“El Poder Ciudadano seguirá en manos de funcionarios que no cumplen los requisitos”
Tarek Willian Saab y Alfredo Ruíz fueron ratificados en los cargos de fiscal genera y defensor del pueblo, respectivamente; mientras Gustavo Vizcaíno se estrena como contralor de la república. La designación de funcionarios con notables tendencias políticas demuestran las grandes debilidades que existen en el sistema de justicia venezolano y que se han exacerbado en los 25 años de gobierno
Sin sorpresa alguna la Asamblea Nacional de 2020 de mayoría oficialista ratificó este jueves a Tarek William Saab como Fiscal General en el Ministerio Público (MP), luego de que el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano propusiera su candidatura en el Palacio Federal Legislativo.
El pasado sábado 26 de octubre, el parlamento publicó en sus redes sociales la lista de postulados para el cargo de fiscal general. No hubo mucho tiempo para analizar los perfiles. Apenas cinco días después, en un proceso veloz, de la lista de 35 aspirantes resultó reelecto para un nuevo período de siete años el polémico fiscal impuesto por la vía Constituyente en el 2017 en sustitución de Luisa Ortega Díaz.
Para el abogado, especialista en criminalística, Penal, migración y derechos humanos, Zair Mundaray, en Venezuela nunca ha habido un concurso real para la elección del fiscal general desde que llegó el chavismo al poder.
Según establecía la normativa legal venezolana, en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Justicia, para ser fiscal de la república era necesario ser abogado, con postgrado en materia afín a su competencia, profesor universitario de reconocida competencia o haber ejercido durante cinco años como Fiscal del Ministerio Público. Asimismo, se requiere ser “de notoria buena conducta y de reconocida solvencia moral”, no estar inhabilitado para el ejercicio de la función pública y no haber sido objeto de sanción penal, por decisión definitivamente firme, por la comisión de un delito.
“Ninguno califica”
Mundaray explicó que en postulaciones anteriores se podía apreciar que los aspirantes eran reconocidos profesores universitarios, autores importantes en materia jurídica, académicos, gente valiosa que cumplían con todos los parámetros que la normativa constitucional y legal dictaba, pero que con la llegada del chavismo, “todo cambió”.
El abogado experto en materia penal explicó que únicamente Javier Elechiguerra Naranjo (1999) cumplía con todos los requisitos para ser fiscal general de Venezuela, pero duró muy poco en el cargo y fue sustituido por Isaías Rodríguez Díaz (2000-2007), quien era abogado laboral, pero nunca se tituló como penalista y tampoco contaba con la experiencia ni los estudios para ser fiscal general.
En el caso de Luisa Ortega Díaz, Mundaray precisó que tampoco cumplía con todos los requisitos que exige la ley y no contaba con la experiencia que el cargo requería.
“Tarek William Saab acaba de graduarse de especialista en Derecho Penal en la Escuela Nacional del Fiscal. Es decir, es un título que él mismo firma. No tiene y no cumple con ninguno de los requisitos. No tiene experiencia, no fue litigante, no fue profesor, no fue miembro del sistema de justicia. O sea, nada de eso lo cumple”, indicó el abogado.
Otro requisito que exige la ley es que el fiscal general no debe tener afinidad con ningún partido o tendencia política; sin embargo, Saab fue gobernador del estado Anzoátegui desde 2004 hasta 2012.
Cabe recordar que Tarek William Saab ha sido sancionado por los Estados Unidos, Canadá, Colombia y la Unión Europea por ser partícipe de numerosas violaciones a los derechos humanos y contribuir con el deterioro del Estado de derecho y la democracia.
Debilidades en el sistema
La designación de fiscales con notables tendencias políticas demuestra las grandes debilidades que existen en el sistema de justicia venezolano y que se han exacerbado en los 25 años de gobierno.
Entre las debilidades más significativas, además del incumplimiento de las normas, destacan la falta de independencia de los poderes públicos, lo cual se ha utilizado en innumerables ocasiones para perseguir a disidentes políticos, estudiantes y civiles.
La falta de transparencia en las actuaciones también es otra debilidad que dificulta el acceso a la justicia y la rendición de cuentas. A eso se le suma la ineficacia y la demora en un gran porcentaje de casos que quedan sin resolver durante largos períodos de tiempo.
Otro ejemplo de debilidad y del incumplimiento de las leyes es también la ratificación de Alfredo Ruíz como el defensor del pueblo.
Según reseña un perfil de Ruíz en Poderopedia, fue director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo durante el período 2014-2016. Fue secretario técnico de la Comisión Nacional de prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes desde el 01 de agosto de 2016.
Sin embargo, Zair Mundaray explica que la Ley Orgánica manifiesta que para el cargo debe tener demostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir las exigencias de honorabilidad, ética y moral de los términos establecidos.
“Alfredo Ruiz no podría ser defensor del pueblo porque él ya fue defensor del pueblo y no hizo absolutamente nada por defender a nadie”, dijo Mundaray.
Con relación a Gustavo Vizcaíno, director del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime), desde 2018, rector suplente del CN y subcontralor en la Contraloría General de la República entre 2016 y 2018, Mundaray recordó que en Venezuela tampoco ha habido un contralor con los estudios necesarios para el cargo. “Para ejercer como contralor es necesario estar formado en administración pública”, recordó.
Entre las funciones del contralor destacan la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, controlar la deuda pública, e inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control. Es importante resaltar que en 2019 una nota de prensa emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense (Ofac) señaló a Vizcaíno de estar “involucrado en corrupción, cobrando a los solicitantes de pasaportes miles de dólares y transfiriendo esos fondos a las cuentas bancarias personales extranjeras”.
Un claro mensaje
El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos del Consejo de Naciones Unidas y la investigación abierta por la Corte Penal Internacional son muestras de que uno de los mayores problemas que tiene Venezuela en materia de derechos humanos es la impunidad que ha proliferado en las gestiones de Saab y Ruíz, en donde la fiscalía tiene un peso importante en la responsabilidad por la ausencia de investigación y sanción de los presuntos responsables de estas gravísimas violaciones a derechos humanos.
A juicio del activista, abogado, profesor e investigador en derechos humanos, Carlos Lusverti, la ratificación de Tarek William Saab y Alfredo Ruíz deja un claro mensaje sobre el que espera, a futuro, equivocarse.
“Con estas ratificaciones, la política de impunidad y de omisión frente al deber de investigar, sancionar y reparar graves violaciones a derechos humanos continuará por los próximos siete años”, dijo Lusverti. Agregó que de nuevo podríamos estar enfrentando a la omisión por parte del Ministerio Público de procesar casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y denuncias de tortura.
El profesor explicó que la designación de ambos funcionarios, bajo un proceso que careció de total transparencia y en donde la rendición de cuentas y el acceso a la información fueron los principales ausentes, se terminó de “conculcar el derecho a la participación de la sociedad en general”.
Por su parte, el abogado Zair Mundaray agregó que uno de los problemas más importantes con la ratificación de Tarek William Saab y Alfredo Ruíz es que durante los próximos siete años los venezolanos no van a tener un defensor del pueblo que le haga contención al fiscal general y le obligue a cumplir con su trabajo y todas las funciones inherentes al cargo.
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