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La inclusión laboral: mucho más que una obligación

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Resulta paradójico que, en una era tan digitalizada como la actual, todavía nos cueste tanto entender el significado de la inclusión laboral en toda su esencia.

Tener dentro de la plantilla de una empresa a una persona con cualidades distintas, específicamente a una persona usuaria de silla de ruedas, genera una transformación que va mucho más allá de cumplir una ley o de proyectar una imagen de empresa inclusiva. Incorporar a una persona con discapacidad permite conocer un punto de vista completamente diferente sobre cualquier situación o problema organizacional. La diversidad no solo enriquece las conversaciones, también transforma la forma en la que una organización piensa y toma decisiones.

Vivimos en un mundo donde la digitalización de los procesos organizacionales pareciera estar prescindiendo poco a poco del talento humano. La aparición de la inteligencia artificial ha llevado a muchos a creer que podrá sustituir a las personas en numerosos procesos. Sin embargo, contar con una persona en silla de ruedas dentro de la organización no solo nos acerca nuevamente a lo humano, sino que nos recuerda que la tecnología ayuda, pero nunca podrá sustituir las conexiones reales que se generan entre las personas.

Tener personas con cualidades distintas dentro de un equipo hace que ese departamento descubra potencialidades que muchas veces permanecían ocultas. No hablo únicamente de capacidades profesionales, sino también de crecimiento humano. Se aprende el significado del agradecimiento, del por qué estoy aquí, del por qué no debo asumir una posición de víctima frente a la realidad y de cómo, aun con las dificultades, siempre es posible aportar valor y ayudar a otros. En un momento donde la sensibilidad humana pareciera estar perdiéndose, ese quizás sea el llamado más urgente que debemos hacer como sociedad.

Resulta inconcebible que todavía sea necesario impulsar leyes para promover la contratación de personas con discapacidad. En países como Colombia continúan apareciendo mecanismos legales que ofrecen beneficios tributarios a las empresas que realizan estas contrataciones. Sin restarle importancia a estos incentivos, me pregunto si realmente las organizaciones han entendido que el mayor beneficio no está en una exoneración fiscal, sino en contar con personas profundamente comprometidas, agradecidas por la oportunidad y convencidas de aportar al crecimiento de la empresa.

Vivimos en un momento donde el mundo pareciera no saber muy bien hacia dónde va. La falta de compromiso, de solidaridad y de sentido de pertenencia hace que muchas veces valoremos todo como algo temporal. Precisamente allí es donde la inclusión puede convertirse en un elemento diferenciador dentro de la cultura organizacional.

Nunca he criticado las mejoras que una empresa puede realizar para mantenerse competitiva. Tampoco cuestiono la necesidad de adaptar los modelos de negocio a las nuevas exigencias del mercado. Lo que sí considero necesario preguntarnos es cuál será el lugar que ocuparemos las personas con cualidades distintas dentro de esa transformación. ¿Cómo participaremos en ese nuevo modelo de empresa? ¿Cuál será nuestro aporte dentro de organizaciones que hablan constantemente de innovación y de cambio?

El verdadero modelo de negocio de las empresas actuales debería estar profundamente conectado con la humanización de las organizaciones. Porque, aunque hoy hablemos de automatización, inteligencia artificial y transformación digital, no olvidemos que las empresas siguen estando conformadas por seres humanos.

Y si hablamos de humanización, también debemos incorporar la inclusión como parte del modelo de negocio y no como una acción aislada de responsabilidad social. Debemos preguntarnos cómo esa humanización puede transformar verdaderamente a la empresa y convertirla en una organización más cercana, más consciente y más preparada para los desafíos del presente.

Hablar de transformación empresarial no pasa únicamente por adaptarse a los nuevos tiempos. También exige cambiar la óptica con la que observamos a las personas y reconocer que la diversidad es una fortaleza estratégica. El dónde queremos llevar nuestra empresa y el cómo queremos hacerlo dependerá de cada uno de nosotros, de nuestros objetivos, de nuestros sueños y de nuestra visión como líderes.

Pero ese camino solo tendrá sentido cuando entendamos que la inclusión no nace de la misericordia ni de la obligación legal, sino del convencimiento de que todos podemos aportar desde nuestras capacidades para construir organizaciones más humanas y trabajar, juntos, por el bien común.

@eduardofrontado

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Bruto, Judas, Efialtes y… Venezuela

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“Las murallas de una ciudad pueden resistir durante siglos. Lo que rara vez resiste es una puerta que se ha abierto desde adentro”. Arnold J. Toynbee

Siempre que tengo dudas o inquietudes acerca de algún evento en desarrollo, usualmente busco las respuestas en la historia. Ustedes se preguntarán por qué, y les digo que tengo meridianamente claro que la historia se repite. Como dicen, “no hay nada nuevo bajo el sol”. En ella encontramos las respuestas que buscamos, como lecciones incómodas que, por lo incómodas, muchas veces preferimos ignorar.

Estuve releyendo sobre las traiciones y la respuesta reiterada es que las grandes caídas rara vez vienen únicamente de la fuerza del enemigo. Más bien, todo lo contrario: con frecuencia nacen en el lugar donde menos se esperan: en el círculo de confianza.

Julio César no cayó ante un ejército extranjero. Cayó en el corazón mismo de Roma, rodeado de hombres que compartían el poder con él, entre ellos Marco Junio Bruto, a quien César consideraba uno de sus colaboradores más cercanos y en quien había depositado su confianza. Incluso, hay sospechas entre varios autores de que pudo haber sido hijo natural suyo, aunque no hay pruebas. Pues bien, cuando llegó el momento de la conspiración, la herida más profunda que recibió César no fue la del puñal: fue descubrir que Bruto sostenía uno.

Algunos historiadores insisten que sus últimas palabras antes de morir fueron en griego: “Kai su, teknon?” (“¿También tú, hijo mío?”. Y lo cierto es que con el devenir del tiempo se han convertido en el paradigma universal de la traición.

A Jesús no lo entregaron quienes lo perseguían, sino uno de los doce que caminaban con él, que escuchó sus palabras y compartió su mesa. Judas Iscariote pasó a la historia como el símbolo de una traición que no llegó con una espada, sino con un gesto de afecto: un beso. Detrás de ese beso, treinta monedas de plata.

Y en las Termópilas, a los espartanos de Leónidas no los venció únicamente la superioridad persa. Fue Efialtes, un pastor griego de las montañas cercanas a las Termópilas, quien ―por una recompensa que jamás le fue pagada― reveló a Jerjes, el rey persa, el paso oculto que permitió al enemigo rodearlos. El camino hacia la derrota fue mostrado por alguien que conocía la tierra y sus secretos. Y si uno se pone a buscar los casos de traición, en su abrumadora mayoría fueron protagonizados por personas muy cercanas, no por desconocidos.

Tres momentos, tres lugares, tres épocas distintas. Y una misma constante: el enemigo más peligroso no siempre es quien está enfrente, sino quien conoce desde dentro nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestros caminos.

Quizás por eso, cuando las naciones atraviesan momentos decisivos, es conveniente recurrir a la historia, porque esta invita a mirar más allá de las fronteras y de los adversarios visibles. Los grandes giros de los pueblos suelen gestarse en silencio, dentro de los propios espacios de poder, allí donde se toman las decisiones y donde la lealtad adquiere su verdadero significado.

Venezuela también vive un tiempo en el que muchos esperan respuestas y cambios. La historia no permite anticipar quiénes escribirán las próximas páginas, pero sí deja una advertencia que atraviesa los siglos: los desenlaces inesperados rara vez llegan solo desde afuera. La mayoría de las veces, la llave de una puerta decisiva está en manos de quienes ya se encuentran dentro.

@cjaimesb

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Cofavic pide que se cumplan estándares internacionales en la identificación de víctimas

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El Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic) manifestó su preocupación ante los procesos de recuperación e identificación masiva de los restos humanos después del doble terremoto. La organización advirtió sobre la necesidad de que estas labores se realicen cumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos y de las ciencias forenses para evitar procedimientos apresurados o administrativos.

La declaración de la organización se respalda en su trayectoria y experiencia acumulada en el litigio nacional e internacional de tres casos emblemáticos en la historia venezolana. Estas causas abarcaron exhumaciones, desapariciones e inhumaciones masivas: los sucesos del Caracazo de 1989, la masacre del Retén de Catia en 1992 y el deslave de Vargas en 1999. 

Cofavic enfatizó que la gestión de cadáveres luego de una tragedia nacional no representa un trámite, sino un deber del Estado vinculado a la transparencia, la justicia, la reparación integral y la no repetición para las víctimas y sus allegados. 

Pautas y justicia

Para poder respaldar el tratamiento ético y técnico de los fallecidos, la ONG recordó que la actuación institucional debe regirse por normas universales como el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y los precedentes fijados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Cofavic también se refirió al protocolo de Identificación de Víctimas de Catástrofes (IVC) de la Interpol y a la Guía Práctica para la Gestión de Cadáveres en Situaciones de Desastre, diseñada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para situaciones en las cuales los servicios forenses se ven saturados.

El comunicado menciona el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el cual mantener la incertidumbre sobre el paradero de una víctima constituye una forma de sufrimiento para sus familiares. Por este motivo, Cofavic recuerda que los entes del Estado tienen el deber de extender las operaciones de búsqueda hasta lograr una aclaración de lo sucedido o la entrega digna de los restos a las familias.

Recuperación e identificación

Con el objetivo de proteger las labores forenses, Cofavic exhortó a las autoridades a constituir equipos multidisciplinarios que integren antropólogos forenses, arqueólogos, médicos, odontólogos, genetistas, criminalistas, fotógrafos forenses, expertos en custodia y psicólogos. 

La organización también enfatizó que toda labor en esta situación debe seguir un plan formal que incluya autorización judicial, evaluación de riesgos, cartografía, aseguramiento de la zona, documentación detallada con coordenadas GPS, descripciones anatómicas y registro fotográfico.

Plan Nacional de Exhumaciones

Frente a la contingencia provocada por los terremotos, la organización planteó al Estado la creación urgente de un “Plan Nacional de Exhumaciones e Identificación”, el cual disponga estructurar un registro de las personas desaparecidas, además de establecer un banco de perfiles genéticos para poder cumplir con las exigencias forenses y los derechos humanos.

La institución concluyó reafirmando que las familias poseen el derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, recibir los restos de sus seres queridos, tomar parte en los momentos decisivos del proceso y disponer de acompañamiento psicosocial especializado. Todo esto mediante la transparencia, la supervisión y el respeto a la dignidad humana, lo que permitirá que se restablezca la confianza ciudadana.

Con información de Nota de Prensa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Cotejo.info: “media verdad” el discurso de Jorge Rodríguez sobre gestión de escombros

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Un estudio realizado por el equipo de Cotejo.info concluyó que las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre el manejo de los escombros generados por los recientes terremotos en el estado La Guaira, corresponden a una “media verdad”. La investigación del medio analizó el discurso público del funcionario después del cuestionamiento ciudadano y ambiental alrededor de la disposición de estos residuos.

Durante una rueda de prensa realizada el 11 de julio, Rodríguez rechazó las denuncias hechas por diversos sectores que señalaban la presencia de escombros en las playas. En su intervención, dijo que estas observaciones le parecían una especie de “matriz desinformativa” y aseguró que los residuos no serían lanzados al mar.

Rodríguez explicó que los materiales que han sido recuperados tras los colapsos de las edificaciones serán procesados para su reutilización en obras de infraestructura pública, donde se destacan proyectos como la ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El impacto ambiental en la costa

Cotejo.info constató que es cierto que no existe evidencia formal o registro documental que demuestre una orden gubernamental de lanzar los escombros directamente al mar. Según el equipo, al contrastar con investigaciones y reportes periodísticos sobre la zona se determinó que una cantidad importante de estos residuos fueron trasladados y depositados en zonas costeras.

Los especialistas del área ambiental consultados en la investigación de Cotejo advirtieron que la llegada de estos desechos al agua puede traer consigo grandes riesgos como la contaminación química de los componentes, la afectación directa a la biodiversidad marina local y la generación de impactos ambientales a largo plazo.

Vacíos legales

El informe incorporó el criterio técnico de Miguel Ángel Morales, ingeniero geólogo, geotecnista y exdirector de Gestión de Riesgos de Protección Civil Miranda, ofrecido en entrevista para Efecto Cocuyo. El profesional detalló que Venezuela carece de una legislación específica y actualizada que dirija la gestión de los desechos luego de un desastre de gran magnitud.

A pesar de la ausencia de leyes para emergencias, Morales precisó que las actuaciones del Estado deben regirse por el Decreto N.º 2.216, referente a las «Normas para el Manejo de los Desechos Sólidos». Este reglamento explica que estos materiales se clasifican de forma general como residuos no peligrosos, pero el experto especificó que se necesita la aplicación del estándar Covenin 3838:2003 sobre Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos. 

Finalmente, el análisis le recuerda al país que mantiene compromisos internacionales vigentes en materia de conservación y protección del medio marino. Morales enfatizó que los principios consolidados como el Convenio de Cartagena y el Convenio de Londres deben operar como parámetros obligatorios para garantizar un tratamiento ambiental seguro de los escombros provocados por el doblete sísmico.

Con información de Nota de Prensa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La perla chimba de Trump sobre los 13 000 millones de dólares que han recibido por crudo venezolano

El destino de al menos 13 000 millones de dólares provenientes de la comercialización del petróleo venezolano motivó un cuestionamiento directo de una periodista al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a bordo del Air Force One.

Durante la conversación en el avión presidencial, la reportera exigió a Trump respuestas claras sobre la ubicación de estos recursos, en un contexto en el que el Gobierno norteamericano mantiene explicaciones contrapuestas sobre el uso del dinero.

El intercambio ocurrió a partir de la publicación de una investigación del Financial Times, en la que economistas y legisladores en Washington advirtieron sobre la falta de información oficial respecto a la asignación de estos fondos, ya que los portales gubernamentales solo registraron una transferencia de 300 millones de dólares realizada en marzo.

La reportera preguntó a Trump dónde se encuentra el dinero. En lugar de ofrecer un desglose financiero preciso, el presidente evitó especificar las cuentas de destino.

“¿13 000 millones de dólares de Venezuela? Creo que más de eso (…) Hemos pagado por esa guerra muchas veces. Y eso va a pasar con Irán también. Hemos pagado por la guerra muchas veces”, expresó.

En un segundo intento, la periodista volvió a preguntar al mandatario norteamericano dónde está el dinero. Él siguió evadiendo dar una respuesta y solo dijo: “Ningún otro presidente puede decir eso durante mucho tiempo. ¿Cuándo fue el último presidente que pudo decir eso? Así que teníamos un costo para Venezuela. Hemos pagado por eso muchas veces. Y ahora, como usted sabe, tenemos una muy buena relación con Venezuela”.

Finalmente, simplemente dijo que esos recursos van destinados a “administrar el país” y que “pueden ir al ejército”, pero que el Congreso debe aprobarlo primero, aunque, según Trump, al Congreso “no le gusta aprobar dinero para el ejército”, sino para “cosas que no deberían ser hechas”, y que Estados Unidos “está tomando mucho dinero, billones y billones de dólares de Venezuela”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Organizaciones alertan sobre riesgos graves y desprotección de presos políticos luego de los sismos

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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), familiares de presos políticos y más de veinte organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil emitieron un comunicado en el que advierten sobre los riesgos a los que están sometidos estos privados de libertad luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Según el documento, los terremotos no generaron la emergencia, sino que agravaron una situación preexistente marcada por el debilitamiento institucional y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Advirtieron que ninguna respuesta humanitaria será completa mientras permanezcan invisibilizadas las personas cuya vida depende enteramente del Estado, entre ellas cientos de presos políticos recluidos en condiciones que comprometen su integridad y su vida.

Persisten condiciones inhumanas

El comunicado señaló que las personas privadas de libertad se encuentran bajo custodia exclusiva del Estado venezolano, que tiene la obligación de garantizar su vida, integridad, salud y seguridad. Sin embargo, denunciaron que persisten condiciones de reclusión inhumanas, infraestructura comprometida, ausencia de protocolos de emergencia, restricciones a las visitas y falta de supervisión independiente.

En centros como El Rodeo I, los detenidos duermen con temor a desprendimientos en las literas de cemento y otras áreas de las celdas, que no han sido sometidas a evaluaciones técnicas independientes tras los sismos.

En Guaicaipuro, las organizaciones alertaron sobre condiciones que no cumplen con los estándares internacionales, reportan
situaciones de hambre y alertan de que no existe información pública sobre el estado real de los detenidos. Mientras que las cárceles femeninas INOF y La Crisálida fueron señaladas por graves violaciones de los derechos humanos.

Medidas inmediatas

Las organizaciones plantearon siete exigencias al Estado frente a la crisis humanitaria de los presos políticos venezolanos. Entre ellas: proteger de inmediato la vida y seguridad de esta población, otorgar libertad plena e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, garantizar libertad plena a quienes fueron excarcelados pero siguen sometidos a medidas restrictivas y permitir evaluaciones técnicas independientes en los centros de reclusión afectados por los sismos.

Además, exigieron autorizar el ingreso de mecanismos internacionales de protección y asistencia humanitaria, garantizar acceso regular de familiares, abogados y atención médica oportuna, cerrar centros donde se ejecutan torturas y restablecer la independencia judicial.

Las organizaciones afirmaron que la emergencia humanitaria no puede ser utilizada para relegar la agenda de derechos humanos y que la protección de la vida depende del restablecimiento de garantías constitucionales y del funcionamiento institucional.

El documento está suscrito por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve); Justicia, Encuentro y Perdón; Acceso a la Justicia; Provea; WOLA; Foro Penal; Defiende Venezuela; Laboratorio de Paz; Un Mundo Sin Mordaza; Amnistía Internacional; Cepaz; FundaREDES; CEJIL; OMCT; DPLF; Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, entre otras organizaciones nacionales e internacionales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Informe del Centro Miranda para la Democracia denuncia fallas en la respuesta estatal al terremoto

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El Centro Miranda para la Democracia (Miranda Center for Democracy), una organización de análisis e investigación enfocada en democracia, instituciones, derechos humanos y gobernabilidad en Venezuela, considera que el gobierno encargado en Venezuela no está en capacidad de reconstruir lo dañado por los terremotos. El centro presentó sus observaciones en un informe el pasado 23 de julio en el que revisa la respuesta estatal ante el doble terremoto ocurrido el 24 de junio.

El documento, titulado “Un régimen que falló a sus ciudadanos no puede liderar su reconstrucción“, reconstruye las acciones posteriores al desastre a partir de testimonios de especialistas en gestión de riesgos, rescatistas, funcionarios, documentos técnicos y datos de organismos internacionales.

Primeras horas marcadas por la falta de coordinación

Uno de los principales señalamientos del informe se concentra en las primeras 72 horas posteriores al terremoto, consideradas determinantes para las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria.

Según el análisis, durante ese período no se habría consolidado una estructura efectiva de coordinación entre los organismos responsables de la emergencia. El documento sostiene que el Estado debía activar los mecanismos del Sistema Nacional de Protección Civil, realizar una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y establecer una conducción operativa para organizar la respuesta.

Aunque las autoridades anunciaron la creación de un Estado Mayor de Emergencia la noche del 24 de junio, el Miranda Center afirma que esta instancia no logró traducirse en una operación articulada en las zonas afectadas. Ante esas limitaciones, el informe destaca el papel de equipos internacionales de rescate y grupos civiles. De acuerdo con el documento, participaron 51 equipos extranjeros de búsqueda y rescate provenientes de 28 países.

Instituciones con capacidades reducidas

El estudio también aborda las condiciones en las que operaron los organismos venezolanos encargados de atender la emergencia. A partir de testimonios recogidos entre rescatistas, señala que existían limitaciones en equipos especializados, vehículos y herramientas necesarias para intervenir en estructuras colapsadas. Además, cuestiona la ausencia de un sistema oficial consolidado para registrar personas desaparecidas durante los primeros días, periodo en el que familiares, voluntarios y organizaciones ciudadanas comenzaron a recopilar información.

El documento también menciona obstáculos para el acceso de organizaciones humanitarias y medios de comunicación a algunas zonas afectadas, así como restricciones que, según el centro de estudios, dificultaron la supervisión independiente de la emergencia. Compara la situación actual con la tragedia de Vargas de 1999 y plantea que, aunque después de aquel evento se impulsaron reformas para fortalecer la gestión de riesgos, con el tiempo las instituciones perdieron capacidades técnicas y operativas.

El Miranda Center concluye que las consecuencias del terremoto no estuvieron determinadas únicamente por la magnitud del fenómeno natural, sino también por el nivel de preparación institucional disponible para enfrentar una crisis de esta escala.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

ODH-ULA: Emergencia evidenció deficiencias en prevención, gestión institucional y acceso a información pública

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El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), organización que documenta y analiza vulneraciones de derechos humanos en Venezuela, advirtió el pasado 26 de julio sobre los desafíos que enfrenta el país en la etapa posterior al doble terremoto del 24 de junio.

En un informe publicado a un mes de los sismos, la institución señaló que la emergencia dejó en evidencia problemas acumulados en áreas como prevención, respuesta institucional y acceso a información pública.

Debilitamiento de la capacidad de respuesta

Entre los principales puntos señalados por el observatorio está la reducción de las capacidades científicas para estudiar fenómenos sísmicos, y se menciona la situación de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y recoge declaraciones de expertos de la Universidad de los Andes que aseguran que la red nacional pasó de 300 estaciones a entre 3 y 5 operativas.

La organización también cuestionó la disponibilidad de equipos especializados para rescate urbano y señaló que las limitaciones materiales dificultaron las labores durante los primeros días de la emergencia.

Información y participación ciudadana bajo presión

El ODH-ULA afirmó que la respuesta posterior al desastre estuvo marcada por dificultades para acceder a información oficial y por restricciones a organizaciones, periodistas y grupos ciudadanos que participaron en labores de apoyo.

Junto con Aula Abierta, documentó 34 incidentes de vulneración de derechos humanos entre el 24 de junio y el 15 de julio, relacionados con obstáculos a la ayuda voluntaria, bloqueos informativos y limitaciones para conocer la situación de centros de salud afectados.

De cara a la reconstrucción, el observatorio pidió establecer mecanismos públicos de seguimiento sobre presupuestos, planes de acción y avances de recuperación. También cita estimaciones del Banco Mundial que calculan en 19 600 millones de dólares los daños ocasionados por el desastre y advierte que, con el ritmo actual de inversión, la recuperación podría extenderse hasta una década.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.