La ONG Fundehullan Venezuela y el Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos responsabilizaron a las autoridades venezolanas por la muerte del ex preso político Jovanny González, el 26 de agosto pasado, tras negarle la libertad plena pese a padecer cáncer terminal.
González era primo y asistente del diputado al Consejo Legislativo de Barinas Wilmer Azuaje. A ambos los detuvieron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en mayo del 2017. Les imputaron los delitos de posesión ilícita de armas de guerra, tráfico ilícito de municiones, uso indebido de prendas militares, agavillamiento y resistencia a la autoridad. Los excarcelaron en 2018 con medidas cautelares de presentación, pero debido a la persecución política ambos se fueron a República Dominicana.
En 2024 al joven le diagnosticaron cáncer. Lo operaron e inició inmunoterapia. Desde su exilio solicitó la amnistía y decidió regresar a Venezuela a principios de junio de 2026, ante la imposibilidad de seguir costeando los tratamientos. Cuando llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía, fue detenido porque estaba solicitado por las autoridades. Permaneció dos horas bajo custodia y luego lo liberaron debido a su delicado estado de salud. Ya se encontraba en silla de ruedas.
A pesar de su condición, González recibió tres citaciones para comparecer ante el Tribunal Tercero de Juicio de Barinas, que llevaba su causa. No pudo asistir a ninguna.
“Murió pidiendo y esperando la amnistía”, dijeron sus familiares desde la Capilla de El Pilar en la ciudad de Barinas donde velaron sus restos el viernes 28 de agosto.
Exigen investigación
La ONG Fundehullan Venezuela cuestionó cómo a pesar de los informes médicos, “el sistema judicial le negó la amnistía y mantuvo sobre él un asedio procesal con régimen de presentación hasta sus últimos días”.
Exigieron que se inicie una investigación y se imponga una sanción penal para los jueces y fiscales responsables de ignorar su condición médica.
“Libertad plena inmediata para todos los procesados y privados de libertad con enfermedades graves. La denegación de medidas humanitarias a pacientes terminales constituye una grave violación a la vida y la integridad personal. No más impunidad”, reclamaron a través de sus redes sociales.
Responsabilizamos a las autoridades venezolanas por la muerte del ex preso político Jovanny González tras la negativa del Estado de otorgarle libertad plena por razones humanitarias.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En la avenida Universidad de Caracas, cerca del Palacio Federal Legislativo, parte del chavismo protestó este sábado 29 de agosto en rechazo al tutelaje de los Estados Unidos. Algunos cuestionaron que el recién anunciado acuerdo petrolero con Washington no se haya consultado con el pueblo.
Este viernes el presidente estadounidense Donald Trump anunció un histórico acuerdo que le otorgará a su país el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de crudo venezolano. Minutos después, la presidenta interina Delcy Rodríguez confirmó el convenio aseguró que este facilitará un importante flujo de inversiones para la recuperación del país.
Uno de los asistentes a la concentración en Caracas aclaró que no se trataba de una protesta contra Rodríguez. “Nuestro Gobierno bolivariano no es enemigo de nosotros, pero sí podemos hacer críticas como pueblo… Ningún venezolano puede estar de acuerdo con que le estén robando el petróleo”, expresó el hombre en un video difundido por el periodista Roberto Lobo.
La figura comunicacional del chavismo Oswaldo Rivero, conocido como Cabeza e’ Mango, acudió a la convocatoria. “Sería interesante saber qué contiene ese acuerdo”, dijo y se preguntó si el petróleo venezolano se usará para financiar guerras.
Oswaldo Rivero -'cabeza de mango'- estuvo en la protesta antiimperialista en Caracas de hoy #29ago Pide q se conozcan los detalles del mega acuerdo petrolero Trump-Rodriguez. Cuestiona q se estén quitando las imágenes de Chávez y Bolívar. Dice que el legado de Chávez sigue vivo pic.twitter.com/1f1rbWCyWV
El chavismo rechazo al diálogo y libertad para Maduro
Los manifestantes también pidieron la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, presos en Nueva York tras su captura por parte de fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero de este año.
“Nosotros hemos definido que nuestro enemigo verdadero es el imperialismo yankee y el sionismo (en referencia a Israel) y sus acólitos en Venezuela”, declaró a EFE Humberto Vargas, integrante del Frente Popular Antiimperialista.
Durante la concentración, los seguidores del fallecido Hugo Chávez entregaron a las personas que transitaban por la calle un manifiesto en el que expresaron su repudio al proceso de diálogo que se desarrolla entre la Asamblea Nacional de 2015 y el Parlamento en funciones, reseñó la agencia de noticias.
Según expresaron, este proceso de negociación es una “trampa tutelada” por Estados Unidos para imponer el “plan trazado” por el presidente Donald Trump tras el ataque militar del 3 de enero pasado en Caracas y otras ciudades del país.
Durante la protesta, algunos de sus participantes tildaron a Trump de “asesino”.
Vargas aseguró que los chavistas se mantendrán en la calle para rechazar al imperialismo. Expresó que también buscarán discutir el alcance del acuerdo petrolero anunciado por los gobiernos de EE. UU. y Venezuela, y con el que Washington tendría el control mayoritario de más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.
“Para nosotros el Gobierno es víctima de lo que está pasando”, dijo y agregó que se mantendrán exigiendo la libertad de Maduro y Flores, y que considera que el Ejecutivo chavista está trabajando para lograr este objetivo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Las primeras reacciones al nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos tienen coincidencias: la negociación peca de opacidades institucionales, compromete el patrimonio nacional a cambio de un retorno fiscal bajo y arrastra dudas sobre su validez constitucional. Economistas, sectores de la oposición y defensores de derechos humanos encendieron las alarmas este sábado, 29 de agosto, frente a las condiciones del pacto.
Según los comunicados de ambos gobiernos, el convenio establece que el Estado venezolano entregará 17 campos petroleros con 65.000 millones de barriles en reservas, a cambio de que inversionistas estadounidenses aporten más de 100.000 millones de dólares en capital y tecnología. Aunque el proyecto promete dejarle a Venezuela 209.000 millones de dólares por concepto de impuestos, economistas, líderes políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron severas dudas sobre la viabilidad del proyecto, sus condiciones fiscales y la falta de transparencia del proceso.
Alarma técnica por la tributación y la viabilidad del capital
Las proyecciones fiscales presentadas por el Ejecutivo generaron inmediatas objeciones en el sector económico. Francisco Monaldi, economista y director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker, calificó de “insólitamente bajo” el el monto de impuestos por recabar, señalando que los 209.000 millones de dólares proyectados sobre 65.000 millones de barriles equivalen a una tasa de apenas 3,2 dólares por barril. Advirtió que “si ese monto es en términos nominales, traído a valor presente es una cantidad irrisoria” y alertó sobre una falta de transparencia alarmante en la gestión energética.
Presidenta: según sus cifras, este acuerdo generará ingresos fiscales de apenas $3.22 por cada barril de petróleo venezolano. Ello representa un 4.7 % del precio actual, y menos de la mitad de la tasa de regalías contemplada en concesiones otorgadas por Juan Vicente Gómez. https://t.co/DrmSHr1kbM
En un análisis más comedido, el economista Asdrúbal Oliverosdestacó que la industria venezolana necesita captar capitales, tecnología y mercados estables de forma urgente, ámbito donde Washington mantiene un rol clave. Sin embargo, precisó que pasar de los anuncios a los hechos requiere reglas claras, seguridad jurídica y estabilidad institucional que superen la coyuntura política.
Sobre los retos del acuerdo, que “pretender una carga fiscal demasiado elevada puede terminar haciendo inviables proyectos que sobre el papel lucen muy atractivos”. Planteó que el país debe exigir garantías reales para evitar que este proceso termine convertido en otro ciclo de ingresos extraordinarios.
Por su parte, el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, desestimó posibles beneficios a corto plazo debido a las complejidades técnicas que exigen los campos de la Faja Petrolífera del Orinoco. En una entrevista a El Nacional, calificó el acuerdo como “inconstitucional, de espaldas al país y lesivo”, señalando que este tipo de concesiones vulnera la soberanía sobre los recursos del subsuelo y responde a intereses políticos electorales de la administración estadounidense.
Cuestionamientos políticos a la legitimidad del convenio
Desde parte de la dirigencia política de oposición, las críticas apuntaron a la legitimidad del proceso y al cumplimiento de los preceptos constitucionales. El partido Unión y Cambio, liderado por Henrique Capriles y Tomás Guanipa, reafirmó la importancia de atraer inversiones privadas para la industria, pero subrayó que el bienestar del pueblo venezolano y el régimen de propiedad del petróleo deben respetarse. Exigieron al gobierno interino de Delcy Rodríguez rendir cuentas detalladas y someter el contrato al control del Poder Legislativo por tratarse de un asunto de interés nacional.
En esa misma línea, el economista Ricardo Haussmann cuestionó duramente el respaldo de la administración norteamericana al convenio, especialmente al Secretario de Estado, Marco Rubio. Argumentó que el acuerdo carece de certidumbre a largo plazo para los inversionistas por saltarse el restablecimiento del orden democrático en la nación.
“Secretario Marco Rubio: Acabas de perder cualquier confianza que los venezolanos alguna vez tuvieron en ti, y eso te perseguirá. Optaste por usar el poder de EE.UU., no para liberar a los venezolanos, sino para acostarte con nuestros opresores. Optaste por impulsar una apropiación de activos, un acuerdo inconstitucional con un gobierno opresivo ilegítimo”, dijo en su cuenta de X.
Por su parte el exembajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, comparó este convenio “a cuando los Estados Unidos entraron y se apoderaron de Irak”. A través de un video en su cuenta de Instagram, el economista y político venezolano expresó: “En el caso de Irak por lo menos ahí ayudaban a ciertas cosas… en el caso nuestro el arreglo es estrictamente para llevarse el petróleo venezolano. Nos están cobrando, en el fondo, por haberse llevado a Maduro, pero nos han dejado a todo el elenco de la narcotiranía que ahora son sus socios”.
Sin embargo, el político zuliano Juan Pablo Guanipa llamó a hacer una “lectura calmada”, de un acuerdo que “puede determinar décadas de nuestra historia”.
“Este acuerdo tiene el potencial para que nuestra industria se reactive. Sin embargo, el punto central para que este acuerdo sea duradero es que los venezolanos veamos los beneficios directos”, dijo en su cuenta de X.
Advertencias en materia de derechos humanos e institucionalidad
Desde la sociedad civil, la preocupación se centró en el deterioro del Estado de derecho y el impacto que la opacidad tiene sobre la población. Óscar Murillo, director de la ONG Provea, advirtió sobre el traslado de la toma de decisiones hacia actores foráneos bajo un esquema que debilita las instituciones nacionales.
En un pronunciamiento oficial, Provea señaló que tanto la administración estadounidense como las empresas involucradas en suscribir acuerdos al margen de la transparencia institucional se hacen corresponsables de las probables violaciones de derechos humanos que de allí se deriven. La organización exigió a ambas administraciones hacer públicos de inmediato el alcance, los términos y las condiciones del contrato firmado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Tuvieron que pasar 25 años para que el Estado venezolano asumiera la deuda de justicia que mantenía con la abogada y activista Linda Loaiza López. La nueva medida de privación de libertad contra su agresor, Luis Carrera Almoina, llega después de un cuarto de siglo de omisiones, fallas estructurales, retrasos procesales y una condena internacional ignorada.
El caso Linda Loaiza, emblemático por su incesante búsqueda de justicia, se convirtió en un símbolo de impunidad y violencia institucional. En una muestra de la debilidad del sistema de justicia venezolano y su incapacidad para garantizar investigación, protección y sanción a las víctimas de violencia de género.
El 8 de agosto pasado, Loaiza informó a través de sus redes sociales que su caso regresaba a los tribunales. Indicó que las autoridades judiciales le notificaron formalmente sobre la celebración de una nueva audiencia en contra de Luis Carrera Almoina, diez años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado por las graves irregularidades en el proceso.
A continuación, la cronología de un caso que marcó 25 años de deuda estatal:
27 de marzo 2001 — Secuestro
El 27 de marzo de 2001, Linda Loaiza fue secuestrada y encerrada en un apartamento en Los Palos Grandes, en Caracas. Tenía 18 años de edad y poco tiempo de haber llegado de Mérida a la capital, junto con su hermana, con el propósito de estudiar veterinaria.
Una mañana, cuando salía de su residencia, Loaiza fue interceptada y sometida por Luis Carrera Almoina. A la fuerza la subió a su camioneta y bajo amenazas la trasladó a varios lugares, entre ellos, la casa de su padre Gustavo Carrera Damas, quien estaba al frente de la Universidad Nacional Abierta, y, a pesar de presenciar el secuestro, no hizo nada al respecto. Finalmente la encerró en su apartamento en Los Palos Grandes.
28 de marzo de 2001 — Primeras denuncias de familiares
La hermana de Linda, Ana Cecilia López, recibió una llamada en la que le dijeron que “Linda no iba a regresar a la casa”. Al intentar comunicarse nuevamente con ese teléfono, escuchó un mensaje grabado que decía que pertenecía a Carrera Almoina.
Intentó denunciar el secuestro ante los cuerpos policiales en seis oportunidades, pero fue desestimada por las autoridades, quienes alegaron que eran “problemas de pareja” y había que esperar.
A pesar de las denuncias, el Estado no activó mecanismos de búsqueda y rescate.
19 de julio de 2001 — Rescate
Después de 114 días, Linda Loaiza logró escapar de su agresor gracias a que ese día no la amordazó. Gritó pidiendo auxilio desde la ventana del apartamento hasta que los vecinos la escucharon y llamaron a los efectivos de la Policía de Chacao, quienes la encontraron al borde de la muerte.
Durante cuatro meses fue víctima de torturas, violencia física, psicológica y sexual. La hallaron con el maxilar y las costillas fracturadas, los pezones cercenados, los labios y las orejas destrozadas, desviación ocular, desgarramiento vaginal y quemaduras de cigarrillos en casi todo el cuerpo.
La trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario. Durante más de un año estuvo en distintos centros hospitalarios y se sometió a 15 cirugías para la reconstrucción de partes de su cuerpo afectadas por las torturas que había sufrido.
Mientras estuvo hospitalizada, la Fiscalía emitió una orden para impedirle tener acceso a su abogado, afectando su derecho a contar con información y asesoramiento respecto de la investigación y proceso penal.
2001–2004 — Proceso judicial irregular
El proceso judicial en contra de Carrera Almoina estuvo marcado por dilaciones, versiones falsas, contradicciones y revictimización.
El 28 de noviembre de 2001, presentaron ante la acusación formal ante el Ministerio Público en contra de Luis Antonio Carrera Almoina por delitos de violación y homicidio frustrado calificado. Linda Loaiza, como víctima y querellante junto a su abogado, presentó acusación por los delitos de violación, privación ilegítima de su libertad, homicidio calificado en grado de frustración y tortura.
El Juez 18 de Control del Área Metropolitana de Caracas, Ángel Wladimir Zerpa Aponte, otorgó a Luis Antonio Carrera Almoina detención domiciliaria. En el año 2002 inició el juicio y se impuso un deliberado interés judicial y estadal para proteger al agresor, por ser el hijo de Gustavo Carrera Damas.
Ya para el año 2004, más de 60 jueces conocían el expediente sin obtener ningún resultado.
El retraso y las irregularidades en el caso llevaron a Loaiza a iniciar una huelga de hambre a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —aún convaleciente por dos operaciones en el páncreas— para exigir que se realizara un juicio oral y público.
El 5 de noviembre de 2004, la jueza Rosa Cádiz Rondón emitió sentencia absolutoria de todos los cargos a favor de Carrera Almoina, su padre Gustavo Luis Carrera Damas y su secretaria, Leyda Josefina Reina Torres.
2006 — Sentencia en Venezuela
En 2006 se abrió un nuevo juicio en el que Carrera Almoina fue sentenciado a seis años y un mes de prisión solo por los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas. Es absuelto del delito de violación, homicidio calificado en grado de frustración y tortura.
En 2008, Luis Carrera Almoina sale en libertad tras cumplir una condena reducida. Después de seis años, el caso había pasado por 97 jueces, 16 fiscales, decenas de audiencias diferidas y 50 jueces que prefirieron voltear su mirada hacia otro lado.
2007 – Caso Loaiza llegó a la CIDH
El 11 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por Linda Loaiza López, su familia y su abogado, Juan Bernardo Delgado, en la que denunciaban la responsabilidad del Estado en su caso.
Loaiza testificó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015 y solicitó que su caso fuera evaluado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2016 — Orden del TSJ incumplida
En el año 2016, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó reabrir la revisión de la absolución por violación.
En una sentencia, el TSJ reconoció que existían irregularidades procesales, inconsistencias en la valoración de las pruebas y elementos que ameritaba una nueva revisión judicial.
La Sala Penal instruyó a la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas a celebrar una audiencia para reexaminar la absolución por violación y determinar si la sentencia debía ser anulada o modificada. La audiencia nunca se realizó.
2018 — Condena internacional al Estado venezolano
El 16 de noviembre de 2018, la Corte IDH declara al Estado venezolano responsable por violaciones graves de derechos humanos, negligencia, revictimización y falta de debida diligencia. Ordena reparaciones integrales: investigación, sanción, atención médica, reformas legales y garantías de no repetición. Sin embargo, el Estado no cumplió.
2026 — Reapertura judicial y detención de Carrera Almoina
Tras 10 años de retrasos, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones convoca audiencia para revisar la absolución por violación.
El 27 de agosto, Loaiza informó que, tras finalizar la audiencia de presentación de Luis Carrera Almoina, la Fiscalía de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Caracas ordenó su privativa de libertad.
Loaiza indicó que el lugar de reclusión de Carrera Almoina será en el Rodeo II, ubicado en el estado Miranda. La abogada agregó que en los próximos días será la audiencia en la Corte de Apelaciones para revisar el delito de violación.
A través de un comunicado, la abogada y activista solicitó a las autoridades venezolanas que no se le otorgue ningún beneficio procesal a Carrera Almoina.
“Cuando el Estado venezolano ejecute íntegramente la sentencia de la Corte IDH podré hablar de justicia. Hasta entonces, cada avance cuenta, pero la deuda permanece y la impunidad no puede darse por superada”, expresó.
La activista informó que la Corte acordó: declarar con lugar las apelaciones interpuestas por el Ministerio Público y por esta víctima/querellante. Declarar la nulidad de la absolución por el delito de violación. Ordenar la celebración de un nuevo juicio y mantener la medida privativa de libertad del ciudadano Luis Antonio Carrera Almoina, actualmente recluido en Rodeo II.
Insistió en que su familia y ella seguirán exigiendo un proceso judicial transparente, sin interferencias y ajustado a los estándares internacionales: “Seguiremos exigiendo justicia, sin más dilaciones”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) respaldó a la presidenta interina Delcy Rodríguez ante el recién firmado acuerdo petrolero con Estados Unidos, a través de un mensaje en el que también pidieron “cohesión interna” y “conciencia revolucionaria”.
En un comunicado publicado la madrugada de este sábado, 29 de agosto, la organización destacó que se mantiene “fiel a su compromiso histórico con la soberanía nacional y el bienestar del pueblo”. Expresaron su “respaldo pleno” a Rodríguez ante los acuerdos que anunció el presidente estadounidense Donald Trump y que implicarían el control mayoritario de ese país sobre más de 65.000 millones de barriles de crudo venezolano.
“Acompañamos los mecanismos de recuperación productiva que priorizan los intereses nacionales y permitan superar el impacto de más de una década en sanciones económicas, medidas coercitivas unilaterales e injustos bloqueos”, dijeron.
Un acuerdo necesario
El partido de Gobierno argumentó que Delcy Rodríguez asume el proceso “consciente de que el país requiere soluciones reales” para la reactivación económica, la recuperación de los servicios públicos, la atención de los afectados por el doble terremoto, la generación de empleos, y la recuperación del salario de los trabajadores.
“Se trata de aprovechar todas las herramientas posibles, dentro del marco constitucional para poner nuestras inmensas reservas de hidrocarburos al servicio del desarrollo nacional”, explicaron.
El PSUV aseguró que está “férreamente unido” al Alto Mando Político para transitar esta nueva etapa con “inteligencia estratégica, unidad popular y conciencia revolucionaria”. Reflexionaron que “solo con cohesión interna y vigilancia patriótica”, se podrá garantizar que los beneficios de este proceso se devuelvan al pueblo.
Ante el nuevo escenario de relacionamiento internacional para el desarrollo productivo del país
El Partido Socialista Unido de Venezuela, fiel a su compromiso histórico con la soberanía nacional y el bienestar del pueblo, expresa su pleno respaldo a la compañera… pic.twitter.com/cNBd3enITH
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Cuando se revisa la experiencia de la Venezuela de inicios de la democracia, la civil, la no tutelada, la que emergió tras el espíritu del 23 de enero de 1958, esa que fue la obra de unos líderes que trasvasaron la horma de quienes hasta entonces solo aspiraban a ser diputados, bajo el régimen que fuese o que esperaban un cargo, una placa, portar un revólver y por esa vía resolverse, mal puede uno no compadecerse de los que se juntan con la dictadura narcocriminal imperante en el país. Creen poder devolverle, y devolvernos a los venezolanos, desde un cenáculo de hipocresías, tertulia entre el diablo y la decencia, alguna esperanza de genuina libertad.
Entiendo y acaso deben entenderlo estos, los decentes, que han puesto todas sus carnes en el asador. Deben estar prevenidos ante lo que describe con perspicacia el periodista satírico español Mariano José de Larra (1809-1837): “En este triste país, si a un zapatero se le antoja hacer una botella y le sale mal, después ya no le dejan hacer zapatos”. Pero volvamos a lo que importa, la cuestión de nuestra dignidad.
Mientras que los regentes que toman el poder en 1958, causahabientes de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se ocupan, seriamente, de lo que les corresponde y lo sabían, como lo era atender la emergencia fiscal, las urgencias de los trabajadores afectados por la caída de los ingresos petroleros, resolver sobre la cuestión de nuestras relaciones petroleras con Estados Unidos, y serenar las ambiciones dentro de las Fuerzas Armadas, los actores políticos comprometidos con los ideales de la democracia se entienden con lo suyo, entre ellos mismos.
Si bien tenían una clara perspectiva sobre como habría de enfrentarse la cuestión económica en el porvenir, lo primero y vertebral, así lo entendieron, fue realizar elecciones presidenciales y parlamentarias para atajar con la fuerza de la legitimidad, dentro de un marco culturalmente presidencialista y centralizador, la recurrente voracidad de poder del mundo castrense, venida desde la fundación de la república en 1830. No por azar había quedado en nuestra memoria, como hierro candente sobre la piel que no la deja sanar, el desencuentro entre nuestro ícono civil, el rector José María Vargas, y el coronel Pedro Carujo, una suerte de Diosdado Cabello.
A la par de estudiar a fondo el orden constitucional que habríamos de darnos los venezolanos para superar el corsé constitucional heredado del gobierno de facto e impedir que sus vicios se prorrogasen al tiempo nuevo, en tarea que debía asumir el nuevo parlamento, entendieron que era la base cierta para fortalecer la autonomía judicial y la parlamentaria. Era el odre para contener al gendarme necesario y atarlo con un verdadero balance de poderes. Eso lo comprendieron, igualmente, los civiles de la Revolución de octubre de 1945, intentando dejar atrás y bien encadenado al cesarismo democrático. Nada de esto fue la obra de un sincretismo de laboratorio.
Decir y afirmar esto, tal como lo hago, acaso sea tachado como aullidos a la luna, por poner de lado a la realidad que hemos de trillar en este mundo, por muy cruel que sea. Así la llamaban los antiguos, mundo que reúne a los hijos de la maldad con quienes saber discernir sobre el bien. Por lo que la política, como no pocos lo sostienen, ha de ser y es una mera administración de lo posible. Pero si así fuese, es mi convicción, la genuinidad de lo político desaparece.
Toda acción política responsable ha de ser emancipadora ante la brutalidad, frente al poder factual y armado; ya que, de no ser así, toda noción sobre lo humano y acerca de la idea de humanidad se iría a los abismos. Medraríamos todos en el sueño de la razón y se nos devolvería al reino de los animales.
No dejó de entender, he de agregarlo, que ese desafío, el hacer de la política una forma de liberación personal mediante el servicio sincero a los otros, considerándolos igualmente dignos de respeto como nosotros, y cooperando con ellos en la empresa común de la madurez, de la emancipación, así como choca con la lógica de lo bolivariano desafía a los algoritmos del ecosistema digital imperante. Este apunta a los sentidos, a lo primitivo, desnuda a la «aldea humana» de McLuhan y transforma el fogón familiar o vecinal en un verdadero zoológico global. Es la máxima de la experiencia, no lo dudo.
Pero he aquí, en suma, lo que se vuelve una decisión personal, crucial y existencial para el político que sirve la ciudad, ante la desviación de lo humano racional, es decir, aprender a separar las aguas limpias de las servidas si acaso nuestro norte es la idea de la Justicia. No se trata del ajusticiamiento, sino de conjugar en favor del mayor espacio de libertad para las gentes, para el común, y de que administración de justicia no sirva para ocultar la verdad, que es lo más caro a quienes han sido víctimas del engaño como fisiología del poder.
Cuando el realismo político se convierte en renuncia
El llamado rodrigato o la coyunda que amarra a los hermanos Delcy y Jorge, que sí saben de realismo, son practicantes de una frialdad que no debe desestimarse. Entrenados en traicionar a los suyos y de allí que se sometan, pragmáticamente, a su enemigo histórico, Estados Unidos, acaso es hijo del Mayo francés de 1968 y de su lema “seamos realistas, pidamos lo imposible”. Tanto que hicieron posible lo imposible.
Son sus legados la destrucción total de la república, la pulverización de nuestra población empujando a un tercio hacia el ostracismo, y la quiebra de la empresa del oro negro, que se engulleron. De donde cabe preguntarle a la contraparte, si bien unos y otros recitan las mismas instrucciones, sobre si alguno de sus integrantes –distinto de quienes han sido purgados por esta y convienen en mantenerlos en el exilio, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia– ¿tendrá el coraje de luchar por lo «imposible», por la verdad dentro del relativismo y el culto de cinismo imperantes?
Vaclav Havel comprendió cabalmente, en su momento, que “el poder no se sostiene solo por la fuerza bruta, sino por una ideología omnipresente que falsifica la realidad. Al aceptar este juego, los individuos se convierten en víctimas y, al mismo tiempo, en cómplices que sostienen el sistema”, afirmaba, y acertó. Por lo que, insisto, tal cuestión es dilemática e inexcusable.
La política se ha vuelto ejercicio de virtualidad y despliegue de actos instantáneos. Lo imponen las redes digitales y es lo propio como políticamente correcto dentro del narcisismo en boga y que procuran. No por azar un día se dice una cosa y otra distinta al siguiente, sin que la opinión se escandalice o se dé por aludida. Que unos sigan diciendo que salieron en libertad todos los presos políticos en Venezuela, mientras otros afirman que son unos 600 pero aún quedan tras las rejas otros 400, es cosa que no alarma. Todo depende de la perspectiva, se arguye. Es lo propio de la virtualidad y mejor aun que sea así, se dirá, pues ello le da vida al debate y sitúa la cuestión en el plano de lo dialéctico, del entrenamiento democrático, reducido a una trifulca habitual entre mentiras y medias verdades.
La verdad, ciertamente, es incómoda y hasta peligrosa para quienes se baten dentro de esas aguas. Nada les interesa saber sobre los datos duros, menos aceptar que, en realidad, nadie ha salido en libertad en Venezuela. Han regresado a sus casas –enhorabuena– y sí, se trata de algunos ocupantes de los centros de tortura que todavía siguen abiertos. Entre tanto, otros siguen siendo extraídos de la puerta giratoria que manejan a su arbitrio los represores, para encerrarles. Y digo que no han salido en libertad, ninguno, y antes bien crecen los privados de libertad, pues todos a uno –superando la cifra de más de 2000 víctimas– tienen prohibición de viajar al exterior.
Su tránsito se les limita en la geografía y se les espía, para sostener la cárcel del miedo que aún no cede. Han de regresar, periódicamente, ante el tribunal correspondiente, para que el juez represor y de turno les recuerde que gozan de un privilegio, no de un derecho humano, como lo es estar en libertad.
He aquí, pues, la otra lección de nuestra historia que olvida el “buenismo” político dentro de la mesa en la que departen como emisarios de la Casa Blanca los diputados del 2015, actores de reparto dentro de una misma obra y un único guionista. Previamente, para que se me entienda, no se trata de reconstruir un Estado que ha desaparecido a partir de otro dogmatismo, pero sí –como lo enseña Jürgen Habermas– con fundamento en “pretensiones” de verdad, de rectitud moral y de sinceridad, que ofrezcan un soporte de confianza y de legitimidad y de confianza; pues ante la falta de una única verdad compartida por todos, la confianza y la legitimidad no puede venir “desde arriba” sino desde la base ciudadana. Todos sabemos, al cabo, lo que es la mentira y que son los regímenes de la mentira. Hemos conocido a su epígono actual, desde hace 26 años. Sistemáticamente, no se detiene, legaliza a la ilegalidad, con fraude a la verdad legal o judicial.
Tras la dictadura larga del general Juan Vicente Gómez, que tuvo su Helicoide, la llamada Rotunda, y cuyos grillos, al igual que los del Castillo de Puerto Cabello fueron lanzados al mar como para acallar lo sufrido, su ministro de la defensa, devenido presidente, el mismo día en que asumió, abrió las cárceles e hizo regresar a todo el exilio. En enero de 1936, el mismo Eleazar López Contreras hizo derrumbar a la ominosa cárcel sobre cuyo terreno fue construida la Plaza de la Concordia. Eran cientos los presos políticos, es decir, muchos en su proporción, e igualmente los que fueron enviados al exilio. A la protesta popular y estudiantil que se desató, esa que teme y ahora ralentiza la mesa del 2026 instruida por su guionista, tras cortarse las amarras luego de más de tres décadas de terror, se la dejó estar y antes que ser reprimida se le ofreció una respuesta política, el Programa de Febrero.
Wolfgang Larrazal Ugueto, que presidió la Junta de Gobierno de 1958, preocupado por la poblada que tomó a Caracas y provenía del campo empobrecido –que reclamaba ¡agua, agua, agua!– entre las alternativas que le ofrece su ministro del Interior, ¡o plomo, o plata!, sin temerle a la protesta les respondió con un Plan de Emergencia: “Incorporó a miles de trabajadores desocupados en labores de ornato público, saneamiento ambiental y la culminación de obras menores inacabadas”.
Eso es, en suma, la empatía y la construcción de legitimidad. Es, objetivamente, de lo que carecen los diálogos impulsados y vigilados desde la embajada norteamericana en Caracas. Es lo que estuvo ausente, por ausencia de corazón, tras el doble terremoto que destruyó otra vez al Estado Vargas. La presencia fue la ausencia. Fue el silencio del régimen, su carencia de sensibilidad, su desprecio total por la dignidad humana. ¿Es en comparsa con este que los pragmáticos, los realistas de la política “opositora”, según ellos mismos afirman, por pedazos y como se digiere a un elefante construirán la libertad de los venezolanos?
No se diga –ruego a Dios que me equivoque por el bien todos– que contamos con una tutela, la ya mencionada, que cuando menos está vigilante del proceso de estabilización, recuperación y transición de Venezuela. Lo cierto es que actores venidos de ambos bandos partidarios y en pugna dentro de Estados Unidos, sin rubor ni recato, sumados en la causa vienen salivando. Se muestran eufóricos con la sola promoción de las inversiones que podrán comprar –como en suerte de remate y en pública almoneda– el conjunto de los activos patrimoniales de los que logró hacerse la revolución bolivariana durante sus 26 años de expoliación del país a mansalva.
A quienes, por faltos de cacumen y/o por presas de enconos amamantados por los errores de sus padres durante el tiempo de la subversión que se tragó, de manos Cuba, a numerosos venezolanos caídos como guerrilleros o confrontándoles, aún enjuician a la república de Puntofijo como engendro antediluviano y premisa del tsunami que luego arrasó con todo, a partir de 1999, cabe ofrecerles algunas pastillas para la amnesia. Probablemente les ayuden durante el restablecimiento de nuestra hollada dignidad, si les importa.
La libertad no se hereda: se construye
Rómulo Betancourt, que mantuvo inmejorables relaciones con USA, siempre recordó, en sus escritos, que el apoyo de este a los regímenes dictatoriales no hizo sino destruir la solidaridad continental. Amamantó el resentimiento del pueblo, decía. Rafael Caldera, quien incluso discurrió ante el Congreso norteamericano y allí se le honró, sostuvo una línea similar: “Se dice frecuentemente que la América Latina recibe ayuda. Cabe más bien decir que es la América Latina la que ayuda a mantener el alto nivel de vida de los países más desarrollados, y especialmente de los Estados Unidos, suministrándoles materias primas a bajo precio”, declaraba. Y el maestro Jóvito Villalba, pionero de la generación de 1928 y su tribuno, que cierra la tríada de los parteros de nuestra moderna democracia civil, afirmaba preclaro que “los Estados Unidos no han visto en Venezuela una nación con destino propio, sino una factoría, una inmensa bomba de succión para alimentar a su maquinaria industrial”.
Pues bien, mientras todavía aparecen unos insepultos que rescatan la memoria del tiempo perezjimenista en 2026, estos artesanos, amigos que fueron de la Casa Blanca y sin obsecuencias, nos labraron entre el hacer y los errores, que los hubo, una patria de empatías y resiliente. Nos mostraron el camino para descubrir a la libertad como hechura propia. La data veraz, que recoge la obra colectiva de José Curiel (Del pacto de Puntofijo al pacto de La Habana, 2014), cuyo prólogo me fue confiado por el autor, resiste a la mendacidad insistente.
La expectativa de vida de los venezolanos era de 51,4 años para 1958, alcanzando los 72,8 años para 1999, cuando se detuvo. Los acueductos, que se multiplican en 65 % solo entre 1959 y 1964, llegan a servir a 19.142.910 venezolanos en 1998, produciendo 3.033.899.000 de metros cúbicos de agua. Entre tanto, las cloacas y los sistemas de aguas servidas construidas y canalizados, para evitar las enfermedades, protegieron a 15.220.686 venezolanos.
Y es que Venezuela, llegado el año de 1958 era una «república de letrinas», excluida su «boutique» caraqueña. La dictadura construyó tantas que, en 1955, al celebrar su 18 de octubre de 1945 y para recordarnos que esa gesta se las había secuestrado Betancourt, anunció haber construido 149.654 pozos sépticos en toda Venezuela.
Ciertamente que contamos, entonces, con 5 universidades, 3 públicas y 2 privadas. El caso es que estas aumentan en la misma medida en que la geografía humana se extiende y democratiza, al punto que llegan a sumar más de 200 instituciones de educación superior para 1998. Otorgaban títulos válidos al esfuerzo de formación y para el escalamiento social mediante la educación. No se repartían diplomas como caramelos de feria ni para premiar, bajo pedido, a jueces supremos, como viene ocurriendo durante el tramo recorrido del siglo en avance.
Mientras que el general Gómez le dejó a Venezuela las tres primeras carreteras que cruzan al cuero seco de nuestra geografía –así lo describe Mario Picón Salas en su Comprensión de Venezuela (1949)– entre estas la Trasandina, las vialidades que alcanzan a 19.927 km de carreteras para 1958 suben a 95.529 km para 1998.
Nada que decir sobre la salud. Desaparecen en Venezuela las pandemias y epidemias durante el siglo XX. Y lo veraz es que hacia 1955 cuenta el país con 228 hospitales de los cuales 89 eran privados. Los centros de salud, en poblaciones entre 5000 y 15 000 habitantes son 11 y 396 las medicaturas rurales. Mas llegado el año de 1998, así como los venezolanos cuentan con 39,6 profesionales de la salud (23, 7 médicos) por cada 10.000 habitantes, son 58.815 las camas hospitalarias disponibles. Los hospitales generales se elevan a 927, de los cuales 344 son del sector privado. Los ambulatorios frisan 4027, de los que 3365 son rurales.
Al Pacto de Puntofijo, cuyo tiempo no regresará por imperio de la historia de lo humano y la ausencia de circularidad en la misma historia, que solo es maestra de la vida, afirmaba Cicerón, le toco restablecer en nosotros el orgullo de ser venezolanos. Luego quiso destruírnoslo el Pacto de La Habana, buscando envilecer y corromper al conjunto de los venezolanos, comenzando por las instituciones de la república. La república se hizo lo que vemos ahora. Es un teatro de utilería, que enajenó a nuestra soberanía mientras se hacían de nuestro territorio, como botín, unos bucaneros, los Welzares del siglo XXI. Por lo pronto, como en un juego infantil, se están montando unos poderes públicos sin columnas –como los edificios que molieron a miles de compatriotas en La Guaira– como para que la obra, diría Paul Valery, no acabe. ¡Que siga la virtualidad!, agregaría Elon Musk.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que suscribió con Venezuela “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y aseguró el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras.
“Esta histórica transacción, más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses durante muchos años, mientras que ayuda a mantener a Venezuela en el camino hacia un enorme éxito y una gran prosperidad”, escribió Trump en Truth Social.
Por su parte, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio describió el acuerdo como «una gran victoria» para ambos países. Según Rubio, el acuerdo atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, “respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”.
El anuncio ocurre un día después de que medios como Axios y Bloomberg reportaran que la Casa Blanca negociaba con el gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, una participación importante en varios yacimientos petroleros del país.
De acuerdo con Bloomberg, las negociaciones las está llevando a cabo el Departamento de Defensa estadounidense con el empresario Alejandro Betancourt, sobre quien pesan demandas e investigaciones en varios países por presunto blanqueo de capitales vinculados a tramas de corrupción en PDVSA, entre ellos EEUU.
17 yacimientos petroleros
Las conversaciones se centran en hasta 17 yacimientos petrolíferos ubicados en las principales cuencas del país, lo que refleja la agresiva estrategia de Washington para consolidar su influencia sobre la infraestructura energética venezolana.
Bajo uno de los marcos que se están evaluando, Estados Unidos podría obtener un contrato de arrendamiento de 100 años sobre activos que incluyen el área de Junín en la Faja del Orinoco y campos históricos alrededor del Lago de Maracaibo.
Por otro lado, Bloomberg también informó que Venezuela está considerando abandonar el grupo de producción petrolera OPEP, del cual es miembro fundador desde 1960. EEUU ha estado en desacuerdo con la OPEP durante mucho tiempo por su influencia en los precios del petróleo.
*Con información de TC
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 28 de agosto se celebró en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV) un seminario llamado “Venezuela: reconstruir para transformar”, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), el cual buscaba crear un espacio para conocer experiencias de Japón aplicables a la recuperación del país.
Durante la jornada, autoridades académicas, diplomáticos y expertos en ingeniería evaluaron el abordaje de la emergencia ocurrida el pasado 24 de junio, compartieron metodologías de evaluación de infraestructura y ayudaron a construir una guía orientada al fortalecimiento del país bajo el enfoque “Build Back Better” (Reconstruir mejor).
“El 24 de junio marcó un momento de profunda prueba para nuestro país, pero también ha puesto en relieve la resiliencia institucional, la solidaridad inquebrantable que trasciende la frontera… Su presencia aquí, señor embajador de Japón, del representante de la Agencia de Cooperación Internacional y al representante del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, al igual que el ministro Francisco Garcés, es la prueba más clara de que la ciudad capital y Venezuela no están solos”, se expresaron las palabras de bienvenida al seminario.
En representación del Estado y de la comisión encargada a la atención de la contingencia, durante la primera ponencia, se explicó el alcance del fenómeno en el contexto sísmico global, al igual que manifestaron que el objetivo central de toda intervención debe mantenerse en el bienestar social.
“El 24 de junio ocurrió un evento sin precedente… Este evento realmente va a pasar a ser un sismo, no solo histórico para Venezuela, ya está dentro de nuestro historial de manera muy importante, sino también va a ser muy importante para la historia de la sismicidad mundial… No es un tema solo y por supuesto lo digo, porque bueno, el primer motivo de nuestra formación y experiencia es ya ver lo que pasó e intentar solucionar, sino ver cómo todo este conocimiento, cómo esta fuerza, cómo toda esta disposición institucional es eficiente en la reconstrucción de la solución de las vidas de las personas que han sido afectadas”, expresó el ministro Francisco Garcés.
🇻🇪 Te invitamos al seminario "Venezuela: reconstruir para transformar", un espacio para conocer experiencias de Japón aplicables a la recuperación del país.
El evento se realiza el viernes 28 de agosto, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de… pic.twitter.com/4aoqMWQDmJ
Durante las ponencias, los especialistas y ex becarios de JICA, detallaron la aplicación del “Protocolo unificado de inspección rápida de edificaciones”, el cual fue diseñado a partir de metodologías desarrolladas originalmente en Japón y adaptadas al entorno venezolano mediante trabajos de investigación académica. Gustavo Coronel explicó que tras el movimiento sísmico se articuló un voluntariado multidisciplinario que incluyó a más de 3 000 profesionales.
“Nos encontramos con que no teníamos un protocolo claro y nos tocó usar el mejor juicio técnico… Tomamos esa primera evaluación que Japón nos facilitó su planilla de captación de datos, su protocolo de toma de decisiones para nuestro caso en Venezuela”, expresó el ex becario, Gustavo Coronel sobre el nacimiento de este protocolo.
Para poder organizar la recolección de información en campo y agilizar el procesamiento de diagnósticos, los ingenieros del país desarrollaron e implementaron la plataforma digital “Habitable” y esto ha permitido registrar miles de estructuras evaluadas mediante un código de etiquetado por colores (verde para estructuras habitables, amarillo para las que tienen daños moderados o no estructurales y rojo para edificaciones con riesgo severo o fallas estructurales graves).
De acuerdo con los balances y estadísticas presentados durante el seminario, la extensión de las inspecciones cubrió más de 62 000, donde cerca del 58% de las estructuras fue clasificado en la categoría verde, 23% en amarillo y 18% en rojo, localizándose la mayor proporción de daños severos en el estado La Guaira.
“Tenemos que realizar en lo inmediato 11.000 proyectos de reparación… La ingeniería venezolana tiene la capacidad hoy día de hacer rápidamente esos 5.000 proyectos… Necesariamente tenemos que pedir apoyo internacional, es parte del trabajo que tenemos que hacer, tenemos que llamar y estamos llamando a expertos internacionales”, enfatizó Francisco Garcés.
Experiencia japonesa
Los representantes de JICA detallaron sobre las lecciones aprendidas a lo largo de su historia sísmica, haciendo énfasis en eventos como el terremoto de Kobe de 1995 y el Gran Terremoto del Este de Japón de 2011. El representante de la asociación enfatizó que el desarrollo de códigos de construcción estrictos acompañados de incentivos financieros e inspecciones continuas resultó indispensable para salvar vidas durante estos sucesos.
“En conclusión, la preinversión es mucho más importante y siempre sale muy eficiente y económico”, aseveró la dirección de JICA y agregó que “el conocimiento del riesgo es la base de la resiliencia”.
De esta misma forma, el ponente abordó las tres fases de respuesta y acción que aplica el gobierno japonés tras un desastre sísmico: la inspección rápida de emergencia para reducir riesgos, la evaluación de daños estructurales para determinar la reparación o demolición, y la fase final de reforzamiento sísmico e innovación. También destacaron que las lecciones del pasado demostraron que el 83% de los fallecimientos en desastres de gran magnitud ocurren en los primeros 15 minutos posteriores al sismo debido al colapso de estructuras, lo que impide que los equipos de rescate lleguen a tiempo si las edificaciones no son sismorresistentes desde su concepción o reforzamiento.
Financiamiento y recursos
Por otro lado, los representantes del CAF explicaron las formas de ayuda financiera e institucional que le han estado prestando al país desde las primeras horas de la emergencia. La organización aprobó inicialmente una ayuda humanitaria de emergencia por 300 000 dólares para tareas inmediatas, como el soporte a unidades aeromédicas entre La Guaira y Caracas, el suministro de insumos médicos y la rehabilitación de centros educativos.
Posteriormente, se creó el Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, el cual fue diseñado para canalizar donaciones provenientes de gobiernos internacionales, el sector privado y aportes filantrópicos. Al igual que la ejecución del fondo cuenta con el seguimiento de auditorías internacionales para garantizar la transparencia en cada proyecto financiado.
“Para poder utilizar rápidamente ese fondo, CAF destinó 1 millón de dólares como capital semilla… esos recursos serán administrados por CAF, pero las prioridades en el uso de esos recursos serán consensuadas con el Gobierno Nacional”, expresó el Director de Programa de Países del CAF, Javier Prieto.
Cooperación internacional
En el cierre del seminario estuvo el embajador de Japón en Venezuela, Yasushi Sato, quien confirmó el compromiso del gobierno japonés de mantener el acompañamiento técnico y humanitario durante las siguientes etapas de rehabilitación y reconstrucción de las zonas más afectadas del país. Al igual que aseguró la cooperación mutua: “En esta desafiante tarea de reconstrucción, Japón quiere estar presente. Quiere estar presente compartiendo nuestro conocimiento y trabajando juntos”.
Durante su participación final, exaltó la actitud del pueblo venezolano frente a las adversidades y se refirió a los testimonios compartidos por los equipos médicos y de atención en campo enviados por su país, donde expresó:
“Ellos dicen: ‘Siempre vemos en la cara de los venezolanos una sonrisa, a pesar de la extrema dificultad en la que se encuentran. Y esa sonrisa nos anima mucho para seguir trabajando. Hemos recibido mucho más de lo que les hemos ofrecido'”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.