albañilería y carpintería.

Hasta septiembre de 2024, Monitor de Víctimas registró 122 homicidios en el Área Metropolitana, de los cuales 60 ocurrieron en el municipio Libertador, 53 en el municipio Sucre, 4 en Baruta, 3 en Chacao y 2 en El Hatillo. Del total, 20 casos fueron por ajuste de cuentas.

En el mismo periodo de 2023, fueron asesinadas 246 personas.

Monitor de Víctimas

Niños torturados, país inhumano

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La tortura siempre es una violación grave de los derechos humanos. Pero cuando las víctimas son niños, el impacto es aun más devastador

@cjaimesb

El 30 de octubre leí en X un mensaje de la cuenta “La hija de don barredora”, que dice: “Hace unos años mi mamá escuchaba gritar a un nene de 2 años. Varias veces, los gritos subían por el vacío del edificio. Ella llamó a la policía, en la 2da visita, descubrieron que el nene era abusado por el padrastro. Desde entonces, no me importa si en algún momento llego a incomodar a alguien, siempre aplico lo mismo que mi mamá: si escucho un niño gritando desesperado, (incluso un animal llorando), llamo a la policía. Prefiero quedar como la sapa, a quedar como la persona que pudo hacer algo ante una desgracia y no lo hizo”. Sabias palabras. Recordé a mi papá que desde pequeña me inculcó que “siempre que estuviera frente a una injusticia, levantara mi voz, aunque fuera la única que lo hiciera”.

Hoy vuelvo a levantarla por los presos políticos. Y esta vez, en particular, por los menores detenidos. Hay discapacitados entre ellos, incluso un joven con TEA (Trastorno del Espectro Autista). Las consecuencias de esas detenciones durarán para siempre, sobre todo en él, que no tiene las herramientas cognitivas ni emocionales para entender qué le está pasando.

Leo que los padres esperando en las afueras de las cárceles escuchan gritos de auxilio. Probablemente los están torturando para obtener sus firmas en confesiones falsas. La tortura siempre es una violación grave de los derechos humanos. Pero cuando las víctimas son niños, el impacto es aun más devastador. Los regímenes que recurren a la tortura de menores infringen principios fundamentales de dignidad y humanidad que dejan cicatrices profundas y duraderas en las víctimas: daños irreparables en su salud mental y emocional, afectando su capacidad para llevar una vida plena y productiva.

El uso de la tortura contra niños es la parte más vil y sombría de las estrategias de represión y control social, que están destinadas a sembrar el miedo y sofocar la disidencia.

Estas prácticas son condenadas por organismos internacionales como las Naciones Unidas, a través de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura, (ambas suscritas y ratificadas por el estado venezolano), pero estos esfuerzos son poco útiles cuando se trata de regímenes como el nuestro, que decidieron patear la mesa y huir hacia delante, llevándose lo que sea y como sea, con tal de permanecer en el poder.

Cínicas, por decir lo menos, las declaraciones del canciller venezolano Yván Gil, quien recientemente estuvo en Cali. Al ser interrogado insistentemente por la prensa nacional e internacional por las reiteradas denuncias de las violaciones de derechos humanos a las personas detenidas, entre ellos adolescentes y por razones meramente políticas, el canciller respondió que “en Venezuela existe un Estado de derecho que funciona, que trabaja, con instituciones que funcionan de manera armónica como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y otros órganos de justicia. Invito a que vayan a Venezuela, vean la paz y el crecimiento que estamos logrando”. 

“Estado de derecho”, “armonía”, “paz”, “crecimiento”. Nada de esto es posible si la tortura persiste, menos aun si los torturados son menores. Todas las instituciones del régimen venezolano son cómplices si no hacen nada para erradicar tales violaciones. Ojalá que sus hijos –tan inocentes como los que hoy son torturados– siempre puedan crecer en un entorno seguro y respetuoso de sus derechos fundamentales.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El Mañanero del 4 de noviembre: Cloacas desbordadas empeoran condiciones de reclusión en Tocorón y otras noticias

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En El Mañanero del 4 de noviembre de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Cloacas desbordadas empeoran condiciones de reclusión en Tocorón, “El Poder Ciudadano seguirá en manos de funcionarios que no cumplen los requisitos” y Nélida Sánchez de Súmate cumple 70 días “detenida y separada de su familia”, 

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“Tarek William Saab acaba de graduarse de especialista en Derecho Penal en la Escuela Nacional del Fiscal. Es decir, es un título que él mismo firma. No tiene y no cumple con ninguno de los requisitos. No tiene experiencia, no fue litigante, no fue profesor, no fue miembro del sistema de justicia. O sea, nada de eso lo cumple”, Zair Mundaray, abogado, especialista en criminalística, Penal, migración y derechos humanos.