Durante su intervención en un acto de la Asociación Venezolano-Estadounidense en Nueva York, la líder opositora María Corina Machado aseguró que la transición política en Venezuela es inevitable.
“La transición tiene que llevarse a cabo y la oposición está más organizada que nunca”, dijo Machado, quien desde hace meses permanece en la clandestinidad.
La ganadora del premio Nobel de la Paz sostuvo que la oposición se está organizando para definir “lo que viene después”, a fin de que la transición sea ordenada y efectiva.
“Tenemos un liderazgo legítimo y un mandato claro del pueblo”, indicó a la par que garantizó el apoyo pleno de la comunidad internacional.
Machado manifestó que el pueblo venezolano “ha sufrido, pero se niega a rendirse”.
“La oposición enfrenta la represión con dignidad y fuerza moral, incluyendo a exiliados y presos políticos que han sido separados de sus familias y entregado todo por la causa democrática”, dijo Machado.
La líder opositora agradeció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por reconocer que la transición en Venezuela es una prioridad y por su aparente rol como referente en la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro.
“¿Viene el cambio? Absolutamente sí. Venezuela será libre”.
Machado no dijo si iba a recoger su premio Nobel de la paz el venidero 10 de diciembre en la ciudad noruega de Oslo.
Previamente había comentado que la única forma de salir de Venezuela era que esta ya no estuviese bajo el control del chavismo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Alegando reportes de inestabilidad en las señales de navegación, la compañía Boliviana de Aviación (BoA) anunció la cancelación de sus vuelos programados para este jueves 4 de diciembre hacia Caracas.
BoA ofreció a los pasajeros afectados como alternativas sin costo la reprogramación de sus vuelos sujetos a disponibilidad o el reembolso total del boleto.
La compañía del altiplano se unió a las panameñas Copa Airlines y Wingo, que alegaron la misma situación.
Copa amplió hasta el 12 de diciembre la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela, tras una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por un incremento en la actividad militar en el Caribe.
Copa había suspendido inicialmente los vuelos hasta este viernes 5 de diciembre, pero el día anterior decidió extender la medida que también incluyó a su línea de bajo costo Wingo.
A estos anuncios de cancelaciones se unió la venezolana Láser, la cual informó igualmente este jueves 4 que cesaba sus viajes en la ruta desde Caracas a Madrid y viceversa hasta el 8 de diciembre por “causa de fuerza mayor”.
Recientemente, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) llevó a cabo una “alta recomendación” a los operadores civiles de no sobrevolar Venezuela.
El pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a extremar la precauciones debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela confirmó este 4 de diciembre que la aerolínea colombiana Wingo y su matriz, la panameña Copa Airlines, suspendieron sus vuelos hacia Caracas durante 48 horas “previa coordinación con esta Autoridad Aeronáutica”.
La suspensión la anunciaron el día previo ambas aerolíneas, tras reportar que presentaron «intermitencias en una de las señales de navegación» de uno de sus vuelos a Caracas.
“Esperemos que las líneas aéreas puedan reiniciar sus operaciones en el tiempo acordado. Mantendremos el monitoreo de las líneas aéreas que continúan sus operaciones en el país, ratificando la operatividad y seguridad del espacio aéreo venezolano”, indicó el INAC.
La aerolínea Láser también anunció este jueves que canceló sus viajes en la ruta desde Caracas a Madrid y viceversa hasta el 8 de diciembre por «causa de fuerza mayor». Días antes, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzó una «alta recomendación» a los operadores civiles de no sobrevolar Venezuela.
Venezuela vive una crisis de conectividad aérea, caracterizada por una drástica reducción en el número de vuelos y aerolíneas internacionales operando en el país y que ha sido exacerbada recientemente por tensiones políticas y advertencias de seguridad aérea. El pasado21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió un aviso en el que instó a «extremar la precaución» ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.
En respuesta a las suspensiones de vuelos por parte de varias aerolíneas, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela revocó las concesiones de vuelos a varias compañías, entre ellas, Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam y Gol.
Por su parte, el pasado 29 de noviembre, el presidente Donald Trump dijo que el espacio aéreo venezolano debería considerarse “cerrado” e instó a las aerolíneas no prestar servicios.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A lo largo de más de una década, Venezuela ha sido testigo de la evolución de la represión estatal, pasando de una violencia episódica a la consolidación de un sistema de terror arraigado. Este proceso ha estado marcado por la adaptación constante de los presuntos perpetradores estatales a la presión internacional y ha derivado en métodos de represión cada vez más encubiertos y burocratizados.
El informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela (establecido en 2017 por el exsecretario general de la OEA, Luis Almagro), publicado el 1 de diciembre de 2025, presentó los hallazgos de esta trayectoria. El Panel concluye que las acciones de la comunidad internacional, incluyendo las de la Oficina del Fiscal (OTP) de la Corte Penal Internacional (CPI), “no han ejercido un efecto disuasorio perceptible” sobre la conducta de los presuntos perpetradores estatales venezolanos de alto nivel.
Así lo dio a conocer en un informe que presentó durante la 24ª Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI), titulado “Voces Silenciadas: El colapso de la sociedad civil y el fracaso de la disuasión internacional en Venezuela”.
Construcción de la represión sistemática (2014-2018)
Este periodo marcó la transición de la violencia episódica a una “política deliberada y coordinada centralmente de persecución contra opositores políticos y disidentes percibidos”. De acuerdo con el informe, el ciclo represivo comenzó en 2014 con protestas estudiantiles, a las que el Estado respondió con una represión militarizada.
Durante ese tiempo, cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional Bolivariana, el Sebin y la Dgcim, junto con “colectivos armados civiles”, fueron desplegados de manera coordinada. Para finales de 2014, “los elementos de una política estatal se habían hecho evidentes”, con las fuerzas de seguridad usando “munición real contra manifestantes desarmados”. La tortura se empleó “sistemáticamente”, documentándose al menos 289 casos en el primer informe del Panel.
Las detenciones arbitrarias alcanzaron 12 949 casos entre 2014 y 2018. Además, las grandes operaciones de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) resultaron en aproximadamente 8292 “ejecuciones extrajudiciales” entre 2014 y 2018. A lo largo de este periodo, el poder judicial “validó la represión”, permitiendo el enjuiciamiento de civiles ante tribunales militares. Hacia finales de 2018, la “arquitectura básica de la represión estaba firmemente establecida”.
Represión adaptativa en respuesta al examen preliminar (2019)
En 2019, mientras el Examen Preliminar de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se intensificaba, el Estado venezolano respondió “no con moderación, sino con adaptación”. Públicamente, el Estado señalaba cooperación con la CPI, pero privadamente, comenzó a sustituir “la represión letal visible a nivel de calle por métodos más encubiertos”.
Según recuerda el informe, las ejecuciones extrajudiciales se mantuvieron en niveles extremadamente altos(2102 asesinatos solo en 2019), pero ocurrieron cada vez más “fuera del contexto inmediato de las protestas masivas, y a menudo fueron disfrazados de operaciones contra el crimen”. El Estado también cambió su enfoque hacia la “violencia bajo custodia y la detención selectiva”. Los casos de tortura aumentaron, y se intensificó el uso de la detención secreta en instalaciones de inteligencia para retener a los detenidos “fuera de los libros”.
Sobre este punto, el Panel concluye que el escrutinio internacional “no necesariamente disuadió la comisión de crímenes”. En cambio, los presuntos perpetradores estatales “ajustaron los métodos para manejar los riesgos”, haciendo la represión “más encubierta, burocratizada y menos visible externamente, pero no menos severa para las víctimas”.
Institucionalización de la violencia encubierta (2020)
El escrutinio de la CPI se intensificó en 2020, cuando la Oficina del Fiscal anunció que existían “motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad—encarcelamiento, tortura, violación u otras formas de violencia sexual, y persecución por motivos políticos”.
Ante la posibilidad de una investigación inminente, el Panel apuntó que el Estado volvió a ajustar sus métodos. El descenso numérico en las ejecuciones extrajudiciales no reflejó “restricción”, sino que “indicó un desplazamiento de los asesinatos fuera de los contextos visibles de protesta hacia barrios más pobres”. Dentro de las instalaciones de detención operadas por el Sebin y la Dgcim, la tortura se volvió “más sistemática y severa”.
Por el lado del Estado, las medidas presentadas como prueba de rendición de cuentas fueron principalmente “cosméticas” y diseñadas para “proteger a los perpetradores de alto nivel al tiempo que erosionaban aún más la independencia judicial”. El Panel observa que la intensificación del escrutinio de la CPI en 2020 no resultó en “ninguna mejora observable en la conducta del Estado”.
Consolidación de la represión de doble vía (2021)
En 2021, la Oficina del Fiscal de la CPI abrió formalmente una investigación. Esta decisión se tomó después de que se concluyera que los mecanismos internos de Venezuela “no eran genuinos ni efectivos”. El anuncio de la apertura de la investigación, realizado en Caracas junto al gobernante Nicolás Maduro, generó “confusión en muchas víctimas, quienes percibieron el simbolismo del anuncio como profundamente contradictorio”.
Para muchos, el reconocimiento de su sufrimiento quedó “ensombrecido por el hecho de que fue entregado en colaboración directa con los mismos individuos que presuntamente tienen responsabilidad por esas violaciones”.
La represión continuó, incluyendo operaciones de seguridad a gran escala como La Vega y Cota 905. Este año se consolidó el “sistema dual de represión”: una vía formal que “utilizaba el poder judicial y el derecho penal para legitimar la persecución” y una vía clandestina que empleaba la violencia, las desapariciones forzadas y la tortura, “fuera de cualquier marco legal significativo”.
Desafío a la complementariedad en medio de crímenes persistentes (2022)
En 2022, el Estado venezolano invocó el Artículo 18 del Estatuto de Roma, tras alegar que estaba llevando a cabo “investigaciones internas genuinas”. La Oficina del Fiscal de la CPI se opuso, bajo el argumento de que los procedimientos internos eran “selectivos, opacos e incapaces de abordar genuinamente los crímenes de lesa humanidad”.
El Panel advirtió que el patrón de crímenes continuó, con el Estado expandiendo su repertorio de operaciones de seguridad. La persecución judicial se intensificó a través de la Ley Constitucional Contra el Odio. Paralelamente, la firma de un acuerdo confidencial para una oficina técnica de la CPI en Venezuela contribuyó a una “sensación de confianza disminuida entre la sociedad civil”.
El Panel evaluó que las estrategias legales y diplomáticas del Estado en 2022 reflejaron un “uso sofisticado del marco de complementariedad para retrasar la rendición de cuentas internacional”.
Admisibilidad confirmada y maduración de la represión (2023)
En 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó a la Oficina del Fiscal de la CPI a reanudar su investigación, al concluir que Venezuela había “fallado en demostrar procedimientos internos genuinos y seguía sin estar dispuesta o ser incapaz de investigar a los máximos responsables”. Sin embargo, las reformas institucionales adoptadas por el Estado “no resolvieron las deficiencias estructurales y, en varios aspectos, las profundizaron”.
Durante este período, los patrones de criminalidad evolucionaron, volviéndose más selectivos. Las desapariciones forzadas de corta duración “se hicieron más frecuentes para quebrar psicológicamente a los detenidos”.
El Panel concluyó que 2023 fue un año en el que la maquinaria represiva del Estado “maduró en paralelo”, y los crímenes se volvieron “más selectivos, habilitados tecnológicamente y estratégicamente oscurecidos detrás de barnices legales e institucionales”.
Impulso judicial en medio de la fase más aguda de la represión (2024)
En marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI confirmó la autoridad del fiscal para proceder con la investigación. Este avance judicial coincidió con una “nueva y más brutal fase de represión política”, centrada en las elecciones presidenciales. El Gobierno activó el “Plan Furia Bolivariana”, y el periodo poselectoral experimentó una “ola de violencia y detenciones arbitrarias sin precedentes”.
En los nueve días posteriores a la elección presidencia, recuerda el Panel, el Estado activó la “Operación Tun Tun” en una “escala no registrada previamente”, con más de 2200 detenciones arbitrarias. El poder judicial fue central en la consolidación de esta fase, denuncian los expertos independientes.
Al cierre de 2024, según cifra el informe, 1794 prisioneros políticos permanecían detenidos, “la cifra más alta jamás registrada”. El Panel concluye que 2024 representa el punto en el que la arquitectura represiva de doble vía del Estado “alcanzó su plena consolidación”, y la represión escaló a su “nivel más agudo”
Consolidación del terror estatal y el colapso de la sociedad civil (2025)
El Panel concluye que el número de víctimas formalmente reportadas en 2025 es significativamente menor, lo que refleja “no una reducción en las violaciones, sino el éxito de la campaña del Estado para silenciar y desmantelar a los actores que normalmente documentarían, asistirían y acompañarían a las víctimas”.
Asimismo, considera que la aparente disminución es el resultado de la estrategia deliberada del Estado para silenciar a las víctimas.
La adopción y aplicación de la “Ley Anti-ONG”, junto con la criminalización de la cooperación internacional, restringió severamente el espacio cívico, alertaron también en el documento.
El declive aparente en los casos documentados no es “evidencia de criminalidad reducida, sino del éxito del Estado en suprimir los canales probatorios” de los que depende la CPI. Además, la represión se extendió “más allá de las fronteras de Venezuela”, con ataques e intimidación a activistas en otros países, lo que constituye un indicio de “orientación transnacional por redes criminales”.
El informe concluye que, a pesar del avance procesal de la CPI, la política de persecución en Venezuela se consolidó en un “sistema sofisticado de terror estatal”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En horas de la mañana del miércoles 3 de diciembre, el periodista José Serna, quien trabaja en el medio Noti 365, fue detenido en Cabimas, estado Zulia, solo por reportar un hueco en una avenida.
A través de su cuenta de X, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que funcionarios de PoliCabimas se llevaron a Serna de su lugar de trabajo hacia un comando ubicado en el sector Los Hornitos. “Extraoficialmente, se conoció que lo detienen por la publicación de un video de un hueco en la Av. Intercomunal”, informó la organización en su primer reporte del caso.
Varias horas después, ya en la noche del miércoles, el SNTP informó que el periodista fue liberado. Sin embargo, denunciaron que durante su detención “fue obligado a declarar en relación a videos y publicaciones que ha hecho a través de Noti 365, plataforma informativa para la que trabaja”.
#AlertaSNTP | La mañana de este miércoles #03Dic fue detenido en #Cabimas, estado #Zulia, el periodista José Serna, de Noti 365. Cerca de las 8:30 am, efectivos de PoliCabimas se lo llevaron de su lugar de trabajo y lo mantienen en el comando ubicado en el sector Los Hornitos.… pic.twitter.com/tJtB4lEjRz
La arremetida contra la prensa sigue creciendo en Venezuela. Así lo demuestran las cifras del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), organización que denunció que la libertad de expresión atraviesa una “fase terminal” tras la detención de 21 comunicadores por razones políticas y al registrarse 111 agresiones contra este derecho en 2025.
En su reporte, el CNP denunció la “estrategia de silencio forzado” que aplica el gobierno de Nicolás Maduro con castigos como la cárcel imputando cargos de terrorismo y traición a la patria, el cierre de medios de comunicación y autocensura y la nula libertad para informar.
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El líder de oposición Edmundo González Urrutia rechazó la sentencia de 30 años de prisión impuesta a su yerno, Rafael Tudares Bracho, y calificó la decisión judicial como “una represalia política” dirigida en su contra.
A través de su cuenta en X, González Urrutia afirmó que la condena carece de sustento jurídico y que responde a un intento de distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos en las elecciones del 28 de julio de 2024.
“Se trata de una decisión sin sustento constitucional, utilizada como represalia política para intentar afectarme”, aseguró el líder de oposición exiliado en España.
La arbitrariedad exhibe fragilidad. Toda decisión pública debe ajustarse a la ley, o queda fuera de la legitimidad democrática.
Por eso rechazo la condena impuesta a Rafael Tudares Bracho: 30 años de prisión por hechos que no ocurrieron y delitos que no cometió. Se trata de una… https://t.co/wZGUT70uAF
EGU aseguró que la actuación del sistema de justicia evidencia “arbitrariedad” y una “confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país”.
“Rafael y Mariana no tienen vínculo alguno con mis responsabilidades públicas. Utilizar el sistema de justicia para castigar a terceros es una práctica que confirma la confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país”, expresó.
Finalmente, ratificó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y exigió la liberación tanto de su yerno como de todos los presos políticos y personas desaparecidas en el país. “Mi compromiso —siempre firme— es seguir trabajando por la libertad de Rafael y de quienes permanecen en situación de desaparición forzada. Esa causa no admite renuncias”, concluyó.
Violación al debido proceso
Mariana González, esposa de Rafael Tudares confirmó a través de un comunicado difundido en X, que su esposo, quien lleva 11 meses detenido, habría sido condenado a 30 años de prisión.
“Las autoridades me informaron que la injusta sentencia condenatoria emitida contra Rafael se habría dictado porque, supuestamente, él habría realizado hechos que habrían sido calificados como delitos de conspiración y otros delitos graves, en supuesta asociación con una persona que Rafael no conoce”, se lee en el texto.
La hija de Edmundo González reclamó que en 11 meses no ha podido ver a su esposo ni ha podido constatar su estado de salud. Además se le ha negado el derecho a la defensa privada .
Maríana González puntualizó que en el caso de su esposo se le han violado todos sus derechos humanos y garantías establecidas en los artículos 2, 7, 9 y 14 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). También se le han violado todos los derechos y garantías establecidos, entre otros, en los artículos 26, 44, 45, 49 y 257 de la Constitución.
“No me rendiré y, a pesar de las circunstancias absolutamente adversas, seguiré luchando por todas las vías humanitarias disponibles, por la vida, la libertad, la integridad personal y los derechos de mi esposo Rafael Tudares Bracho”, aseguró la hija de Edmundo González
Durante un acto oficial desde Petare el pasado 4 de diciembre, el gobernante Nicolás Maduro se refirió a la conversación que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que según trascendió en medios estadounidenses, tuvo lugar el pasado 21 de noviembre.
“Yo recibí,conversé y tuve una llamada con el presidente de estados unidos, Donald Trump. puedo decir que la conversación Fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue hasta cordial, entre el presidente de Estados unidos y Venezuela”, reveló el mandatario.
Consideró también que si esa llamada significa “que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. Welcome dialogue, welcome diplomacy, welcome the peace ”.
El pasado 30 de noviembre, un día después de que declarara que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse “cerrado”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,confirmó que había conversado con el gobernante venezolano Nicolás Maduro.
“No quiero comentar al respecto. La respuesta es sí”, dijo Trump desde el Air Force One, cuando se le preguntó si había hablado con el dirigente oficialista.
Días atrás, el New York Times había revelado que esta conversación tuvo lugar a mediados de noviembre y que se discutió una posible reunión entre ellos en Estados Unidos.
Los periodistas insistieron en conocer en qué términos se desarrolló ese intercambio y si hubo resultados satisfactorios, a lo que Trump respondió: “No diría que salió bien o mal, fue una llamada telefónica”.
Medios estadounidenses como Miami Herald y la agencia Reuters detallaron que la llamada entre Trump y Maduro supuestamente duró 15 minutos y se desarrolló el pasado 21 de noviembre.
Según fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters, Trump rechazó una serie de solicitudes por parte del gobernante de Venezuela.
De acuerdo con estos datos, Maduro le habría pedido a Trump un salvoconducto para abandonar Venezuela junto con su familia, en medio de acusaciones de narcotráfico, violaciones de derechos humanos y corrupción.
Sin embargo, según fuentes que hablaron con Reuters, Trump rechazó la mayoría de estas demandas, que incluían una amnistía completa, la eliminación de sanciones sobre su gobierno y el levantamiento de cargos ante la Corte Penal Internacional (CPI).
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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del jueves, 4 de diciembre,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Venezuela es el primer país de América bajo la lupa de la Corte Penal Internacional(CPI). Desde hace seis años, la institución judicial internacional mantiene abierta una investigación formal para examinar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2017 en el contexto de las protestas antigubernamentales de la última década.
Desde el inicio de la investigación, la Corte Penal Internacional ha enfrentado varios obstáculos para lograr un avance rápido en el caso. La falta de cooperación gubernamental ha sido el desafío más relevante, según las declaraciones ofrecidas por el fiscal Mame Mandiaye Niang, quien informó el pasado 1 de diciembre, el cierre de la oficina de la CPI en Caracas.
El líder de oposición Edmundo González Urrutia rechazó la condena impuesta a su yerno Rafael Tudares Bracho. “30 años de prisión por hechos que no ocurrieron y delitos que no cometió. Se trata de una decisión sin sustento jurídico, incompatible con la Constitución y utilizada como represalia política para intentar afectarme y distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024”, expresó a través de su cuenta en x.
La arbitrariedad exhibe fragilidad. Toda decisión pública debe ajustarse a la ley, o queda fuera de la legitimidad democrática.
Por eso rechazo la condena impuesta a Rafael Tudares Bracho: 30 años de prisión por hechos que no ocurrieron y delitos que no cometió. Se trata de una… https://t.co/wZGUT70uAF
En la ñapa de este jueves te recomendamos la película Zootopia 2. La secuela de la cinta de 2016, no solo estableció un récord de taquilla en lo que va de 2025, sino que también fue el cuarto mejor estreno en la historia detrás de Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War y 🕸 Spiderman: Sin camino a casa.
