”La vía de la complementariedad se está quedando sin camino”, pronunció el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Kharim Khan, pronunció durante su declaración sobre Venezuela en la 23° Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma en La Haya, Países Bajos. La complementariedad es uno de los principios más elementales en el sistema de este ente.
En su ponencia, Khan mencionó que, hasta ese momento, no había visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba, ‘ y agregó que las investigaciones independientes de la CPI “están en marcha, siempre han sido en paralelo”.
Están activas y estamos trabajando en estrecha colaboración con una variedad de socios para cumplir con nuestras responsabilidades”, sumó.
¿Por qué muchos consideran la declaración del fiscal de la CPI como un ultimátum contundente ?
El abogado de la ONG Defiende Venezuela, Omar Piñango, describe la complementariedad como la primacía de los Estados parte del Estatuto de Roma para investigar y enjuiciar delitos – como crímenes de lesa humanidad- de manera interna, sin la intervención de la CPI.
Es un compromiso que la nación asume y ”en caso de que tú no cumplas con esas obligaciones como Estado”, por falta de voluntad para investigar o carencia de capacidad técnica a nivel legislativo y judicial, ”es la Corte quien va a tener jurisdicción”.
En el caso venezolano, se acordó la modalidad de ”doble vía”, donde el CPI toma una posición proactiva en las investigaciones del país, coloca una oficina de la fiscalía en el territorio y acompaña al gobierno con asesorías, capacitaciones, entrenamientos técnicos para los procesos de investigación internos – denominada complementariedad positiva-, pero a su vez lleva una investigación independiente.
Piñango menciona que el Estado venezolano ha tratado de que sus ”aparentes esfuerzos” sean tomados en cuenta, ”(…) porque quiere que la vía de la investigación se vea frenada. Sin embargo, el fiscal y la oficina de la Fiscalía, han sido enfáticos en que son dos vías independientes”.
La investigación en curso: Venezuela I
El 8 de febrero de 2018, la fiscal de la CPI en ese momento, Fatou Bensouda, anunció la apertura de un examen preliminar por crímenes de lesa humanidad en Venezuela de los hechos ocurridos en 2014 y 2017 en el país, ”en el marco de las manifestaciones y la violencia política conexa”, indicó la organización venezolana Acceso a la Justicia mediante una cronología.
En junio de 2021 la fiscal anunció la conclusión del examen preliminar en la ”situación Venezuela I” y el 3 de noviembre, Kharim Khan – recién nombrado fiscal- anunció el inicio de una investigación por crímenes de lesa humanidad.
Ese mismo día se suscribió un Memorando de entendimiento para estrechar la cooperación de la CPI y Venezuela en el área de la complementariedad, especialmente el desarrollo de medios y mecanismos para contribuir con el gobierno a realizar ”auténticas actuaciones de investigación y enjuiciamiento”.
El 31 de marzo, Khan terminó su segunda visita a Caracas, donde anunció el acuerdo de la futura instalación de una oficina local de la CPI en el país.
Tras deficiencias y retrasos en las entregas de información de parte de Venezuela, el 10 de junio de 2023, Khan concluyó su tercera visita al país y anunció la firma de un segundo Memorando de entendimiento con el gobierno cuyo texto fue confidencial, pero transcendió el acuerdo de ”un plan de trabajo conjunto sobre actividades de asistencia técnica y que Venezuela se había comprometido a adoptar legislativamente el Estatuto de Roma y brindar garantías para el retorno de la oficina local del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al país”, indicó Acceso a la Justicia.
Luego de un periodo de intentos por el Estado de parar la investigación independiente – que no procedieron- y denuncias de ONG sobre el incumplimiento del acuerdo de complementariedad, el 1 de diciembre de 2023, la fiscalía presentó su informe anual donde indicó que la situación Venezuela I era priorizada por la oficina.
En enero de este 2024, Acceso a la Justicia elaboró un documento con 75 recomendaciones para la reforma del sistema de justicia penal venezolano en el marco de la modalidad de ”doble vía” que pretendían servir como hoja de ruta ”para lograr una lucha efectiva contra la impunidad y construir una paz sostenible en Venezuela”. Más adelante, el 24 de abril, en la cuarta visita de Khan al país, se inauguró la oficina local de asistencia técnica en Caracas.
Peor que al principio
A pesar de los esfuerzos, las condiciones en Venezuela han empeorado. Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, entes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron las ”prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela, incluyendo represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política”.
Khan sostuvo en la Asamblea la necesidad de proteger los derechos de los civiles en Venezuela y pidió la libertad de los niños y todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. ”Debe permitir la entrada de la Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, como me habían prometido por escrito y debe cooperar de manera más tangible con mi oficina”, manifestó.
La secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (Fadd), antigua embajadora de Venezuela en Argentina y asistente a la Asamblea de Estados Parte, Elisa Trotta, expresó en relación a las declaraciones que la investigación debe avanzar.
”Las pruebas son claras, contundentes y se siguen acumulando. No podemos permitir más dilaciones. Las víctimas y sus familias merecen justicia. Y no descansaremos hasta que los responsables sean llamados a indagatoria y se emitan las órdenes de captura que el mundo está esperando”, insistió.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (Fidh), subrayó que ”el sistema de justicia venezolano no es independiente. Las víctimas necesitan justicia, los máximos responsables deben rendir cuentas”.
Desde el gobierno, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, calificó las declaraciones de Khan como ”desacertadas” y sumó que las autoridades venezolanas han informado ”oportuna y ampliamente” a la CPI de los avances, incluyendo la reactivación de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (Oacnudh).
¿Se acaba el tiempo?
Piñango acotó que en el principio de complementariedad de la CPI no se manejan plazos de tiempo, pero donde sí se conceden es en la consignación de expedientes, ”material probatorio de que se está investigando”, pero el Estado entregó material que no cumplió con los estándares.
Por otro lado, Khan mencionó en su declaración que la ”complementariedad no puede ser una historia interminable’‘. Y tras el informe anual de la CPI, la fiscalía considera incluir en sus investigaciones las denuncias que han recibido sobre presuntos crímenes de lesa humanidad tras el 28 de julio.
El futuro de Venezuela
En el caso de un incumplimiento total del principio de parte del Estado venezolano, el abogado planteó distintos escenarios para el país.
”Por una parte, podría motivar a que el Estado venezolano de alguna forma siga buscando dilatar la investigación”, esto bien sea al compartir más información o dar una apariencia de cooperación ”que buscará ralentizar el proceso “.
Como segunda opción, mencionó que podría ocurrir el escenario donde estos comentarios no sean bien recibidos y el Estado ”adopte una política más cerrada frente a la visita del fiscal y frente a la oficina operativa en Caracas”.
Por otro lado, en torno a la investigación independiente, Piñango apuntó que el fiscal tiene facultades para entrevistar testigos, víctimas y realizar averiguaciones en el terreno. ” (…) Quizás hay que esperar más énfasis en esa línea que en la de complementariedad”
”Por último, lo que se ha dicho mucho, son órdenes de arresto, de comparecencia”, y agregó que el fiscal tiene la potestad de solicitarlas, de acuerdo al Estatuto.
