Inicio Blog Página 690

Los paros del 2002: ¿acierto o error?

0
El paro o huelga es una herramienta ciudadana para resistir e intentar derrocar una dictadura. Se justificaron en 2002 y, con más razón, se justifica hoy

Ayer, 2 de diciembre, se cumplieron veintidós años del mayor paro cívico de nuestra historia. Tanto este paro, como el previo de abril eran inevitables. Fueron la reacción ante las violaciones a la Constitución y por los pasos dados por el presidente Hugo Chávez para imponer un proyecto político nefasto. Permanecer pasivos no era una opción aceptable para ciudadanos responsables.

El de diciembre del 2002 no puede explicarse del todo sin considerar el iniciado por los petroleros el 4 de abril de ese mismo año. No nos importaron las consecuencias previsibles. Solo consideramos que no podíamos ser indiferentes ante los intentos de poner a PDVSA al servicio de un proyecto político. No se había creado la Asociación Civil Gente del Petróleo, ni Unapetrol. Un grupo de ejecutivos alertamos a los venezolanos y los compañeros de las áreas respondieron positivamente. En el país existía un ambiente de protesta que inició la Asamblea de Educación con el lema “Con mis hijos no te metas”, se agudizó por la tentativa del gobierno de controlar la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y por el rechazo de Fedecámaras a la imposición de 49 decretos-leyes, algunas inconstitucionales.

A ese paro se sumaron la CTV y Fedecámaras el 9 de abril, por lo que agradecemos a Carlos Ortega, a Pedro Carmona y a organizaciones de la sociedad civil por su apoyo. Todo desembocó en la masacre del 11 de abril propiciada por Chávez y su renuncia. Lamentablemente, posteriores decisiones inconvenientes determinaron que la Fuerza Armada lo reintegrara a Miraflores. Pidió perdón, hizo propósito de enmienda, nos reenganchó a los siete petroleros despedidos y a los catorce que había jubilado, por lo que el paro fue un acierto. Consistente con su manera de ser, al poco tiempo volvió a las andadas.

La continuación de los atropellos y las evidencias de que el gobierno quería imponer un totalitarismo desencadenaron el paro de diciembre, convocado por todos los partidos de oposición y varias ONG agrupados en la Coordinadora Democrática, la CTV y Fedecámaras. Los trabajadores petroleros no lo convocaron, pero miles nos sumamos por decisión individual. El objetivo fue presionar para la realización de un referendo consultivo sobre la gestión gubernamental. Sin embargo, la mayoría de los participantes tenía en mente que el presidente Chávez renunciara como lo hizo en abril.

En esta oportunidad el gobierno estaba preparado. No se logró la renuncia, pero el paro y las manifestaciones multitudinarias de los ciudadanos obligaron al gobierno a aceptar la mediación del secretario general de la OEA, del Centro Carter y del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo, con el respaldo del Grupo de Países Amigos integrado por Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal.

El 29 de mayo del 2003 se firmó un acuerdo que establecía, entre otros puntos, la celebración de elecciones transparentes con un CNE imparcial, independencia de los poderes públicos, respeto a los derechos humanos y realización de referendos revocatorios de los cargos de elección popular. Este acuerdo fue un logro de la oposición. Desafortunadamente, los garantes internacionales no exigieron su cumplimiento y quizá la oposición apostó todo al referendo revocatorio presidencial, que Chávez demoró y realizó con ventajismo y trampas.

El costo para los demócratas fue elevado. Muchos fueron despedidos de las dependencias oficiales y de las empresas del Estado y numerosos comerciantes tuvieron que cerrar. Para los petroleros fue una pérdida significativa, ya que unos 23.000 fueron despedidos sin pago de prestaciones, ni devolución de los haberes en el Fondo de Ahorros. Quien esto escribe se había jubilado en octubre del 2002, pero fui despedido posteriormente.

Como no se logró la renuncia de Chávez, algunos políticos marcaron distancia de ese paro que empezaron a llamar petrolero. Otros criticaron a Carlos Ortega y a Carlos Fernandes porque se fijó en tiempo de Navidad y se prolongó más de lo inicialmente planificado. No faltan algunos arrepentidos debido a las penurias económicas que padecen, olvidando que cada quien tomó su decisión.

El paro o huelga es una herramienta de los ciudadanos para resistir e intentar derrocar una dictadura. Se justificaron en el 2002 y, con más razón, se justificaría hoy para exigir la toma de posesión del presidente electo Edmundo González ¡Gente de Petróleo y Unapetrol, al igual que todos los demócratas siguen presentes y comprometidos hasta el final!

Como (había) en botica

  • Orlando Camacho, el mentiroso presidente de Fedeindustria, declaró que “no hay nadie que gane menos de 200 dólares mensuales”. Juan Pablo Olalquiaga, expresidente de Conindustria, aseveró que “los gremios empresariales están en la obligación de hablar sobre política y los problemas importantes del país”. Ustedes pueden ver la diferencia entre un dirigente y buen ciudadano como Olalquiaga y un sumiso como Camacho.
  • Lamentamos los fallecimientos de Mery Pittevil y de Eusebia González de Medina, compañeras de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El Mañanero del 3 de diciembre: el llamado del fiscal de la CPI al gobierno

0

En El Mañanero del 3 de diciembre de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: después de poco más de cuatro meses de efectuadas las elecciones presidenciales, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan,  solicitó a la administración de Nicolás Maduro respetar el principio de complementariedad acordado en su más reciente visita a Venezuela. Y a 11 años de las elecciones de 2013, la CIDH condenó al Estado venezolano por la violación de derechos políticos al excandidato presidencial opositor, Henrique Capriles. 

CIDH condenó al Estado venezolano por violar derechos de políticos de Capriles en 2013

TSJ ratificó condena por femicidio por caso Ángela Aguirre

Machado pide detener “tortura diplomática” a asilados en sede diplomática argentina

 

Fiscal de la CPI le dice al gobierno que el camino de la complementariedad no es eterno

“Nuestra lucha es inagotable”: Madres de presos políticos piden que no sean olvidados

Localizan cadáver baleado de mujer en la Cota Mil

Denuncian grave situación de salud de tres presos políticos

 

#2Dic 🚨 #UrgenteVenezuela

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Estado venezolano es responsable de violar derechos políticos de Henrique Capriles durante elecciones de 2013

La CIDH dictó sentencia este #2Dic pic.twitter.com/RsakDwJ1fD

— Urgente Venezuela (@Urgente_VE) December 2, 2024 height=”48″ />

 

 

“La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin camino”, afirmó el fiscal de la CPI, Karim Khan, en la 23ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.

 

De la política cultural y de la politiquería en la cultura

0
Tanto el gobierno regional como el municipal han actuado mal frente a lo importante y trascendente, quedándose en la pelea minúscula, en el arrebato aldeano

@YsaacLpez

«En Venezuela, como en la China del desorbitado emperador Shih Hung Ti, también se ha construido una gran muralla. No divide a la geografía, algo peor, está hecha de piedras invisibles, divide a la gente, y no hay peor daño para la cultura y la idiosincrasia de un pueblo que condenarlo a ser su propio enemigo». Simón Alberto Consalvi. Prólogo a La cultura bajo acoso.

En los primeros meses de 1962 hizo crisis un sisma en el ejercicio de la política regional falconiana. En los comicios presidenciales de diciembre de 1958 fue electo Rómulo Betancourt por el partido Acción Democrática y Pedro Luis Bracho Navarrete nombrado como gobernador del estado Falcón en 1959. Rómulo Gallegos había sido derrocado en 1948 y desde esa fecha hasta el 23 de enero de 1958 la bota militar había marcado con su intolerancia y ferocidad al país.

Para 1962 –cuatro años apenas de la renovación democrática– se expresaban con contundencia las facciones internas de AD, especialmente las del MIR y el Grupo ARS dirigido por Raúl Ramos Giménez. El primer grupo abandonó casi de inmediato el partido, mientras el segundo dio por más tiempo la pelea dentro. En febrero de 1962 el secretario regional de AD, Pablo Saher, exigió al gobernador Bracho Navarrete remover de sus cargos a dos de “los arsistas” por no seguir la línea trazada por el gobierno. El gobernador se negó a la exigencia y como consecuencia se vio impelido a renunciar a su cargo.

Así se ha manejado la política venezolana en 65 años de historia. Por blancos, verdes, rojos y rojitos, anaranjados, amarillos, morados y azules. Nada ha cambiado aquí. Esos procederes siguen siendo permanentes.

Un país donde las instituciones están marcadas por “las líneas partidistas” es un país errático. Un país donde planes, programas, modelos, leyes cambian en el breve tiempo de una gestión personal o grupal está condenado a la constante improvisación, a la fragilidad de los logros. Una democracia no tiene sustento si sus instituciones no son fuertes en sus objetivos y actuación, si están sujetas a los cambios de mando no son democráticas, son partidistas, sectoriales, grupales. Una democracia no tiene sustento si sus habitantes no están organizados para mantener, apuntalar y defender sus frutos más allá de las ambiciones de los grupos de poder.

Quienes hemos trabajado en proyectos culturales autónomos e independientes hemos tenido que lidiar muchas veces con la chapucería de nuestros políticos locales y regionales. En 1992 se inauguró en Paraguaná el Complejo Cultural Josefa Camejo el cual tuvo al frente en buena parte de su trayectoria a la docente Yoleida de Hernández y al TSU Giovanny Gómez, la primera guiada por el proyecto de la Fundación Cultural Josefa Camejo bajo lineamientos de “arraigo cultural de la población”, el segundo creador del Instituto de Cultura del Municipio Falcón, que estableció señalamientos orientadores de investigación, resguardo y difusión del patrimonio regional. Ambos planes los apoyamos por los importantes beneficios implicados para las comunidades de la península. 

De la política cultural y de la politiquería en la cultura, por Isaac López. Foto Zandantes de Paraguaná. Fundación Cultural Josefa Camejo
En 1992 se inauguró en Paraguaná el Complejo Cultural Josefa Camejo, el cual tuvo al frente en buena parte de su trayectoria a la docente Yoleida de Hernández y al TSU Giovanny Gómez, ambos supieron mantener un trabajo institucional sin sesgos. Fotos: Fundación Cultural Josefa Camejo.

A pesar de presiones politiqueras, ambos supieron mantener un trabajo institucional sin sesgos ligados al accionar de partidos políticos. Eso consiguió la proyección nacional del “Complejo Cultural de Pueblo Nuevo” –“la metáfora deseada del país” que escribiera el poeta Julio Bolívar– en actividades como el Convenio con la Galería de Arte Nacional sustento del hacer de la Galería Otoniel Salas; la Sala de Videos Carlos Luis Fortique; el Festival de Teatro del Municipio Falcón; el Festival de Danza del Municipio Falcón; el Convenio con la Cinemateca Nacional; el Festival de Zanqueros; el Encuentro Puntual de los Amigos…

En 2005, ante el cambio de gobierno municipal y el inicio del proyecto chavista a nivel local, se desconoció el trabajo de grupos e instituciones. Había que adelantar programas “orientados hacia la proyección de la revolución cultural”. Esa fue la pauta desarrollada por el poeta Simón Petit al frente del Instituto de Cultura del Estado Falcón en casi 17 años de gestión. Esa fue “la línea” para los 15 presidentes del Instituto de Cultura del municipio Falcón y directores del Complejo Cultural Josefa Camejo entre 2005 y 2021. El resultado: convertir al recinto en casa de partido, alejar a la comunidad de las actividades allí adelantadas, acabar con salas de vídeos, biblioteca, sala de exposiciones… Igual a lo realizado en todo el país según diagnóstico de la promotora María Elena Ramos en su texto La cultura bajo acoso (2012). ¿Habrá capacidad de reflexión y enmienda de parte de ejecutantes regionales de esa política? ¿Por qué se salvó, en el caso de Paraguaná, el Archivo Histórico que guarda documentos de 1801 a 2005?

Desde su llegada a la alcaldía del municipio Falcón en 2021, el alcalde Harold Dávila Gómez –factor de los partidos de oposición– se propuso la rehabilitación del Complejo Cultural Josefa Camejo que estaba en ruinas. Primero estuvo al frente de la institución Yoleida de Hernández y ahora Iris García, ambas docentes de destacada trayectoria y aprecio comunitario. Ambas han trabajado en los últimos tres años con la mayor amplitud. Incluso nombres ligados a la administración chavista y su proyecto cultural como los del grupo Bariquía, Ángel Ventura o Juan Carlos Primera han participado en diversas actividades.

De la política cultural y de la politiquería en la cultura, por Isaac López. Foto Zandantes de Paraguaná. Fundación Cultural Josefa Camejo
En 2005, ante el cambio de gobierno municipal y el inicio del proyecto chavista a nivel local, se desconoció el trabajo de grupos e instituciones. Fotos: Fundación Cultural Josefa Camejo.

Más difícil ha sido conseguir el apoyo del Instituto de Cultura del Estado Falcón o de la Zona Educativa del Estado, liderados por Inti Clark Boscán y Mareni Castro, para las labores de la Biblioteca Juan C. Esteves –Fundación Literaria León B. Weffer y del Archivo Histórico del Municipio Falcón. Liceos y escuelas del municipio han sido renuentes a participar en actividades de formación y divulgación cultural efectuadas en el Complejo Cultural Josefa Camejo, respuesta a los llamados desde la alcaldía a colaborar a la Zona Educativa y al Distrito Escolar.

En ese sentido, tanto el gobierno municipal, encabezado por Dávila Gómez, como el regional, por los Clark Boscán, han jugado el antiguo juego de la “línea partidista” en una confrontación absurda en materia cultural que en nada beneficia a las colectividades.

Lamentablemente, por esa pequeñez partidista, la misma que ha caracterizado la política venezolana en 65 años de historia –y que en mucho nos ha llevado a este calamitoso y degradado presente– proyectos culturales de trascendencia como los de la Biblioteca Juan C. Esteves y el Archivo Histórico de Paraguaná se encuentran paralizados.

¿Qué debemos revisar de nuestro comportamiento ciudadano en estos 65 años de historia? ¿Qué debemos juzgar en el inventario de agravios de una cultura ciudadana que nos ha traído hasta esta hora? ¿No tenemos capacidad de enmendar yerros, estamos condenados a seguir en una noche eterna de mal vivir? ¿Todo cambiará al cambiar la actual cúpula en el poder nacional?

Los proyectos y políticas culturales no pueden ser circunstanciales, pasajeros, partidistas. Deben responder a necesidades de las comunidades y no de grupúsculos en el poder. Tanto el gobierno regional como el municipal han actuado mal frente a lo importante y trascendente, quedándose en la pelea minúscula, en el arrebato aldeano. Tanto la Biblioteca Juan C. Esteves –homenaje permanente al destacado cronista paraguanero–, como el Archivo Histórico de Paraguaná, trascienden liderazgos de ocasión. Allí memoria, identidad, saberes y parte de la cultura de nuestras comunidades. Asuntos fundamentales de la vida republicana que nos trascienden y aseguran el ser de nuestro pueblo.

Fotografía de la entrada: “Zandantes de Paraguaná”. Fundación Cultural Josefa Camejo.

isaacabraham75gmail.com | 1-12-2024.

Isaac López es profesor de Universidad de Los Andes. Mérida.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Ipys Venezuela: “Ley Libertador viola estándares de protección de la libertad de expresión”

0

La recién aprobada “Ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y la defensa de la República Bolivariana de Venezuela” viola estándares de protección de la libertad de expresión, particularmente el llamado test tripartito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual establece que las restricciones a la libertad de expresión se deben ajustar a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.

Según precisó el Instituto Prensa y Sociedad en una publicación del pasado 29 de noviembre, el principio de legalidad implica que la restricción debe estar establecida previamente en una ley y, además, debe ser suficientemente clara y precisa para impedir su aplicación arbitraria, sobre todo si la conducta en cuestión se considera punible y acarrea sanciones, como es el caso de la Ley Libertador.

Sobre los principios de proporcionalidad y necesidad que deben regir las restricciones a la libertad de expresión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “deben ser proporcionales al interés que las justifican y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo goce del derecho”. 

El artículo 21 de la Ley Libertador establece: “Los prestadores de servicios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela serán sancionados con la revocatoria de la concesión y multa por la cantidad en bolívares equivalentes a entre cien mil (100.000) y un millón (1.000.000) de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela”. 

Sin embargo,  en el texto aprobado por la Asamblea Nacional no hay previsiones sobre las formas de impugnar las multas, aunque sí se señala en forma expresa que tanto la Conatel como el Ministerio del Interior, Justicia y Paz pueden tomar “las medidas preventivas que resulten necesarias para proteger los intereses tutelados”.

Por tanto, las imprecisiones en cuanto al alcance de tales medidas preventivas abren espacios para su aplicación arbitraria y sin derecho a la defensa.

Otro artículo que viola la libertad de expresión es el 23, el cual dicta que el principio de presunción de inocencia, establecido en la Constitución y en los tratados, pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos.

La Ley orgánica Libertador Simón Bolívar establece la creación de un registro de sospechosos: “…en el cual se incorporará la identificación de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, respecto de las cuales existan elementos fundados de estar incursas en algunas de las acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado (…) a los fines de imponer medidas económicas restrictivas, temporales y de carácter administrativo…”. 

Más de la Ley Libertador Simón Bolívar 

La ley, que consta de 18 artículos, según el diputado Carlos Mogollón, se inspiró en “el legado de dignidad patriótica y antiimperialista del Libertador y padre de la patria, Simón Bolívar”.

Esta ley busca sancionar a personas, naturales o jurídicas, que en acuerdo con países, grupos o “asociaciones terroristas”, pidan sanciones contra Venezuela, así como la confiscación de activos públicos que impidan el normal desenvolvimiento “económico, social, cultural o político” de la nación.

Se plantean inhabilitaciones políticas para aquellas personas que no “hayan sido nunca funcionarios públicos”, que igualmente se alíen con “potencias extranjeras” para impulsar sanciones.

Según expusieron en la AN, el proyecto fue presentado como parte de una estrategia integral para contrarrestar los efectos del bloqueo y defender la integridad de Venezuela ante la “arremetida de injerencia y agresiones por parte de Estados Unidos, en complicidad con la extrema derecha nacional”.

CIDH condenó a Estado venezolano por violar derechos de Capriles en 2013

0

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado venezolano este lunes por “violar los derechos políticos” del excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, durante el proceso electoral celebrado en 2013.

La organización condenó la negación a una auditoría de votos y el uso abusivo del aparato estatal a favor del candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás Maduro. 

“El Estado venezolano es responsable por violaciones a los derechos políticos, garantías judiciales, protección judicial, libertad de expresión y el derecho a la defensa”, notificó a través de una sentencia la presidenta de la CIDH, Nancy Hernández.

“Nicolás Maduro obtuvo ventajas capaces de incidir en el equilibrio de la contienda electoral mediante el uso de recursos estatales a favor de su campaña, de la realización de actos de proselitismo por parte de funcionarios públicos de alto nivel en ejercicio de sus funciones, y de la existencia de presiones indebidas sobre funcionarios públicos”, señaló la CIDH.

La CIDH expuso que durante la campaña electoral existió una cobertura desproporcionada de los medios públicos en favor de la candidatura de Maduro.

Capriles quedó a escaso margen

El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó en ese momento que Capriles Radonski obtuvo 49,12 % de los votos, frente al 50.61 % de Maduro.

Capriles cuestionó los resultados en ese momento y asomó la posibilidad de un fraude. 

“La actuación del Estado constituyó un abandono de los principios fundamentales del estado de derecho en tanto desconoció las reglas previstas en el derecho interno para limitar el poder y hacer posible el juego democrático, y permitió el uso del aparato del Estado para favorecer al candidato oficial antes, durante y después de la elección”, manifestó Hernández.

La CorteIDH también ordenó al Estado “adoptar medidas para garantizar la integridad de los procesos electorales y garantizar la posibilidad de verificación de resultados electorales”.

Otra orden del tribunal es la de “facilitar el acceso libre y equitativo de los candidatos a los medios de comunicación públicos y de alcance general y medidas para garantizar la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia”.

 

“La justicia tiene que ser expedita”

 

Tras conocer la sentencia, el excandidato presidencial Henrique Capriles destacó que la decisión llegó 11 años después.

“La justicia, además de hacer prevalecer la verdad, tiene que ser expedita”, recalcó en un mensaje escrito en la red social X.

Capriles resaltó el hecho de que se declarara la responsabilidad internacional del Estado venezolano “por la violación a los derechos políticos, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la protección judicial en mi perjuicio en el marco del proceso electoral del año 2013”.

En su mensaje, indicó que siempre ha buscado “caminos en el marco de nuestra Constitución para recuperar la democracia y la institucionalidad”.

“Espero que llegue ese día en que se respete y prevalezca el sagrado derecho a decidir los venezolanos en paz su futuro. ¡Este país quiere justicia, paz, democracia y cambio! ¡Respeto a la Soberanía popular expresada de forma contundente el 28 de julio de 2024!”, remarcó. 

 

Fiscal de la CPI a gobierno venezolano: “La pelota está de su lado”

0

Después de poco más de cuatro meses de efectuadas las elecciones presidenciales, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan,  solicitó a la administración de Nicolás Maduro respetar el principio de complementariedad acordado en su más reciente visita a Venezuela.

“La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin camino”, afirmó Khan.

El fiscal aseveró que las investigaciones que adelanta su despacho sobre presuntos crímenes de lesa humanidad avanzan sin demora y que su equipo ha estado trabajando con foco para acelerar sus actividades de recolección de pruebas, con miras a establecer puntos de referencia y plazos concretos claramente identificados.

Recordó que en su visita en abril de este año enfatizó al gobierno de Maduro la necesidad de un impulso y progreso real y que su oficina está realizando seguimiento a los compromisos adquiridos.

“Deben permitir la entrada a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como me habían prometido previamente por escrito y deben cooperar de manera más tangible con mi oficina”.

Proteger a los niños

Khan abogó por la liberación de los adolescentes detenidos después de las protestas antigubernamentales que se dieron una vez anunciados los resultados del pasado 28 de julio.

“Insistí en mis comunicaciones con Venezuela, y en la necesidad de proteger los derechos civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente”, remarcó. 

El fiscal de la CPI sentenció que todas las vidas importan por igual. 

“Los venezolanos tienen el mismo derecho a la justicia que las familias que conocí en Libia o en Bangladesh en las últimas dos semanas. Esto es lo más básico que se puede decir. Pero vale la pena subrayar”.

 

 

TSJ ratificó condena por femicidio de Ángela Aguirre

0

El medio regional Correo del Caroní informó que los abogados defensores de José Alberto Cedeño Rodríguez y José Antonio Zorrilla Zorrilla presentaron recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia con la intención de revocar la condena de 29 años por femicidio agravado en el caso de la adolescente. Los magistrados  desestimaron los recursos, señalando que el recurrente no había cumplido con la obligación de detallar las normas violadas y las razones que justificaran la nulidad de la sentencia

La historia del crimen se remonta a una fiesta en el Club Ítalo de Puerto Ordaz, donde Ángela, de 16 años, fue llevada por sus padres. Durante la celebración, Cedeño convenció a Ángela para que se adentrara en aguas profundas del río Caroní, lo que resultó en su desaparición. Tras tres días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado, y las autopsias revelaron signos de violencia y abuso sexual. 

El proceso judicial ha estado marcado por irregularidades. El padre de Ángela denunció que la fiscalía había tenido acceso al expediente del caso sin justificación y que los acusados permanecían en libertad a pesar de una orden de reclusión. En este contexto, el juez del Tribunal Cuarto de Violencia contra la Mujer condenó a Cedeño a 29 años de prisión por violación y asesinato, mientras que Zorrilla fue considerado cómplice.

.A pesar de los esfuerzos legales para anular la condena, el Tribunal Supremo ha decidido mantenerla. Esto significa que Cedeño y Zorrilla no podrán solicitar nuevas revisiones del caso, lo cual representa un alivio para la familia de la víctima.

Para más información sobre el tema, visite el sitio web del Correo del Caroní

 

“Nuestra lucha es inagotable”: Madres de presos políticos piden que no sean olvidados

0

Los familiares y amigos de los presos políticos se congregaron una vez más para orar por su liberación. En un emotivo acto en la plaza La Castellana, en Caracas, pidieron que sus nombres no sean olvidados y le exigieron al Estado que libere a todos los inocentes. 

Desde las 4:00 de la tarde se concentraron y durante la actividad soltaron globos blancos como símbolo de paz. “Estoy aquí porque tengo un dolor que solo una madre puede sentir y no me voy a callar porque esta lucha es inagotable”, soltó Yelitza Vergara, madre de Miguel González, detenido en Yare III. 

Vergara aseguró que su hijo fue detenido sin ninguna orden de aprehensión y que le han violado todos sus derechos. El joven, de 18 años, es oriundo del estado Portuguesa, y estudiaba y trabajaba. 

La madre dejó parte de su vida en Acarigua para no abandonar a su hijo. “A mí sí me duele porque yo lo parí y nadie va a decirme ‘cállate’, no me voy a callar. Yo sí voy a hablar por mi hijo porque él no es un terrorista, es un muchacho inocente”, expresó. 

El país clama la liberación de presos políticos 

El director general de Provea, Oscar Murillo, afirmó que es un clamor nacional la liberación de los detenidos en contexto poselectoral. 

“Los distintos sectores claman para que termine el sufrimiento de las familias de todas aquellas personas que están hoy día detenidas por razones políticas y, en ese sentido, Provea respalda todo este movimiento y, en especial, al Comité de Familiares y Amigos de los Presos Políticos”, dijo. 

Murillo también se refirió al trabajo que se debe realizar desde el Ministerio Público y destacó la escasa transparencia que existen en asuntos como estos. 

“Desde las primeras excarcelaciones que se anunciaron todavía no conocemos una lista definitiva para que las familias puedan tener las previsiones del caso. En ese sentido, no solo le pedimos al fiscal que termine de publicar, eso debería aparecer en la página web de la fiscalía, y también le hacemos un importante llamado al defensor y a la Defensoría del Pueblo que tiene un mandato clarísimo en la Constitución”, dijo. 

Advirtió que la Defensoría del Pueblo tiene el deber de ser interlocutora entre los ciudadanos y los poderes del Estado. Insistió en que es necesario que el Ministerio Público haga pública la lista de los excarcelados, que indiquen cuándo se concretará las liberaciones que se prometieron y que se acelere el proceso para detener el sufrimiento de las familias. 

A este llamado de Provea se suma una situación alarmante en algunos centros penitenciarios. Diego Casanova, miembro del Comité de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, denunció que están preocupados por el estado de salud de los detenidos en contexto postelectoral y que a lo largo de estos días han recibido 12 casos de personas que han querido quitarse la vida en la cárcel de Tocuyito. 

“Estas personas siguen sufriendo un desgaste en su salud física y emocional producto de la injusta prisión. Recibimos la denuncia la semana pasada de que 12 personas en Tocuyito intentaron quitarse la vida porque vieron que es la única manera de salir y acabar con su sufrimiento, esa etapa oscura que están viviendo”, exclamó. 

“No vamos a aceptar unos cadáveres” 

Casanova fue enfático al mencionar que no desean recibir “unos cadáveres” y que todos los inocentes necesitan reunirse con sus familiares. 

“No vamos a recibir cadáveres para enterrar. No vamos a aceptar recibir a nuestros familiares presos para enterrarlos, antes vamos a luchar para que salgan sanos y libres como cuando entraron cuando los metieron presos. Por eso pedimos que no nos abandonen”, manifestó. 

Esta vigilia se diferenció de las demás por la cantidad de personas que asistieron. La sociedad civil se movilizó para pedir por los presos políticos en Venezuela. Andreína Baduel comunicó que se sintió  “conmovida por la cantidad de personas que asistieron para pedir por la liberación inmediata” de todas las personas detenidas por razones políticas. 

“Tal y como hemos venido denunciando, ha habido intentos de suicidios como mecanismos de desespero, de enfrentar crueldad, tanta injusticia y no recibir respuesta. Sin embargo, eso nos ha comprometido a que sigamos luchando para que no muera nadie nunca en prisión por pensar distinto”, sostuvo. 

Baduel reiteró que la condición de salud de su hermano, Josnars Adolfo, es delicada. “La condición de mi hermano es delicada porque fue torturado en el Sebin y se ha agudizado en el Rodeo I que es un centro de tortura donde las condiciones de aislamiento son bien inhumanas. Está en una celda 2×2 en la que solo tiene una letrina y tiene restricciones de alimentación, de hidratación y de medicación y eso ha hecho que empeore su salud”. 

Familiares presos políticos
Los familiares oraron y clamaron por la liberación de sus hijos, hermanos y esposos. Crédito: RunRunes.

Una de las caras más visibles del Comité de Familiares y Amigos de los Presos Políticos puntualizó que por su hermano y por los más de 2000 presos políticos continuarán luchando. “Para rescatar la dignidad y para contribuir al rescate de la democracia, además de la liberación de todos los presos políticos”. 

Suplican no ser abandonados 

Esta vigilia es la última de una serie que se han venido realizando para orar y pedir por los detenidos. Las actividades han servido como un punto de encuentro entre los familiares y un sostén emocional para atravesar estos momentos difíciles. 

Durante el acto, se soltaron globos blancos -como símbolo de paz-, se encendieron velas y diferentes personas recitaron salmos, oraciones, mientras suplicaban no ser abandonados y que los nombres de sus hijos sean recordados. 

Vigilia Presos políticos
Encendieron velas para pedirle a Dios la liberación de todos los presos políticos. Crédito: RunRunes.

A lo largo de estos meses, las familias se han movilizado de diferentes maneras, siempre motivadas por la fe. Han entregado recursos al Ministerio Público, al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio de Asuntos Penitenciarios. 

Su lucha ha sido frontal, pero la respuesta ha sido lenta y escasa. Tras meses de manifestaciones, el 15 de noviembre, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Tarek William Saab, anunció la liberación de 225 personas, pero -hasta el momento- según registros de Foro Penal se han concretado 146. 

Organismos internacionales han escuchado el clamor de los familiares como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una conferencia de prensa, denunciaron que las condiciones de reclusión en el país son inhumana y que no existe diferenciación entre las personas detenidas. 

Ahora, se sumó el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien aseguró que su oficina está trabajando para que las víctimas obtengan justicia. 

“La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin camino”, informó. 

En medio de las olas de detenciones arbitrarias, el miedo también ha sido parte de la lucha de las madres y familiares de presos políticos, pese a esto, gritaron “libertad”, dejando claro que no se dejarán vencer y que continuarán en la calle “hasta que el último preso político sea liberado”.