Durante los últimos 10 años, la figura de los estados de excepción en Venezuela se ha convertido en una herramienta recurrente del Ejecutivo, transformando la “excepcionalidad en cotidianidad” para “afianzar el control social sobre la población”, advirtió este miércoles, 1 de octubre, la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Mediante un comunicado, Provea reseñó casos como el de 2015, cuando el gobierno decretó ocho estados de excepción que afectaron a 26 municipios de cuatro estados fronterizos. La medida se justificó entonces en el marco de la “lucha contra el paramilitarismo, narcotráfico y contrabando de extracción”, lo que derivó en la criminalización de pobladores fronterizos, acusados de “bachaqueros, contrabandistas y traidores a la patria”.
En Zulia, recordó la organización, la presencia militar se reforzó en La Guajira, aumentando los abusos contra los pueblos indígenas Wayúu y Añú. Funcionarios de la Brigada 13 de Infantería Motorizada del Ejército fueron señalados por la presunta comisión de más de 19 asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales en localidades fronterizas. Asimismo, en Táchira, las medidas permitieron las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), que provocaron el desplazamiento forzoso hacia Colombia de más de 20 000 personas.
A partir de mayo de 2016, Venezuela estuvo bajo un “Estado de Excepción y Emergencia Económica” continuado, que, según Provea, “usurpó las funciones del Parlamento venezolano al eliminar atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional” y suspendió derechos constitucionales como la libre asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacífica, subordinando los derechos ciudadanos a los intereses del Estado y la seguridad nacional.
Al año siguiente, en 2017, Provea señaló que el gobierno justificó la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), mientras que en 2018 la prórroga del Estado de Emergencia Económica eliminó la línea entre defensa nacional y seguridad ciudadana, aumentando la letalidad de las FAES. Entre 2017 y 2018, los operativos de este escuadrón se intensificaron, acumulando cientos de ejecuciones extrajudiciales y allanamientos ilegales bajo la justificación de la lucha contra el “terrorismo, paramilitarismo y desestabilización”.
En marzo de 2020, en medio de la pandemia por COVID-19, se decretó un también un “Estado de Alarma” que permitió la reactivación de la llamada “Furia Bolivariana”, escalando las detenciones arbitrarias y el hostigamiento contra activistas sociales y políticos.
Provea alertó que ninguno de los estados de excepción dictados durante la era de Nicolás Maduro ha cumplido con los principios de proporcionalidad y temporalidad establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. “En todos los casos, han sido empleados como excusa para aumentar la represión, la persecución por razones políticas y afianzar el control social de la población bajo la narrativa de la ‘defensa de la seguridad de la nación'”, advirtieron.
Finalmente, la organización alertó que la reciente declaratoria de un Estado de Conmoción Exterior genera preocupación, ya que podría significar un paso hacia la militarización total del país y un aumento de los abusos contra los derechos humanos bajo la excusa de la “defensa de la soberanía”.
Más de 12 decretos de estados de excepción han sido dictados por el gobierno de Nicolás Maduro entre 2015 y 2025.
— PROVEA (@_Provea) October 1, 2025
Entre la declaratoria de Estado de Excepción y Emergencia Económica, Estado de Alarma y ahora, Estado de Conmoción Exterior, el abuso crónico de la figura de estados… pic.twitter.com/BrMaPqiDgo
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