La situación de derechos humanos en Venezuela entró en un período “alarmante de recrudecimiento” en los meses posteriores al proceso electoral del 28 de julio de 2024. Un informe reciente de la organización Defiende Venezuela, que abarca el trimestre de agosto a octubre de 2025, documenta cómo las dinámicas de represión selectiva no solo continúan, sino que se han sofisticado y extendido, alcanzando ahora a los círculos familiares de los activistas.
El informe destaca la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta o media duración, acompañadas de violaciones al debido proceso. Sin embargo, la organización resalta con “creciente preocupación” la intensificación de una modalidad conocida como Sippenhaft.
Esta práctica, definida como “detener y desaparecer a familiares de activistas para ejercer presión, intimidación o castigo colectivo”, se ha vuelto más frecuente. El informe señala que esta dinámica represiva “se ha extendido, ahora con más frecuencia, a los familiares más cercanos de la víctima”.
Defiende Venezuela reporta casos documentados entre agosto y octubre de 2025 contra familiares del defensor Pedro Hernández, del preso político Antonio Sequea, del ciudadano Miguel Guillén (percibido como colaborador de la oposición) y de la coordinadora regional de Vente Venezuela, Nereida Loyo.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFM) ya había advertido sobre esta modalidad en informes previos, y ha señalado que esta práctica represiva es utilizada por las fuerzas de seguridad e inteligencia del Estado “para atraer a opositores, reales o percibidos, cuando quieren detenerlos o inclusive como modalidad de tortura” .
El patrón observado en los últimos meses refleja una escalada alarmante: “No solo son objeto de persecución los defensores de derechos humanos y opositores, sino también sus familiares directos, incluyendo menores de edad”.
Este reporte trimestral también indica que, como “evidencia del control político del aparato de justicia y de la administración
que el gobierno hace de la represión”, se sigue observando procesos cíclicos de liberación y detención de nuevas personas víctimas de la represión política, “con una especial incidencia de activistas políticos de oposición o personas percibidas
como oponentes políticos del gobierno”.
La maquinaria represiva se actualiza
Defiende Venezuela destacó en su reporte que este incremento en la persecución familiar se complementa con la reactivación de herramientas de control social y la creación de nuevos marcos legales para justificar la represión.
El 22 de septiembre de 2025, la Misión de la ONU presentó una actualización que cuantifica el impacto de la “maquinaria represiva” en el contexto postelectoral. El informe señaló un “aumento de las detenciones arbitrarias, las cuales ascendieron a 2220” en el marco de las protestas, calificándolo como “el período más crítico en la historia reciente”.
Asimismo, denuncian que el gobierno de Nicolás Maduro ha reactivado el uso de la aplicación VenApp. Aunque fue creada en 2022 para reportar fallas de servicios públicos, el informe denuncia que tras las elecciones de 2024, “el gobierno reorientó el uso de la app hacia la vigilancia social”.
Esta plataforma permite ahora que civiles o “patriotas cooperantes” denuncien a quienes protestan o manifiestan descontento. El 22 de octubre de 2025, Maduro instó a ampliar su uso para que “el pueblo, de manera segura, esté reportando las 24 horas del día todo lo que ve, todo lo que oye, para seguir ganando la paz”. Esta política, según el informe, ha generado “miles de detenciones arbitrarias de opositores, reales o percibidos”.
Finalmente, el 30 de septiembre de 2025, se materializó el decreto de un “estado de conmoción”. Organizaciones y analistas advierten que esta medida, amparada en el artículo 338 de la Constitución, “puede habilitar restricciones severas a libertades ciudadanas” , como la restricción de tránsito y manifestación, y “consolidar aún más el autoritarismo estatal en nombre de la seguridad nacional”.
El informe de Defiende Venezuela concluye que estos eventos evidencian el “control político del aparato de justicia” y la “utilización del encarcelamiento político como herramienta de represión” , en un patrón sostenido que viola las obligaciones internacionales del Estado.
¿Cómo han actuado las instancias internacionales de protección?
El informe también resume la actuación de los mecanismos internacionales de protección, de justicia y de rendición de cuentas respecto a Venezuela durante los últimos tres meses. Entre ellas, menciona la a declaratoria de jurisdicción de la Corte CIDH sobre Venezuela, la consecuente reafirmación de competencia por parte de la CIDH, acompañada de una solicitud de visita in loco, y el más reciente informe de la Misión Internacional de Establecimiento de Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos, enfocado en el contexto reciente de violencia postelectoral.
Sobre este último reporte, enfatizan que la Misión también recalcó la “maquinaria represiva perpetrada por organismos de seguridad del Estado venezolano”· en un patrón que señaló como “sostenido y ejecutado en combinación de diferentes métodos, con un especial auge en los momentos de mayor tensión política”.
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