Javier Oropeza, exalcalde del municipio Torres (Carora) en el estado Lara, fue detenido el jueves 17 de septiembre de 2026 en Barquisimeto por cuerpos de seguridad, apenas 48 horas después de haber regresado a Venezuela.
Oropeza fue interceptado por presuntos funcionarios al salir de una entrevista exclusiva en la sede del diario El Informador, denunció el partido Voluntad Popular.
#URGENTE | El régimen de Delcy Rodríguez secuestra al opositor exalcalde de Carora y periodista, Javier Oropeza.
— Orlando Avendaño (@OrlvndoA) September 17, 2026
Oropeza apenas tenía 48 horas en Venezuela tras volver del exilio.
Los agentes del régimen intimidaron a las personas que estaban presentes y les quitaron sus… pic.twitter.com/Deizx9JHCW
Horas antes de ser detenido, el propio Oropeza había ofrecido una rueda de prensa detallando que, tras su llegada al país el miércoles 16 de septiembre procedente de su exilio en España, acudió formalmente al Palacio de Justicia en Caracas. Allí se presentó de forma voluntaria para ponerse a derecho, acogiéndose a los mecanismos de la Ley de Amnistía, por lo que las causas penales abiertas en su contra (que incluían acusaciones de terrorismo tras las elecciones de 2024) habían sido oficialmente sobreseídas.
Pese al cierre formal de su expediente previo, los cuerpos policiales ejecutaron la detención alegando una supuesta verificación de estatus o la existencia de una nueva orden de aprehensión activa.
Su abogado, Gerardo Pérez, lamentó que a pesar de que Oropeza actuó siempre bajo lo dispuesto en la ley, se haya practicado una detención “brusca, desmedida, agredieron a los que estábamos alrededor”.
‼️Gerardo Pérez, Abogado de Javier Oropeza se pronuncia ante su detención pic.twitter.com/HCK7LcMnbP
— LA TV CALLE (@LaTvCalle) September 17, 2026
Detenciones no respetan diálogo
Dirigentes opositores como Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano se trasladaron a los centros policiales de la región para exigir información. Guanipa publicó un mensaje en la red social X cerca de las 7:00 p.m. en el que indicaba que los habitantes de Carora trancaron la vía para exigir la liberación de Oropeza.
Reveló también que Oropeza sería presentando ante el juez de control en la sede del poder judicial en Barquisimeto y que, extraoficialmente, conocieron que les serían impuestas unas medidas cautelares.
“Esto es absolutamente incomprensible, porque ayer el juez de su causa estableció el sobreseimento, por tal motivo, ya eso es cosa juzgada y él quedó libre plenamente”, recalcó.
Entendemos que el régimen lo presentará ante el juez de control en la sede del poder judicial en Barquisimeto.Mientras que, también en la red social X, la presidenta de la Asamblea de 2015, DInorah Figuera, lamentó que justo el día en el que tuvo lugar la instalación del segundo ciclo de la mesa de diálogo con voceros de la presidencia encargada se registrara la detención del exalcalde de Carora.
“Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación. Estaremos atentos hasta que se cumpla, todos los presos políticos deben ser liberados”, escribió.
En la instalación del segundo ciclo de la mesa de diálogo conocimos de la detencion arbitraria del ex Alcalde de Carora Javier Oropeza.
— Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) September 17, 2026
Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación.…
En un informe difundido hace apenas un día, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela concluyó que a pesar de los cambios políticos y una disminución de ciertas modalidades extremas de persecución, el aparato represivo del Estado venezolano sigue inacto y operativo.
La Misión estima que entre 379 y 500 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos. La falta de información oficial transparente dificulta consolidar una cifra exacta. Tras el 3 de enero, en lugar de detenciones prolongadas, la Misión detectó un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración dirigido específicamente a amedrentar a periodistas, activistas de la oposición y actores de la sociedad civil.
Los investigadores confirmaron además al menos 64 nuevos casos de tortura y tratos crueles ocurridos con posterioridad al 3 de enero de 2026, lo que demuestra la continuidad de estas prácticas sistemáticas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
