En horas de la noche de este 17 de septiembre fue excarcelado Javier Oropeza, exalcalde del municipio Torres (Carora) en el estado Lara, quien fue detenido een Barquisimeto por cuerpos de seguridad, apenas 48 horas después de haber regresado a Venezuela.
A su salida del Palacio de Justicia en Lara solo alcanzó a comentar que tenía prohibido declarar sobre el caso: “No puedo hablar sobre el tema lamentablemente ni dar declaraciones de por qué fue traído para acá. Fui atendido por una asesora pública muy profesional y capaz,pero hasta acá puedo dar declaraciones sobre por qué me trajeron acá. SOLAMENTE DECIRLES QUE seguimos la lucha, porque hacer política Y SEGUIR TRABAJANDO POR VENEZUELA no me lo impidieron”.
#Lara | Javier Oropeza salió del Palacio de Justicia del estado Lara a las 9:14 de la noche de este #17Sept. Informó que no tiene permitido brindar detalles sobre la imposición de alguna medida cautelar.
Oropeza fue interceptado por presuntos funcionarios al salir de una entrevista exclusiva en la sede del diario El Informador, denunció el partido Voluntad Popular.
#URGENTE | El régimen de Delcy Rodríguez secuestra al opositor exalcalde de Carora y periodista, Javier Oropeza.
Oropeza apenas tenía 48 horas en Venezuela tras volver del exilio.
Los agentes del régimen intimidaron a las personas que estaban presentes y les quitaron sus… pic.twitter.com/Deizx9JHCW
Horas antes de ser detenido, el propio Oropeza había ofrecido una rueda de prensa detallando que, tras su llegada al país el miércoles 16 de septiembre procedente de su exilio en España, acudió formalmente al Palacio de Justicia en Caracas. Allí se presentó de forma voluntaria para ponerse a derecho, acogiéndose a los mecanismos de la Ley de Amnistía, por lo que las causas penales abiertas en su contra (que incluían acusaciones de terrorismo tras las elecciones de 2024) habían sido oficialmente sobreseídas.
Pese al cierre formal de su expediente previo, los cuerpos policiales ejecutaron la detención alegando una supuesta verificación de estatus o la existencia de una nueva orden de aprehensión activa.
Su abogado, Gerardo Pérez, lamentó que a pesar de que Oropeza actuó siempre bajo lo dispuesto en la ley, se haya practicado una detención “brusca, desmedida, en la que agredieron hasta a los que estábamos alrededor”.
Dirigentes opositores como Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano se trasladaron a los centros policiales de la región para exigir información. Guanipa publicó un mensaje en la red social X cerca de las 7:00 p.m. en el que indicaba que los habitantes de Carora trancaron la vía para exigir la liberación de Oropeza.
Reveló también que Oropeza sería presentando ante el juez de control en la sede del poder judicial en Barquisimeto y que, extraoficialmente, conocieron que les serían impuestas unas medidas cautelares.
“Esto es absolutamente incomprensible, porque ayer el juez de su causa estableció el sobreseimento, por tal motivo, ya eso es cosa juzgada y él quedó libre plenamente”, recalcó.
Entendemos que el régimen lo presentará ante el juez de control en la sede del poder judicial en Barquisimeto.
Mientras que, también en la red social X, la presidenta de la Asamblea de 2015, DInorah Figuera, lamentó que justo el día en el que tuvo lugar la instalación del segundo ciclo de la mesa de diálogo con voceros de la presidencia encargada se registrara la detención del exalcalde de Carora.
“Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación. Estaremos atentos hasta que se cumpla, todos los presos políticos deben ser liberados”, escribió.
En la instalación del segundo ciclo de la mesa de diálogo conocimos de la detencion arbitraria del ex Alcalde de Carora Javier Oropeza.
Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación.…
En un informe difundido hace apenas un día, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela concluyó que a pesar de los cambios políticos y una disminución de ciertas modalidades extremas de persecución, el aparato represivo del Estado venezolano sigue inacto y operativo.
La Misión estima que entre 379 y 500 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos. La falta de información oficial transparente dificulta consolidar una cifra exacta. Tras el 3 de enero, en lugar de detenciones prolongadas, la Misión detectó un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración dirigido específicamente a amedrentar a periodistas, activistas de la oposición y actores de la sociedad civil.
Los investigadores confirmaron además al menos 64 nuevos casos de tortura y tratos crueles ocurridos con posterioridad al 3 de enero de 2026, lo que demuestra la continuidad de estas prácticas sistemáticas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este jueves 17 de septiembre en la ciudad suiza de Ginebra, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ratificó lo publicado ayer en el su más reciente informe, respecto a que en el país el sistema represivo sigue intacto y solo se han producido algunos “cambios cosméticos”.
Sofía Macher, presidenta de la Misión, sentenció que aunque se han concedido algunas libertades, “nada ha cambiado”.
“Se han producido excarcelaciones, se observa mayor actividad pública y política, reconocemos que estos cambios tienen consecuencias reales, pero estos cambios no son estructurales, el aparato represivo se mantiene”, dijo la diplomática.
Alex Neve, otro miembro de la Misión, indicó que el informe identificó a doce personas que han sido señaladas por presuntas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y que ocupan u ocuparon cargos públicos.
En ese grupo están Alexander Granko Arteaga, miembro de la Dirección contra Terrorismo de la Direccion General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); José Miguel Domínguez, director de la Dirección de Acciones Estratégicas y Táctica ( DAET) de la Policia Nacional Bolivariana (PNB); Ronny González Montesinos, comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin); Fabio Zavarce Pabón, director de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES); Iván Hernández Dala, director de Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv); Tarek William Saab, exfiscal general de la República, los ministros Carlos Leal Tellería, Diosdado Cabello, Gustavo González López y Vladimir Padrino López, ademas de las alcaldesas Carmen Meléndez y Cruz Torrealba.
“Pensamos que hay razones creíbles sobre la posible culpabilidad de estas personas, pero no somos una corte ni un tribunal. Estos nombres no son nuevos, han estado circulando en nuestros informes”, dijo Neve.
Neve dijo que hay otros seis funcionarios que ocuparon puestos de alta responsabilidad en instituciones involucradas en la represión y que siguen como jerarcas del régimen, entre ellos, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela con el apoyo de EE.UU.; Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; Alexis Rodríguez Cabello, director del Sebin; José Ornelas Ferreira, secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, Jorge Eliécer Márquez, exdirector de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y Julio García Zerpa, ministro para el Servicio Penitenciario.
El documento recuerda que Rodríguez se desempeñó como vicepresidenta de la República hasta la captura de Nicolás Maduro y que hasta 2021 era responsable de las actividades del SEBIN, institución clave en el aparato represor venezolano.
Macher indicó que no pueden existir garantías de cambio mientras sigan existiendo leyes restrictivas a la libertad como la Ley del Odio, ademas de instituciones parcializadas como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“No puede haber una reforma duradera mientras las instituciones sigan sin reforma y los hechos documentados continuen sin justicia”, dijo Macher.
La experta María Luisa Quintero sentenció, por su parte, que un aparato represivo no se desmantela cambiando algunos de sus elementos, sino desmontando el sistema.
Colectivos con impunidad
Uno de los informes de la Misión de la ONU dado a conocer este mes corresponde a la actuación de los colectivos, calificados como grupos civiles armados pro gubernamentales encargados de la represión política, el control social y las economías ilícitas.
“El papel de estas alianzas armadas va más allá de intervenir como grupos de choque, han apoyado la represión mediante tareas de vigilancia e identificación de personas consideradas como opositoras”, dijo Quintero.
La diplomática además destacó la presencia de colectivos en labores de orden social, distribución de alimentos, instituciones públicas y cuerpos de seguridad.
“No todos responden a los mismos intereses. El Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y garantizar la reparación de las víctimas de la represión”, sostuvo Quintero.
La funcionaria de la ONU dijo que estos grupos han contado con el respaldo público de las autoridades y tenido acceso a recursos públicos y equipamiento por parte de cuerpos de seguridad.
Condenan que continúen las detenciones políticas
Por otra parte, Macher indicó que el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, se violó un principio internacional de soberanía.
“Venezuela tiene la oportunidad de avanzar hacia un cambio real, pero se necesita una hoja de ruta”, puntualizó.
Neve condenó que centenares de personas sigan encarceladas por razones políticas.
“La Misión tiene evidencias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, abuso sexual, torturas, tratos crueles e inhumanos. Después del 3E las detenciones duran menos, pero se siguen cometiendo atropellos con los presos políticos y múltiples denuncias de torturas en la cárcel de El Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro”, dijo Neve.
Macher informó que entre las detenciones y retenciones que se han producido después del 3 de enero de este año, 37 corresponden a periodistas.
Neve expuso que la Misión ha solicitado viajar a Venezuela para llevar a cabo un trabajo in situ, pero no han obtenido respuesta por parte de las autoridades.
“No hemos tenido contacto con miembros del gobierno, no tenemos acceso al país. Nos gustaría ir a Venezuela, esperemos que la dinámica cambie”, recalcó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó este jueves 17 de septiembre el restablecimiento del acceso a varios portales informativos nacionales e internacionales que permanecían bloqueados en Venezuela desde hace años. El anuncio oficial llegó después de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática recomendara un día antes a la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, eliminar las restricciones contra los dominios de medios de comunicación.
Conatel informó que las empresas proveedoras de servicios de Internet que operan en Venezuela recibieron una “notificación técnica” para habilitar los dominios de varios portales informativos. El organismo no publicó en su comunicado la lista de medios beneficiados.
“A partir de esta fecha, las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) que operan en el territorio nacional han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales informativos”, señaló el ente.
El bloqueo de medios digitales y otras plataformas se convirtió en una práctica sistemática para restringir el acceso a información en Venezuela.A principios de septiembre de 2026,Ve sin Filtroregistraba que más de 200 dominios de internet permanecían bloqueados, pese a la promesa por parte del gobierno de Estados Unidos de consolidar un proceso de estabilización institucional que abra la puerta a una democratización.
VeSinFiltro expuso que de los 202 sitios bloqueados para la fecha, 92 eran de noticias y 65 de medios de comunicación, además de páginas de organizaciones de derechos humanos. De acuerdo con la organización, las operadoras de internet emplean técnicas de censura sobre DNS, HTTP/HTTPS e IP para impedir el acceso, “y las restricciones varían según el proveedor”.
Podían desbloquear, pero no había voluntad
El anuncio de este jueves tampoco significa el fin del bloqueo digital. Ve Sin Filtro verificó hasta la media mañana del 17 de septiembre el desbloqueo de al menos 14 dominios desbloqueados distintos proveedores de Internet. Entre los portales identificados se encuentran Alberto News, Caraota Digital, Crónica Uno, EFE Noticias, Efecto Cocuyo, El Estímulo, El Pitazo, Monitoreamos, Revista Semanay nuestro sitio web, Runrun.es, que permanecía bloqueado desde 2020. Algunos portales recuperaron el acceso en varios proveedores, mientras que otros todavía presentaban restricciones en determinadas redes tras el anuncio de Conatel.
Andrés Azpúrua, director de Ve Sin Filtro y Conexión Segura, cuestionó que el levantamiento sea presentado como una apertura general.
“Conatel confirma su rol como el censor de #internetVE, dejando claro que tanto Maduro como Delcy Rodriguez siempre pudieron quitar los bloqueos cuando quisieran. A pesar de todo, sólo han levantado una lista pequeña de bloqueos”, afirmó en X.
En una actualización posterior, VE Sin Filtro informó que medios que llevaban años bloqueados habían quedado accesibles en los principales proveedores de Internet. La organización, sin embargo, advirtió que la censura digital continúa afectando a otros medios, organizaciones no gubernamentales, iniciativas políticas, servicios VPN y herramientas de comunicación.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió que el levantamiento alcance al 100 % de los medios y organizaciones afectados y que sea efectivo en todos los proveedores. El SNTP también reclamó que Conatel publique la lista completa de medios y dominios cuya habilitación notificó a las operadoras, de manera que el alcance de la medida pueda ser comprobado.
La organización sostuvo que algunos de los portales desbloqueados estuvieron restringidos durante años sin que se conocieran públicamente actos administrativos, procedimientos, fundamentos legales o explicaciones que justificaran las medidas.
Más de una década de bloqueos
Las primeras restricciones formales en el ámbito digital en Venezuela se ampararon bajo la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, también conocida como Ley Resorte, norma venezolana que entró en vigencia el 7 de diciembre de 2004 y fue reformada desde 2010 para incluir a las plataformas digitales y regular la difusión y recepción de mensajes en los medios. Los primeros bloqueos sistemáticos apuntaron a sitios web que publicaban cotizaciones del mercado paralelo de divisas (como DolarToday) y páginas de juegos de azar.
Las restricciones al acceso a contenidos informativos en Internet en Venezuela tienen antecedentes documentados desde 2014. Freedom Houseregistró que para mediados de ese año Conatel había ordenado el bloqueo de unos 400 sitios y portales que contenían información económica y política. La organización señaló entonces que las medidas eran ejecutadas de manera discrecional y sin procedimientos legales.
Durante las masivas protestas antigubernamentales de 2014, la censura en internet escaló. Las ONG registran este año como el inicio de los bloqueos masivos contra canales informativos por internet que transmitían las manifestaciones en vivo (como NTN24) y plataformas de imágenes (como Zello y el alojamiento de fotos de Twitter). Espacio Público registró posteriormente el bloqueo del portal argentino Infobae, ocurrido en octubre de 2014.
Las restricciones pasaron de ser intermitentes a permanentes. Durante las protestas de 2017 y la crisis institucional de 2019, se registraron eventos masivos de bloqueos de tipo “táctico” o temporales en plataformas de redes sociales en momentos de discursos de la oposición o eventos de alto impacto político.
En 2020, en un contexto marcado por el confinamiento de la COVID-19 , los bloqueos digitales apuntaron a frenar las iniciativas humanitarias y políticas del gobierno interino de Juan Guaidó. Así, se llegaron a bloquear plataformas de asistencias como el portal voactive.com, una herramienta para que los médicos recibieran bonos económicos. Y los medios de comunicación tampoco escaparon de esta muralla digital para propiciar el silencio. Fue en ese año cuando Runrun.es fue bloqueado, así como también AlbertoNews, y se mantuvieron las restricciones crónicas contra El Pitazo y Efecto Cocuyo.
Los esfuerzos estatales en 2021 se orientaron a silenciar la cobertura periodística de las elecciones regionales de Venezuela y a restringir portales de la sociedad civil organizada. Sitios de la organización civil Súmate y organizaciones de DD.HH. que hacían veeduría de las condiciones electorales, fueron bloqueados y también se fueron acentuando las “caídas tácticas y microbloqueos” aplicados temporalmente a servicios de YouTube y portales de retransmisión (streamings) durante ruedas de prensa o discursos emitidos en vivo por líderes de la oposición.
Durante 2022, IPYS y VE sin Filtro reportaron una expansión masiva de la técnica de “bloqueo HTTPS/TLS“. A diferencia del bloqueo DNS (fácilmente evadible cambiando los servidores DNS en la computadora o teléfono móvil), los bloqueos HTTPS forzaron al uso obligatorio de herramientas de elusión avanzadas (VPN).
2023 fue el año de las primarias opositoras y la maquinaria de censura digital se activó para aislar tecnológicamente el proceso electoral ciudadano que consolidó el liderazgo de María Corina Machado. El sitio web oficial habilitado por la Comisión Nacional de Primarias para que los ciudadanos consultaran sus centros electorales (buscadorprimarias2023.com) fue bloqueado masivamente por CANTV, Movistar, Digitel e Inter menos de 48 horas después de su lanzamiento. Además, diversos dominios de iniciativas independientes de recolección de datos en tiempo real fueron neutralizados mediante ataques e interceptaciones de tráfico.
Los mecanismos de censura digital se fueron sofisticando con cada nuevo momento de alta tensión político. 2024 fue el año de unas elecciones presidenciales cuestionadas, de la mayor represión en la historia contemporánea del país, pero también, el más restrictivo de la historia digital de Venezuela. VE sin Filtro documentó el bloqueo de al menos 79 portales independientes de internet. El régimen abandonó el bloqueo quirúrgico de páginas informativas pequeñas para censurar directamente plataformas mundiales de comunicación masiva, en un esfuerzo por contener la indignación civil tras el cuestionado anuncio oficial de los resultados electorales del 28 de julio
En el marco del contextopre y poselectoral, medios como The Wall Street Journal fueron perjudicados en este contexto y, recién celebrados los comicios, fueron bloqueados con múltiples técnicas al menos tres dominios weben los que la campaña de Edmundo Gonzalez publicó las actas de sus testigos y los resultados desagregados por mesa de votación.
El 8 de agosto de 2024, tras declaraciones de Nicolás Maduro acusando a la plataforma de promover un “golpe de Estado”, se implementó un bloqueo de tipo DNS e IP sobre la red social X por un periodo inicialmente anunciado de 10 días, que terminó extendiéndose por más de año y medio. Otro bloqueo que terminó sorprendiendo al mundo en medio de esta escalada censora fue el de TikTok, que se ejecutó en dos fases muy claras y vinculadas directamente a la narrativa del gobierno: el táctico, que ocurrió en la primera quincena de agosto de 2024, casi en simultáneo con la suspensión de la red social X (Twitter), y tras las masivas protestas por los resultados de las elecciones presidenciales y se produjo luego de que Maduro los acusara públicamente de ser un instrumento para difundir el “odio”, y promover el “fascismo”.
Tras un periodo de bloqueos intermitentes, a mediados de noviembre de 2024, el gobierno venezolano reactivó una fuerte ofensiva legal y técnica contra la plataforma: En esta ocasión, el argumento político se desplazó hacia la seguridad de los menores de edad. El gobierno responsabilizó directamente a TikTok por la intoxicación y hospitalización de decenas de estudiantes en colegios venezolanos debido a retos virales (como el “Chroming”). Maduro llegó a dar un ultimátum de 72 horas a los representantes de la plataforma en la región para que retiraran esos contenidos de Venezuela, amenazando con un bloqueo total y definitivo si no cumplían.
La censura digital del chavismo también se materializó en 2024 con el bloqueo de aplicaciones de mensajería cifrada segura comoSignal, así como restrigiendo el acceso a sitios verificación de datos, como Cazadores de Fake News y EsPaja, por desmentir narrativas de desinformación institucional. Se registraron también bloqueos de más corta duración contra Reddit, (que ofrece espacios de discusión y para compartir noticias autogestionadas por una variedad de comunidades y nichos); Microsoft Teams, utilizada por empresas, ONGs y otras organizaciones y AWS CloudFront, un servicio de Red de Distribución de Contenido (CDN) cuyo bloqueo por espacio de varios días afectó a decenas de sitios web de información, servicios y entrenimiento.
Asimismo, para asfixiar el acceso alternativo, el Estado bloqueó los dominios y servidores de herramientas esenciales de privacidad y elusión como Psiphon, Proton VPN, TunnelBear y la red Tor.
Bloqueo que indujo a cambios para no desaparecer
El bloqueo de acceso a Runrun.esen mayo de 2020 coincidió con un período de publicación de investigaciones de alto impacto y coberturas críticas sobre la gestión pública y la crisis de la COVID-19 en Venezuela. El bloqueo se amplió en julio de 2024, en el marco del contexto de la conflictividad política por las elecciones presidenciales. Además de este bloqueo masivo por parte de las operadoras, el medio también había sufrido ataques informáticos, como un ciberataque registrado el sábado 11 de diciembre de 2021 que afectó temporalmente su operatividad.
Para un medio digital como Runrun.es, mantenerse bloqueado durante más de un lustro no solo supone perder alcance y capacidad de llegar a sus audiencias. También obliga a desplegar esfuerzos tecnológicos y de educación de los lectores que, para equipos pequeños y con recursos limitados, representan una tarea gigante.
“Nosotros nos vimos obligados a crear un dominio alternativo que no estuviese bloqueado, a desviar el tráfico a ese dominio para reducir la desconexión. Pero la pérdida de audiencia dentro del país, dentro de nuestro público natural fue importante”, explica Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es.
El impacto también alcanzó la sostenibilidad del medio. “Eso supone también un impacto en los ingresos de publicidad programática que es inestimable como consecuencia de esa caída de tráfico”, señala Blanco.
Frente al bloqueo,Runrun.es también tuvo que diversificar sus vías de distribución. “En medio de eso nos obligamos a diversificar nuestros canales, a impulsar nuestros contenidos por redes sociales y a promover con otros medios bloqueados, alianzas de difusión que permitieran que contenidos útiles para la opinión pública venezolana no quedaran sepultados bajo los escombros de la censura”, relata.
La libertad de expresión no puede ser a medias
El SNTP consideró que el desbloqueo de mediosrepresenta un avance en la restitución de garantías para la libertad de expresión, pero exigió que el proceso sea completo y verificable. También, reclamó la libertad de seis periodistas y trabajadores de la prensa que continúan judicializados y la derogación de disposiciones de la Ley contra el Odio, que mantienen sanciones administrativas y restricciones contra medios digitales.
Otra exigencia del gremio periodístico es la renovación de concesiones de radio pendientes. El sindicato señala que esa situación afecta a cerca de 70 % de las emisoras del país y mantiene a más de 800 radios en incertidumbre jurídica.
Por su parte, la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Sofía Macher, advirtió en su discurso este mismo 17 de septiembre ante la ONU que el desbloqueo de algunos portales no representa el levantamiento total de las restricciones.
“No ha completado el total de las líneas que deberían haber sido abiertas”, afirmó Macher. La representante de la Misión señaló además que las restricciones digitales persisten y vinculó cualquier avance en materia de libertad de prensa con la revisión de las normas que afectan las libertades de opinión y expresión. Según Macher, “casi 14 leyes o más” afectan directamente esas libertades y más de 37 periodistas han sido detenidos en Venezuela, en su mayoría durante períodos cortos.
Misión ONU advirtió que desbloqueo de algunos medios no significa el fin de las restricciones en Venezuela
La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Sofía Macher, advirtió este jueves que el reciente desbloqueo de… pic.twitter.com/VbPnFoBHJ3
El levantamiento parcial de los bloqueos ocurre, además, en vísperas del segundo ciclo presencial del proceso de diálogo en el que se han incorporado asuntos relacionados con la libertad de expresión. Doce años después de los primeros bloqueos digitales documentados bajo órdenes de Conatel, el organismo vuelve a mostrar que las restricciones sobre los medios pueden ser modificadas desde la propia estructura estatal que las ha administrado. Algunos portales comenzaron a recuperar el acceso, pero el marco que levanta muros digitales, permanece.
Ahora, el desafío para los medios bloqueados durante años es recuperar a una audiencia que durante años encontró obstáculos para acceder directamente al medio.
“Nos toca ahora aprovechar esta situación, que no hay garantías de que sea perdurable, en restablecer la relación con nuestro público para que muchos que ni siquiera lo conocen, neveguen nuestras páginas y recorran la historia que hemos narrado durante los últimos 16 años”, afirma Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es.
El levantamiento parcial de las restricciones, por tanto, no borra los efectos acumulados durante los años de bloqueo: detrás de cada dominio inaccesible hubo audiencias que debieron buscar otras rutas, equipos que tuvieron que adaptarse y contenidos que necesitaron nuevos caminos para llegar a quienes estaban destinados.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El dirigente político, Edmundo González, se pronunció sobre el informe reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela. Hizo énfasis en la gravedad de sus hallazgos y recordó que los derechos humanos no pueden estar sujetos a circunstancias políticas.
González destacó que el anuncio deja en evidencia que las estructuras legales, institucionales y de seguridad que permitieron que ocurrieran graves violaciones de derechos humanos no han sido desmanteladas. Advirtió asimismo que la persecución no desapareció, sino que mutó por medio de detenciones arbitrarias cortas, vigilancia, interrogatorios, intimidación y censura.
“La tortura continúa y la conclusión de la Misión es especialmente grave. Habla de una cultura institucionalizada sostenida por la tolerancia y la impunidad”, afirmó Edmundo González.
El político recalcó que según los datos recogidos por la Misión, entre 379 y 500 personas continúan privadas de libertad en el país, además de que sigen registrándose desapariciones forzadas, torturas y malos tratos bajo una cultura sostenida” por la tolerancia y la impunidad”.
González alertó sobre el papel que tienen los “colectivos” en el control social e intimidación y cómo sus actuaciones son favorecidas por el propio Estado, punto que la Misión desarrolló en este reciente informe.
“No hay reconstrucción democrática posible sin verdad, memoria y justicia”, enfatizó el dirigente.
He leído con detenimiento el nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.
Su contenido es grave y debe ser leído desde una premisa fundamental. Los derechos humanos no son una concesión ni pueden depender de las circunstancias…
La Misión de la ONUconcluyó en su más reciente informe, difundido el pasado 17 de septiembre, que pesar de las limitadas mejoras y la reducción de detenciones tras lo ocurrido el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro, los responsables de las represiones y los crímenes de lesa humanidad siguen intactos.
La organización enfatizó que las excarcelaciones de las personas que estaban detenidas por motivos políticos no han sido acompañadas por reformas, mientras que los funcionarios que han sido señalados por violaciones graves continúan en sus puestos.
Llegaron a investigar a 64 nuevos casos de tortura que han ocurrido después del 3 de enero, en lugares como El Rodeo I, con prácticas como la intubación forzada y el encerramiento en una cisterna subterránea conocida como la “máquina del tiempo”. Mencionaron tambiñen que en Fuerte Guaicaipuro se reportan encierros similares en celdas subterráneas similares a fosas, expuestos al frío y privados de alimentos.
Estas investigaciones han llegado a revelar varios fallecimientos bajo custodia, como el caso de Víctor Quero Navas, que estuvieron relacionados con la falta de atención médica y malos tratos.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles,” declaró Sofía Macher, Presidenta de la Misión.
Estado sigue sin rendir cuentas
El informe también detalló que entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026 se llegaron a registrar al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos y en el análisis que hizo la organización sobre los “colectivos”, concluyeron queson un punto central en la forma de represión del Estado y del control social, ya que operan con apoyo, financiamiento y se les suministran equipos.
“Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”, afirmó María Eloisa Quintero, experta de la Misión.
Ante la perseverancia en la impunidad y la falta de información que sea transparente sobre las personas que continúan presas, los expertos hicieron un llamado a la comunidad internacional y a las autoridades del Estado venezolano para poder llegar a una especie de rendición de cuentas.
“Estados Unidos y otros actores influyentes deben intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela, asegurándose al mismo tiempo de que sus políticas y acciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales”, añadió Alex Neve, integrante de la Misión.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 17 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.
El primer sorbo:la dosis fuerte de información para abrir los ojos
El director del FBI, Kash Patel, confirmó que Estados Unidos detuvo en Venezuela a Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “ElIngeniero” o “Prometheus”. Un hecho que calificó como “inédito” para la institución, ya que su captura logró cerrar por completola lista de los 10 fugitivos más buscados de la agencia.
Canelón Aguirre había sido incluido en dicha lista en marzo de 2026 y se convirtió en el primer ciberdelincuente en la historia en ser incluido en ella. En esa ocasión, se solicitó un millón de dólares por su captura.
“El ingeniero” fue localizado y arrestado en territorio venezolano, según la información revelada por el FBI. Calderón es considerado un delincuente cibernético, que creaba malwares para robar dinero de bancos y dárselos al Tren de Aragua y otras agencias criminales.
«La desinversión está matando a Guri. La salida de la máquina 17 nos pega mucho. Ahí faltan repuestos, utensilios de seguridad para los trabajadores», dijo Enzo Fernández, un empleado de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) al medio El Pitazo sobre la reciente daño que sufrió una de las turbinas de la central hidroeléctrica.
Lo que rompe en redes
Horas previas al segundo ciclo de negociaciones, el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz emitió un comunicado para recomendarle a la presidente interina Delcy Rodríguez de levantar el bloqueo a las páginas web de periodismo venezolano. La ONG VE Sin Filtro recordó que hay más de 200 sitios web cuyo acceso está bloqueado por el Gobierno venezolano desde hace años.
🚨 Estamos analizando cualquier cambio en la censura en #internetVE luego del comunicado del "Programa para la Paz y la Convivencia Democrática" de "eliminar restricciones contra dominios de medios de comunicación".
El impacto demográfico de 26 años de chavismo en el gobierno ha dejado huellas profundas. El más notable es la emigración del 25 % de la población de Venezuela. El otro es el surgimiento de una clase de nuevos ricos asociados a la corrupción de una cleptocracia como jamás se había conocido. A los antiguos “ricos de cuna” (algunos de ellos se han pegado a la teta chavista, y otros han resistido la arremetida contra la empresa privada), ahora se agrega una clase de dueños de negocios que han ido colonizando áreas de la economía como el vestido, la venta de electrodomésticos y aparatos electrónicos, de víveres y productos de higiene, farmacias y muchos otros ramos donde se lava dinero en cantidades millonarias.
El escritor Carlos Lizarralde se ha dedicado a documentar este drama demográfico. En su más reciente libro en inglés intitulado One in Four. The Exodus that Emptied Venezuela (Codex Novellus, 2025), Lizarralde propone asumir una perspectiva histórica. Venezuela es, según este autor, el producto de varias rupturas poblacionales. Estas rupturas están marcadas por la conquista de ese territorio donde vivían tribus autóctonas que guerreaban entre ellas (sobre todo los feroces caribes) que no tenían un peso demográfico cuantitativo relevante. Los conquistadores españoles se impusieron, iniciando un proceso de mestizaje que ha marcado hasta hoy en día el perfil poblacional, cultural e incluso psicosocial de los venezolanos. Después vendría la colonización con su jerarquización étnico-social, su componente de racismo, y la llegada por la vía forzada del comercio de esclavos de una población africana sometida a la explotación y el maltrato. El mestizaje incluye tres fuentes: la europea, la autóctona americana y la africana.
Guerra y población
Después vendría la guerra de independencia que también cambió por la vía violenta la demografía de Venezuela. Diezmó a una parte importante de la población de origen español y canario, reforzó la dominación de una clase blanca criolla, abrió las puertas para que mestizos como los pardos reclamaran derechos políticos y económicos, e hizo que las masas de mestizos, autóctonos y negros, fueran movilizados por líderes militares carismáticos como Boves (contra los republicanos liderados por Bolívar) y después Páez (a favor de los republicanos) en las refriegas entre promonárquicos y proindependencia. Esta movilización guerrera del llamado “pueblo” se mantuvo durante la llamada Guerra Federal y otros episodios violentos bajo los diferentes caudillos regionales que fueron finalmente derrotados por otros caudillos andinos, Castro y Gómez, a finales del siglo XIX.
La población de Venezuela no podía crecer debido a la gran pobreza y a las enfermedades que mataban a los venezolanos. La malaria y otras infecciones tropicales no permitieron que hubiera crecimiento demográfico ni económico. Eso cambió con el descubrimiento y la explotación del petróleo, cuando comenzó la lucha contra el paludismo gracias a un país con más dinero, desarrollo de su infraestructura, acceso (aunque limitado) a la educación y mejoras en la atención sanitaria. A estos cambios socioeconómicos se agregaron nuevas olas migratorias de Europa y otros países de Suramérica, como lo señala Lizarralde en su libro, personas atraídas por la prosperidad económica que ya se manifestaba en el país en los años 30 y 40 del siglo XX.
El resentimiento
Pero la llegada del chavismo al poder en 1999 marca una ruptura sociodemográfica. Reintroduce la variable “étnica” (no me gusta usar el término “racial” por sus implicaciones fascistas) en la política, el enfrentamiento entre los de piel más oscura y los blancos, según el discurso del propio Hugo Chávez. Como lo señala en su libro Lizarralde, el proyecto de Acción Democrática de un policlasismo no étnico, basado en la convergencia de intereses de diversas clases y diferentes tonos de piel, se desmorona. El autor lo explica como el regreso de lo reprimido, siendo lo reprimido el racismo que habían sufrido las mayorías empobrecidas, especialmente desde la crisis económica que se inició en los años 80 del siglo XX. El chavismo apalancó el resentimiento étnico que históricamente se había acumulado.
Además de destruir la economía, el tejido institucional del país (que no era muy sólido pero que se había construido con avances y retrocesos), y los sistemas de protección sanitaria y social (acabaron con la red pública de salud y de seguridad social), el chavismo produjo un exilio masivo de venezolanos que nunca se había constatado en la historia de la relativamente joven república. Dependiendo de las fuentes, entre 8 y 9 millones de venezolanos, de todos los colores de piel, salieron huyendo de un régimen que los empobreció y que los persiguió. Se dice fácil, pero sin haber pasado por una guerra civil como la que sufrió Siria, Venezuela se vació de un cuarto de su población.
Y, tal como lo considera Lizarralde, además del costo socio-económico de tal masiva emigración, la salida de un cuarto de la población ha quebrado a cientos de miles de familias. Padres y madres separados de sus hijos, abuelos que no conocen a sus nietos, hermanos dispersados por todo el mundo. El legado del chavismo es también muy negativo en lo humano. En su desprecio por la gente, la clase gobernante de estos últimos 26 años se ha metido hasta en la dinámica socio-afectiva de las familias.
En Venezuela vemos emerger una nueva demografía. Los pobres, mayoría, se han vuelto más dependientes del Estado. La clase media está muy golpeada y disminuida. Una nueva clase media alta y rica, asociada al régimen, vive en sus burbujas urbanas disfrutando de las mieles del lavado de dinero, la corrupción y las migajas sustanciosas que van dejando los capos del chavismo reconvertidos ahora en proimperialistas. Carlos Lizarralde habla en su libro de una ola más reciente de inmigrantes en Venezuela. Se trata, según el autor, de cientos de miles de personas de lo que se conoce como la Gran Siria (Siria y Líbano) que se han insertado en la economía y en la política del país, algunos con mejor suerte que otros. Es una población un tanto diferente de los migrantes sirio-libaneses que llegaron al país en otros momentos de su historia reciente. La pregunta queda abierta, tal como la formula el mismo Lizarralde: ¿qué impacto tendrán estos cambios demográficos en la política, la economía y la cultura de Venezuela? Difícil proyectar una respuesta. Venezuela cambió y no sabemos si será necesariamente para bien.
«Hoy es un día fatídico para la Universidad Simón Bolívar: hoy se cumplen cinco años del nombramiento de unas autoridades interinas por parte del Gobierno nacional que, se supone, iban a estar seis meses para elegir autoridades legítimas». Con estas palabras del presidente de la Asociación de Profesores de la universidad (Apusb), Omar Pérez Avendaño, inició una rueda de prensa convocada el 16 de septiembre en la sede de Sartinejas de la institución, en Caracas.
Estudiantes, profesores y egresados se reunieron para exigir retomar las elecciones de sus autoridades ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU). Desde que el CNU impuso el rectorado interino, la USB ha registrado más vulnerabilidades desatendidas.
«Han sido 5 años de la peor gerencia de la universidad en toda su historia», denunció Pérez Avendaño. «Ya se conoce el deterioro de la infraestructura. Ya se conoce el bajo nivel académico. Se conoce que hay [al menos] 320 profesores ordinarios, de los cuales la mitad son profesores jubilados. Se conoce que la matrícula ha disminuido, dejando a la universidad prácticamente como un colegio. Aquí no hay autobuses, tienen que pagar dos dólares para tener un almuerzo», señaló.
El presidente de la Apsub informó que la comunidad estudiantil y docente de la universidad ha contactado a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, para solicitar las elecciones. La demanda ha sido rechazada. Pérez mostró su preocupación por el nombramiento de otro rectorado impuesto, sin la participación democrática de la comunidad universitaria.
Son 5 años que se cumplen hoy de la designación de autoridades interinas en nuestra USB.
Fatídica fecha institucional que no podrá ser olvidada en la universidad venezolana.
De acuerdo con la Ley de Universidades, el CNU tiene competencia para designar solamente a un rector interino por un período de 180 días cuando existe la falta repentina de un rector. Durante ese tiempo se deberían convocar a nuevas elecciones.
La Apsub envió una apelación al Tribunal Supremo de Justicia en junio de 2024, cuando el rectorado interino tenía tres años en funciones. «Pero el Tribunal “engavetó” el caso», denunció Pérez.
Desde entonces, la comunidad universitaria llevó otras cinco solicitudes al Ministerio de Educación Superior para solicitar elecciones recotrales: el 24 de enero de 2025, el 6 de marzo de 2026, el 13 de abril de 2026 y el 21 de abril de 2026. El Ministerio canceló o ignoró todas las solicitudes.
Informamos a la comunidad universitaria que la reunión de mañana con la ministra @santajuanasanta ha sido pospuesta. Si bien mantenemos la disposición al diálogo y confiamos en una pronta reprogramación, la USB se encuentra en un punto de no retorno.
Mientras tatno, Wilmary Venal, presidenta de la Federación de Estudiantes de la USB (Fceusb), denunció que la sede de la universidad en La Guaira fue tomada como refugio por el Gobierno interino sin la consulta de la representación docente y estudiantil.
«Vienen con la narrativa de “Venezuela renace”, pero la USB no ha renacido: la están dejando hundirse», reclamó. «No tenemos problema que sea un refugio para los damnificados, pero no tenemos las condiciones claras de cómo se va a manejar la situación en la sede», destacó.
Venal denunció que la comunidad universitaria en el estado Vargas no tiene atención psicológica y se espera que retomen clases desde la semana pasada desde la virtualidad. Tampoco se ha estipulado un plan de atención integral para los miembros de universidad que viven en La Guaira.
«Manifestamos nuestra profunda alarma ante la ausencia de liderazgo y la falta de voluntad, compromiso y capacidad operativa de los interinos para atender con diligencia y empatía la emergencia que enfrenta nuestra sede Litoral a causa del doblete sísmico», dijo Mineau Reyes, presidenta de la Asociación de Egresados de la USB (Aeusb).
Reyes afirmó que la universidad apeló a mantener a la directiva en sesión permanente frente al desastre y la reconstructción y reintegración «gradual» de las clases, pero el rectorado interino declinó la solicitud, tildándola de «acción política».
Fue a través de una iniciativa de 60 personas pertenecientes a la Aeusb, la Fceusb y la Apusb que se hizo un censo de la comunidad universitaria afectada por el desastre. Reyes afirmó que la iniciativa entregó cerca de 70 toneladas de insumos a cientos de personas. Indicó que esta asociación civil seguirá trabajando en alianza con organizaciones internacionales ante el silencio y la inacción del Gobierno interino de atender a la comunidad universitaria.
«No sabemos cómo vamos a regresar a clases», denunció la presidente de la Fceusb. «Hoy tenemos la universidad vacía [en Caracas] porque no tenemos las condiciones para empezar».
Hubo dos hechos que desencadenaron las dudas: Estados Unidos capturó a Nicolas Maduro durante los bombardeos del 3 de enero en Caracas y, seis meses después, dirigió los ataques del 9 de junio en el estado Bolívar, que terminaron con la presunta ejecución de ‘Niño Guerrero’, el líder más visible del Tren de Aragua. ¿Estos episodios significaron un cambio para el Arco Minero del Orinoco? La Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Convoca emprendieron un viaje hacia estos territorios para conocer si realmente se erradicaron las estructuras criminales que durante años han dominado la zona.
En esa travesía hubo varios hallazgos que fueron revelados en el primer reportaje de la serie Dorada Opacidad II. Aquí las claves de este trabajo:
1. La incursión armada del 9 de junio no erradicó estructuras mafiosas:
El ataque ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos en el estado Bolívar, junto a componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), desplazó al ‘Sistema’, la unión conformada por dos bandas criminales: el ‘Sindicato de Juancho’ y el ‘Tren de Aragua’. Sin embargo, ese lugar lo ocupa ahora el Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (GPAMO), que depende de la FANB y que se ocupa ahora de extorsionar a comerciantes, mineros, molineros y a todo aquel que esté vinculado con la explotación del oro en el eje Las Claritas-Kilómetro 88.
Ese “cambio de gobierno”, término carcelario usado también por los grupos delincuenciales para indicar cuándo una banda sistituye a otra en un territorio, no desmonta el sistema. La renta del oro permite que la gobernanza criminal sobreviva y se adapte, esta vez, con rostro militar.
Caravana del GPAMO en Las Claritas. Foto: Lorena Meléndez G.
2. La incursión fue una muestra del poder de Estados Unidos sobre Venezuela:
Desde el 3 de enero, el gobierno de Donald Trupm ha dejado claro su interés por el petróleo, pero también oro venezolano. Por eso, no es coincidencia que, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro, la presidenta encargada que cuenta con el aval de Washington, Delcy Rodríguez, haya anunciado la presentación de un paquete de leyes ante la Asamblea Nacional, el cual incluyó la creación de una nueva normativa para la minería.
La Ley Orgánica de Minas se sancionó en abril pasado con un articulado que permite la entrada de empresas privadas extranjeras a las actividades de la industria aurífera y concede una serie de beneficios fiscales a las compañias dedicadas al sector.
3. Delcy Rodríguez pone a su gente cerca del oro:
Por su parte, Estados Unidos comenzó el levantamiento de sanciones que había aplicado desde 2018 sobre el oro venezolano. Entre marzo y principios de septiembre, el Departamento del Tesoro del país norteamericano, permitió la emisión de licencias a empresas estadounidenses para la exportación, venta, compra, almacenamiento, transporte, procesamiento y refinación de minerales de origen venezolano, incluido el oro. También dio luz verde al suministro de determinados artículos y servicios para operaciones con minerales, así como la celebración de negociaciones y contratos en sectores mineros.
La presidenta interina consolidó sus cuadros dentro de la empresa minera nacional. Por eso, nombró o reconfirmó en sus puestos a funcionarios cercanos a su entorno en el ámbito civil y militar dentro del Arco Minero. Sus fichas no solo se extienden sobre el Ejecutivo, sino también sobre las empresas públicas que intervienen en el negocio y en los uniformados que pueden garantizar el suministro de gasolina y la operación dentro de las minas.
Ejemplo de estos movimientos son el reemplazo del ministro de la Defensa de la era Maduro, Vladimir Padrino López, por Gustavo González López, quien comenzó como el comandante de su Guardia Presidencial. Rafael Prieto Martínez, quien venía de ser jefe militar en Bolívar, es hoy la máxima autoridad del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB). También hubo cambios en la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana (donde está el Arco Minero del Orinoco) y en la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Bolívar.
En el ámbito civil está Calixto Ortega Sánchez, uno de sus hombres cercanos, en la Vicepresidencia sectorial de Economía y Finanzas. De ese despacho depende el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, a cargo de Héctor Silva Hernández, quien también es presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y de la Compañía Venezolana de Minería. Además, el actual presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez, es también titular del recién creado Viceministerio del oro.
En el ámbito regional se mantiene Yulisbeth García, la “Tata”, como gobernadora del estado Bolívar, quien en sus tiempos de alcaldesa del municipio Piar fue señalada por haber permitido que ese territorio, en donde no había minería, se convirtiera en una sucursal del comercio aurífero y también de participar en negocios relacionados con contrabando de oro.
Todos estos enroques confirman que el Estado no está ausente en el Arco Minero, sino que convive y se superpone con poderes criminales.
4. El Arco Minero funciona como un mosaico de gobiernos de facto:
Mientras que los militares del GPAMO controlan el negocio minero en Las Claritas-Kilómetro 88, en los otros territorios mandan las bandas y la guerrilla colombiana.
En la población de El Dorado permanece en el poder el “Negro Fabio”, quien a pesar de que tiene dos órdenes de aprehensión, una por contrabando de oro y otra por trata de personas con fines de explotación sexual, lleva más de tres lustros a cargo de las minas de la zona, incluso de aquellas que están al margen del Cuyuní.
En Tumeremo, la mayor parte de la minas son dominadas por la Organización R, cuyo líder lleva el apodo de ‘Run’. Mientras que el Tren de Guayana controla los yacimientos de El Callao y sus alrededores. Aunque todos los habitantes en estos pueblos saben de su existencia, ambos grupos operan con bajo perfil.
En las minas cercanas a la frontera con Guyana están los miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La presencia del Negro Fabio se siente en todo El Dorado. Foto: Lorena Meléndez G.
5. Gobernanza criminal: más allá del delito
La reportería en estos territorios confirmó que los grupos armados no se limitan a la actividad minera, sino que actúan dentro del orden civil de los pueblos o incluso se hacen ver como benefactores de la zona.
El desplazado ‘Sistema’ de Las Claritas-Kilómetro 88 vigilaba celosamente el comportamiento de los habitantes y castigaba faltas a golpes, palazos u horas al sol: desde un robo hasta una infidelidad en una pareja. También mantenían equipado y dotado al centro de salud del pueblo, así como la seguridad del lugar con un régimen tan férreo que nadie se atrevía a desafiarlos. Lo paradójico es que, ahora que los militares están al mando, los pobladores se sienten desprotegidos porque los robos y hurtos han regresado.
La Fundación Corazón de Azúcar cumple con obras benéficas en El Dorado en nombre del ‘Negro Fabio’. Se encarga de repartir comida, útiles escolares, reparar baches, pintar escuelas y hasta ayudar a jóvenes deportistas del pueblo. Los pobladores acuden a él para resolver problemas y buscar ayuda monetaria para tratamiento de salud. Han manifestado que, si hay algún operativo militar allí, saldrán en su defensa. En Tumeremo hace lo propio la Fundación 3RRR, que depende de la Organización R.
