¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del lunes, 1 de diciembre,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el sábado que el espacio aéreo venezolano debería considerarse como “totalmente cerrado”, lo que acentuó las tensiones entre ambas naciones. El gobierno de Nicolás Maduro ripostó con un fuerte comunicado para denunciar y condenar lo que califica como una “amenaza colonialista” por parte de Estados Unidos. El Ejecutivo denunció que Trump pretende aplicar “extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela” y “dar órdenes o amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano”.
Por su parte, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, saltó para cuestionar a Trump y para advertir que su orden era “ilegítima”, y casi al final de este movido fin de semana, el propio Trump reveló que había conversado con Maduro, sin revelar muchos detalles de la conversación y afirmando que no fue “ni buena, ni mala”.
Consulta las noticias en donde se relata este vaivén entre Venezuela-EEUU
En las redes sociales se viralizó el momento en el que funcionarios de la PNB sacaron de su casa al secretario general de la CTV (e), José Elías Torres. El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical denunció que la detención se practicó sin orden judicial y sin informar el motivo.
#EsNoticia |🚨⚖️ PNB secuestra al líder sindical José Elías Torres en Caracas
🇻🇪 Funcionarios de la PNB sacaron de su casa al secretario general de la CTV, José Elías Torres, sin orden judicial y sin informar el motivo de la detención, denunció el Observatorio Venezolano de… pic.twitter.com/f2Jc1vfCF4
Nicolás Claveau, esquiador venezolano, clasificó el pasado viernes a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026. Claveau nació en Venezuela, pero reside en Canadá.
El dúo venezolano San Luis, integrado por los hermanos Luigi y Santiago Castillo, estrenó el pasado 28 de noviembre en YouTube su “Free Cover”, una sesión musical de 20 minutos en la que hicieron un recorrido por sus éxitos estilo pop-latino cargados de sentimiento y que le han valido importantes reconocimientos internacionales. El concierto ya tiene casi 1 800 000 reproducciones.
Luego de un fin de semana de tensiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que había conversado con el gobernante venezolano Nicolás Maduro.
“No quiero comentar al respecto. La respuesta es sí”, dijo Trump desde el Air Force One, cuando se le preguntó si había hablado con el dirigente oficialista.
Días atrás, el New York Times había revelado que esta conversación tuvo lugar a mediados de noviembre y que se discutió una posible reunión entre ellos en Estados Unidos.
Los periodistas insistieron en conocer en qué términos se desarrolló ese intercambio y si hubo resultados satisfactorios, a lo que Trump respondió: “No diría que salió bien o mal, fue una llamada telefónica”.
Fin de semana de tensiones
Durante este último fin de semana de noviembre las tensiones entre ambos países se incrementaron. El pasado sábado, Trump dijo que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse “cerrado en su totalidad”, decisión que justificó también este domingo al asegurar que esta nación “no es un país amigable” y que enviaron “millones de personas” provenientes de cárceles y de pandillas.
Posteriormente, el gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado para denunciar y condenar lo que califica como una “amenaza colonialista” por parte de Estados Unidos. El Ejecutivo denunció que Trump pretende aplicar “extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela” y “dar órdenes o amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Con el mismo título, a la manera de subtítulo, escribí recientemente sobre el ¡nunca más! Tras lo padecido indiscriminadamente por la nación venezolana bajo un régimen hoy acusado de la comisión de crímenes de lesa humanidad, pudiese aparecer como amenaza real el que las víctimas demanden el ojo por ojo, el diente por diente. Ello, como lo creo, no sería consistente, sin embargo, con la lección que el mismo pueblo le dio a su victimario –Nicolás Maduro Moros– durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Tras décadas de ardiente confrontación, un gesto de civismo lo dejó al desnudo, sujeto al desprecio de toda la opinión internacional.
La idea de la justicia que busco subrayar esta vez y como antes lo dije, es ajena a la noción de la venganza. A las instituciones a las que les toque juzgar en el porvenir a los criminales del régimen venezolano, si bien habrán de hacerlo con vistas a cada caso, sin mengua de la actuación esperada y retrasada por la Corte Penal Internacional, en la hipótesis se habrá de tratar de que tal tarea sea asumida por una judicatura independiente, obra del restablecimiento constitucional y democrático. De paso del desorden hacia el orden, que ha de asegurarse en su continuidad una vez alcanzada la gobernabilidad del país.
No podrá volverse dicha tarea un amago o simulación de justicia, condenado al fracaso, sea por su eventual ideologización, ora por yerro de sentido común. La historia de las Américas y la de Venezuela muestra como experiencia suficientes casos. Me viene a la memoria lo dicho en algún momento por una víctima de la dictadura chilena de Pinochet, devenida en representante de la vindicta pública, a cuyo tenor –afirmaba– si acusase a sus verdugos desde el dolor por ella sufrido estaría vulnerando la idea de la Justicia; quedaría emparejada con quienes la destruyeron.
En ese orden, en lo personal, he hecho propia la enseñanza que dictase Benedicto XVI apelando a San Agustín, teniendo presente a sus compatriotas alemanes una vez como logró ser desarraigado el nazismo: –“Hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó a él; cómo se pisoteó el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho; se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada, que podía amenazar el mundo entero y llevarlo hasta el borde del abismo. Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político”, recordaba.
La cuestión es y seguirá siendo agonal para los venezolanos, de cara al instante en que cristalice como momento posible el espíritu constituyente en boga –no digo reconstituyente– de la nación que habremos de ser. Sus huellas se nos extraviaron desde la caída de la Primera República, tras la entronización del mito del gendarme necesario luego de las guerras fratricidas por nuestra Independencia. Y como la idea de la nación y la determinación de su voluntad ha de anclar sobre valores éticos compartidos, propios de nuestro ethos, los que hubieron de ser y no lo fueron como precedentes para la construcción de la república y de sus principios ordenadores, uno y el más importante será el del criterio que tengamos acerca de la Justicia. Que es tal, al menos teóricamente, como dimensión en la que todos y cada uno podamos realizar nuestras libertades, aseguradas, no dadas u obsequiadas, por el poder constituido.
Lo primero que hemos de recordar es que lo actual partió de un pecado original, previo al dictado de la Constitución de 1999. Se trató del asalto al Poder Judicial por una comisión de emergencia constituyente que destituyó a todos los jueces sustituyéndoles por provisorios. Los sujetó e hizo dependientes del poder que los nombraba. No por azar, como desagüe ominoso, constatado la Misión de Naciones Unidas para los Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, “los jueces amenazaron a las personas acusadas con imputarles injustificadamente delitos graves relacionados con terrorismo si no se declaraban culpables de otros delitos más leves de los que se las acusaba”. Y “las y los actores fiscales y judiciales, en lugar de proporcionar protección a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, desempeñaron un rol importante en la represión del Estado.”
Lo cierto, sin embargo, es que la gravedad de este desenlace corriente es la fatal consecuencia de la utilización sistemática de la Justicia para criminalizar o contener el debate político y democrático; o para purificar las desviaciones e inconstitucionalidades que se han hecho hábito en el ejercicio sin cortapisas del poder gubernamental no solo en Venezuela sino también en América Latina. Los ejemplos huelgan.
Así como Lula da Silva le devuelve a Bolsonaro su cárcel –en el primer caso por su palmaria corrupción a través de la empresa Odebrecht y la de este, acusado de intentar un golpe de Estado en Brasil– el presidente salvadoreño Bukele acabó, desviando el sentido de la soberanía popular democrática, con la Justicia constitucional, para evitar los controles que ejercía sobre su gobierno. Tanto como, si revisamos la experiencia nuestra, la venezolana, constataremos que, a raíz del 18 de octubre de 1945, el llamado Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa abrió un paraguas para no dejar fuera a ningún actor vinculado a los tres gobiernos precedentes. Rómulo Betancourt atribuyó a ese error el descalabro de su revolución democratizadora, que dio lugar a la década militar clausurada el 23 de enero de 1958.
Incluso, así, por decisión de los partidos forjadores de la república civil –Acción Democrática, COPEI y URD– se politizó institucionalmente la Justicia mediante la creación del Consejo de la Judicatura, bajo protesta del primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1973). Cada partido tuvo su cuota de jueces. El maestro y exrector de la UCV, Rafael Pizani, ministro de Educación a inicios de la democracia y hombre de probada honorabilidad, a fin de diluir los temores fundados se le encomendó dirigir al consejo naciente. Al poco tiempo renunció, constatando el error de esa iniciativa que, sin poder contenerla, maltrataba la necesaria autonomía e independencia judicial.
Mas tarde, con la misma ley de probidad administrativa que animara su propio gobierno al objeto de enfrentar al morbo de la corrupción, fue perseguida con saña la casi totalidad de los ministros y gobernadores que ejercieron bajo la presidencia de Luis Herrera Campíns (1979-1984). La historia, enhorabuena y con retardo, le ha reconocido su probidad cabalmente franciscana. Pero no le perdonaban, entonces, haber invertido la pirámide electoral como lo hizo para acceder al poder con apoyo de los sectores más pobres del país, considerados por el partido histórico, Acción Democrática, como su coto de caza. Y nada que decir, por lo evidente, del posterior uso de la Corte Suprema de Justicia para destituir, antes de que concluyese su mandato presidencial, a Carlos Andrés Pérez. Una aviesa criminalización de la política propulsada por José Vicente Rangel, luego vicepresidente del régimen que ha acabado con los derechos humanos en Venezuela, se hizo espacio en una hora en la que era evidente la agonía del sistema político y cuando tomaba cuerpo el desencanto con la democracia.
En honor de la objetividad cabe ajustar que, así como en 2015 la Asamblea Nacional de Diosdado Cabello, derrotada por el pueblo, aprovechó la coyuntura para reorganizar la Justicia dictatorial y designar como magistrados, al margen de los requisitos que exige la Constitución, a diputados que habían perdido su curul, el cuerpo legislativo siguiente, en 2017, intentando corregir el entuerto no lo hace de manera ortodoxa.
Si en 2019 la Asamblea presidida por Juan Guaidó forja un inexistente gobierno parlamentario, tras la ausencia de un presidente constitucionalmente electo, luego de la inconstitucional usurpación de sus tareas parlamentarias por el Tribunal Supremo oficialista, aquella usa de sus competencias y procede a designar a 33 magistrados, en su mayoría suplentes. De estos algunos no llenan las exigencias, y de conjunto son repartidos entre los partidos integrantes de la oposición a Nicolás Maduro. Perseguidos por la dictadura viajan al exilio, desde donde han sido un ariete inevitable para la controversia política, entre los mismos magistrados electos.
El cáncer de las democracias
La judicialización de la política, en suma, es el virus o la enfermedad que carcome, incluso a las democracias más fuertes como la colombiana o la norteamericana, para no mencionar la israelí. Es, sin lugar a duda, el factor de quiebre de la piedra angular que ha sostenido a la libertad en Occidente. Quienes han perdido son las víctimas, los carentes de todo poder. Si ayer, ante la arbitrariedad de los gobernantes podían estas recalar con sus reclamos en el parlamento para que ejerciese los controles políticos indispensables, en defecto de aquellos y de este, mediante una Justicia sin autonomía, se han quedado a la deriva, huérfanos de toda protección real.
Al propio Donald Trump se le critica acremente, más por su verbo y su talante que por sus acciones, que bien podrían juzgarse de arbitrarias. Empero, en todos los supuestos y a propósito de aquellas, sin dejar de controvertir ante la opinión pública –que es lo propio de cualquier democracia madura– el presidente norteamericano no ha desacatado a la Justicia. Ante ella viene ejerciendo sus recursos –lo hizo siempre como expresidente– y esta vez los impulsa con un fuerte voluntarismo hasta llevar sus criterios ante la última instancia, la de la Corte Suprema. Por lo que, en medio de sus embates, nada ajenos a los que vive la deconstrucción política y cultural en avance, puede afirmarse que la constitucionalidad norteamericana goza de buena salud.
Trasladar la política para que los jueces terminen siendo dictadores y reformadores de las leyes, haciéndoles decir lo que no dicen para impulsar regímenes de mentira, como era lo propio del fascismo italiano, en nuestro tiempo se le conoce como la práctica del lawfare. Es una figura inventada, a propósito, por los sectores políticos que adversaran al primer Trump, a fin de no darle tregua y si es posible, llevarlo hasta la cárcel, como se intentó varias veces. Lo paradójico es que los creadores de esa franquicia, ahora cuando se les devuelve por obra de sus actos inconstitucionales y colusiones criminales (Argentina, Bolivia, Ecuador, España), les recriminan a sus víctimas el verse ahora como víctimas de su mismo engendro.
Con vistas al porvenir, he aquí lo que importa, es urgente que estemos prevenidos los venezolanos, primero, en cuanto al fenómeno o aporía que se ha puesto de moda, es decir, creer que pueden protegerse los derechos fundamentales de la persona y del ciudadano fuera de la democracia y sin Estado de derecho. Lo advirtió hace algún tiempo, como fenómeno pernicioso, el juez interamericano Sergio García Ramírez. Segundo, así como lo refiero en mi más reciente libro (Narcoterrorismo de Estado y reconstrucción de la libertad en Venezuela, IDEA/EJV, 2025), urge dotar al país de una administración de Justicia imparcial, competente, proba, valiente, meritoria, de criterio independiente, sujeta y solo sirviente de la ley. Ha de ser la tarea sustantiva e instrumental, que le dé sentido de realidad al empeño de construir la memoria de lo padecido por el país bajo el Estado narcocriminal que se nos instaló durante los últimos 26 años. Al cabo, será el juez quien habrá de fijar la verdad inconmovible de los hechos registrados y de cada violación constatada, determinando los responsables y las consecuencias que deban ser reparadas en cabeza de cada víctima y/o de sus familiares.
Cuando Donald Trump fue electo para un segundo mandato hace un año, aventuré varios atisbos de cómo podía ser esta presidencia estadounidense, tanto en su propio país como en el resto del planeta. Tengo la sana costumbre de admitir públicamente mis errores, así que hoy es una buena oportunidad para reconocer que uno de mis augurios formulados en aquel entonces estaba equivocado.
Dije que Trump manifestaría el mismo poco interés en Latinoamérica que caracterizó su primer mandato. De esa forma continuaría una tendencia que, en honor a la verdad, él no empezó, sino que había sido muy propia de sucesivos gobiernos estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, muy propia de la era post Guerra Fría. La democratización de los vecinos del sur, así como el colapso del polo comunista internacional, hacían innecesaria la atención prestada en décadas previas. E incluso si había retrocesos en materia democrática (y vaya que los hubo en varios casos), de todas formas Washington tenía otras prioridades, como la lucha contra el terrorismo en el Medio Oriente y la contención de China como potencia emergente en el Pacífico.
Pensaba que Trump, motivado además por el aislacionismo del movimiento MAGA, seguiría este patrón hasta cierto punto, y que en todo caso su interés en Latinoamérica se limitaría a la noción de fuente de inmigrantes indeseables, para lo cual tomaría medidas mucho más relacionadas con el control fronterizo que con la política exterior. ¡Ese fue mi gran error!
En realidad, el actual morador de la Casa Blanca ha mantenido una actividad considerable en este hemisferio. Una que al parecer pone en entredicho las suposiciones previas sobre el aislacionismo de Trump. Lo que indica es que, en vez de procurar el retiro pleno de Estados Unidos con respecto a los asuntos globalizados y una suerte de versión suavizada del hermetismo del Japón Tokugawa, Trump quiere regresar a la era de la geopolítica dura entre grandes potencias. A los tiempos de “zonas de influencia” (una expresión que pudiera pasar por eufemismo para “imperios”), anteriores a la consagración de internacionalismo liberal como norte del concierto de naciones, con el respeto a la soberanía territorial e intangible de cada Estado y la cooperación entre los mismos como piedra angular. Digo “norte” porque el ideal nunca se ha concretado del todo. Piénsese, verbigracia, en las zonas de influencia de la Guerra Fría. Pero con un Vladimir Putin decidido a tragarse a Ucrania y un Xi Jinping decidido a hacer de China el hegemón de Asia y el Pacífico, quizá ya ni puede hablarse de un ideal. Tal vez Trump tenga en mente un reparto tripartito del globo en zonas de influencia para Rusia, China y Estados Unidos.
En esa visión, sin duda preocupante para los países más débiles, Latinoamérica sería la zona de influencia natural para Washington. Nihil novum sub sole. Desde principios del siglo XIX, en Estados Unidos ha aflorado una escuela de pensamiento internacional por la cual él debe ser el país dominante en este lado del planeta y que las demás potencias no tienen nada qué buscar por estos lares. Esa es la Doctrina Monroe, nombrada por quien fue apenas el quinto mandatario de la república norteamericana, quien gobernó cuando las repúblicas hispanoamericanas consolidaron su independencia.
Pues bien, ahora, según un artículo reciente de The New York Times, se habla de una “Doctrina Donroe”, esbozo de lo que ha sido hasta ahora la política del segundo gobierno de Trump hacia el resto del continente americano y que refleja, con ciertas deformaciones, el ideario del que es paronomasia. Las primeras señales estuvieron marcadas por la obsesión de Trump con transmitir fortaleza y voluntad implacables, al punto de incurrir en conductas ridículas. Así, el presidente de Estados Unidos de pronto empezó a soltar alegremente amenazas de obtener el control de Groenlandia, así hubiera que arrebatársela a Dinamarca, y de recuperar para Washington la soberanía sobre el canal de Panamá. Pareciera que Trump perdió el interés en lo primero, pues desde hace meses no habla de la gigantesca isla ártica. En cuanto al istmo, parece haberse conformado con algunas concesiones del gobierno panameño en pro de los intereses norteamericanos en el canal y en contra de los chinos.
Después vinieron más indicios. Antes de examinarlos, no obstante, haré una analogía centenaria. “Aislacionismo” es una palabra que en Estados Unidos remite con frecuencia a los años 20 del siglo pasado. Pero esa noción siempre me ha parecido bastante eurocéntrica. Lo que hizo Washington fue retraerse con respecto al Viejo Continente. Luego de la Primera Guerra Mundial, la conclusión predominante entre las elites políticas norteamericanas fue que intervenir en dicho conflicto fue poco o nada provechoso para su país, por lo que a partir de entonces convendría dejar los asuntos de Europa a los europeos. Que resolvieran ellos solos sus problemas, si los volvía a haber. Sabemos que eventualmente el ascenso del fascismo acabó con tal actitud.
Pero volvamos a los roaring twenties. Mientras aquello ocurría en el Atlántico, en el Caribe se veía algo muy distinto. Estados Unidos mantuvo un constante intervencionismo con respecto a sus vecinos meridionales. En 1924, se inmiscuyó en una guerra civil en Honduras. Hasta ese mismo año ocupó militarmente República Dominicana. También tenía tropas en Haití y Nicaragua. En rigor, las intervenciones en Nicaragua y a ambos lados de La Española comenzaron en la década previa. Podemos incluso decir que, obviando la Guerra Mexicano-Estadounidense, la era de gran proyección norteamericana hacia Latinoamérica se remonta a finales del siglo XIX. Sobre todo, a partir de la guerra con España y la consiguiente transformación de Cuba en un satélite de Washington con poca independencia real y la de Puerto Rico en un territorio ultramarino de Estados Unidos. Asimismo, la separación de Panamá con respecto a Colombia no hubiera sido posible sin que la nueva república contara con protección militar norteamericana, con miras a la construcción y control de un canal interoceánico.
En todos estos casos, la motivación de las intervenciones fue la salvaguarda de intereses nacionales de Estados Unidos (intereses que no siempre coincidían con los de los países intervenidos y a veces eran hasta antagónicos, pero esa es otra discusión). En lo que difiere la doctrina Monroe con respecto a la “Doctrina Donroe” es que a menudo es difícil distinguir dónde termina el interés nacional de Estados Unidos y dónde empieza el interés privado de Trump. Las motivaciones de sus injerencias frecuentemente han estado marcadas por caprichos ideológicos y hasta personales.
Aquellos gobiernos que se alinean con la Casa Blanca se ven recompensados. Javier Milei ha sido un aliado constante de Trump desde que llegó al poder. Voilà. Pese a que Trump se ha identificado muy enfáticamente a sí mismo como un mandatario dispuesto a minimizar las ayudas internacionales para así maximizar la inversión en el bienestar de los estadounidenses, de pronto anunció un rescate a la economía argentina.
Tenemos también la situación en El Salvador. Por años, fiscales norteamericanos estuvieron investigando las actividades de pandilleros salvadoreños presos en Estados Unidos y, entre otras cosas, hallaron indicios de un supuesto pacto entre las pandillas y el ejecutivo de Nayib Bukele. Pues resulta que Trump ha estado maniobrando para poner fin a esas pesquisas, pese a todo el esfuerzo previo de los fiscales, y que los delincuentes sean deportados a su país, donde Bukele con toda seguridad les hará callar cualquier posible revelación incómoda. Esto, desde luego, no fue gratis. A cambio, Bukele recibió en su infame cárcel para terroristas a unos 250 venezolanos acusados por el gobierno de Trump, en la gran mayoría de los casos sin pruebas ni debido proceso, de ser matones.
Pasa lo contrario con los gobiernos que Trump ve con malos ojos. Miren nada más su contrapunteo infantil con Gustavo Petro, en el que ambos han actuado como adolescentes peleando en un patio de recreo, en vez de representantes de sus respectivos Estados. Washington sí tiene una inquietud legítima en cuanto al tráfico de cocaína que sale de Colombia. Pero me parece que la reacción de Trump, incluyendo a Petro en una lista de narcotraficantes, es desproporcionada y absurda (lo digo como alguien que no profesa simpatía alguna por el presidente de Colombia). Parece más una respuesta pueril y caprichosa al igualmente pueril y caprichoso afán de Petro de criticar al gobierno estadounidense como si fuera, no un jefe de Estado, sino un activista juvenil de izquierda.
Mucho más elocuente fue la situación en Brasil. Trump les impuso unos aranceles absurdamente altos a las importaciones brasileñas, para así presionar a las autoridades judiciales de ese país que llevaban el proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de golpismo. Evidentemente, no había ningún interés nacional estadounidense en el cálculo. Solo la afinidad ideológica entre Trump y Bolsonaro. También es este el caso en el que a las pretensiones de Trump les ha ido peor. Acaso por el tamaño de Brasil, su estatus como potencia regional y alianzas comerciales alternativas con China y otros países, los jueces brasileños no se doblegaron: Bolsonaro acaba de ser condenado a 27 años de cárcel. Entretanto, Trump parece haber desistido. Luego de conversaciones amistosas con el presidente Lula da Silva, los aranceles a Brasil fueron reducidos.
Lo que podemos concluir de todo esto es que la política exterior de Estados Unidos bajo la égida de Trump nos lleva a unos nuevos roaring twenties, justamente en los años 20 del siglo XXI. Es evidente que Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania lo más pronto posible y desentenderse de ese asunto. Es posible que quiera desentenderse de la seguridad y defensa de Europa, tal como sus predecesores de la jazz age. Pero mientras tanto, y de nuevo tal como los referidos predecesores, el intervencionismo en Latinoamérica es amplio, ‘à la’ manera de Trump.
Posdata: por estos días, la presente columna cumple ni más ni menos que diez años. Aprovecho para agradecer de corazón a todo el que la haya leído así sea una sola vez. También a todo el equipo de Runrunes por el espacio. Por haberme permitido expresarme en su portal todo este tiempo, sin exigencias ni censuras. A todos, mil gracias.
El operador ruso Pegas Touristik, una de las mayores empresas del sector en ese país, canceló el vuelo que debía trasladar turistas a la Isla de Margarita este lunes 1 de diciembre, desviando los viajeros a Varadero, Cuba, o proporcionándoles la opción de reembolso.
Esta decisión se produce tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió a las aerolíneas considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”.
El sábado 29 de noviembre, Trump emitió un mensaje en su red social Truth dirigido a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas“, solicitándoles considerar el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores como “cerrado en su totalidad”.
La Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) informó que la cancelación del vuelo se debe a la “potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles” en la zona debido al conflicto con Estados Unidos.
La directora de Pegas Touristik, Ana Podgórnaya, aseguró que los vuelos se restablecerán cuando la situación se normalice y que destinarán un vuelo especial para el retorno de los turistas rusos que ya se encuentran en Margarita.
La empresa rusa ofreció a los turistas afectados hospedarse en hoteles del mismo nivel o de clase superior en Varadero (Cuba), o depositar el importe para futuras reservas si no desean viajar a la isla caribeña.
Gobierno de Venezuela rechaza exhorto de Trump a aerolíneas
La administración de Nicolás Maduro expresó su repudio a las declaraciones de Donald Trump. El Ejecutivo venezolano denunció que la advertencia de Trump busca aplicar de “manera unilateral” la jurisdicción de Estados Unidos en Venezuela y calificó de “insólito” que el mandatario estadounidense intente “dar órdenes y amenazar” la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena de Venezuela.
Según el comunicado, la acción de Trump también habría suspendido los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió a la reciente “orden” de su homólogo estadounidense Donald Trump de cerrar el espacio aéreo venezolano.
El pasado 29 de noviembre, en su red social Truth, Trump escribió el siguiente mensaje: “Por favor, consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores está completamente cerrado”.
Petro no tardó en refutar esta sentencia del mandatario de EEUU y ponerse del lado de la administración madurista. En un mensaje publicado en la red social X, escribió: “Quiero saber, ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”.
En tono sarcástico, continuó expresando que si esa norma existe le disculparan su “atrevimiento” pero si no “la OACI esta fallando en este momento”, Además, recalcó: “Le digo al mundo que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de derecho internacional”. Hablo como presidente de la Celac y de la República de Colombia”.
En otro trino, Petro recalcó su postura y dijo que la orden de Trump “solo es legítima para las empresas estadounidenses” y que todas las demás empresas del mundo “deben decidir de acuerdo a las normas de la OACI, cuyo secretario general es colombiano”. Insistió en que las empresas de origen colombiano, “todas deben cumplir con las rutas autorizadas”.
La solicitud de aviadores colombianos
La tarde del 29 de noviembre, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) emitió un comunicado en el que expresó gran preocupación porque la aerolínea panameña Copa Airlines continúa manteniendo operaciones hacia Venezuela, pese a las advertencias de Trump sobre el espacio aéreo del país.
La asociación hizo un llamado “respetuoso” a la aerolínea que suspenda temporalmente sus vuelos desde y hacia Venezuela y aseguró que otras compañías aéreas que operan en Colombia ya han decidido suspender sus vuelos debido al “evidente escalamiento de las tensiones” y en atención a las recomendaciones de distintas autoridades aeronáuticas internacionales.
No obstante, la aerolínea de bajo costo Wingo aseguró a la agencia EFE que su operación entre Colombia y Venezuela no ha sido modificada, ya que no ha recibido “notificación oficial, por canales formales”. La compañía señaló que sigue “monitoreando constantemente la seguridad de ese espacio aéreo”.
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Varias organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos reclamaron la liberación del dirigente sindical y secretario general (e) de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), JoséElíasTorres.
De acuerdo con la información suministrada por el Observatorio de Libertad Sindical a distintas organizaciones, Torres fue detenido la tarde del 29 de noviembre en su residencia en Bello Monte, Caracas.
“Funcionarios no identificados irrumpieron sin orden judicial en su residencia, allanaron su apartamento y se lo llevaron por la fuerza. Desde ese momento se desconoce su paradero y las razones de la detención, lo que configura una posible desaparición forzada bajo los estándares internacionales”, denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
La Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela destacó que la defensa de los derechos sindicales “no es un delito”.
Torres, integrante del Foro de Diálogo Social, se suma a la lista de dirigentes sindicales encarcelados por exigir derechos laborales y denunciar abusos: con él, ya suman 15. Para el Comité por la Libertad de Presos Políticos, este hecho constituye “un grave ataque contra la libertad sindical, la libertad de asociación y el derecho de los trabajadores a organizarse, en un contexto de creciente persecución contra líderes gremiales y defensores de derechos laborales en Venezuela”
Añadieron que la actuación de los funcionarios viola de manera directa el derecho a la libertad personal y el debido proceso (artículos 44 y 49 de la CRBV). y los Convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical.
Además de exigir al Estado venezolano informar sobre el paradero de José Elías Torres, garantizar su vida, integridad y acceso a abogados y familiares y su liberación “inmediata e incondicional”, el Clippve alertó a la comunidad internacional, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre esta nueva agresión contra el movimiento sindical venezolano.
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🇻🇪 Funcionarios de la PNB sacaron de su casa al secretario general de la CTV, José Elías Torres, sin orden judicial y sin informar el motivo de la detención, denunció el Observatorio Venezolano de… pic.twitter.com/f2Jc1vfCF4
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Previo a la noche en que Dulce* huyera de Tibú junto a su madre y sus cuatro hermanitos, entre disparos, todos descalzos y “pasándole por un lado a los muertos”, ocurrieron otros hechos que habían estremecido mucho más sus vidas.
Las ráfagas de las ametralladoras no dejan de resonar en la memoria de la adolescente, desde que en enero de 2025 recrudeció la guerra a muerte entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y las disidencias de las FARC, por el control del Catatumbo, región ocupada por grupos rebeldes y organizaciones criminales que controlan extensas plantaciones de coca y el comercio de narcóticos.
Dulce, quien migró desde el estado Miranda (Venezuela), extiende los brazos para mostrar las cicatrices que le quedaron tras haber sido amarrada y amordazada junto a su madre por guerrilleros del ELN en una incursión anterior, a tan solo días de haber sobrevivido junto a sus hermanos, escondidos bajo una cama en medio de fuertes confrontaciones.
“Esa noche fue horrible, mis hermanitos no dejaban de gritar, de llorar.Al día siguiente fue muy impactante ver cómo amanecieron muertos muchos animalitos que iban para que nosotros les diéramos comidita, estaban allí tirados entre mucha sangre”, recuerda la adolescente de 15 años.
Se le viene de golpe un hecho tras otro. Quiere contarlo todo, pero en voz bajita y entrecortada. Entonces, revive cómo días después sus dos hermanos, Felipe y Juancho, de apenas 9 y 11 años, fueron arrebatados de su familia.
Hombres encapuchados, identificados como miembros del ELN, volvieron a irrumpir en la finca cocalera “Las Palmas”, en el sector Campo Dos, en Tibú (Norte de Santander), donde vivía toda la familia, un enorme predio en el que también trabajaban sus padres: él como jornalero “raspador” de hoja de coca, ella como cocinera.
“Lloramos, gritamos, les suplicamos que no se los llevaran, me los quitaron. Eran unos hombres altos, no se les veía la cara porque estaban tapados, solo se les veían los ojos”, murmura Dulce.
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Carolina, la madre de 45 años y ella, se arrodillaron para implorar al dueño de la finca, un hombre apodado “El Mono”, que les prestara el dinero exigido por el grupo armado para devolver a los niños.
Luego de dos días de angustia, ocurrió la liberación tras el canje económico, pero a cambio de llevarse a Carlos, el papá de los niños, de quien hasta ahora no hay noticias y hace parte de las miles de víctimas de desaparición forzada en Colombia.
“Después de haberlo golpeado mucho, desde lejos solo alcanzó a echarles la bendición a los niños mientras se lo llevaban”. Ese es el último recuerdo que le quedó a Carolina.
Los mismos hombres del ELN, en su retirada, acribillaron al dueño de la finca cocalera junto a su esposa y sus dos hijos.
“Ahí, frente a nosotras, los arrodillaron y les dispararon a todos. Mi mamá se tiró al piso, los movía… pero ninguno respiraba”, Dulce reconstruye los detalles, pero hace pausas mientras extraña y llora a su papá. “No sé dónde está, ni siquiera sé si está vivo todavía”.
Tras ser testigos del asesinato, el grupo armado les ordenó voltear la mirada y bajo amenaza de muerte, a dejar el lugar de inmediato, en plena noche.
“Se llevaron a muchísimos, la gente desesperada salió huyendo mientras le arrebataban a sus hijos. A quienes lograban pagar, los dejaban ir, pero a los que no podían, se los quitaban, a otros los mataban. Lo del ELN es el reclutamiento de niños y el cobro de vacunas”, así repasa Carolina la noche de la huida.
El control ejercido por los grupos armados en este territorio alcanza tal nivel que ni siquiera los medios locales pudieron entrar a reseñar este ataque.
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Infancia migrante: radiografía en medio de la guerra
De acuerdo a información requerida por el equipo de Laboratorio Migrante al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el último decenio, 135 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas del conflicto interno (130 venezolanos, 4 ecuatorianos y 1 panameño). De ese total, el Programa de Atención Especializada de esta institución para víctimas de reclutamiento ilícito contabiliza 75 desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley.
Las disidencias de las extintas FARC, son el grupo armado del que más se han rescatado y desvinculado a menores de edad migrantes y refugiados (45), seguidos del ELN con 16 y el Clan del Golfo o también conocidas como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con 7. La mayoría tenía edades entre 14 y 17 años. El 70 % de ellos eran varones.
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Adicionalmente, otros 57 menores de edad venezolanos y con doble nacionalidad (colombo-venezolana) ingresaron a procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD).
Colombia es receptora de 2,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos, equivalente al 35% de esta diáspora en el mundo y que ha abandonado su país en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja sostenida desde hace una década.
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De los 75 menores de edad migrantes desvinculados, solo 4 de ellos (colombo-venezolanos), al cumplir la mayoría de edad, tuvieron la oportunidad de hacer la transición hacia la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), la instancia que coordina los programas para la reintegración social y económica de quienes han dejado grupos armados ilegales.
Según el ICBF “en el caso de los extranjeros que no cuentan con nacionalidad colombiana (62 niños, niñas y adolescentes), el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA) de acuerdo con la normatividad vigente no los certifica como desvinculados de grupos armados organizados”, lo cual imposibilita que accedan a una ruta de reintegración social, asegura la institución, en respuesta a un derecho de petición interpuesto por este equipo reporteril.
Sobre los otros 62 niños desvinculados, el ICBF no dio respuesta pese a las solicitudes de información de este equipo. En 2023, otro reporte de UNICEF e ICBF estableció que entre 2013 y 2022, 35 menores de edad venezolanos fueron reclutados por grupos armados y que tenían doble nacionalidad (colombo-venezolana), fueron registrados en el programa de atención a desvinculados como colombianos y no como migrantes forzados, pese a que su arraigo es mayoritariamente venezolano.
El reporte también señaló que 15 de esos casos fueron reclutados como tal en Venezuela y 20 en territorio colombiano (la mayoría en Norte de Santander, seguido por Arauca y Vichada, )
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Hace 20 años el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución 1612, que dio origen al Mecanismo de Monitoreo y Reporte sobre las graves violaciones cometidas contra niñas y niños en tiempos de conflicto armado.
El instrumento evalúa a Colombia desde 2008, pero es desde 2021 que ante el Consejo de Seguridad de la ONU, informes del Secretario General, António Guterres, comienzan a detallar por vez primera los crímenes de guerra perpetrados contra la infancia y adolescencia migrante y refugiada venezolana en el país (1,2,3,4,5, 6).
Por ejemplo, en el dosier de 2021 (que compila los años 2019, 2020 y 2021) se describe cómo actores armados en suelo colombiano cometieron delitos como: reclutamiento y uso, asesinato, mutilaciones, secuestros, violaciones y demás formas de violencia sexual.
Extracto del informe “Los niños y el conflicto armado en Colombia”, presentado por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ante el Consejo de Seguridad el 13 de febrero de 2024 Fuente: ONU
Afectación diferenciada
“Los grupos armados durante décadas han intentado establecer una narrativa o normalización de la vinculación de adolescentes mayores a 15 años a sus filas y asegurar que lo hacen voluntariamente”, indicó una fuente en terreno, que pidió resguardar su nombre para proteger las operaciones humanitarias.
El instrumento compromete a los estados miembros a prevenir y penalizar el reclutamiento, pero también los obliga a desvincularlos de estructuras armadas y a ofrecerles procesos de recuperación psicosocial, física, de reintegración y reparación.
El reclutamiento de niñas y niños figura entre las graves violaciones de los derechos de la infancia en conflictos armados. Es considerado uncrímen de guerra, tanto por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y otras fuentes del derecho internacional humanitario (DIH).
Para el sociólogo Carlos Díaz Bolaños, investigador en dinámicas del conflicto armado y asuntos de juventud,“la prevención del reclutamiento como una política pública nacional no existe. No hay un esfuerzo consistente, sólido, sistemático, esa es una carencia estructural”.
Adicionalmente, en este contexto se produce la llamada doble afectación para la población venezolana, que tras sufrir las consecuencias que enfrentaron con la migración forzada luego se suman las afectaciones provocadas por el conflicto armado, sumando graves violaciones a sus derechos humanos.
En junio de 2025, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre un agravamiento de la situación de la infancia en Colombia, entre los años 2022 a 2024 en el marco del conflicto armado , incluyendo a la niñez migrante y en el que documentaron y verificaron casos de trata con fines de explotación sexual por parte de grupos armados “en los que niñas son trasladadas y sufren violencia sexual por parte de sus integrantes. Esta dinámica ha podido ser identificada en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Chocó y Putumayo, en algunos casos, contra la niñez migrante.”
Claudia Quintero, directora de la fundación Empodérame, organización que ofrece acompañamiento psicosocial a víctimas de trata, detalla los obstáculos cuando este delito se da en el marco del conflicto armado.
“En Colombia el reclutamiento forzado es un delito autónomo. Entonces, las víctimas no son tomadas ni atendidas como víctimas de trata de personas como tal, desde lo psicosocial: su recuperación emocional, la reconstrucción de sus proyectos de vida. Es una de las complejidades para que podamos atender esta población de la forma que debería ser”.
De las 118 alegaciones que recibió la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el primer trimestre de 2025 sobre reclutamiento o utilización de menores de edad, se verificaron 51 casos de los que“casi un tercio corresponden a niñez migrante venezolana, varios no acompañados por sus familias”, advierte el informe.
Este equipo de reporteras pudo confirmar con dos fuentes que trabajan directamente en terreno y pidieron resguardo a su identidad, dos casos de niñas migrantes venezolanas (pertenecientes a una etnia indígena) que habían sido reclutadas por grupos armados y que fallecieron en medio de combates en 2025 en Norte de Santander, adicional a un número no determinado de muchas otras que hoy en día continúan en las filas de estos grupos.
En la reclamación del cuerpo de una niña, el gobierno colombiano tuvo que intervenir ante el gobierno venezolano para solicitar al SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) la confirmación de los datos filiatorios de la madre y la hija para agilizar los procesos forenses, autorizar la entrega del cuerpo y proceder finalmente con los ritos funerarios según sus costumbres. Al cierre de este reportaje, el otro cuerpo no había podido ser reconocido y retirado por sus familiares.
“Los niños y niñas que ingresan al país con sus familias o como menores no acompañados, no tienen conocimiento del contexto colombiano, llegan a territorios rurales muy dispersos. La estrategia del grupo armado va más allá, les dicen que los van a apoyar, les regalan comida, etc”, explica el investigador Oscar Fernando Cobo, quien hace parte de la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO).
También hay una afectación diferenciada importante en base al sexo:“las niñas y adolescentes cuando son captadas y reclutadas por los grupos armados suelen desempeñar labores domésticas en la filas [cocina, primeros auxilios, etc.] y tienen elevadas probabilidades de sufrir abuso y violencia sexual, uniones tempranas, abortos forzados, etc., mientras que los varones son reclutados para ir al frente de guerra o utilizados para labores de extorsión, logísticas, manejo de drones y/o captación de sus pares, etc.”, explica Javier Alexander Macias, especialista en DD.HH. y Derecho Internacional Humanitario, quien además como periodista ha cubierto durante años el conflicto armado y la violencia urbana en Colombia
Con mucha frecuencia, la violencia sexual está subrepresentada en las estadisticas. Los subregistros de violaciones cometidas contra la niñez y adolescencia en este contexto obedecen a múltiples causas, entre ellas “el desconocimiento de las rutas de atención, la condición migratoria, xenofobia, que les quiten a sus hijos y el miedo a represalias por actores armados o grupos delictivos”, nos dice una de las lideresas que trabaja en un asentamiento que recibe a familias migrantes desplazadas por la guerra en Norte de Santander.
Para Díaz Bolaños, quien también ha acompañado procesos de reparación integral a víctimas del conflicto armado, “en áreas donde el grupo ilegal tiene una suerte de gobernanza, impone las reglas y denunciar esos casos pondría en riesgo a la familia. Algunos ejercen el control más político y usan la violencia de manera estratégica, pero otros la utilizan de manera generalizada, a partir del miedo y o del terror”.
Huir de la guerra a cordones de miseria en la ciudad
Desde la noche que escaparon de Tibú, Dulce, sus hermanitos y su madre soportaron una semana entera de largas caminatas. Con el más pequeñito de ellos en brazos, pedían aventones en camiones y tractomulas, durmiendo a la intemperie en calles polvorientas, cruzando pueblos y veredas hasta que llegaron a uno de los asentamientos informales más grandes en la periferia de Cúcuta.
El árido enclave está a 19 kilómetros del puente internacional Simón Bolívar, que une el estado venezolano de Táchira con Norte de Santander y hace parte del cordón marginal de asentamientos que nacieron de predios invadidos en el anillo vial occidental que bordea la capital fronteriza.
En este lugar el 40% de la población la componen migrantes de origen venezolano y desplazados internos del conflicto armado, en su mayoría mujeres y niños, según un censo realizado por organizaciones de lideresas locales de los siete sectores que lo componen.
Hasta diciembre de 2024, Cúcuta albergaba a más de 215 000 venezolanos, muchos de los cuales, en lugar de encontrar refugio, quedaron atrapados en zonas de alta precariedad y riesgo.
Allí, la violencia también se vive entre la lucha intestina que libran las bandas criminales locales, transfronterizas y grupos armados urbanos por el control de las rentas ilícitas (extorsión, microtráfico, trata de personas, tráfico de migrantes y explotación sexual de niños, niñas y mujeres) y que viven al acecho de sus habitantes, en especial de adolescentes y jóvenes.
En la “invasión”, como se le conoce también en Venezuela a los asentamientos, la vida de Dulce y su familia siguió marcada por la precariedad: la mayoría de viviendas son construidas con tablas y zinc, padecen constantemente por la falta de agua y los pozos sépticos suplen la ausencia de alcantarillado. Las calles son de tierra y el acceso al transporte público es inexistente, por lo que para llegar a la vía principal sus habitantes deben hacer largas caminatas.
Tampoco hay fuentes de empleo ni ofertas educativas y se vive en un ambiente de peligro e inseguridad. Dulce y sus hermanos no volvieron a la escuela; quedaron fuera del sistema educativo, a pesar de que la adolescente anhela convertirse en abogada. Es un deseo que nace de lo vivido, de lo perdido, de lo que aún duele. Un sueño que parece muy lejano, considerando el contexto en el que ahora vive.
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En Cúcuta , “la desigual distribución urbana ha generado territorios fragmentados que concentran pobreza y exclusión”, explica Miguel Morffe, docente investigador de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta. “Esta estructura facilita el control de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), que instrumentalizan a la población migrante, especialmente a niños y adolescentes, en dinámicas de reclutamiento y economías ilegales”.
Las comunas 6, 7 y 8, ubicadas cerca del anillo vial occidental, son focos de vulnerabilidad y violencia, agravados por el conflicto que se extiende desde el Catatumbo.
Patricia, una madre venezolana de 36 años que reside en uno de los barrios de la comuna 8, cuenta cómo hombres fuertemente armados intentaron ingresar a la escuela de su hijo a finales de agosto. El grupo pretendía dar una “charla” y repartir panfletos durante la jornada escolar de los estudiantes de bachillerato (adolescentes), pero los docentes se opusieron e impidieron su entrada a las aulas de la institución ubicada en La Fortaleza, otro asentamiento contiguo a donde reside.
“Varios hombres vestidos con chalecos negros, rostros cubiertos y armados con fusiles rodearon todo el colegio Padre Arturo Zárate”, recuerda Patricia.
El grupo “reclamaba” que en visitas anteriores tampoco se les había permitido entregar panfletos ni hablar con los jóvenes.
“Sentí miedo. Ya ni siquiera sabemos si es seguro mandar a los hijos al colegio, todo parece una amenaza, incluso posibles intentos de reclutamiento”, comentó la madre.
El testimonio de Patricia confirma la vigencia de las alertas contenidas en el informeAtrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños(junio/ 2025)del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que advierten sobre el uso de los centros educativos para acciones como alojarse, atacar a miembros de grupos enemigos, atender a personal herido, hacer uso de la energía, organizar reuniones, o desarrollar actividades proselitistas.
Mapeo de confrontaciones y alianzas criminales urbanas
La Fundación Paz y Reconciliación (PARES) en octubre de 2025 identificó la presencia activa de tres grupos armados en Norte de Santander: el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el ELN y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), siendo estos dos últimos los de mayor influencia y capacidad de control territorial.
Además, esta oenegé ha identificado al menos 42 grupos delictivos operando en Cúcuta, que en algunos casos establecen alianzas con grupos armados, conformando así un entramado criminal marcado por la fragmentación territorial y disputas constantes por el control de economías ilícitas.
Entre las estructuras más destacadas se encuentran: La Familia P (Los Porras), organización local con fuerte arraigo y control en varias comunas. Los Manzaneros: nacidos de la fusión entre AK-47 y el Tren de Aragua, con creciente capacidad operativa y Los Mexicanos: una de las redes más consolidadas, con presencia estratégica en el anillo vial occidental y sofisticación logística.
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“Más allá de la lucha por el territorio, el flujo migratorio se ha convertido en un recurso estratégico para estas organizaciones por lo que la población migrante, especialmente niños y adolescentes, es sistemáticamente instrumentalizada para tareas como vigilancia, microtráfico y control comunitario, sin necesidad de una vinculación armada formal”, señala Nicolás León, investigador de la línea de Seguridad y Convivencia Ciudadana de PARES.
Un caso emblemático es el de Lucas, un adolescente venezolano de tan solo 14 años, quien fue contactado en octubre de 2025 por una banda criminal para actuar como “campanero” en el asentamiento informal, donde reside con su mamá y dos hermanos pequeños, de 7 y 2 años. El mismo lugar a donde llegó Dulce con su familia.
“Fue a hacer un mandado y una persona de esas que está metida con gente peligrosa le dijo a Lucas que por qué no trabajaba con él. Me senté a hablar con mi hijo y le dije que ni se le ocurriera meterse en esas cosas, ni con esa gente”, nos cuenta Neida, la madre del adolescente.
El mensajero del grupo delictivo que abordó a Lucas le ofrecía “vigilar el ingreso de personas al barrio”, alertar sobre la presencia policial, identificar miembros de grupos rivales dentro de su comunidad y participar en actividades de microtráfico con un pago semanal.
“Cuando vea a ese tipo, ni lo salude, ni le hable”, le advirtió la mamá.
Neida y sus tres hijos, víctimas previas de migración forzada desde su país de origen, llegaron allí como desplazados internos por el conflicto armado. En enero de 2025, luego de varias amenazas de reclutamiento dirigidas a Lucas, la madre se vio obligada a salir junto a sus niños de una finca ubicada en el kilómetro 8, en la carretera que conduce a la población de Tibú, donde trabajaba en condiciones precarias ejerciendo oficios domésticos —lavar ropa, cocinar, limpiar habitaciones— para integrantes del ELN.
“A mi me dió un ataque de nervios. Una vecina me advirtió: ‘váyase ya, aquí es muy peligroso para usted y le van a reclutar a su hijo, no se quede‘. Y eso hice, me vine a Cúcuta.”, dice Neida.
Este panorama evidencia cómo los migrantes forzados sumidos en la precariedad están entre los eslabones más vulnerables frente a las dinámicas criminales que perpetúan la exclusión y la violencia en la región.
Redes sociales: el arma de los reclutadores
Plataformas como TikTok y Facebook se han convertido en canales para que grupos armados y bandas delictivas establezcan contacto directo con jóvenes vulnerables, y desarrollen sus estrategias de reclutamiento con muy bajo riesgo y gran alcance, explica Laura Bonilla, coordinadora para América Latina de la Fundación PARES, experta en conflicto armado y patrones de violencia contra civiles.
Aprovechando la falta de regulación y supervisión, “las redes sociales permiten difundir contenido atractivo, manipular narrativas y captar adolescentes sin levantar sospechas. Esta estrategia ha contribuido a un aumento alarmante en el número de personas rearmadas: de 1.200 en 2018 a 8.000 en 2022”, según reporte de PARES. Pero Bonilla advierte que no existen cifras oficiales confiables, ya que las instituciones estatales carecen de capacidad técnica para registrar esta realidad.
“Las niñas y adolescentes son instrumentalizadas para fines de explotación sexual, logística e inteligencia y existen casos documentados de participación obligada en acciones violentas”, precisa la investigadora.
“Los grupos armados, particularmente el ELN, están citando a jóvenes a través de redes sociales con falsas promesas de empleo, ofreciéndoles 1.800.000 pesos (aproximadamente 470 dólares) mensuales como gancho. Una vez que se presentan, los retienen y terminan desaparecidos o vinculados forzosamente.”, explica la coronel Sandra Mora, excomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
“La capacidad estatal para rescatar a niños, niñas y adolescentes vinculados a estas estructuras es mínima, mientras que la capacidad de absorción de los grupos armados sigue siendo alta”, concluye Bonilla.
Catatumbo: “Casa del Trueno”, testigo del despojo
Históricamente el pueblo indígena binacional Barí ha ocupado la región del Catatumbo, uno de los territorios más castigados por el conflicto armado interno colombiano durante décadas y a la vez considerado zona transfronteriza.
La tierra compartida se extiende principalmente por cinco municipios de Norte de Santander, en Colombia (El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y Tibú), y dos municipios del estado Zulia, en Venezuela (Jesús María Semprúm y Machiques de Perijá). Sin embargo, a cada lado de la frontera, el Catatumbo se vive, se percibe y se siente de manera diferente.
La crisis humanitaria en esta región, que deja por ahora casi 83 000 desplazados internos y 182 muertos, según el último balance del Puesto de Mando Unificado (PMU) que articula instancias que atienden la situación en el Catatumbo, ha profundizado mucho más el historial de despojo y desplazamiento forzado de los Barí, tragedia que se ensaña contra su infancia.
Alexander Dora, vocero del Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación del Pueblo Barí, denuncia que desde 2016 hasta la fecha unos 246 niñas, niños y adolescentes de esta etnia binacional han sido reclutados y utilizados por actores armados, de los cuales el 70 % es de origen venezolano.
“Algunos han caído [muertos en combate], a otros los hemos recuperado… a otros no los hemos vuelto a ver”, dice Dora.
El intento por buscar y rescatar a los menores de edad, incluso para recuperar los cuerpos de los que mueren en combate, es una lucha ardua para los Barí. “Enfrentamos el minado de los caminos, quedamos registrados en los retenes que imponen tanto el ELN como las disidencias de las FARC, nos confiscan los teléfonos y revisan nuestras comunicaciones, quedamos atrapados entre los enfrentamientos y también nos han declarado objetivo militar”, alerta Doria.
“A las menores de edad las mandan a las ciudades a llevar paquetes de droga, los usan para captar a otros de sus comunidades. Los comandantes guerrilleros también los usan para que les enseñen la lengua barí, poniendo en riesgo a nuestras comunidades”, apunta.
Los actores armados llevan décadas entendiendo las ventajas tácticas que les da reclutar, usar y utilizar a menores de edad indígenas para avanzar y mantener el control en sus propios enclaves. “Conocer el territorio en términos logísticos y estratégicos para la guerra es fundamental, es conocer senderos, las características de la selva, cómo se debe mover”, explica Mauro Carrero, antropólogo de la Universidad del Zulia (Venezuela) y quien durante décadas ha estudiado etnias amerindias, entre ellas los barí.
“Cuando tú llegas con un combatiente que habla el idioma de la comunidad es importantísimo, por las relaciones de parentesco y de afinidad, se le abre la posibilidad de entendimiento a estos actores armados”, explica el también sociólogo.
Dora revela a este equipo que, de unos 54 menores de edad barí actualmente reclutados en las filas del ELN y de las disidencias de las FARC, 18 de ellos apenas tienen 13 años, mientras que unos 36 ya tienen cumplidos los 15 años (16 son varones y 20 son hembras). “A los que hemos logrado rescatar y proteger nos relatan infinidad de abusos en las filas, el sufrimiento de nuestros niños y niñas ahí en medio de la guerra es muy duro”.
Infancia migrante y conflicto armado: fuera del radar institucional
La familia de Lucas ha sido clasificada bajo extrema pobreza, de acuerdo al sistema colombiano que categoriza a la población según sus condiciones de vida e ingresos. En este hogar el hambre acecha constantemente. Hay días en los que la madre no logra llevar un plato de comida para ella y sus niños.
Lucas también está desescolarizado y en condición deextraedad: el desfase entre su edad biológica y el grado escolar. A sus 14 años solo tiene aprobado segundo grado de primaria. El gran rezago académico, las barreras para el acceso a un programa de aceleración educativa y las precarias condiciones de su vida, son vulnerabilidades que lo siguen exponiendo al riesgo de ser reclutado o captado por estructuras criminales que ofrecen incentivos económicos inmediatos a menores de edad en zonas marginales.
Mientras tanto, Diego, el hermano de 7 años, quien nació en Venezuela con bajo peso y se mantiene en riesgo de desnutrición, espera desde hace 4 años que la autoridad migratoria emita por fin su Permiso por Protección Temporal (PPT) condicionando su entrega a la presentación del acta de nacimiento apostillada , situación que lo mantiene excluido del servicio de comedor escolar y de ayudas médicas.
“Le rogué a la profesora que me ayudara a conseguir una comida para Diego, pero me la negó. Una señora que trabaja con el aseo del colegio escuchó mi pedido y me consiguió en la cocina una ración para el niño ese día”.
Al hogar de Dulce, el ICBF realizó una visita a finales de septiembre, tras recibir denuncias por presuntas vulneraciones a los derechos de la adolescente, pues había sido enviada por su madre a trabajar en un bar ubicado en el barrio Nueva Ilusión, donde fue testigo de otra masacre, hecho que fue reseñado por la prensa local.
Luego de unas semanas de este hecho, Dulce fue captada por una banda criminal que la utilizaba para realizar cobros extorsivos a bordo de una moto, acciones por las que recibía pagos que su mamá administraba.
A los días no hubo ni rastro de ella, de su hermanitos ni de su mamá. Carolina abandonó el lugar con sus hijos. Ha realizado llamadas solicitando ayudas económicas a conocidos, en las que manifiesta haber retornado a Venezuela por el temor a que la institucionalidad “le quitara a sus hijos”.
Para Camila Rojas-Sanguino, psicóloga con experiencia en atención a infancias y familias afectadas por el conflicto armado, “la falta de data y caracterización institucional sobre niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado refleja un vacío institucional que impide diseñar respuestas integrales. No se sabe ni cuántos son, ni de dónde vienen, ni qué han vivido, ni qué necesitan. Desde una perspectiva psicosocial, esto también se traduce en una invisibilización”.
Por lo pronto, en los registros del Estado colombiano Dulce, Lucas y los hermanos de estos adolescentes, no existen como víctimas del conflicto armado, parecen estar cada vez más lejos de encontrar justicia, reparación y de un proyecto de vida libre de violencias que restituya sus derechos, los que le negó también el país que les vio nacer.
*Los nombres de las víctimas, de lideresas, del asentamiento receptor tras el desplazamiento interno y de algunas fuentes en terreno, fueron cambiados para salvaguardar su integridad.
Esta investigación fue realizada con el apoyo de la Beca Relatos de región: Periodismo local que explica Colombia, del Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de los Andes y el acompañamiento editorial de Lorenzo Morales. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de sus autoras.
