“Yo no digo que no haya una amenaza, claro que hay una amenaza exterior”, sostuvo la directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, acerca del decreto de estado de conmoción exterior firmado por Nicolás Maduro y según el Ejecutivo en vigencia.
“Pero la Ley Orgánica de Estados de Excepción dice que este decreto no puede dictarse sobre la base de que va a pasar algo, es cuando esté pasando que se debe hacer para tomar ciertas medidas”, indicó la abogada en la edición de este martes 30 de septiembre de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual.
Louza dijo que el decreto rubricado recientemente por Maduro a raíz de la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe no ha sido publicado en Gaceta Oficial ni en medios de comunicación social, por lo que existen muchas dudas en torno a su aplicación.
“La gente se asusta y con razón. Haber hecho esto crea inseguridad jurídica e incertidumbre en la población”, manifestó Louza en el programa conducido por Víctor Amaya, director de Tal Cual y César Batiz, director de El Pitazo.
La abogada cuestionó la entrada en vigor de este decreto cuando ya existen instrumentos legales avalados por la coalición gobernante que estipulan acciones similares.
“Hace poco se creó un instrumento legal para la militarización de los municipios (Áreas de Defensa Integral) y ya los servicios públicos están en manos del Estado y de los militares”, comentó la entrevistada.
Louza agregó que en torno al posible cierre de fronteras estipulado en el estado de conmoción, el Estado previamente ha tomado acciones en esa dirección.
“Con la anulación de pasaportes muchas personas no pueden salir del país”, recordó.
La fundadora de Acceso a la Justicia aseveró que el decreto permite limitar ciertas libertades, pero hay algunas que son inviolables y están consagradas en la Constitución.
“El debido proceso, que no está garantizado en el país. La información no se puede limitar, sin embargo, ya se hace con la censura y autocensura, tampoco el derecho a la libertad, pero existen desapariciones forzadas. Un habeas corpus no puede ser limitado, no obstante si uno acude a un tribunal a introducirlo ni siquiera lo aceptan”.
Decisión inconstitucional
Amaya apuntó que el pasado 8 de agosto, el gobierno decretó otro estado de emergencia económica, el cual también le otorga poderes especiales al Ejecutivo.
“¿Para qué necesitas este decreto de conmoción exterior si ya tienes la Ley Simón Bolívar? Tenemos una serie de leyes que se han ido creando y violan la Constitución, existe todo un andamiaje jurídico que permite gobernar de esa manera y castiga a quienes sean considerados enemigos”, opinó.
Louza aseguró que según lo estipulado en las leyes, el estado de conmoción exterior tiene una duración máxima de 90 días a partir de su entrada en vigencia. Insistió en que estos decretos tienen un tiempo, porque se supone que la situación va a ser resuelta: “Es importante la temporalidad y la proporcionalidad”.
Por otra parte, la abogada criticó la constitucionalidad del decreto.
“En principio, porque Venezuela suscribió un acuerdo donde se estipula que este tipo de medidas deben ser informadas a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Estado no cumple con esta normativa desde 2015”.
A juicio de Louza, en un Estado de Derecho pleno, las leyes tardan tiempo para sancionarse.
“Aquí en Venezuela una ley puede salir en una semana. Este decreto debería estar en manos de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia”, indicó.
Amaya dijo que después de firmarlo y entrar en vigencia, Maduro anunció que hará un proceso de consulta sobre el decreto.
“El problema es que no hay separación de poderes, los órganos de justicia no son independientes, hay pocas instancias donde acudir, no tenemos dónde reclamar. Con este decreto podrían haber más detenciones, más violaciones a los derechos humanos. Esto es darle un ropaje jurídico al poder en Venezuela, que nunca tiene límites”, advirtió.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
