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Edmundo González sobre ubicación de Machado: “Yo no sé ni quiero saber dónde está”

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El dirigente opositor Edmundo González Urrutia repasó el último año de su vida en el exilio, marcado por la denuncia del “fraude” electoral en Venezuela y por su labor diplomática para visibilizar la crisis del país, así como también habló sobre su yerno Rafael Tudares y sobre la opositora María Corina Machado.

En una entrevista que concedió a RTVE, relató cómo ha buscado apoyo político internacional, las amenazas y presiones que enfrenta su familia en Caracas y su convicción de que el “día uno después de Maduro” debe estar enfocado en la reconstrucción económica, social e institucional de Venezuela.

“Ha sido un año muy productivo”

González Urrutia está próximo a cumplir un año exiliado en España, después de haber recibido un salvoconducto de la administración de Nicolás Maduro para salir del país tras las elecciones presidenciales de 2024, donde según el Comando ConVzla el ganador fue el opositor.

“Ha sido un año muy intenso porque me ha permitido hacer lo que no hubiera podido hacer en Caracas, aun estando en libertad allá. Yo no he hecho sino visitar, en lo que a España se refiere, a todas las fuerzas políticas del Congreso. He visitado a los expresidente y líderes de opinión. Por otra parte me ha permitido salir al exterior y tener contacto con muchos países, gobiernos extranjeros, empresarios, dirigentes políticos. Ha sido un año muy productivo para mí y para la causa de la democracia en Venezuela”.

La situación es “muy tensa”

González Urrutia sostuvo que el ambiente en Venezuela sigue siendo “muy tenso, polémico y crispado” tras las elecciones presidenciales.

“Después de haberse robado una elección como la que se hizo en Venezuela, donde la candidatura que yo representaba tenía una amplísima mayoría, y que ganó abiertamente, y que hubiese sido mucho más amplia la victoria si se permitía el voto de los venezolanos en el exterior. Precisamente por eso no lo permitieron”.

Cartel de los Soles y presencia militar en el Caribe

Al ser consultado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y las designaciones del Cartel de los Soles como una organización “terrorista”, González Urrutia consideró que “algo tiene que ocurrir”.

“Dicen que ese cartel está conformado por buena parte de los generales del régimen, que mantienen un control sobre los aeropuertos, la rutas donde se mueven los cargamentos de droga, etc”.

“Algo tiene que pasar, porque un país no puede estar al vilo de lo que tenemos, 4000 o 6000 efectivos de las FFAA de Estados Unidos, acantonados en una isla cerca de Venezuela, cuatro naves de guerra, F35. Algo tiene que ocurrir, no hay duda de eso. Debe ser pronto. Ojalá no ocurra y Maduro reflexione y tenga el coraje de abandonar el país e irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias”.

“Había muchos riesgos y amenazas”

Recordó además los momentos previos a su salida de Venezuela, cuando debió resguardarse en dos sedes diplomáticas por amenazas en tras recibir una alerta de que podrían detenerlo.

“Veníamos de una concentración hermosísima en la avenida Francisco de Miranda, que fue muy concurrida, y alguien llega a mi oficina, cerca de esa zona y me dicen ‘mire, candidato, vienen por usted’. Con esas palabras yo tomé la decisión de salirme de allí. Originalmente me fui a la Embajada de los Países Bajos y allí pasé 37 días resguardado y protegido por el gobierno de Holanda, y después vino la opción de venirme a España. Aguardé dos o tres días y me vine en un avión de la Fuerza Aérea española que me fue a buscar”.

Y afirma que esas amenazas todavía persisten: “Ayer mismo en una rueda de prensa el fiscal del régimen decía ‘que venga, que aquí lo estamos esperando’. Las amenazas que ya sabemos de donde provienen y lo que significa eso”.

Habla de su yerno

González Urrutia recordó que su yerno Rafael Tudares está detenido desde hace ocho meses y se desconoce su paradero. Para González Urrutia, esa detención es en su contra porque su yerno no tiene nada que ver con política.

“Yo tengo un yerno que tiene ocho meses secuestrado, nadie sabe donde está. Mi hija va regularmente todas las semanas a la Defensoría Pública y le dicen ‘él tiene como centro de reclusión El Rodeo I’. Van al Rodeo I y le dicen ‘no, aquí no está'”.

“Eso no es para él, porque no es una figura pública, no es un dirigente político y no le gusta la política. Él es un profesional que tiene su vida en Venezuela y no se mete en política. Eso es contra mí, para presionarme, para doblegarme y se lo dijeron a ellos: ‘Dile a tu papá que deje la candidatura para no meterse en problemas'”.

No sabe dónde está María Corina Machado

Cuando le preguntaron sobre María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde el año pasado, el dirigente opositor afirmó no saber dónde está y que no desea saberlo.

“Ella está resguardada. Pocos sabrán dónde. Yo no sé ni quiero saber dónde está. Han tratado de conseguir gente que trabaja con ella en su entorno político y sacarle información y hasta ahora no han podido. No la han localizado. Hablo regularmente con ella y nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, algunas acciones a futuro, cómo vamos a hacerla”.

Día uno después de Maduro

Una de las preguntas que le hicieron a González Urrutia fue cómo sería ese día uno después de Maduro. Según el opositor, lo primero sería trabajar por la recuperación económica y social.

“Ese día vamos a empezar a trabajar firmemente por la recuperación de Venezuela, económica y social, para recuperar la estabilidad de la moneda y los salarios. La situación económica es un desastre, honestamente hablando. A ese nivel de destrucción económica y social la han llevado”.

“Nosotros teníamos la obligación de juramentarme el 10 de enero. No estaban dadas las condiciones de seguridad para regresar en esa fecha. Y lo vamos a hacer tan pronto tengamos garantías de que puedo regresar sin ningún inconveniente. Nosotros tenemos engranados todos los planes para hacer un gobierno eficiente, donde se priorice el drama que viven los venezolanos. Todo eso está previsto y lo podemos poner en práctica a partir del día uno”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

¿Cómo y entre quiénes sería posible una negociación en Venezuela?

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En su más reciente mensaje al país, el excandidato presidencial y diputado electo de la Asamblea Nacional (AN), Henrique Capriles, reconoció que no tiene la suficiente influencia para empujar un proceso de negociación con Miraflores, más allá de conversaciones para lograr excarcelaciones de presos políticos, pero pide ayuda a los gobiernos de Colombia y Brasil para que lo intenten. No incluye al liderazgo de María Corina Machado. 

El también exgobernador de Miranda insistió una y otra vez que el país “necesita” un nuevo proceso para intentar destrabar el conflicto político, agravado por el denunciado fraude electoral del 28 de julio de 2024, para “aliviar” el sufrimiento de los venezolanos y mientras llega una solución definitiva, que recalcó, es un cambio de gobierno.

Con esta premisa, ¿Es posible empujar una nueva negociación? ¿Quiénes serían los llamados a sentarse en la mesa? ¿Colombia y Brasil serían aceptados por la oposición, pese a alinearse con Miraflores contra Estados Unidos? 

Politólogos consultados por La Hora de Venezuela señalan que actualmente EEUU es el principal actor internacional con “poder de coacción” para tratar de “obligar” a la administración de Nicolás Maduro a negociar una transición democrática en Venezuela sin que ello implique que los resultados serán exitosos, puesto que el chavismo, atrincherado, está negado a entregar Miraflores. 

No desestiman el papel que podrían cumplir Brasil y Colombia en tratar de influir, pese a que un primer intento de mediar tras el 28 de julio de 2024 fue frustrado. Igualmente señalan los inconvenientes que supondría que el chavismo y factores de oposición pretendan excluir a la oposición legitimada en las presidenciales de 2024, en las figuras de Machado y Edmundo González, puesto que el proceso no sería reconocido nacional ni internacionalmente y sólo arrojaría resultados parciales que no pondría en peligro el poder de Maduro.    

“Capriles excluye a Machado porque su legitimidad popular amenaza tanto la narrativa del gobierno venezolano como su propio protagonismo en la oposición. En The Politics of Uncertainty (La política de la incertidumbre), (Andreas) Schedler argumenta que los gobiernos autoritarios electorales explotan la incertidumbre electoral, y actores como Capriles son perfectos para el modelo sistémico actual. Se busca también negociar con figuras moderadas para dividir a la oposición, como hizo Erdoğan en Turquía al dialogar con sectores kurdos manejables o Putin al marginar a (Alekséi) Navalny mientras negociaba con aliados menos confrontacionales”, destaca el politólogo Joaquin Ortega. 

EEUU: negociación de los cañones

Ortega y el también politólogo Santiago Rodríguez, coinciden en que a través de las sanciones económicas, y una escalada en la presión contra la administración de Maduro (operativo militar en el Caribe para combatir el narcotráfico), Estados Unidos tiene la “ventaja única” para generar incertidumbre. 

Ortega pone, como ejemplo, las sanciones petroleras de 2023 que condujeron al Acuerdo de Barbados con garantías electorales temporales; en Rusia, donde sanciones energéticas en 2022 empujaron a Putin a renegociar exportaciones de gas; y en Turquía, donde EEUU negoció acceso financiero en 2023 a cambio de reformas económicas limitadas.

“Washington puede reestructurar la narrativa de Maduro, moviéndolo de una postura de resistencia ideológica a un pragmatismo con respeto, como con las licencias a Chevron o las amnistías por tráfico ilegal reportadas en agosto de 2025. Esto podría fortalecer a la oposición bajo el liderazgo de Machado para exigir elecciones supervisadas, siempre que se eviten demandas maximalistas, como ocurrió en Rusia, donde sanciones sin diálogo sólo endurecieron la postura de Putin”, apuntó. 

La Casa Blanca ha escalado en la presión contra Maduro y desde el mes pasado pasó de las sanciones económicas a declarar al llamado Cartel de los Soles como organización terrorista, declarar la guerra al narcotráfico proveniente de latinoamérica e iniciar un despliegue aeronaval en el Mar Caribe para combatir el tráfico de drogas. Sin dejar de mencionar que aumentó la recompensa por la captura de Maduro, a quien señalan como uno de los líderes de dicho Cartel a 50 millones de dólares.

Este 2 de septiembre, el presidente de EEUU, Donald Trump, informó que dispararon contra una embarcación en aguas internacionales con supuesto cargamento de droga y murieron 11 tripulantes. El mandatario aseguró que provenía de Venezuela. Acto seguido difundió un video donde se observa el ataque con drones contra la lancha rápida. Un detalle no menor es que volvió a responsabilizar expresamente a Maduro del tráfico de drogas hacia EEUU. 

“De momento parece un tema que solo puede negociarlo directamente el gobierno de EEUU con el de Venezuela. En este contexto no cabe ningún tipo de interlocutor o mediador, al estar consciente de que procesos anteriores no dieron resultados y no se ha logrado la transición. Para la oposición que encabezan Machado y González intentar un proceso con un esquema parecido al pasado no tendrá como resultado una transición y por eso concentran sus expectativas en lo que pueda lograr EEUU”, sostiene Rodríguez. 

El profesor de la Universidad de Carabobo igualmente advierte que declarar a Venezuela como un “Estado narcoterrorista” y el despliegue en el Caribe, permite suponer que EEUU recurre a la “negociación de los cañones” para intentar hacer retroceder a Maduro, no como un problema político, sino judicial y militar. Posición que trata de transmitir a los países del Caribe y de Latinoamérica.   

“¿(negociación) Entre quiénes? EEUU y quienes están en el poder, aunque no tengan legitimidad. Que Trump se reúna con Maduro, así como se reúne con Rusia y China, donde hay dictaduras, no democracia (…) La solución es negociar, buscar un acuerdo y no es importante quién es el protagonista, lo que interesa es que haya solución. No hacer nada no es una opción”, dijo Capriles este 1 de septiembre.

¿Brasil y Colombia pueden influir? 

A la fecha, los gobiernos de Lula Da Silva y Gustavo Petro siguen sin reconocer a Maduro como presidente. Ambos reclamaron la publicación de las actas electorales para que quedara demostrada su reelección en el cargo, cosa que no ha ocurrido. En su momento, Petro promovió la idea de repetir los comicios, posibilidad descartada tanto por Maduro como por Machado. 

Ahora, ambos gobiernos se alinean con Miraflores contra lo que la narrativa oficial considera “amenaza” de invasión de EEUU. Recientemente, Petro advirtió que “una agresión violenta contra Venezuela” haría que la nueva “realidad de toda la región grancolombiana” sería “lo que vemos en Siria e Irak”. También calificó de “asesinato” la voladura de la embarcacion en el Caribe por parte de EEUU y expresó sus dudas sobre que transportaba drogas. 

“Brasil, Colombia y México, sobre todo los dos primeros, deberían intentar de nuevo mediar por tener una relación comercial importante con Venezuela y fronteras tan extensas. Deberían hacer un esfuerzo porque se verían afectados por un conflicto mayor. Pero ahora mismo un tipo de negociación así no parece factible, EEUU lleva la bandera, haciendo ver que no se trata de un tema político e ideológico sino militar porque cree que su seguridad está amenazada con el tema de la droga”, subrayó Rodríguez.   

Advirtió que el poder de “coacción” de EEUU también alcanza a Brasil y Colombia y otros países con el tema de los aranceles, por lo que a ninguno le conviene un enfrentamiento con el gobierno de Trump.

“Brasil y Colombia tienen incentivos para mediar debido al impacto de la migración venezolana en sus países, un paralelismo con Turquía, que gestionó la crisis de 3.6 millones de refugiados sirios para ganar influencia regional sin confrontar directamente a potencias como Rusia.Turquía medió entre Ucrania y Rusia sin desafiar a Putin, un modelo que Brasil y Colombia podrían seguir, aunque con resultados limitados. Su interés en la estabilidad regional los hace viables, pero su capacidad para presionar a Maduro es menor frente a actores como EEUU”, coincidió Ortega. 

A México lo percibe más como un “mediador secundario», como en los diálogos Cuba-EEUU de 2014, en vista de que su “alineación ideológica” con el gobierno venezolano compromete mucho su neutralidad.

Petro ha promovido la repetición de elecciones en Venezuela. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Falta que Maduro acepte

En cualquiera de los escenarios de negociación, falta que Miraflores dé su brazo a torcer. Aunado a ello, ya ha advertido que sólo reconoce como interlocutores en el seno opositor a quienes participaron en los comicios del 27 de julio y obtuvieron 50 alcaldías de 335.  Esos factores son los partidos judicializados o no con representación en la Asamblea Nacional y otras organizaciones como Fuerza Vecinal.  

Pero una negociación solo con ese sector corre el riesgo de ser controlada por Miraflores, que solo acepta ciertas concesiones que no pongan en riesgo su poder. Capriles dice que no tiene la influencia para negociar y también excluye a Machado. Pero Ortega cree que tanto Capriles como el exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, podrían ser “aceptados” por el chavismo en la mesa porque no desafían la narrativa oficial lo suficiente, a diferencia de Machado y González que sí cuestionan la autoridad de Maduro y “fracturan” su narrativa.

“En The Politics of Uncertainty, Andreas Schedler explica que los gobiernos autoritarios electorales solamente negocian bajo presión externa o interna significativa, cediendo lo mínimo para preservar su poder. Esto se observa en casos internacionales (…) Putin en Rusia, 2021, negoció acuerdos de gas con Europa para aliviar sanciones comerciales, manteniendo su narrativa de fortaleza y sin liberar a opositores como Alexei Navalny. La disposición de Maduro para negociar depende de amenazas existenciales que pongan en riesgo el control del gobierno, como sanciones económicas que erosionen su narrativa de resistencia antiimperialista», apuntó Ortega.

Pero Ortega  igualmente recuerda que con la mediación de Noruega y la presencia de la oposición mayoritaria, Maduro, empujado por sanciones internacionales, aceptó la firma del Acuerdo de Barbados, pero posteriormente lo burló para ganar tiempo. No ve a Maduro cediendo para elecciones competitivas o liberación masiva de presos políticos. A su juicio, así como pasó con Putin con Navalny, ello fracturaría la narrativa de control unificado del gobierno venezolano. Es decir, el juego parece trancado y todas las apuestas se hacen ahora en torno a lo que EEUU pueda lograr.

“Para que haya una negociación tienen que haber dos actores fundamentales, uno que representa el poder institucional que es el gobierno y el otro es el que tiene la legitimidad de representar a una mayoría en una negociación, que en este caso la tienen Machado y Edmundo González. Ellos apuntan a que la única negociación posible es la que facilite la transición, lo que hace difícil ese escenario. No hay manera de buscar en estos momentos un acuerdo entre esos dos actores”, acotó Rodríguez.

Reiteró que una negociación sin esos actores  y con la “nueva oposición” que quiere posicionar Miraflores, más figuras como Capriles y Rosales, carecería de legitimidad por la escasa votación obtenida en los procesos electorales de 2025, debido a la alta abstención que generó el denunciado fraude electoral del 28 de julio de 2024 y porque no serían reconocidos por la comunidad internacional como interlocutores válidos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Denuncian desaparición de exalcalde de Barquisimeto Macario González

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Macarena González, hija del dirigente político Macario González, exalcalde de Barquisimeto, estado Lara, denunció que su padre está desaparecido desde el viernes 12 de septiembre.

En un mensaje difundido en redes sociales, Macarena González señaló que su padre fue visto por última vez en la Universidad Fermín Toro del estado Lara, en una reunión en la sala de profesores y tras ese encuentro, se desconoce su paradero.

Macario González tiene 73 años de edad y tiene más de 25 años siendo docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Fue alcalde del municipio Iribarren en el periodo 1995-2000 por el Movimiento al Socialismo (MAS). “Mi padre es esposo, es amigo, es hermano, es abuelo”, agregó su hija.

“Como familia y como amigos nos hemos articulado para tratar de tener información de él, y hasta el momento no logramos dar con su paradero. Exigimos a las autoridades competentes venezolanas que inicien investigación para darnos fe de vida de mi padre”, clamó la hija de González.

El mismo día en que desapareció González, poco después del mediodía, el exalcalde y docente universitario publicó un mensaje en su cuenta de X pidiendo la libertad de los presos políticos.

Ante esta situación, organizaciones que defienden los derechos humanos denunciaron su desaparición. “La puerta giratoria continúa. La dictadura de Maduro sigue secuestrando inocentes para llenar todos sus centros de tortura de venezolanos honestos y trabajadores”, alertó en Instagram la organización Realidad Helicoide.

Por su parte, el partido opositor Voluntad Popular, de cuya dirección nacional es miembro Macario González, denunció la desaparición del dirigente, profesor y abogado. “La persecución contra quienes luchan por una Venezuela libre junto al presidente electo Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y la Plataforma Unitaria continúa escalando”, escribió la tolda naranja en X.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Sippenhaft: una palabra en alemán que retumba en Venezuela

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) denunció el pasado 9 de septiembre que funcionarios secuestraron a miembros de la familia de Miguel Guillén, colaborador de la líder opositora María Corina Machado en el estado Carabobo. 

De acuerdo a la ONG, efectivos policiales irrumpieron en la vivienda de Guillén en la urbanización Paso Real de San Diego, Valencia y aprehendieron a su madre Miriam Fernández Ruiz de 72 años y a su hijo Miguel Angel Guillén de 17.

Posteriormente obligaron a la hija de Guillén, Chantal Guillén Ibarra de 21 años a acudir a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el sector La Esmeralda para entregar una supuesta información y también la dejaron detenida junto a su hija de apenas 2 años, Nicole Palermo. Se trataba del sippenhaft, un principio jurídico alemán que data de tiempos medievales y que automáticamente extiende la responsabilidad penal de los individuos a sus parientes.

El fascismo entró al grupo

Traducido al castellano la palabra sippenhaft significa responsabilidad familiar o de clan y el instrumento le sirvió al Tercer Reich para arrestar, culpabilizar e incluso condenar a muerte a los parientes de quienes eran considerados enemigos de Estado en la Alemania nazi.

Hitler y sus acólitos emplearon este recurso como retaliación contra los señalados de conspiradores. Si no podían capturarlos, detenían y torturaban a sus familiares para quebrarlos emocionalmente, algunos se entregaban voluntariamente con la esperanza de que no le hicieran daño a sus afectos, otros simplemente eran carcomidos por la impotencia desde el exilio o la clandestinidad.

El Clippve informó que gracias a la presión ejercida por defensores de derechos humanos, familiares y amigos, Miguel Angel y la niña fueron liberados en la madrugada del 8 de septiembre, mientras las autoridades niegan haber detenido a Fernández Ruiz y a Chantal Guillén por lo que se encuentran en desaparición forzada.

“Esto es algo que tenemos viendo desde al menos 2014, un ejemplo claro es la familia Baduel. La extensión de la persecución a familiares de objetivos políticos en Venezuela no es novedosa, lo que sí es nuevo es que se ha convertido en una práctica que ahora puede alcanzar a cualquiera”, dijo Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

Andreína Baduel, hija del fallecido en prisión exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, denunció que desde mediados de junio de este año patrullas policiales y encapuchados rondan su residencia, coincidiendo con la fecha en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) le otorgó medidas cautelares de protección.

La activista también ha alzado la voz para reclamar que a su hermano Josnars Baduel, detenido en la cárcel de El Rodeo I en el estado Miranda no le suministran las medicinas que le provee la familia para paliar el dolor y las crisis alérgicas consecuencia de las torturas por asfixia a las que ha sido sometido.

“Ser Baduel no es un delito”, ha dicho en reiteradas oportunidades la defensora de DDHH.

La directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, sentenció que en el segundo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, los investigadores aseguran haber recibido información de que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) habrían amenazado con aplicar la táctica del sippenhaft a disidentes detenidos.

“El hecho de involucrar a niños y a ancianos más recientemente en Venezuela significa que está escalando el patrón de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, indicó Louza.

La directora de Acceso a la Justicia manifestó que es paradójico que el Estado detenga a un grupo con el objetivo básico de causar daño y a la vez sea el responsable de velar por la seguridad de los aprehendidos.

“En este caso lo lógico sería acudir a un tribunal para pedir un habeas corpus porque la persona está detenida arbitrariamente, pero el habeas corpus prácticamente murió en Venezuela, al final no hay quien proteja en Venezuela, la única opción es acudir a la CIDH a pedir una medida preventiva de protección cautelar, pero el Estado tampoco le presta atención a esto”.

Con varias finalidades 

Tineo expuso que el sippenhaft es empleado en Venezuela con diversas finalidades.

“Para que la persona se autoincrime o incrimine a terceros. como tortura psicológica o simple extorsión”.

Tineo también señaló como ejemplo de esta práctica a los familiares de la presa política, Rocío San Miguel. 

“A Rocío la detienen y horas después al resto de su familia”.

San Miguel fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía junto a su hija (posteriormente excarcelada) en febrero de 2024 y el mismo día fueron detenidos su padre, dos hermanos y su exesposo, Alejandro González.

Luego de diez días de estar incomunicada y en desaparición forzada se conoció que su centro de reclusión es El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Tineo aseveró que con la detención de familiares de perseguidos pertenecientes a la tercera edad se está violando un precepto constitucional. 

“Ninguna persona mayor de 70 años debe estar privada de libertad en un centro reclusión, lo indicado es que reciba una medida sustitutiva”.

La coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón también citó el caso de la periodista del medio La Patilla, Ana Carolina Guaita. 

Guaita estuvo cuatro meses presa y fue víctima de la represión desatada por el gobierno luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio. 

El dirigente político César Pérez Vivas declaró a la cadena CNN que el único “delito” de Guaita es ser hija de dos dirigente políticos de oposición de La Guaira comprometidos con el cambio en Venezuela.  

Según Pérez Vivas, el gobierno aprehendió a la comunicadora social como medida de presión para que sus padres se entregaran a los cuerpos de seguridad.

“Estamos en presencia de una justicia politizada, que viola los más elementales derechos por obedecer las instrucciones del Partido Socialista Unido de Venezuela”, dijo el exgobernador del estado Táchira. 

Tineo expresó que en muchos casos la gente ni siquiera denuncia por miedo.

La activista no se atrevió a decir si la práctica del sippenhaft se ha incrementado con la designación desde hace poco más de un año de Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia o la presencia de buques de la Armada estadounidense en el mar Caribe.

“Lo único cierto es que la represión ha aumentado de forma escandalosa a partir de las elecciones del 28J, seguimos presenciado el fenómeno de la puerta giratoria, por un lado excarcelan a personas y por el otro siguen deteniendo, quizás la designación de DC impuso el lado más agresivo de la persecución”.  

Tineo sentenció que aunque no puede calificar de detención el caso de la niña de dos años Nicole Palermo es algo contra natura.

“Es aberrante, algo que viola todos los pactos internacionales, una niña que quedó en medio de este horror, además en esos sitios que suelen ser insalubres, recordemos que aún hay cuatro adolescentes presos y 17 personas de tercera edad, además gente con patologías”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Conversa | Mundaray: “Tarek William Saab cayó en desgracia”

El exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, negó que 14 fiscales del estado Carabobo se encuentren detenidos por presunta corrupción. 

Contradiciendo la versión oficialista, Mundaray aseguró que solo hay dos fiscales presos y el resto fueron imputados por vía ordinaria en Caracas y no fueron privados de libertad.

Mundaray participó este miércoles 10 de septiembre en la edición de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, titulada ¿Qué hay detrás de la purga del Ministerio Público?.

En el espacio donde también estuvieron Víctor Amaya, director de Tal Cual y César Batiz, director de El Pitazo; el exfiscal del Ministerio Público informó que a raíz de esta nueva razzia están desaparecidos los directores de los departamentos de delitos comunes (Angel Fuenmayor), delincuencia organizada (Orlando Peña) y lucha contra la corrupción (Emperatriz González Barrios). 

Mundaray informó que el diario Últimas Noticias trató de minimizar el escándalo diciendo que son directores de línea y en realidad son directores generales, cercanos a la línea de mando del fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

“Fueron llevados a un destino desconocido, no se sabe dónde están, Tarek, quien es la cabeza máxima de la Fiscalía, no tuvo control de esta operación y a mi juicio cayó en desgracia”.

Para el abogado criminalista el detonante de toda esta purga es la repartición de rentas criminales.

“Tanta es la ausencia de rendición de cuentas que hay altos funcionarios desaparecidos, el sistema de justicia pasó a un segundo plano, ellos (gobierno) prefieren policías felices con rentas criminales. El sujeto que actúa siempre es prescindible, lo que no es prescindible es la cabeza que manda”. 

El también profesor universitario indicó que con este supuesto operativo anticorrupción, el madurismo persigue un mayor control sobre los funcionarios públicos.  

“Ya hasta los reemplazaron y nombraron nuevos directores, lo que buscan es gente más despiadada a la hora de mostrar lealtad revolucionaria. La muestra de que TWS no forma parte de este esquema es que ni siquiera hay un acta de destitución”.

Mundaray aseveró que las detenciones de fiscales en otros estados, como Bolívar, obedece a que han conseguido información comprometedora en los dispositivos de comunicación de funcionarios en Carabobo.

“El Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) no debe instruir en causas penales, la ley dice que el órgano principal para llevar a cabo esto es el Cicpc (Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas) y quienes le auxilien. Estamos entrando ante un nuevo paradigma represivo, es el estado policial en su máxima expresión”.

Mundaray no se atrevió a vaticinar si la purga en el Ministerio Público desembocará en una eventual remoción del fiscal impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente.

“Es muy complejo buscar un reemplazo a TWS porque no tiene límites en rebasar la legalidad, él llevó todo a plano penal y extinguió lo civil, uno de los candidatos era Farik Mora Salcedo (señalado en esta trama) y la otra es Katherine Harrington, que contaba con el apoyo de Diosdado Cabello”.

Amaya informó que durante los ocho años de gestión de TWS, de 600 funcionarios señalados de irregularidades, apenas 9,71 % han sido procesados.

Los orígenes de la purga

Según Mundaray, el cataclismo comenzó cuando a Rafael Reyna lo detienen en flagrancia cobrando una extorsión en Carabobo con 14 mil dólares en efectivo y dos carnets del Ministerio Público.

“Ese señor no es funcionario del MP y lo conocen en Carabobo como el fiscalito. Al él lo detiene el Cicpc, pero ocurre una anomalía y es que es el fiscal superior de Carabobo dice que no lo van a presentar, que lo van a hacer pero por vía ordinaria, cuando el artículo 44 de la Constitución dice que cuando una persona es conseguida en flagrancia debe ser aprehendida”.

Mundaray aseguró que por presiones provenientes de “arriba”, Reyna es detenido en una segunda ocasión y entonces comenzó la novela que está andando. 

“Cuando lo agarran era apenas mediodía y ya tenía embolsado 14 mil dólares, él dijo que trabajaba con otros fiscales y debía repartir cuotas, era un intermediario legítimo, lo que demuestra que hay una red de extorsión gigantesca en el estado Carabobo, que además es transversal a todo el país”.

El ex director general de actuación procesal indicó que el salario con bonos de un director del MP es cercano a los $500 y los fiscales devengan alrededor de $300. 

“Pero tienen camionetas blindadas que cuestan más de 100 mil dólares. Pedro Amaya, uno de los fiscales detenidos, posee una red de supermercados, bodegones y venta de vehículos y todo el mundo en Carabobo lo sabe. La ostentación de esta gente es escandalosa y ciertamente la Fiscalía Primera es la más corrupta de todo Carabobo”.

El exfiscal dijo que esta movida de mata tendrá consecuencias en el ya destartalado sistema judicial venezolano.

“Farik Mora estuvo encargado del caso Pdvsa-cripto. Este 10 de septiembre era la audiencia preliminar del abogado de Provea Eduardo Torres y se difirió porque el  juez está supuestamente detenido. Hay una gran opacidad en el sistema”. 

El abogado sentenció que pese a conocer la realidad y proteger a ciertos funcionarios, a TWS no le quedó otra alternativa que develar la trama de corrupción en el Ministerio Público.

“En la actualidad no existen fiscales, lo que hay son operadores políticos. El régimen sabe que no puede tener una masa crítica en el MP, acabaron con la profesionalización y metieron a gente sin experiencia. TWS se encargó de sacar a los fiscales de carrera, por eso a la Fiscalía hay que reconstruirla desde sus cimientos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Gobierno activa el “Plan Independencia 200”: lo que se sabe

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Nicolás Maduro anunció este jueves, 11 de septiembre, el despliegue del “Plan Independencia 200”, una operación militar que según dijo busca garantizar la “independencia y la paz” de Venezuela, frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

“Estamos activando en este momento, de norte a sur, de este a oeste, 284 frentes de batalla en todo el país”, afirmó Maduro desde Ciudad Caribia en un acto transmitido por VTV.

El gobernante estuvo acompañado en el acto por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y otros funcionarios de su administración.

Maduro indicó que este plan forma parte del concepto de “defensa integral de la nación”, con participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia Nacional y los cuerpos combatientes de trabajadores organizados.

“Es una ofensiva permanente. Llamo a la consolidación de posiciones y a fortalecer el sistema defensivo nacional”, expresó.

Puntos en “rutas potenciales de un posible agresor”

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, señaló que se activaron “284 puntos críticos” para enfrentar supuestas amenazas y agresiones del gobierno de Estados Unidos. 

Desde la carpa del Comando Estratégico Operacional, explicó la función de los llamados “puntos críticos” incluye “acciones ofensivas, defensivas, de guerrillas, de milicia territorial y de cuerpos combatientes”. El objetivo principal -dijo- es garantizar la defensa integral de la nación ante cualquier eventualidad.

Padrino López explicó que entre los puntos reforzados se encuentran los puestos de comando principales y alternos, las direcciones de aproximación potenciales y los puntos de atención ciudadana atendidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los cuales incluyen instalaciones esenciales como aeropuertos, puertos, plantas petroquímicas, eléctricas y de comunicaciones.

Asimismo, sostuvo que se prioriza la defensa de las costas, donde opera la zona de paz binacional N.º1 en la frontera con Colombia. “Estos puntos representan las rutas potenciales de un posible agresor y son clave para la defensa territorial”, señaló.

Por otra parte, dirigió un mensaje a los “imperialistas” para que “piensen bien lo que van a hacer y las decisiones que vayan a tomar”, señalando que “se han dejado engañar por actores internos” y asegurando que la moral de Venezuela no está acabada, sino que es “un pueblo efervescente, lleno de energía, lleno de luz, lleno de pasión por defender a su patria”.

“Esto no lo estamos haciendo a caprichos (…) está escrito en los manuales de doctrina”, afirmó (…) La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene las armas de la República, ama la paz, no ama la guerra. No la ama, no la quiere, pero tampoco se equivoque, para eso nos estamos preparando”, advirtió.

Las amenazas de Cabello

Desde los alrededores de la refinería Amuay en Falcón, vestido de militar, portando un arma larga y llamando a “defender la patria”, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, señaló que hay vigilancia en cada punto con una “máxima movilización”. Según dijo, el objetivo es que Venezuela esté preparada para enfrentar a “cualquier enemigo, adversario y amenaza”.

“Quienes intenten agredir a nuestra Patria se encontrarán con el Pueblo”, declaró Cabello, quien además lanzó una de sus acostumbradas amenazas: “Los enemigos de la patria, los de adentro y los de afuera, tendrán que entender que, siempre que intenten agredir a nuestra patria, ahí estaremos nosotros”. 

Cabello también resaltó que en esta operación “convergen nuestras fuerzas militares, los trabajadores, las trabajadoras, nuestro pueblo y las fuerzas policiales en perfecta fusión popular, militar y policial”.

Comenzó la activación de puntos en las regiones

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ofreció un balance del despliegue desde el estado Sucre, donde -afirmó- se revisaron los planes en toda la región oriental, incluyendo también a Nueva Esparta y Delta Amacuro. Según dijo, en esta región se activarán 34 puntos especiales “en resistencia activa”.

“Desde el estado Sucre, un mensaje muy claro a los gobierno vasallos del departamento de guerra de EEUU: El gobierno de Trinidad y Tobago, el gobierno de Guyana, tómenlo con calma, no se atrevan y no se les ocurra. Se están prestando para los planes perversos de una agresión contra el pueblo de Bolívar, pero también se están prestando para desestabilizar a todo el Caribe y a este continente”, señaló.

Por su parte, José Alejandro Terán, gobernador de La Guaira, se apostó frente a la Casa Guipuzcoana para informar la activación de 10 puntos en la entidad litoral del país, como parte del Plan Independencia 200.

En un video musicalizado con una melodía al estilo medieval y portando un arma larga, Terán aseguró que existe una “amenaza inminente” por parte del gobierno de Estados Unidos con “ocho buques de guerra, un submarino nuclear y 1200 misiles” apuntando a Venezuela con una “falsa narrativa” de que Venezuela es un “narcoestado”.

“No, señores. Aquí todo el mundo sabe la verdad, que el narcoestado es el propio imperialismo yanqui (…) Condenamos desde aquí cualquier intento de agresión, de amenaza. Sepan ustedes, yanquis de mierda, que aquí no somos cobardes”, dijo Terán con un tono de voz elevado.

También, el gobernador de Falcón, Víctor Clark, participó en el despliegue del Plan Independencia 200 junto a Diosdado Cabello, con “ejercicios de movilización y ofensiva permanente en defensa de la patria”, según dijo en Instagram.

“Aquí está el Pueblo trabajador, la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad en perfecta fusión, listos para defendernos de cualquier amenaza interna o externa”, añadió Clark.

El comandante de la ZODI Zulia, G/D Javier Enrique Magallanes, en compañía del gobernador Luis Caldera, informó de la activación de 37 puntos en la región ubicada al noroeste del país. Estos puntos, según el uniformado, estarán “resguardando el interés operativo” como costas, arterias viales, instalaciones estratégicas y aeropuertos con el fin “de proteger” la región zuliana.

Carmen Meléndez, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, también activó en el plan desde la capital del país. “Caracas ha sido ejemplo a través de la historia de esa rebeldía y esa juventud rebelde, de esa llamarada que se encendió con el primer grito de independencia que después fue a toda América Latina”, expresó.

“El pueblo se está preparando y dice presente para la lucha, la batalla y las victorias que siempre hemos conseguido en unidad perfecta en nuestra capital”, añadió.

También, desde Caracas, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó un despliegue a propósito del Plan Independencia 200, en una jornada liderada por el presidente del organismo, Luis Granko. “Este contingente permanece firme, alerta y operativo en puntos estratégicos de la sede principal, como muestra concreta de resistencia institucional ante cualquier intento de vulnerar la soberanía nacional”, señaló el INTT en Instagram.

Contexto de tensiones entre EEUU y Venezuela

Desde el pasado mes de agosto, las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos están al filo de un conflicto. Donald Trump ordenó el despliegue de sus tropas y buques de guerra en el Caribe con la finalidad de combatir el narcotráfico. El mandatario estadounidense acusó directamente a Nicolás Maduro de presidente “ilegítimo” y de ser el cabecilla de un “narcoestado” por lo que ofreció 50 millones de dólares a quien ofrezca información certera sobre su captura.

Mientras tanto, la administración de Maduro mantiene un entorno de represión sostenida, llevando a cabo nuevas detenciones y desapariciones forzadas de dirigentes políticos relacionados con la causa de María Corina Machado, además de aumentar la presencia militar y policial en todo el país.

Amenazas cruzadas van y vienen. Trump advirtió que cualquier aeronave venezolana que represente peligro será derribada, mientras Maduro pidió a la ONU interceder para frenar lo que considera una violación a la soberanía nacional.

De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) el hundimiento de la embarcación en el Caribe y el sobrevuelo de aviones venezolanos sobre buques estadounidenses muestran un escenario intermedio que podría derivar en mayor tensión.

La organización afirmó que el riesgo de una escalada de tensiones entre Venezuela y EEUU es alto y podría ir de la intimidación militar a ataques selectivos, e incluso —aunque menos probable— a intentos de derrocar al gobierno de Maduro.

Aumenta la vigilancia en la frontera y suspensión de pasaportes

Durante los últimos días se ha reportado un aumento en la vigilancia de estados fronterizos como el Táchira. Según un reporte del medio andino La Nación, en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, unidades militares han arribado para reforzar la seguridad en los pasos fronterizos.

Asimismo, en otros sectores como la avenida Venezuela, que conecta con la aduana principal de Bolívar, han circulado varias unidades con uniformados a bordo y con destino final la sede del Destacamento 212.

A propósito de esta vigilancia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), denunció este 11 de septiembre que fue retenido el periodista y reportero gráfico Scheyder Vladimir Mendoza, corresponsal de la Agence France-Presse (AFP) en Cúcuta, al cruzar el Puente Internacional Francisco de Paula Santander en Ureña en Táchira. Según la organización, antes de ser liberado “lo obligaron a borrar el material que había hecho del despliegue militar en la frontera entre Venezuela y Colombia”.

A su vez, el activista por los derechos humanos Marino Alvarado denunció que continúan las anulaciones de pasaportes a viajeros en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, así como los interrogatorios por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

“El derecho al libre tránsito se violenta al impedir a las personas viajar o se les anula el pasaporte al entrar”, denunció Alvarado en redes sociales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Tras reunión con la CPI, venezolanos levantaron huelga de hambre

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Tras doce días en huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), los cuatro venezolanos anunciaron el fin de su protesta, luego de haber sido recibidos en una reunión confidencial por representantes de la Fiscalía del tribunal internacional.

La acción, iniciada el 31 de agosto por miembros de la plataforma JAUJ (Juventud Activa Venezuela Unida), se convirtió en un símbolo de resistencia pacífica en nombre de los presos políticos, desaparecidos, asesinados y perseguidos por el régimen venezolano. Laura García, vocera del grupo, leyó un comunicado en el que se reafirmó el compromiso de seguir luchando por justicia y dignidad para las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

“Lo hicimos en el nombre de los presos políticos, de los desaparecidos, de los asesinados, de los perseguidos y de las familias que aún buscan respuesta y de todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, dijo García.

La vocera del grupo afirmó que fueron recibidos en una reunión de confidencialidad a favor de las víctimas en donde se les confirmó que “la Fiscalía y la CPI continúan avanzando en sus investigaciones. Se reconoció nuestro reclamo legítimo”.

Durante la reunión con la Fiscalía, se confirmó que las investigaciones sobre Venezuela continúan activas y que los huelguistas, junto con otros actores de la sociedad civil, serán incorporados a canales de comunicación existentes para garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas en este proceso histórico.

David Cáceres, uno de los líderes del movimiento, destacó que la CPI reconoció la legitimidad del reclamo y que se abrirán espacios de diálogo más directos entre la sociedad civil venezolana y el tribunal. “La Corte nos aseguró que Venezuela no está olvidada”, afirmó.

La protesta, que duró más de 288 horas, recibió el respaldo de organizaciones dentro y fuera del país, y logró visibilizar ante la comunidad internacional la urgencia de actuar frente a la impunidad en Venezuela.

La CPI abrió un examen preliminar sobre Venezuela en 2017, y desde entonces, víctimas, activistas y organizaciones han denunciado la lentitud del proceso. Esta huelga de hambre se suma a una larga cadena de acciones que buscan acelerar la justicia internacional frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

APUFAT-UCV: No normalizaremos la crisis salarial universitaria

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El Sindicato de Profesionales en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela (APUFAT-UCV) alzó su voz este viernes, 12 de septiembre, para denunciar la grave crisis salarial que afecta al personal universitario en todo el país.

En un comunicado público, la organización gremial se sumó a la exigencia colectiva por condiciones laborales dignas, respaldando plenamente la denuncia emitida por la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV).

“La desvalorización sistemática del trabajo universitario vulnera derechos constitucionales y contractuales, y pone en riesgo el funcionamiento académico, técnico y administrativo de nuestras universidades”, señala el texto firmado por la junta directiva de APUFAT-UCV.

El sindicato advierte que los bajos sueldos, la precariedad en las condiciones de trabajo y la ausencia de políticas públicas coherentes han deteriorado profundamente la calidad de vida de los trabajadores universitarios y sus familias. Esta situación, afirman, compromete el futuro de miles de estudiantes en todo el país.

En consonancia con su compromiso democrático, APUFAT-UCV convocó a la comunidad universitaria a tomar acción mediante cuatro líneas estratégicas:

  • Participar en jornadas de protesta pacífica convocadas por los gremios.
  • Firmar y difundir el manifiesto conjunto por condiciones laborales dignas.
  • Utilizar redes sociales y medios comunitarios para visibilizar la crisis.

“Nos negamos a normalizar la crisis. Exigimos respeto, justicia y condiciones dignas para ejercer nuestras funciones con excelencia y compromiso”, concluye el comunicado.

Durante años, el gremio universitario ha sostenido una lucha constante por visibilizar la profunda crisis salarial que atraviesa el sector. A pesar de múltiples comunicados, protestas pacíficas y llamados al diálogo, la respuesta institucional ha sido insuficiente o inexistente, perpetuando una situación que vulnera derechos fundamentales y compromete el futuro académico del país.

1.275 días sin aumento salarial

El pasado miércoles,  profesores de la UCV denunciaron que llevan 1.275 días sin un ajuste salarial, por lo que sus ingresos siguen siendo de 130 bolívares mensuales, equivalentes a menos de un dólar según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (157,72 bolívares por dólar).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.