El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) respaldó este jueves, 3 de julio, el reciente informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el cual plasmó la persistencia de “violaciones sistemáticas de derechos humanos, especialmente contra personas detenidas por motivos políticos”.
Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el Clippve destacó que este informe “refleja la verdad” de lo que madres, familiares, amigos y defensores de derechos humanos han denunciado durante años,y que se profundizó tras las elecciones del 28 de julio de 2024: “Detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, procesos judiciales viciados y represión institucionalizada”.
“La Oficina del alto comisionado ha sido una voz crucial para visibilizar nuestro dolor, la impunidad de los responsables y la falta de respuestas por parte de la Fiscalía General y demás instituciones del Estado”, añadió el Clippve.
En ese sentido, condenaron los ataques, descalificaciones y amenazas de la Asamblea Nacional de corte oficialista de cerrar la oficina del alto comisionado en Venezuela. A juicio de la organización, estas acciones “reflejan una vez más la falta de voluntad política para poner fin a estas violaciones y constituyen un nuevo intento de silenciar la verdad y evadir la rendición de cuentas”.
Por otra parte, resaltaron la contradicción de que quienes amenazan con cerrar la oficina del alto comisionado sean “los mismos que en su momento solicitaron apoyo a ese organismo para atender casos como el de los venezolanos deportados arbitrariamente a El Salvador”.
“Esa doble moral pone en evidencia que no existe un compromiso real con los derechos humanos, sino una instrumentalización política de las instituciones internacionales según sus intereses”, acotó el Clippve.
A juicio de la organización, estas amenazas no solo buscan desacreditar el informe, sino que “aumentan gravemente la desprotección de las víctimas, dejándonos aún más vulnerables frente a un aparato estatal que actúa con total impunidad”. Ante eso, advirtieron que el cierre de esta oficina en Venezuela “sería un retroceso inaceptable que comprometería aún más el derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.
Condenó el Clippve que contrario a lo que sostienen los voceros oficiales, se ha intensificado la “política represiva”, recordando cómo semana tras semana “se suman nuevas víctimas a esta tragedia nacional”. Al respecto, recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó esta situación “como terrorismo de Estado, y nuestra experiencia lo confirma”.
Finalmente, agradecieron la labor del alto comisionado en el país y consideraron que su acompañamiento “es vital para avanzar hacia la justicia y evitar que más personas sean sometidas al sufrimiento que ya hemos vivido tantas familias venezolanas”.
“Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilante y a proteger los espacios de denuncia y defensa de derechos humanos en Venezuela. Sin verdad, no hay justicia. Sin justicia, no hay paz”, expresó.
COMUNICADO | Respaldamos el informe del Alto Comisionado de la ONU y rechazamos los ataques contra su oficina en Venezuela.
Como madres, familiares, amigos y defensores, víctimas de la represión, apoyamos el reciente informe de Volker Türk, que refleja la verdad que hemos… pic.twitter.com/ShuY8sR4rC
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) July 3, 2025
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Desde las elecciones presidenciales del 28 julio de 2024 el miedo y el riesgo están condicionando el ejercicio del periodismo en Venezuela. El recrudecimiento de la represión, detenciones arbitrarias, ataques contra medios y el hostigamiento policial han servido para erosionar a la ya herida libertad de expresión.
El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) encuestó a 80 periodistas de 18 estados, con el objetivo de explorar percepciones de miedo, medidas de protección y mecanismos de resiliencia que utilizan los comunicadores sociales para informar a pesar del contexto hostil.
El estudio se basó en respuestas de periodistas que estaban llamados a cubrir las elecciones del pasado 25 de mayo. La convocatoria se hizo bajo total garantía de reserva de identidad de las personas encuestadas, expertos consultados, entre ellos psicólogos, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, lo que evidencia que el miedo y los riesgos asociados a la libertad de expresión no solo lo sufren los comunicadores sociales.
Según el estudio del Ipys, 63% de los periodistas consultados reportó haber sentido miedo entre un nivel medio y alto, mientras que 23% manifestó niveles bajos de miedo. Sin embargo, el estudio también demostró que el miedo, en la mayoría de los entrevistados, no implicó el freno, y que también sirvió como impulso para crear y fortalecer estrategias de resiliencia para cumplir con la labor informativa.
A continuación las claves más relevantes del estudio “Hacer periodismo con miedo” del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela:
El miedo a ser detenido
Ipys señaló que el temor de los periodistas a desempeñar su labor en contextos electorales está suficientemente sustentado en lo que que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han denominado “prácticas de terrorismo de Estado”.
Según el estudio, la posibilidad de una detención arbitraria fue señalada por las personas encuestadas como una de las principales amenazas, pues aunque existan capacitaciones en materia de seguridad jurídica, la sensación de indefensión y la vulneración a todas las garantías del debido proceso aterran a cualquier comunicador social, debido a que luego de una detención arbitraria las posibilidades de librarse de la cárcel son casi nulas.
“Es un mecanismo de censura que, además, genera autocensura. Es un miedo que, razonablemente, obliga a los y las periodistas a detenerse; al menos, detenerse a pensar qué hacer para no convertirse en víctimas de la represión”, indicó el Ipys.
El Instituto Prensa y Sociedad alertó que las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias están calando en la psique de los periodistas venezolanos. Esta situación está “inhibiendo la investigación, documentación y visibilización de las violaciones de derechos humanos”.
Los psicólogos y psicólogas consultados coincidieron en que el miedo expresado por los periodistas no es un síntoma patológico, sino una reacción lógica y funcional de los seres humanos frente a la inminencia del daño.
Datos del estudio también arrojaron que 25% de los periodistas que fueron atacados durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 decidió no informar en el proceso electoral del 25 de mayo de 2025, siendo el temor a represalias directas, la falta de garantías de seguridad por parte de sus empleadores y la preocupación por la integridad de sus familias, las razones más señaladas.
Sin embargo, 71% aseguró haber dado cobertura a las elecciones del 25 de mayo de 2025, a pesar del miedo que experimentaron y la certeza del peligro inminente. A simple vista, ello parece indicar una disposición mayoritaria a resistir y persistir en el ejercicio del periodismo, a pesar de las condiciones adversas.
En cuanto a la percepción de riesgo, 70% de los y las periodistas consultados calificó el riesgo de cubrir los comicios como medio o alto.
Ipys explicó que si bien es cierto que los periodistas están entrenados para trabajar bajo presión y controlar el estrés, vivir sometido a una alarma constante conduce al distrés, el cual sobreviene cuando las personas afectadas no logran lidiar con la situación estresante y se sienten abrumadas.
“Los efectos del distrés derivados de sentirse en peligro permanentemente se manifiestan en la salud física y mental y, en términos profesionales, en la productividad y calidad del trabajo que se realiza”, se lee en el informe.
La frustración y la culpa también suelen manifestarse como consecuencias emocionales del distrés. Sobre esto, uno de los especialistas consultados advirtió que que la culpa no debe tener cabida cuando la persona en cuestión no ha proferido un daño intencionalmente, mientras que la frustración sí tiene asidero en la imposibilidad de ejercer la profesión con libertad.
La sensación de culpa también es otro sentimiento que se manifiesta en el estudio, así como el impacto y la exposición a situaciones de violencia, censura y hostigamiento que, inciden de manera diferenciada en cada individuo, manifestándose en en problemas de sueño, estrés postraumático, ansiedad, depresión, irritabilidad y deterioro de los hábitos de vida.
Otros hallazgos que reveló el estudio es que 45% sustituyó el trabajo en terreno por la cobertura remota cuando consideró que la situación era peligrosa, y la misma proporción evitó abordar temas que pudieran incomodar al poder. 41% evitó mencionar explícitamente a figuras públicas, y un 24 % dejó de firmar publicaciones que pudieran resultar incómodas para las autoridades.
El Ipys recalcó que aunque dichas medidas son comprensibles como formas de protección, “estas prácticas representan un retroceso para el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
La resiliencia como respuesta
A pesar de que el estudio reveló que seis periodistas sufrieron agresiones físicas (empujones, detenciones breves), verbales (insultos, amenazas), restricciones al acceso a centros de votación y fuentes, y hostigamiento digital mediante campañas de descrédito y estigmatización en redes sociales, durante la cobertura periodística de las elecciones del 25 de mayo, 71% logró superar las barreras y agresiones para cumplir con su deber informativo.
No obstante, la mayoría considera que el costo emocional y profesional de estas estrategias es elevado, lo que subraya la urgente necesidad de fortalecer las medidas de protección, las acciones colectivas y las garantías institucionales para la prensa independiente en Venezuela.
Ante el panorama, la prensa venezolana buscó otras formas de hacer periodismo y fortalecer las capacidades de adaptabilidad a situaciones adversas como: la preeminencia de las alianzas entre colegas de distintos medios para informar con precisión y contundencia por encima de la idea de primicia o exclusividad.
El 58 % de las personas encuestadas afirmó formar parte de algún tipo de red de respaldo para realizar su trabajo periodístico, lo que muestra un grado importante de articulación previa, mientras que 80% destacó la importancia de pertenecer a una red de respaldo durante coberturas electorales.
El Instituto Prensa y Sociedad enfatizó que además de los riesgos de represión contra los periodistas, la cobertura de acontecimientos importantes se dificulta también por el desmantelamiento de los medios de comunicación tradicionales y los escollos para garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación emergentes.
Las deficiencias de personal y de equipos también son obstáculos adicionales, comentaron los periodistas encuestados.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del paísejercicio del periodismo ejercicio del periodismo ejercicio del periodismo ejercicio del periodismo ejercicio del periodismo
El día antes del desfile del Orgullo de Caracas de este año, las redes sociales se inundaron de mensajes de activistas y defensores queer que explicaron por qué decidieron no asistir a un evento que planteaba preguntas urgentes sobre la visibilidad, la seguridad y los límites de la resistencia. Su mensaje era sencillo: vivimos bajo una dictadura, sin la posibilidad de pedir lo que realmente necesitamos sin enfrentarnos a la persecución.
El acto que comenzó en Parque Cristal y llegó hasta la Zona Rental tuvo doce horas de música, baile y celebración. Aunque no hay cifras exactas de asistencia, llamó la atención una ausencia: Las ONG, los activistas y los grupos de defensa de los derechos humanos apenas tenían carrozas, pancartas o presencia visible.
«Nuestra organización decidió participar de la forma más discreta posible», declaró un activista de una de las ONG más importantes de Venezuela. “El año pasado fuimos muy visibles. Pero desde las elecciones presidenciales, la comunidad queer se ha visto profundamente afectada. Con activistas detenidos o forzados al exilio, el panorama para la visibilidad y la organización LGBTQ+ en Venezuela ha cambiado drásticamente.”
La marcha del Orgullo en 2023 había batido el récord en Caracas, con más de 25.000 asistentes inundando las calles según los organizadores y los medios de comunicación. Las embajadas asumieron un papel protagonista ese año, trayendo carrozas, distribuyendo folletos y organizando exposiciones de arte y actuaciones de artistas queer internacionales. Fue el mismo año en que 33 personas fueron detenidas en un bar gay de Valencia durante una redada, en la que los agentes se presentaron sin orden judicial y con escasa transparencia sobre los motivos de las detenciones. Más tarde, funcionarios del gobierno afirmaron que el local funcionaba como «club sexual», citando vagas «preocupaciones morales» como justificación.
En agosto de 2024, las autoridades venezolanas detuvieron a Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar a Ginebra para asistir a un acto de las Naciones Unidas. Los funcionarios le informaron de que su pasaporte había sido anulado y lo mantuvieron incomunicado durante seis horas, negándole acceso a representación legal o contacto con su familia. Posteriormente fue puesto en libertad sin cargos formales ni documentación, en un lugar no relacionado con el aeropuerto.
Una semana después, agentes de policía no identificados intentaron detener al activista LGBTQ+ Kody Campos cuando llevaron a cabo otra redada sin orden judicial en su domicilio en un barrio obrero de Caracas, lo que suscitó gran preocupación por las detenciones arbitrarias y la persecución de defensores de los derechos humanos LGBTQ+. Los agentes decidieron no capturar a Campos cuando este hizo una transmisión en directo en Instagram para documentar el intento de detención.
Innumerables defensores de los derechos humanos y de los homosexuales han tenido que huir del país desde entonces, lo que representa una grave pérdida en un país con una de las legislaciones LGBTQ+ más obsoletas de la región. Las leyes nacionales no aceptan el matrimonio igualitario, los derechos de adopción para las parejas del mismo sexo, el reconocimiento legal de las identidades trans ni protecciones integrales contra la discriminación. No hay penas claras para los delitos motivados por el odio, y las personas LGBTQ+ se enfrentan a obstáculos sistémicos para acceder a la justicia, a una atención sanitaria libre de patologización, a una educación inclusiva y a la protección frente a la violencia institucional y policial.
Una cosa llamó la atención mientras la gente recorría el desfile. En 2025 era evidente la ausencia de consignas políticas manifiestas, mensajes que habían sido temas centrales en años anteriores. La mayoría de los carteles celebraban la homosexualidad, la autonomía y el derecho a amar libremente, pero casi ninguno mencionaba la violencia que ensombrece la vida de los homosexuales en Venezuela. Pocos mencionaron a Maduro, los abusos policiales o a los activistas encarcelados. Casi nadie denunció el apoyo del Estado a las iglesias que predican contra los derechos LGBTQ+ y de las mujeres. El silencio fue sonoro.
“No tenemos información sobre nuestra situación como comunidad vulnerable: no hay estadísticas sobre discriminación, muertes violentas, acoso, persecución o violencia contra la población LGBTQ+. Los últimos datos que encontré son de 2017”, explica Santiago, poeta queer caraqueño de 27 años.
“¿Cómo se supone que la gente va a entender que nuestras vidas están en riesgo sin datos que lo respalden? Esto también es responsabilidad del gobierno hacia sus ciudadanos”.
Santiago también expresó su preocupación y decepción por los mensajes compartidos en la marcha del Orgullo de este año: “Debo admitir que estoy decepcionado por lo que he visto hoy. Entiendo que queramos celebrar y sentirnos libres, pero no es así. Celebrar en este contexto parece fuera de lugar. Varias personas me han dicho que mi pancarta [que decía vidas desangradas por el odio] era demasiado negativa, pero estamos viviendo una realidad dolorosa. No quiero que me obliguen a celebrarlo. Para nosotros, la marcha del Orgullo debería ser una protesta, una revuelta, un grito de resistencia”.
Una prueba de resistencia
En años anteriores, las organizaciones vigilaban y documentaban la violencia durante la marcha del Orgullo. Este año esa labor no se llevó a cabo formalmente, pero aun así un colectivo queer consiguió rastrear dos incidentes. “Uno procedía de una chica trans que dijo haber sido acosada verbalmente durante el desfile. El otro tuvo que ver con una pareja que se estaba despidiendo con un beso delante de su casa después del evento. Dos policías se les acercaron y les extorsionaron, acusándolos de cometer “actos lascivos en público””.
Para Antonia, una estudiante bisexual de 23 años de Barinas, llegar a la marcha del Orgullo de Caracas este año se sintió como una prueba de resistencia.
“Normalmente, el consejo estudiantil de la universidad pone tres autobuses para que podamos venir a celebrarlo, pero este año no hubo nada. Dijeron que era por falta de recursos”, explica. La información era escasa hasta que se enteraron de que el PSUV, el partido gobernante en Venezuela, proporcionaría un único autobús en Barinas, además de comida y agua para ese día. A pesar de los crecientes obstáculos a los que se enfrenta el activismo queer, Antonia agradece el espacio y ve signos de progreso: “Cada año veo más representación bisexual. Más de la mitad de la población LGBTQ+ es bisexual, pero aún nos enfrentamos a mucho estigma e invisibilidad. Este año he visto muchas banderas. Incluso con todos los contratiempos, parece que más gente se está abriendo”.
Desde las elecciones presidenciales de 2024, cubrir las protestas en Venezuela es cada vez más difícil. Actualmente hay más de 16 periodistas encarcelados, y la mayoría de los medios de comunicación han suspendido la cobertura sobre el terreno debido a la oleada de detenciones que se produjeron a continuación. Este año, tras el abrupto cese de la financiación de USAID, casi todos los medios de comunicación independientes han reducido o interrumpido su cobertura dentro de Venezuela, especialmente en cuestiones de género y derechos humanos. La fuerte ausencia de cobertura mediática en la marcha del Orgullo de este año no fue una coincidencia. Los periodistas sobre el terreno optaron por no llevar distintivos de prensa, por temor a ser reconocidos por las fuerzas policiales. Muchos ni siquiera estaban de servicio. Acudieron como particulares, captando momentos para sí mismos y no para publicarlos.
Ana, periodista de Yaracuy especializada en derechos sexuales y reproductivos en Venezuela, explica que la mayoría de los equipos de comunicación de las ONG fueron despedidos debido a la grave escasez de fondos. «Solemos trabajar en comunicados de prensa durante el Mes del Orgullo: recopilamos datos, lanzamos campañas y ofrecemos cobertura en directo del evento», dice. “Los portavoces acuden a las redes sociales y a la prensa. Pero este año, el riesgo para los activistas es demasiado alto. Muchos han optado por el silencio. La defensa se ha reducido al mínimo”.
“La persecución de las ONG ha hecho casi imposible que dispongan de recursos y medios para ayudar a la comunidad. La prueba está aquí mismo: como pueden ver, no es ni la mitad de la gente que asistió el año pasado”, dice un antiguo voluntario anónimo de País Narrado, una ONG que cerró sus operaciones el pasado octubre, durante la ola de represión sin precedentes que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio. “Por desgracia, tienes que adaptar tu trabajo a las circunstancias sociopolíticas; si no, te censuran”.
País Narrado fue una de las dos ONG que cerró sus operaciones en 2024 debido a la “falta de garantías y amenazas masivas e indiscriminadas contra defensores de derechos humanos y líderes sociales”, como dijo Danny Toro, fundador de la ONG, al diario Tal Cual el año pasado. “Por eso hay menos activismo, menos participación y menor concurrencia, sobre todo de grupos minoritarios y económicamente vulnerables. La tarea que tenemos por delante es monumental”, añadió el antiguo voluntario.
Además, las organizaciones LGBT no sólo se enfrentan a un Estado autoritario, sino a uno que no ha hecho nada por promover la inclusión de estas poblaciones y que, por el contrario, fomenta activamente un discurso homófobo y discriminatorio.
Pao, una adolescente no binaria, acudió a la marcha del Orgullo acompañada de su madre y su padre. “Vine porque estos espacios se han vuelto cruciales para mí. Sobrevivir como persona trans es difícil, sobre todo en un lugar como Venezuela”, cuentan. “El año pasado, un profesor de religión intentó llevarme a terapia de conversión. Mi familia me acepta por lo que soy, pero eso no significa que todos lo hagan”.
La madre de Pao añade: “A veces es difícil comprender por lo que pasan nuestros seres queridos cada día. En este caso, sabíamos que el comportamiento del profesor era inapropiado e incomodaba a nuestro hijo, pero no lo reconocimos inmediatamente como terapia de conversión. En Venezuela, no es como en Estados Unidos, donde los niños homosexuales son enviados a campamentos. Aquí es más sutil, está normalizada y a menudo la difunden profesores, líderes religiosos e incluso profesionales sanitarios, sin que se sepa lo que es.”
Carla va vestida haciendo honor a la bandera bisexual: maquillaje atrevido y un conjunto rosa y morado brillante. “Como persona queer, me siento marginada, dejada de lado, a veces incluso odiada. Y este tipo de espacio es fundamental, incluso terapéutico para mí”, explica pausadamente. «No se trata sólo de nuestros derechos, sino de nuestra soledad, de nuestro derecho a sentir amor y a ser amados».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
“En Sucre el mar se calienta mientras la sardina escasea”,es el título del reportaje de la Red de Periodistas de Investigación (RPI), que aborda el impacto del cambio climático en la crisis sardinera que se agudizó en el nororiente venezolano desde el año 2005 y cuya relación no ha sido estudiada científicamente.
La investigación, que cuenta con testimonios de pescadores y fuentes expertas, revela las dificultades económicas de un pueblo costero como Guaca, a 18 kilómetros de Carúpano, en la Península de Paria, en Venezuela.
De acuerdo con los hallazgos del trabajo periodístico, los pobladores se empeñan en resolver las necesidades básicas en una entidad como Sucre, donde 83 % de la población vive por debajo de la línea de pobreza extrema, según indicadores de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2021).
El reportaje muestra cómo este año, pescadores llegaban a tierra con los peñeros sin pescado: ni para vender en el mercado, ni para su propio sustento. Los pescadores de esa zona atribuyen la escasez a cambios del clima. “La corriente, el agua, la luna y la lluvia, todo los afecta porque la pesca es una aventura, hoy puede que cojan bastante o no cojan nada, eso no se sabe”, dijo Evis Gutiérrez, vocera Consejo de Pescadores y Pescadoras (Conppa) “La Bonanza de Guaca”.
En la península de Araya, municipio Cruz Salmerón Acosta, los pescadores también atribuyeron la escasez de especies a la temperatura del mar. En junio de 2024 y después de siete años, la sardina reapareció en esas costas con una medida de 19 centímetros.
Investigadores de la Universidad de Oriente (UDO) advirtieron que las regulaciones oficiales han sido inefectivas porque no se recuperaron los niveles de captura y en el mercado internacional también se ha evidenciado la escasez de sardina.
Mientras que la temperatura promedio global alcanzó 1,39 °C en abril de 2024. De continuar el calentamiento global, el termómetro marcará 1,5 °C en mayo de 2029, según el Acuerdo de París 2015, en el que 195 países se comprometieron a abordar el cambio climático.
Alexis Bellorín, biólogo del Centro Nacional de Investigación Pesquera (Cenipa), destacó la importancia del estudio de las variaciones interanuales en la intensidad y extensión de las surgencias costeras en Venezuela porque están relacionadas en gran medida, con cambios en la velocidad y dirección de los vientos.
En el caso de Venezuela, reconoció que los cambios en la temperatura del mar cobran especial importancia, por cuanto la sardina es considerada uno de los principales rubros pesqueros.
“Las capturas de esta especie, desde 2005 han mostrado un declive, con períodos de breves recuperaciones. Posiblemente, los cambios en la temperatura superficial del mar afectan a esta especie bandera del país”, expresó.
Sin embargo, no fue sino dos décadas después de que se registró por primera vez el desplome de la producción pesquera en el nororiente venezolano, cuando en diciembre de 2024 se instaló un termomareógrafo en la estación hidrometeorológica en los sectores de Puertos de Sucre y Caigüire en Cumaná, según indicó Antonio Quintero, investigador del Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV), adscrito a la UDO y coordinador del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Ecosocialismo en Sucre, para determinar la temperatura, el nivel del mar y la incidencia de las olas, aunque se desconocen anuncios de estos programas oficiales y el presupuesto asignado para su consecución.
El Mañanero de este jueves 3 de julio resume los titulares más relevantes de las noticias de la jornada anterior: La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió la liberación inmediata del periodista y activista políticoRoland Carreño tras cumplirse 11 meses de su detención.
— Banco Nacional de Crédito (@bncbanco_) July 2, 2025
“En este nuevo grupo hay 157 hombres, 35 mujeres y 12 niños, a quienes se les brindó atención médica por parte de las instituciones del Estado venezolano. Se aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes para luego ser reinsertados en la sociedad”, ministerio de interior, justicia y paz
El juicio de Gabriel Rodríguez, adolescente de 17 años encarcelado desde el 11 de enero de 2025 en el estado Lara, ha presentado varias irregularidades que dificultan el avance del proceso y que permita que se concrete su liberación.
En declaraciones exclusivas ofrecidas a Runrun.es por un familiar del adolescente, el pariente denunció que en la audiencia que se realizó este martes, 1 de julio, acudió un médico forense a declarar y este especialista negó que Gabriel Rodríguez estuviera enfermo al momento de ser detenido en enero.
“Se presentó el médico forense y resulta que dijo que Gabriel, cuando lo llevaron los guardias, no tenía nada. Eso es totalmente falso, porque él de manera verbal le manifestó a su papá, a través de los guardias, que presentaba una infección pulmonar”, denunció el familiar.
La afirmación del médico forense contrasta con las declaraciones que rindió la familia del adolescente en meses pasados, cuando indicaron que a Gabriel Rodríguez lo detuvieron cuando iba de camino a un ambulatorio en Cabudare porque presentaba fiebre alta. Él estaba trabajando en una panadería en su período vacacional, pero al salir de su primer turno, tomó un carrito por puesto para ir al ambulatorio, pero no pudo llegar. Lo detuvo la Guardia Nacional.
“Cuando Gabriel ingresa a la cárcel, el médico de allá lo revisa porque Gabriel y seguía con fiebre alta y este médico de la cárcel solicitó tratamiento médico dos veces, fue por un mes”, denunció el familiar del adolescente que prefirió mantener su identidad bajo anonimato por seguridad.
El familiar del adolescente hizo llegar a este medio los récipes médicos que recibió la familia después de que Gabriel fue detenido, pues necesitaba tratarse por una infección pulmonar. Según el testimonio del pariente del adolescente, el primer tratamiento se solicitó el 13 de enero y el récipe indicaba que se debía llevar al lugar de reclusión tres medicamentos para tratar esta infección.
Primer tratamiento médico solicitado a la familia de Gabriel Rodríguez por el médico del centro de reclusión dos días después de ser detenido
Posteriormente, el 10 de febrero el médico especialista del Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins, conocido como “El Manzano”, donde está recluido el adolescente, volvió a prescribir un nuevo tratamiento para la infección que el adolescente seguía presentando.
Segundo tratamiento solicitado a los familiares de Gabriel Rodríguez para tratar una infección pulmonar
Las afirmaciones del médico forense no coinciden con los récipes médicos que recibió la familia del adolescente por parte del especialista de El Manzano.
“Denuncio la contrariedad de ese médico forense de hoy que se presentó, porque dijo lo incorrecto”, insistió el familiar del muchacho.
Un GNB que acude a tribunales sin cédula de identidad
Otra de las irregularidades evidenciadas en el juicio de Gabriel Rodríguez es que uno de los efectivos de la GNB citados a declarar no ha podido hacerlo porque, según lo que alega el uniformado, no tiene cédula de identidad. Esta situación se ha venido presentando desde el 30 de mayo y, a la fecha, el funcionario no ha declarado, lo cual sigue retrasando el juicio.
El pase a juicio se ordenó el 17 de febrero y desde entonces se han realizado siete audiencias. Otras tres no pudieron ser efectuadas por los días no laborables decretados por la administración de Nicolás Maduro y el asueto de Semana Santa.
Por toda esta situación, “Gabriel está devastado”, dice su familiar, quien agregó que, aunque en El Manzano generalmente permiten las visitas de algún familiar el día de cumpleaños de algún detenido, al adolescente se la negaron a última hora. Sus 17 años los cumplió el pasado 19 de junio en prisión. Sin su familia ni sus amigos. “Esto es como un ensañamiento”, denunció el pariente del adolescente.
La situación de los DDHH “ha empeorado”
La última actualización del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela reveló que la situación con los derechos humanos “ha empeorado”.
Entre los principales hallazgos, la organización documentó 32 víctimas de tortura y malos tratos, incluidos 15 adolescentes, tras la represión postelectoral en Venezuela.
En el informe, también se alertó que todas las personas detenidas vinculadas al contexto electoral fueron acusadas de delitos de terrorismo y otros cargos conexos.
“El ACNUDH observó con preocupación el aumento de la aplicación de la legislación antiterrorista, que contiene delitos que no se ajustan al principio de legalidad y seguridad jurídica, y el uso generalizado de tribunales especiales contra el terrorismo, incluso para adolescentes”, precisó el reporte.
Instan al Estado a proteger la integridad de los adolescentes detenidos
Además de Gabriel Rodríguez, otros tres adolescentes siguen tras las rejas como consecuencia de la represión poselectoral en Venezuela. Los demás menores de edad son Ángel González, Abraham Rivero y Luisneidel Zúñiga, todos detenidos desde el año pasado en el estado La Guaira.
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón exigió este miércoles, 2 de julio, la liberación inmediata de los cuatro adolescentes. “La privación de libertad de estos jóvenes representa una grave vulneración de sus derechos fundamentales, consagrados en la legislación nacional e internacional”, denunció la ONG.
Para la organización, estas acciones “solo agravan la injusticia y profundiza la crisis de derechos humanos que enfrentamos”. Ante eso, recordaron a las autoridades que tienen el deber de “garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y, sobre todo, proteger la integridad física y emocional de estos menores”.
Ángel González, Abraham Rivero, Gabriel Rodríguez y Luisneidel Zúñiga son cuatro adolescentes que hoy se encuentran detenidos injustamente. Exigimos su liberación inmediata.
La privación de libertad de estos jóvenes representa una grave vulneración de sus derechos… pic.twitter.com/zHQU1v2I9i
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) July 2, 2025
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Pese a la cantidad de desastres naturales que han sucedido a lo largo de la historia, a juicio de Gustavo Páez, profesor de la Universidad de los Andes (ULA) y miembro del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos (Cigir), en Venezuela no se ha aprendido la lección en cuanto a prevención.
Páez fue el invitado principal en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) de este martes 1 de julio que llevó por nombre Estados andinos y llaneros afectados por las lluvias.
En el programa, que estuvo moderado por el director de Runrunes, Luis Blanco; el director de Tal Cual, Víctor Amaya y la jefa de información de El Pitazo, Sheyla Urdaneta, Páez aseveró que como sociedad nos hemos enfocado más en la parte de preparación y respuesta y no hemos fortalecido el binomio prevención y mitigación.
“Lamentablemente, seguimos contando muertos cuando llegan las lluvias, pero hace falta establecer estrategias en gestión de riesgo, territorialidad, medidas estructurales y educación ambiental”.
El pasado lunes 30 de junio, Nicolás Maduro anunció la muerte de una persona en el estado Portuguesa a causa de las precipitaciones que han afectado al occidente del país. Este 1 de julio trascendió el fallecimiento de padre e hijo que fueron arrastrados por una quebrada cuando transitaban en una moto en el sector Las Bateas de Timotes, estado Mérida.
Maduro sostuvo que el colapso de un puente en la autopista José Antonio Páez, en Portuguesa, que conecta los andes con el centro del país y cuyos videos se han viralizado en redes sociales, se debió a la crecida de un afluente e hizo una serie de promesas en su programa de Venezolana de Televisión (VTV).
“Cambios estructurales en el dragado de los ríos, construcción de embalses para prevención, elaboración de obras para mitigar las aguas y reubicar carreteras y poblados”, dijo.
Páez explicó que resulta complicado predecir una tragedia ambiental.
“No hay forma de saber las cuencas que se van a activar o qué ríos van a crecer, lo que sí se puede hacer a manera de prevención es prestarle atención a los estudios hidrológicos, a eventos que han ocurrido en años anteriores, de manera que cuando venga la temporada se supone que deberíamos estar preparados para afrontar una eventualidad”.
El experto aseguró que para finales de junio había caído entre 20 y 35 milímetros de lluvia en el sector andino, una cantidad similar a la de las precipitaciones de 1993, que en aquel entonces dejaron cientos de damnificados y millones de bolívares en pérdidas.
“Uno revisa el informe técnico del 93 y más o menos llovió lo mismo, el asunto es que en esa época se manejaban datos, actualmente no existen, en ese momento los principales daños se concentraron en el sur del Lago de Maracaibo. Hoy en día tenemos más población y es probable que tengamos más vulnerabilidad”, precisó.
El profesor universitario indicó que durante el mes de junio es normal que en el páramo merideño se produzcan lluvias de consideración por el paso de ondas tropicales.
“Ya llevamos 13. Son nubes que se forman en el Atlántico y se mueven hacia el continente, vienen cargadas de humedad. En este momento nos afecta la coincidencia de una onda tropical con la convergencia intertropical”.
Páez expuso que se pronostican más precipitaciones.
“Estamos apenas empezando el periodo lluvioso, que comenzó en abril y se extiende hasta noviembre, pero que regularmente en mayo alcanza un primer pico y luego en octubre tiene un segundo”.
El experto aseguró que en meteorología existe un axioma, el cual expone que los eventos que ocurrieron van a volver a suceder.
“Esos se llaman períodos de retorno y se calculan sobre la base de estadísticas y estudios, mientras más nos alejemos del último evento más cerca estaremos del siguiente”.
Páez recomendó a la sociedad civil estar atentos a los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), al flujo del agua cuando llueve en las cabeceras de las montañas, a posibles grietas en el suelo y a árboles que empiezan a inclinarse.
“Hace falta prevención. Lo más vulnerable ante el poder destructivo del agua es lo artificial, es decir, puentes, carreteras, vías y estructuras”, consideró.
Un muerto en Trujillo
A través de un contacto, la periodista Fabiola Leal informó que una persona falleció en el municipio Urdaneta del estado Trujillo como consecuencia de las lluvias.
Leal indicó que el gobernador de la entidad, Gerardo Márquez, dijo que había 600 personas afectadas, 163 familias aisladas y 158 viviendas dañadas.
“Hay 9 fallas de borde entre Valera y Urdaneta, lo que afecta la distribución de hortalizas porque Urdaneta es donde se da la mayor producción. Hasta ahora se han contabilizado 34 deslizamientos, hay sectores que están completamente incomunicados”.
Leal sentenció que desde el domingo 29 de junio, los habitantes afectados comenzaron a recibir el apoyo de la organización Cáritas.
“El despeje de las vías lo hicieron los mismos productores usando sus maquinarias. No se habían visto puentes caídos desde al menos hace 10 años. Es una situación que se repite todos los años y la gente no encuentra qué hacer, el gobierno no hace nada por evitar estas situaciones o en materia de prevención”.
Cifras que no cuadran
A juicio de la periodista Marieva Fermín, el actual gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, maneja números inexactos.
“Según él, hay 1.200 personas damnificadas y alrededor de 10 o 12 viviendas destruidas en Barinas, Obispo y Bolívar, pero no está incluyendo al municipio Andrés Eloy Blanco que ha venido sufriendo los embates del desbordamiento del río Apure, allí hay cerca de 150 familias aisladas”.
Fermín manifestó que todas las vías de penetración agrícola están anegadas.
“Han estado evacuando el ganado porque el agua está arrasando con toda la producción, los mismos productores improvisaron barricadas con sacos, además hubo un brote de fiebre amarilla y hay muchas personas enfermas”.
La periodista aseguró que los candidatos a las alcaldías de las elecciones del venidero 27 de julio son quienes están atendiendo la crisis.
“Porque el Estado es propietario de empresas que tienen maquinarias para hacer trabajos, hay que reconocer que ha habido asistencia en cuanto al suministro de alimentos y las comunidades se han movilizado para el envío de artículos, especialmente en las comunidades más alejadas”.
Fermín expresó que el principal requerimiento para la población afectada es agua potable: “Están pidiendo que no lleven más ropa”.
Portuguesa bajo el agua
La periodista María Luisa Martínez indicó que en Portuguesa hay ocho municipios y 23 sectores afectados por las lluvias.
“En Ospino se cayó un puente, pero el que tiene mayor afectación es Papelón debido a la ruptura de un dique en el río Guanare, las personas temen quedar incomunicados en los kilómetros 23 y 27”, informó.
Martínez sostuvo que el gobernador de la entidad, Primitivo Cedeño, no habla de damnificados sino de familias en situación de emergencia.
“La ayuda se está canalizando a través de las diferentes diócesis y de Cáritas. Están llevando alimentos, agua potable y medicinas a quienes más lo necesitan”, agregó.
La periodista agregó que asesores meteorológicos de asociaciones agrícolas esperaban lluvias para 14 días y ya van casi 30.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Consultados por Efecto Cocuyo, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, y el codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, resaltaron que hasta ahora la propuesta del presidente de la AN, Jorge Rodríguez, de que Venezuela “se salga” de la Oficina del Alto Comisionado no ha tenido respuesta de Miraflores, que se ha cuidado de anunciar la “expulsión” de la única que representa a Türk en el país.
También subrayaron que en el escenario de que salga, el Alto Comisionado no dejará de hacer seguimiento a la situación de los derechos humanos por cuanto es un mandato que le otorga la Carta de la ONU como principal responsable del monitoreo de DDHH del sistema universal, no revocable por parte de ningún gobierno.
“Escalada retórica”
“La declaratoria de ‘persona non grata‘ es simbólica porque, de acuerdo con la Convención de Viena, eso lo solo lo puede hacer el diplomático que le otorgó el placet y el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, que ya rechazó el informe del Alto Comisionado. El gobierno no ha hablado de expulsión porque en estos temas es más escrupuloso en el sentido de que quiere que sus diplomáticos afuera tengan buen trato”, sostuvo Daniels.
Posteriormente, en abril de 2024, a petición del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, Maduro prometió que permitiría a la oficina reabrir, pero el funcionamiento no ha sido pleno.
Resta esperar si la única persona que está en el país es “invitada” a irse y si el memorando de entendimiento suscrito en 2019 y renovado en 2023 entre Miraflores y la Oficina del Alto Comisionado, para cooperación y asistencia técnica, deja de tener efecto y se corta cualquier tipo de relación.
“La Oficina del Alto Comisionado no está conformada por países, sino por funcionarios de la ONU; por lo tanto, no es correcto decir que Venezuela se va salir como se dijo en la AN”, acotó Daniels.
Las graves denuncias del Alto Comisionado
Para Murillo, el pronunciamiento de la AN es una “escalada retórica” que busca desviar la atención del centro del problema que son las violaciones de DDHH en Venezuela y su profundización a partir de las elecciones presidenciales. Esto, enfatizó, producto de que el gobierno desatendió de “manera airada y deliberada” las recomendaciones del Alto Comisionado para el respeto de los DDHH, con impacto “nocivo” para la población con restricciones en materia de derechos civiles y políticos.
“Esta escalada retórica contra los mecanismos (de defensa de DDHH) lo que busca es deslindarse de lo que realmente está ocurriendo de manera marcada con el deterioro de los DDHH de los venezolanos, pero no será suficiente para ocultar la grave crisis que atraviesa el pueblo venezolano en materia de derechos civiles y políticos y del deterioro de sus condiciones de vida ”, agregó.
#01Jul || Queda aprobado por unanimidad la declaración de Persona No Grata al Alto Comisionado de las Naciones Unidas Volker Türk. pic.twitter.com/qsDohB5Rd2
— Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) July 1, 2025
¿Es posible enjuiciar a Türk en Venezuela?
Durante la sesión de la AN de este 1 de julio, tanto Rodríguez como la diputada y exministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, sostuvieron que el Alto Comisionado cometió “delitos” penados por la legislación venezolana. Concretamente se refirieron a una supuesta “complicidad” en el “secuestro” de 252 migrantes venezolanos detenidos sin el debido proceso en Estados Unidos y El Salvador. El chavismo recrimina a Türk por no alzar su voz contra el trato dado a los migrantes en esos países.
Daniels apuntó que no es cierto que el funcionario de la ONU no se haya pronunciado sobre este tema y otros como la guerra en la Franja de Gaza y que concretamente ha rechazado las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de EEUU contra los migrantes.
“Es imposible abrirle un juicio (Türk) porque tiene inmunidad diplomática, así como la persona que está en el país en su representación; y así se le expulse, la inmunidad no se elimina y es efectiva hasta que se monte en el avión. Tampoco es posible revocar las competencias del Alto Comisionado que puede seguir haciendo seguimiento al caso venezolano desde afuera como lo hace la Misión de Determinación de Hechos, en contacto con víctimas y ONG”, explicó Daniels.
Pronunciamientos políticos sin efecto jurídico
Murillo enfatizó que lo que existe hasta ahora es solo un pronunciamiento político del presidente de la AN y del fiscal general de la República, Tarek William Saab, “como el principal aludido” en el informe que Türk presentó en Ginebra, al no velar por el debido proceso en los casos de detenciones en Venezuela.
“Es importante distinguir entre el pronunciamiento político que responde a intereses partidistas para tratar de solapar el contenido del informe y debilitar el mecanismo de la ONU, pero no hay un efecto jurídico vinculante que vendría si la Cancillería comunica al coordinador residente de la ONU sobre una decisión de expulsión y cortar la relación con la Oficina. Incluso se han cuidado de usar la palabra expulsión que fue lo que ocurrió en 2024, cuando el equipo de la Oficina tuvo que salir de Venezuela”, reiteró.
Igualmente recordó que existe un mandato del Consejo de DDHH de la ONU que debe cumplirse dentro o fuera de Venezuela, por lo que las actuaciones de la Oficina del Alto Comisionado no son un “capricho”. La administración de Maduro, señaló, ha obstruido el regreso de los funcionarios de la ONU desde que se comprometió a permitir la activación de la instancia en Venezuela.
¿Qué molestó al chavismo del informe de Türk?
Durante su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este viernes 27 de junio, Türk expresó que entre julio de 2024 y lo que va de 2025 diversas personas fueron “objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de torturas y malos tratos”.
A juicio de Murillo, y en ello también coincide Daniels, uno de los elementos que más irritó al chavismo del informe de Türk son las graves evidencias de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y aislamiento e incomunicación de las que son víctimas cientos de venezolanos por razones políticas.
“El informe además puntualiza y profundiza sobre la grave situación social y económica que enfrentan los venezolanos (…) Esta respuesta política a ese informe es irrespetuosa de la cooperación y de los mecanismos de protección de DDHH. El Estado puede tener diferencias con lo que dijo el Alto Comisionado, pero lo que tendría que ocurrir en beneficio de las víctimas de violaciones es que cumpla con sus obligaciones y atienda y acate de manera urgente las recomendaciones que han surgido ”, dijo Murillo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
