A propósito de la conmemoración del Día del Profesor Universitario en Venezuela, este 5 de noviembre, el Observatorio de Universidades (OBU) alertó nuevamente sobre la precariedad económica que enfrenta la plantilla académica nacional, situándola como la más “pobre” de Latinoamérica.
En su boletín, el OBU revela que, transcurridos 25 años del siglo XXI, el salario mensual de los profesores universitarios venezolanos oscila entre los 1,27 y 2,07 dólares estadounidenses. Esta cifra impactante se produce después de un proceso que los gremios han definido como de “desalarización”. La gran mayoría de los más de 64 mil académicos que trabajan en el país, según datos oficiales, viven actualmente en condiciones de “extrema vulnerabilidad”.
Desde el último ajuste salarial para el sector, han transcurrido más de 1.360 días, es decir, casi cuatro años sin incrementos. Mientras tanto, la inflación ha continuado su marcha, con proyecciones del Fondo Monetario Internacional que podrían alcanzar el 548% al cierre de 2025.
Los salarios venezolanos, los más bajos del continente
La crisis de los profesores universitarios venezolanos se hace aún más evidente al contrastar sus ingresos con los de sus pares regionales, confirmando la frase: Los profesores universitarios más pobres de América son los de Venezuela. Los académicos venezolanos, junto con los cubanos (cuyo salario máximo es de 29 USD mensuales), encabezan el “ranking de pobreza por ingresos en educación superior” en América Latina y el Caribe.
En contraste, los docentes de otros países se posicionan con los mejores salarios en la región. Por ejemplo, en Uruguay, un docente titular, grado 5 a dedicación total en la Universidad de la República (Udelar), percibe $6.065 dólares mensuales. Por su parte, en Chile, un profesor de la Universidad de Chile puede obtener $10.232 dólares (fuera de asignaciones especiales). No obstante, el salario máximo general estaría alrededor de los $7.330 dólares.
El “bono de guerra” sustituye al escalafón
En paralelo a la política de “desalarización”, el Gobierno de Nicolás Maduro implementó a partir de 2021 una estrategia de “bonificación de los ingresos”. Este mecanismo, centralizado a través del Sistema Patria, implica el depósito de un total de $110 dólares mensuales bajo el concepto de “bono de guerra económica”.
Sin embargo, el OBU recuerda que esta bonificación se entrega “indiferentemente de los títulos de postgrado y la producción científica que tenga el docente”. De esta manera, se desvaloriza la trayectoria académica y el esfuerzo por la formación continua, al igualar la compensación económica independientemente del nivel educativo o la categoría del profesor.
Un cerco a la libertad académica
Más allá de las precariedades económicas, el OBU también reporta violaciones a los derechos políticos y civiles de los docentes, cuyas denuncias crecieron un 79% a partir de 2024.
En la fecha cercana a la conmemoración del Día del Profesor Universitario, se destaca que 11 académicos se encuentran presos por razones políticas, la mayoría de ellos pertenecientes a instituciones autónomas, como la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad de Los Andes (ULA). Los profesores detenidos son “activistas políticos de oposición o defensores de derechos humanos”.
A pesar de este “escenario desalentador” y de tener una planta profesoral “envejecida indignamente, con inseguridad alimentaria, afectaciones a la salud mental, practicantes del pluriempleo y en muchos casos, perseguida”, el OBU resalta que la motivación de muchos para “resistir en el aula” no es económica, sino la aspiración de tener un mejor país o el “agradecimiento” a lo que la universidad representó en sus vidas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Hace dos años Nairobi tenía la costumbre de comprar mensualmente productos como harina de maíz, pasta y arroz por bultos, ahora a lo sumo adquiere diez de estos artículos.
Asimismo, compraba entre 8 ó 9 kilos de carne, hoy en día compra un promedio de cinco. Igualmente cogía 4 pollos grandes del congelador del supermercado, actualmente se debe conformar con una bolsa de muslos de 5 kilos.
“Ha habido una disminución drástica en cuanto a la compra de alimentos. Hemos bajado el consumo de proteínas y ahora compramos más enlatados: atún y sardinas, además de huevos, que es lo más accesible”, dijo la ama de casa caraqueña.
En 2023, Nairobi compraba hasta tres tipos de queso, ahora solo duro para rallar. Dos clases de jamón, hoy en día compra el más económico. “Actualmente compramos menos y gastamos más. Hace dos años hacíamos un mercado decente con 100 dólares, hoy $100 no te alcanzan para nada”.
Carmen la había dejado, pero ahora después de mucho tiempo retomó su libreta donde anota y compara precios de mercados, supermercados y abastos. “Todas las proteínas las compro en un solo sitio donde es más barato y el resto en varios lugares. Busco ofertas, ya no voy a un solo sitio como antes, por ejemplo los vegetales en ferias ambulantes”, sostuvo la señora de la tercera edad.
La empleada pública Gabriela*, aseguró que hace mes y medio, en donde hace sus compras, el precio de la carne pasó de $9 por kilogramo a $18. “Por eso deje de comprarla y ahora consumo pollo, cerdo y pescado”.
Aunque ha bajado y la ha visto en $12 por kilo, “Gaby” optó por sacar la carne de su dieta diaria. Asimismo pasó con la manzana, que según la quincuagenaria, representa un golpe al bolsillo.
Como ya no consume los alimentos que vienen en la bolsa del CLAP, Gabriela los cambia en un mercado municipal por medio cartón de huevos. “Antes compraba seis manzanas por $5, ahora la misma cantidad vale $10. El problema es que el dinero en bolívares no rinde, los alimentos suben en dólares y cada quien pone la tasa de cambio a lo que quiere”.
Ni para el queso
En el pasado mes de noviembre, #LaHoradeVenezuela hizo una evaluación de algunos productos de la canasta básica alimentaria del Cendas-FVM (Federación Venezolana de Maestros) en mercados municipales y supermercados. Este seguimiento arrojó un promedio de 51 dólares por la adquisición de 12 productos (arroz, harina, café, pasta, azúcar, sal, aceite, un kilo de queso blanco duro, un kilo de carne, un kilo de pollo , caraotas y 12 huevos).
Según el seguimiento, el incremento más considerable se percibió en el queso blanco y la carne.
El promedio del kilogramo de queso en supermercados y mercados pasó de $7,30 el 1 de noviembre a $11,55 el último día del mismo mes, para un incremento del 58,21%.
Por su parte, el promedio del kilo de carne que estaba en $10,67 a principios del penúltimo mes del año terminó en $12,62 (18,27% más caro).
Para las personas consultadas, este incremento en el segmento de carnes rojas, mantiene en vilo la certeza familiar de preparar hallacas, el plato típico venezolano en cada navidad.
“51 dólares por esos doce productos es exageradamente caro para una economía como la venezolana”, dijo el economista y ex diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra.
De acuerdo a Guerra, para poder acceder solo a esta docena de productos se requieren de casi 100 sueldos mínimos, que desde marzo de 2022 se encuentra estancado en 130 bolívares. “Según Conindustria el promedio salarial de un trabajador venezolano es de 250 dólares al mes, esto quiere decir que una parte de la canasta cuesta el 25% del sueldo”.
Ni malabaristas de semáforo
Como quien tira pelotas o arroja dagas de fuego al aire frente a un enjambre de carros en Caracas, los venezolanos deben hacer malabares para buscar el mejor rendimiento de los dólares o bolívares que les pagan para ir al mercado.
Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Afines, destacó lo que ya advertía desde el mes de septiembre: más de 95% de las transacciones en los supermercados se hacía en bolívares y que «los pagos van a seguir siendo en moneda nacional».
“Antes cuando la brecha no era tan amplia pagaba en dólares, pero ahora cambio a bolívares con alguien que ofrece una buena tasa y de esa manera no pierdo”, dijo Nairobi, justificando las razones por las cuales prefiere los establecimientos que aceptan bolívares a tasa oficial y no puestos informales donde se suelen manejar otras tasas.
Carmen hace lo mismo que Nairobi, pero ahora solo cambia lo estrictamente necesario. “Anteriormente me pasaba que cambiaba 100 dólares, entonces terminaba comprando cosas que no necesitaba al momento, ahora uso una de estas aplicaciones de cripto activos y solo gasto lo necesario”.
A diferencia de Nairobi y Carmen, Gabriela* no recibe sueldo en moneda estadounidense.
“Es un tema porque yo recibo un bono en dólares, pero me lo depositan en bolívares a cambio de tasa oficial del BCV (Banco Central de Venezuela) y tengo que salir corriendo a gastarlos o cambiarlos a tasa del paralelo porque de lo contrario se vuelve sal y agua, total que siempre salgo perdiendo”, dijo Gabriela, quien también expuso que con frecuencia usa la plataforma de crédito Cashea para que aminorar los gastos.
Como Buzz Lightyear…al infinito y más allá
De acuerdo a un reporte elaborado por el economista José Guerra, en materia de precios, la tendencia en este 2025 ha sido a la aceleración de la inflación. Cuando la tasa de inflación excedió el 20% intermensual en octubre de 2024, el Banco Central de Venezuela dejó de publicar las cifras inflacionarias.
Según el economista, tomando en cuenta la devaluación de los bienes transables y el aumento de los servicios, la tasa de inflación se ubicaría para finales de 2025 entre 530% y 550%, con tendencia a incrementarse.
Guerra sentenció que todo parece indicar que el BCV mantendrá el actual ritmo de depreciación del bolívar frente a la moneda estadounidense (promedio de Bs. 2 ó 0,46% por día).
En su informe señaló que el grado de libertad del BCV para disminuir el ajuste diario de la tasa de cambio es insuficiente en un contexto de elevada demanda de dólares y una circulación excesiva de bolívares. “Esto lo que refleja es un gran desorden y anarquía. La gente suele pagar en bolívares si es a tasa BCV y tiende a esconder los dólares. Por eso los bolívares siempre van a sobrar”.
Del reporte se desprende que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo ha oscilado en 2025 entre 25% y 50%.
Y mientras los economistas analizan, Carmen, Nairobi y Gabriela, cada una en su realidad, buscan vías para llevar la comida a la mesa.
*Nombre cambiado a petición de la entrevistada
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía mantiene sus operaciones este viernes sin registrar un solo vuelo de aerolíneas extranjeras, a dos semanas de la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que catalogó el espacio aéreo venezolano como “potencialmente peligroso”.
La retirada de las aerolíneas internacionales ha dejado este viernes al principal terminal aéreo del país con solo nueve despegues internacionales activos, todos operados por líneas venezolanas: Laser Airlines, Venezolana, Turpial Airlines, Avior, Estelar y Conviasa. Las rutas autorizadas mantienen conexiones hacia Curazao, Bogotá, Panamá y Moscú. Las llegadas reflejaron el mismo escenario, con operaciones únicamente desde Cuba, Curazao, Colombia y Panamá.
Como se recordará, las aerolíneas internacionales suspendieron temporalmente sus operaciones en territorio venezolano, lo que condujo a la autoridad aeronáutica nacional, el INAC, a revocar permisos de vuelo a Iberia, Avianca, TAP, Latam Colombia, Turkish Airlines, Gol y Air Europa. La crisis aérea también afectó rutas con España y derivó en nuevas suspensiones anunciadas por las aerolíneas Wingo, Satena, Copa Airlines y Boliviana de Aviación, que no han sido, por ahora, objeto de sanción por parte del INAC.
Esta semana, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) aseguró que espera reactivar “algunas rutas” en las próximas 48 horas, sin detallar cuáles compañías volverían a operar ni si existen garantías adicionales de seguridad para el reinicio de actividades.
Fuentes extraoficiales vinculadas al holding de Copa Airlines y Wingo confirmaron que la suspensión de sus operaciones podría extenderse más allá del 12 de diciembre, escenario que, según advierten, incrementa la probabilidad de que el gobierno venezolano termine por revocar definitivamente los permisos de ambas líneas aéreas.
Las seis aerolíneas venezolanas que ofrecen vuelos internacionales desde Venezuela son:
Desde el Aeropuerto de Valencia:
Turpial Airlines: Bogotá (Colombia).
Desde el Aeropuerto de Maiquetía:
Avior Airlines: Panamá, Bogotá, Curaçao (con conexión posterior hacia Miami)
Laser Airlines: Bogotá, Panamá, Curaçao (también utilizado como enlace hacia Miami).
Estelar: Panamá
Venezolana de Aviación: Panamá
Conviasa: Barbados, Cancún y Santa Lucía (México), Guangzhou (China), La Habana y Varadero (Cuba), Managua (Nicaragua), Moscú y San Petersburgo (Rusia).
Este jueves trascendió que representantes de las aerolíneas venezolanas Láser, Avior y Turpial sostuvieron un encuentro con representantes del ente aeronáutico de Colombia, con la idea de aumentar las frecuencias de vuelo de estas tres aerolíneas y garantizar la demanda de salida hacia Bogotá, ahora no solo como destino final, sino como puente aéreo.
El espacio aéreo de Venezuela se ha transformado en una “zona de exclusión” virtual para la aviación comercial, situación que ha agravado la desconexión aérea del país con el resto del mundo. La causa central de esta crisis de vuelos es la creciente interferencia en los sistemas de navegación satelital, descrita como una “pared invisible de ruido electromagnético” que ha descendido sobre el Caribe, obligando a las aeronaves comerciales a desviar y cancelar rutas.
Esta interferencia del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), parte del sistema general de navegación por satélite (GNSS), ha alcanzado niveles que interfieren directamente con las aeronaves, volviendo el espacio aéreo “efectivamente intransitable” para la navegación estándar. En un artículo de Bloomberg, se explica que aunque para un usuario de smartphone de Caracas esta interferencia pueda significar solo lentitud de un mapa o puntos suspensivos de espera, para un avión que vuela a 30 000 pies, las consecuencias son mucho más graves.
Las fallas detectadas son “numerosas e intermitentes” y representan un “alto riesgo para la seguridad aérea”, ya que podrían provocar desviaciones de las rutas planificadas e incluso la pérdida de conciencia situacional de las tripulaciones.
Alerta crítica de la FAA
El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió una advertencia crucial, instando a las aerolíneas a “extremar precauciones” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. La agencia justificó esta alerta debido al “empeoramiento de la situación de seguridad” y al “aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”, describiendo el escenario como una “situación potencialmente peligrosa en la región”. La alerta de seguridad, o NOTAM, especificó que las amenazas podrían suponer un riesgo potencial para las aeronaves en todas las altitudes, incluyendo el sobrevuelo, las fases de llegada y salida, y las aeronaves en tierra.
El factor subyacente que motivó la alerta de la FAA fue la escalada en la interferencia electromagnética, citando una “mayor interferencia” en el espacio aéreo venezolano. La FAA aconsejó cautela a los operadores que volaban dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía.
Comunicado de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos
Desconexión aérea
La advertencia de la FAA tuvo un impacto inmediato y significativo, lo que provocó que al menos ocho aerolíneas internacionales suspendieran sus vuelos al país caribeño. Entre las compañías que detuvieron temporalmente sus operaciones se encuentran las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish.
Aun después de esta primera oleada de cancelaciones, las pocas aerolíneas que quedaban, como la panameña Copa Airlines y la colombiana Wingo, también extendieron sus suspensiones. Tanto Copa como Wingo explicaron que tomaron la medida después de que sus pilotos reportaran “intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves”. La aerolínea estatal colombiana Satena también suspendió sus vuelos, atribuyendo la decisión a “reportes de interferencias (…) en los sistemas de navegación satelital” que representaban un “riesgo operacional”.
Como resultado directo, Venezuela quedó “prácticamente aislada” tras estas suspensiones de vuelos por motivos de seguridad, lo que agravó su desconexión aérea con el resto del mundo.
La respuesta del gobierno venezolano a la suspensión de vuelos internacionales fue inmediata y se centró en forzar la reanudación de las operaciones y desacreditar las alertas de seguridad. El 25 de noviembre, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) emitió una advertencia o ultimátum. La institución exigió a las aerolíneas que habían suspendido sus vuelos reanudar sus operaciones en un plazo de 48 horas, bajo la amenaza expresa de perder sus permisos
Sin embargo, ante el incumplimiento de este ultimátum y la decisión de las aerolíneas de acatar las alertas internacionales, el gobierno procedió a la represalia directa. Entre el 26 y el 27 de noviembre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, junto con el INAC, ejecutó la revocación de la concesión operativa a seis aerolíneas internacionales. Las empresas afectadas incluyeron a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.
Paralelamente a las medidas administrativas, altos funcionarios emitieron declaraciones para desacreditar las alertas internacionales, atribuyéndoles motivos políticos. A finales de noviembre de 2025, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, calificó la suspensión de vuelos y la campaña mediática asociada como un acto de “terrorismo comunicacional” y una “manipulación criminal” promovida por Estados Unidos.
Por su parte, en un intento por reforzar la tesis de que los problemas de seguridad no eran internos, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, atribuyó la responsabilidad de las interferencias de GPS a la “escalada militar y actividades de guerra electrónica” que las fuerzas de EEUU estarían realizando en el Caribe. Esta declaración buscó cimentar la idea de que el problema de seguridad era un efecto colateral de la actividad militar de EEUU y no un fallo de seguridad interno de Venezuela.
Sistema de navegación comprometido
La navegación moderna depende del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS). Este término general abarca el GPS estadounidense, el Galileo europeo y el GLONASS ruso, descritos como “lazos invisibles” que guían aeronaves y dispositivos móviles.
Sin embargo, esta interferencia ha alcanzado niveles tales que el espacio aéreo venezolano se ha vuelto “efectivamente intransitable” para la navegación estándar basada en satélites.
Los puntos técnicos clave de la disrupción incluyen:
Niveles de ruido cuantificables: El ruido del GNSS ha aumentado a niveles que interfieren con aeronaves y satélites. Las áreas alrededor de Caracas registraron un aumento del ruido de GPS igual o superior a 5 dB, una intensidad que puede “cegar” los vuelos y los satélites en órbita terrestre baja.
Evidencia desde el espacio: La magnitud de la interrupción es visible incluso desde el espacio. Datos de la constelación CYGNSS de la NASA (que mide los reflejos de las señales GNSS que rebotan en la superficie terrestre) capturan el patrón de interferencia.
Fallas en ADS-B: Los datos de Spire Global muestran un aumento notable en las aeronaves que informan una integridad de navegación “degradada” en un protocolo conocido como ADS-B. El ADS-B es el estándar moderno de vigilancia del tráfico aéreo que transmite automáticamente una posición derivada por satélite a los controladores.
Riesgo cuantificado en vuelo: Antes de que la FAA emitiera su advertencia, más del 10% de todo el tráfico aéreo en el sector ya volaba con sistemas de navegación comprometidos.
Vulnerabilidad del equipamiento aéreo
Una de las razones técnicas de la susceptibilidad a la interferencia es el equipo de navegación utilizado por gran parte de la flota global.
Señal L1 obsoleta: La mayoría de los receptores de aviación comercial aún dependen de la señal L1 GPS, que data de hace décadas, es relativamente débil y “notoriamente fácil de interferir” (jam).
Receptores antiguos: Los receptores de aviación a menudo tienen hasta 20 años de antigüedad, de acuerdo con Todd Humphreys, profesor del laboratorio de radionavegación de la Universidad de Texas en Austin.
Ausencia de L5: Si bien las señales L5 más nuevas son más fuertes y están diseñadas pensando en la seguridad aérea, la gran mayoría de la flota mundial aún no ha sido actualizada. Esta dependencia de la señal más antigua deja a los vuelos más expuestos tanto al ruido accidental como al intencional.
Humphreys también explicó, reseñado por Bloombergs, que además de interrumpir el tráfico aéreo, la interferencia del GPS puede afectar a los satélites en órbita terrestre baja. Esto incluye redes como Starlink y OneWeb, junto con media docena de otras constelaciones, las cuales orbitan a aproximadamente 550 kilómetros sobre la superficie. Por ahora, SpaceX y otras compañías están “capeando el temporal”.
Fallas en las rutas recogidas por los GPS
Un ciclista de Caracas reportó anomalías en la ruta capturada por una aplicación de seguimiento, con trazos que muestran anomalías en la precisión de la ubicación los cuales superan errores estándares de un GPS civil. Las fallas contemplan saltos erráticos y trayectoria falsa en línea recta.
El caso más llamativo se observa en la siguiente imagen, donde la ruta registrada no sigue la calle, sino que traza líneas rectas largas y bruscas, como si el usuario se hubiera movido instantáneamente entre dos puntos distantes.
Asimismo, en la siguiente imagen la ruta se ve “esponjosa” o “nerviosa”, con el trazo saltando erráticamente entre puntos cercanos y solapándose de manera incoherente sobre una misma zona.
Estos comportamientos erráticos reflejan que las interferencias de GPS reportadas en la aviación civil se están manifestando de forma tangible en los dispositivos de uso común en Caracas.
¿Por qué ocurren las interferencias?
En su artículo, Bloomberg señala que, si bien es imposible identificar la fuente de la interferencia, los expertos la vinculan con una acción militar. Desde inicios de septiembre, la administración de Donald Trump ha atacado pequeñas embarcaciones en el Caribe en una operación antinarcóticos. A mediados de noviembre, el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford llegó a la región, un despliegue visible en los patrones de interferencia en alta mar cerca de Trinidad y Tobago.
El texto explica que las flotas navales modernas suelen emplear interferencias GPS como protección. Además, tanto los ejércitos de EEUU y Venezuela tienen motivos para interrumpir las comunicaciones de esta manera. “Un grupo de ataque de portaaviones es susceptible a ataques de grandes enjambres de drones”, dijo Humphreys.
Pero además, el Ejército venezolano tiene un largo historial de considerar la interferencia del GNSS como un escudo necesario. Tras el presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto de 2018, el país reforzó sus capacidades de guerra electrónica, supuestamente con la ayuda de asesores rusos que desde hace tiempo emplean tácticas de suplantación similares para proteger al Kremlin en Moscú.
“Históricamente, existe una alta correlación entre este nivel de ruido y la actividad militar”, dijo Margaux García, analista senior de C4ADS, una organización sin fines de lucro con sede en Washington que se centra en la seguridad.
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Este jueves, 4 de diciembre, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció que las tareas escolares serán reguladas para “disminuir el impacto negativo que generan en las familias y garantizar el tiempo libre de niños, niñas y adolescentes”.
El Ministerio de Educación, a través de su cuenta en Instagram, señaló que tras un debate nacional con expertos, docentes y estudiantes, que movilizó a 68.640 personas y contó con la participación activa de 79 universidades, la medida busca asegurar que las tareas sean realmente útiles, claras, respeten un tiempo máximo de ejecución y no sustituyan el proceso pedagógico en el aula.
“Este ha sido uno de los debates educativos más grandes y ricos que hemos tenido en los últimos años”, afirmó Rodríguez durante la presentación de los resultados.
Rodríguez precisó que la regulación vendrá acompañada de un plan de trabajo y formación docente, “buscando una educación más efectiva y equilibrada que priorice el bienestar de nuestros estudiantes”. Sin embargo, no ofreció mayores detalles sobre la regulación de las asignaciones.
El ministro enfatizó tres puntos clave del proyecto. Primero, establecer una regulación nacional que limite la cantidad, duración y características de las tareas, priorizando su calidad pedagógica sobre la cantidad. Segundo, velar porque las actividades escolares no invadan excesivamente el tiempo familiar ni afecten el descanso y la recreación de los estudiantes y finalmente, implementar un plan nacional de acompañamiento y formación docente para asegurar que las nuevas orientaciones se apliquen efectivamente en cada aula del país.
Se materializó la propuesta
La propuesta realizada el pasado mes de septiembre por Héctor Rodríguez sobre la posible eliminación de las tareas escolares con el objetivo de “reducir la carga de estrés en los estudiantes y sus familias”, se materializó.
Según Rodríguez, las tareas representan un “factor de violencia en el hogar, de gritos, es una hora de maltrato, de castigo”.
“Yo he estado tentado a eliminar las tareas. Hay quienes dicen: ‘Ya va, Héctor, porque es un conector entre la escuela y el representante’. Bueno, busquemos otras alternativas. No lo quiero hacer a lo loco, quiero que lo reflexionemos, que hagamos un estudio sobre ese tema”, dijo Rodríguez el pasado 13 de septiembre en una alocución con el sector educativo.
En un reportaje publicado porRunrun.es expertos consultados sobre la eliminación de las tareas coincidieron en que no debían eliminarse sino reformularlas.
Carlos Calatrava, exdirector de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), comentó que las tareas “siempre son necesarias”, pero considera que deben replantearlas o reformularlas para favorecer el aprendizaje.
Lila Vega, pediatra y miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes, coincidió con Calatrava en que las tareas no deben eliminarse y señala que pueden ser altamente creativas sin abarrotar a los estudiantes ni a sus padres. Sobre todo “no deben ser una fuente de castigo”.
Por su parte Cristina Rojas, docente de primaria con más de 15 años de experiencia, señaló que no está de acuerdo con que se eliminen las tareas, pero sí con que se reformulen. Apuntó a que con una eventual eliminación de las responsabilidades escolares el niño va a ocupar ese espacio en otras actividades que quizás no sean tan productivas.
Problemas de fondo
Con la regulación de las tareas escolares anunciadas por el ministro surgen también otros cuestionamientos que están directamente relacionados con la situación del sector educativo.
Los docentes venezolanos están mal remunerados, con salarios que no satisfacen las necesidades más básicas, las escuelas presentan graves deterioros a nivel estructural sin servicios básicos eficientes y los estudiantes no cuentan con un programa de alimentación de calidad.
Además, también sigue presente la necesidad de actualizar el currículo escolar algunos no se actualizan desde el año 1986.
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Jimena Romina Araya Navarro, conocida también en el mundo artístico como “Rosita”, volvió a ser noticia este miércoles 3 de diciembre, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que fue sancionada por sus presuntos vínculos con la mega banda criminal El Tren De Aragua.
El Departamento del Tesoro señala a Araya de formar parte de una red, junto a otras cinco personas ligadas a la industria del entretenimiento, que brinda apoyo material a la organización criminal, recientemente considerada como terrorista por los Estados Unidos.
La OFAC señaló que en 2012 “Rosita” ayudó al líder de la banda Héctor Rusthenford Guerrero Flores -alias “Niño Guerrero”- a escapar de la prisión de Tocorón, en el estado Aragua. El Tesoro asegura que parte de los ingresos obtenidos por la modelo en Colombia, en donde se presentaba como DJ en fiestas nocturnas, “habrían sido utilizados para financiar actividades delictivas de la organización”.
También fueron impuestas sanciones a Eryk Manuel Landaeta Hernández, quien fue guardaespaldas y mánager de “Rosita”. Asimismo, fue sancionado Kenffersso Sevilla, conocido como “El Flipper”, detenido en noviembre en Colombia por blanqueo de dinero y considerado una de las figuras más cercanas a Niño Guerrero.
Sevilla es dueño de la empresa de servicios creativos, artísticos y de entretenimiento Eryk Producciones SAS, así como de la discoteca bogotana Maiquetía VIP Bar Restaurant, local que, según las autoridades colombianas, ha sido utilizado para vender drogas.
En la lista de sancionados también aparecen Richard José Espinal, Noe Aponte, Asdrubal Escobar y Cheison Guerrero, medio hermano de Niño Guerrero, todos miembros de la organización terrorista, según la investigación de la OFAC.
Con las sanciones impuestas quedan bloqueados todos los activos y propiedades de los involucrados con el Tren de Aragua. Además, les queda prohibido a empresas y ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos. “El objetivo es interrumpir las fuentes de financiación y logística que permiten al Tren de Aragua operar en Venezuela y expandirse hacia países vecinos”, aseguró el Departamento.
En las sanciones también incluyeron varias empresas relacionadas o directamente vinculadas con la mega banda criminal. Ellas son: Eryk Producciones SAS, Maiquetía VIP Bar Restaurant, Yakera y Lane SAS, al igual que Global Import Solutions S.A., esta última propiedad de Araya.
Trayectoria artística
Jimena Araya (42) es oriunda de Maracay, estado Aragua. Comenzó su carrera como modelo en el año 2000. Es reconocida por ser una figura mediática vinculada al crimen organizado, más que por su talento o logros artísticos.
Araya alcanzó la fama en 2010 cuando interpretó el personaje de “Rosita” en el programa humorístico ¡A que te ríes! transmitido por Venevisión. También, formó parte del elenco de otras series y telenovelas como El cuerpo del deseo, Negra consentida, Los misterios del amor y El amor las vuelve locas. Protagonizó una obra de teatro titulada Rosita, pásame la cosita y tuvo una participación en la película Er Conde Jones, del comediante venezolano y excandidato presidencial Benjamín Rausseo, conocido como “El Conde del Guácharo”.
La nueva sancionada por la OFAC también participó en el show “Divas de Venezuela” y se ha desempeñado como DJ y modelo, posando para revistas como Urbe Bikini.
Jimena Araya tiene millones de seguidores en Instagram y Tiktok,y en ambas redes sociales postea fotos familiares, de viajes, videos de humor y en su faceta como DJ.
Sin embargo, el éxito de la maracayera se vio empañado cuando fue vinculada con criminales con amplios prontuarios policiales.
Su vinculación con la fuga del “Niño Guerrero”
En 2012, Jimena Araya fue acusada por la justicia venezolana por su presunta colaboración en la fuga de Héctor Guerrero Flores, el máximo pran de la cárcel de Tocorón. Actualmente, Guerrero Flores es buscado por homicidio, secuestro y terrorismo por las autoridades y se ofrece una recompensa a quien aporte información certera sobre su paradero.
El 20 de septiembre de ese mismo año, el Tribunal Segundo de Control del mencionado estado, a cargo del abogado en carácter de juez Oswaldo Rafael Flores, emitió una orden de aprehensión en contra de Araya por presunto “encubrimiento y fuga de detenido en grado cooperador”.
Según información publicada en Runrunes, Luis Alberto Gutiérrez Linares, exdirector del Centro Penitenciario de Aragua,delató a “Rosita” y confesó que él habría sacado a Guerrero en la maleta de su carroy, por ello, los militares no se percataron de la fuga. También manifestó que, una vez fuera de Tocorón, Guerrero hizo transbordo a otros tres vehículos,algunos de ellos facilitados por la actriz Jimena Araya.
Un mes después, el 29 de octubre de 2012, Araya fue arrestada en Valencia, estado Carabobo, pero tras 10 días detenida salió en libertad bajo fianza.
Luego de su excarcelación, Araya ofreció declaraciones a la prensa y en una entrevista aseguró que “nunca había estado en Tocorón”. Pero sus afirmaciones contradijeron a las de su madre, Teresa Navarro, cuando afirmó que “Jimena efectivamente fue al penal porque es una artista y fue contratada para un show”.
En el libro El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, escrito por la periodista y coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga, Ronna Rísquez, se indica que la propia abogada de Rosita alegó en su momento que su clienta solo había sido contactada telefónicamente por el Niño Guerrero para participar en un show en Tocorón.
El texto también recoge que, de acuerdo con algunas versiones, las visitas de Rositas a Tocorón no se limitaban a shows artísticos. “En algunos medios se dijo que Rosita llevaba prostitutas a Guerrero y a sus compañeros de prisión, un negocio que jamás fue confirmado”.
En un programa en Televen en 2015, Rosita incluso mencionó que se vio supuestamente presionada a admitir los hechos -su relación con la fuga del Niño Guerrero- y que, aunque lo pensó, no iba a asumir la culpa “por algo que no había hecho”.
En otra entrevista en el año 2020, reveló que mientras estuvo presa le aconsejaron enviar un audio pidiendo ayuda al entonces presidente Hugo Chávez para que la ayudara en su caso. Luego de difundirse el material, el fallecido presidente habló de su caso y posteriormente, fue excarcelada, por lo que, en el imaginario público, quedó señalada como cercana al gobierno.
Ocho años después del escape del Niño Guerrero, Rosita contó en su canal de Youtube que fue dos veces a Tocorón a visitar a un primo detenido y que por eso se desató el rumor de que colaboró con la fuga de 12 personas.
La “viuda negra” del pranato venezolano
Como se indica en el libro de la periodista Ronna Rísquez, Araya fue a juicio y quedó descartada su participación en la fuga del Niño Guerrero. Pero eso no significa que se haya desvinculado del todo con líderes criminales o figuras con historial delictivo.
Y es que la vida sentimental de Jimena Araya estuvo marcada por la controversia. Tras el escándalo por lo ocurrido con el Niño Guerrero, “Rosita” mantuvo una relación amorosa con Luidig Ochoa, creador de la serie Cárcel o Infierno, quien había formado parte del pranato que controlaba Tocorón hasta que salió en libertad en 2008.
Ochoa fue asesinado el 8 de agosto de 2014 cuando salía de su vivienda en Maracay y abordaba su moto Kawasaki modelo KRL 650 y un desconocido armado lo amenazó para que se la entregara. Ochoa se bajó con la intención de dársela, intentó correr, pero igual, le dispararon en las costillas, hombro y brazo. El Diario La Verdad reseñó que el homicida se llevó sus documentos, pero dejó la motocicleta. Un año después del asesinato de Ochoa, su madre aseguró que a hijo “lo mató el Gobierno”.
No había transcurrido ni un año cuando, en junio de 2015, fue encontrado el cadáver desmembrado de Carlos Rafael Galindez Graterol alias “Carlos Breaker”, líder del Tren de Aragua y pareja sentimental de “Rosita”, según información aportada por las autoridades venezolanas. Los restos de Galíndez fueron encontrados en el kilómetro 16 de la carretera que comunica a Mamera con El Junquito. Una de las hipótesis que se manejó en este caso fue la de la venganza debido a que, al parecer, Galíndez habría cobrado un botín y no lo repartió equitativamente.
Tras conocerse la noticia del asesinato de “Carlos Breaker”, Araya informó a través de sus redes sociales que se retiraba de las mismas por un tiempo.
“A todos mis seguidores les pido disculpas pero estaré unos días ausente de mis redes sociales. Por motivos familiares. Gracias a todos”, publicó “Rosita”. Tres meses después, en un programa televisivo, Rosita negó que hubiese tenido una relación con “Carlos Breaker” y aseguró que solo lo había conocido en una fiesta.
En 2017, el Diario Las Américas publicó que los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, que estuvieron detenidos desde 2015 en EEUU por narcotráfico, habrían intercedido por “Rosita” para evitar que la asesinaran cuando mataron a Carlos Breaker. La información la extrajeron de unos chats que difundió la parte acusadora
El libro sobre el Tren de Aragua relata otros episodios en los que se vinculaba a Rosita con miembros de grupos delictivos. También en 2015, se viralizó otra foto suya con otro miembro del Tren de Aragua, alias “Cara e lancha”, que murió a manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Altamira.
Otra “coincidencia” que destaca Rísquez en el texto es que Rosita era la DJ del local en Margarita al que asistió Téofilo Rodríguez Cazorla, alias “El Conejo” y pran de la cárcel de la isla, la noche en que fue asesinado.
A “Rosita” también se le vinculó sentimentalmente con otros delincuentes de gran peligrosidad como Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, detenido en Perú en 2018. La prensa local aseguró que la actriz había huido de ese país días antes de la detención de “El Catire”. Aseguraron también que ingresó a Perú con un pasaporte chileno, que hizo shows artísticos sin visa de trabajo y que la policía necesitaba interrogarla para aclarar sus vínculos con Barrera.
En 2019, los medios de ese país también la vincularon con una venezolana detenida por descuartizar a dos hombres. La supuesta conexión surgió porque Verónica Andreina Montoya Araujo, alias “La Roxy” aprovechó para fotografiarse con “Rosita”, cuando esta se encontraba de visita en dicho país.
En un live en Instagram, Araya negó que conociera a esta mujer: “No sabía que la gente comete un delito por tomarse una foto con sus fans. Soy una figura pública y me debo a mi público. Como todos los artistas, tengo el derecho a tomarme fotos con quien me pide foto”.
En rueda de prensa se anunció que la vedette se incorporaba a la Coordinación de Derechos Humanos del partido. En julio de 2013, Podemos la descartó como candidata a alguna alcaldía.
México se sumó a las sanciones
México se unió a las medidas de Estados Unidos para perseguir financieramente a “Rosita”. A través de un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que ejecuta acciones para localizar a la DJ, con presencia reciente y actividad financiera registrada en ese país.
También se conoció que a la modelo venezolana la incluyeron en el listado de personas bloqueadas, por lo que sus cuentas están “preventivamente congeladas”. Además, ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República por la actividad de supuestas empresas fantasma en el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Uno de los aspectos más difíciles de la crisis venezolana es lo inútil que resulta analizar la situación del país a través de lentes ideológicos tradicionales. Esto es especialmente evidente cuando se habla de la enorme y en mora deuda externa venezolana. No es ningún secreto que algunos de los mayores tenedores de bonos venezolanos hacen lobby activamente para lograr un alivio de sanciones para la administración de Maduro. Pero, ¿por qué Wall Street no se alinea con la oposición pro-mercado y firmemente vinculada a Occidente que lidera María Corina Machado, después de que Maduro incumplió los bonos hace casi una década?
Durante los años del boom petrolero, el chavismo se acercó a los grandes bancos de inversión para emitir miles de millones de dólares en bonos —tanto de la República como de la estatal petrolera PDVSA— con los cuales financiar programas sociales fastuosos, opacos y económicamente insostenibles. El gobierno cumplió puntualmente con esos pagos hasta que cayó en default en 2017, en ocasiones mediante recortes brutales a las importaciones de alimentos y medicinas que afectaron gravemente a los venezolanos. En el punto más crítico de la crisis económica, Maduro mantuvo un canal de comunicación con los tenedores de bonos. Incluso intercambió parte de los bonos pendientes por uno nuevo con vencimiento más lejano y con el incentivo adicional de un colateral sobre las acciones de la empresa matriz de Citgo, entonces valorada en miles de millones. El infame bono Citgo 2020.
El gobierno interino de Juan Guaidó cuestionó la validez de ese bono Citgo 2020, ya que no había sido aprobado por la Asamblea Nacional entonces controlada por la oposición. El gobierno interino incluso demandó por la ilegalidad del bono ante una corte estadounidense. Esa posición firme ahuyentó a los tenedores de deuda venezolana, quienes temían que, en una eventual transición, la oposición desconociera la deuda del país y que, por tanto, era mejor apostar por un alivio de sanciones y una reestructuración bajo Maduro. Un escepticismo que se mantiene hasta hoy.
Muchas cosas han cambiado desde 2020. En ese entonces, existía un gran interés en proteger a Citgo de los tenedores de bonos. Sin embargo, la pérdida de Citgo es ahora un fait accompli, tras la autorización de un juez estadounidense para vender la empresa y pagar la deuda venezolana pendiente. Además, el bono Citgo 2020 fue declarado válido y ejecutable. Ya casi podríamos decir que Venezuela perdió Citgo. Por otro lado, la posibilidad de que Maduro logre obtener fondos para una reestructuración es tan remota como la de que reconozca los resultados de las elecciones presidenciales de 2024.
Los pagos de bonos venezolanos en default ascienden a unos 60.000 millones de dólares. La probabilidad de que el chavismo logre reunir un monto siquiera cercano a ese, incluso con un alivio de sanciones, es nula. El país sigue aislado de los mercados internacionales; es improbable que reciba un paquete de asistencia del Fondo Monetario Internacional; y la última vez que un gran banco de inversión participó en una operación de deuda vinculada con Venezuela, terminó inmerso en un escándalo reputacional. Los únicos aliados del régimen con cierta capacidad económica son Rusia —cuyas finanzas sangran por la guerra en Ucrania— y China, que ha dejado claro que no financiará al chavismo nuevamente. Para que Venezuela pueda reunir los recursos necesarios para iniciar una reestructuración seria, requiere asistencia de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional —y aplicar las condiciones macroeconómicas que acompañan sus rescates—, además de un gobierno democrático que no espante a Wall Street.
La verdad es que esta situación es completamente absurda. A pesar de las posturas de la oposición —que estuvieron justificadas durante la era del interinato para impedir que el régimen siguiera empeñando las finanzas del país—, cualquier gobierno de transición necesitará desesperadamente acceso a los mercados internacionales para financiar el gasto monumental que exige la recuperación nacional. Además, es seguro que buena parte de la comunidad internacional y quienes controlan la chequera —es decir, el FMI— presionarán a una futura administración para que reconozca los bonos pendientes y opte por una reestructuración negociada. Emprender una estrategia quijotesca de desconocer la deuda existente enviaría la peor señal posible a los mercados sobre cualquier cambio en el desastroso manejo económico del país.
El chavismo fue electo hace 27 años bajo promesas populistas y revanchistas. Y ellos procedieron a empeñar al país para ganar elecciones mientras lo destruían. Los venezolanos no quedamos exentos de responsabilidad. Como país, debemos enfrentar nuestros errores. Los actores internacionales no nos librarán del desastre económico chavista solo porque ellos fueron los villanos: el mundo no funciona así. Esto implica sincerarse con los tenedores de bonos y desarrollar una estrategia seria y completa para abordar el problema de la deuda externa durante la transición, mientras se reinserta al país en lo que queda del orden internacional.Para los bonistas, esto significa abandonar la fantasía de que recibirán un solo centavo con Maduro en el poder. Les convendría dejar de retuitear a Laura Loomer e Indira Urbaneja, aprender la lección sobre las consecuencias de creer en las promesas del chavismo y defender sus propios intereses.
La Hora de Venezuela
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A juicio del activista político e ingeniero, Sergio Sánchez, la filtración revelada por la agencia Reuters de una llamada telefónica entre Nicolás Maduro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se traduce en que el chavismo evalúa una opción de salida y una posible transición.
“Hay que reconocer que el chavismo tiene temor. Lo que más une hoy al chavismo es el miedo, porque tienen motivos para dudar sobre el respeto a su existencia una vez salgan del poder”.
El disidente chavista fue uno de los invitados a La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que este martes 2 de diciembre se hizo en conjunto con el programa Con la Luz de Efecto Cocuyo.
A la cita semanal asistieron además; Raúl Stolk, director general de Caracas Chronicles; Adrián González, director de Cazadores de Fake News; Luz Mely Reyes, directora y cofundadora de Efecto Cocuyo; César Batiz, director de El Pitazo y Víctor Amaya, director de Tal Cual.
Sánchez alertó que si es cierta la petición de Maduro de protección y amnistía para 100 funcionarios gubernamentales, muchos alcaldes, diputados, militares, “empresarios” y otros trabajadores de la administración pública quedarán por fuera.
El ingeniero advirtió que el razonamiento de quienes no ocupan el alto gobierno es de “si ellos caen, van a venir por nosotros”.
Sánchez sostuvo que la oposición representada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado no puede caer en maximalismos del pasado.
“Plantear todo o nada es un error que se ha cometido muchas veces. Una eventual transición tiene que ser lo más pacífica posible, de un plumazo no se puede volar todo porque eso puede traer consecuencias lamentables”.
Stolk expresó que hasta ahora la guerra entre Venezuela y Estados Unidos ha sido de deadlines (plazos) y la estrategia de Maduro ha sido la usual de “correr la arruga”. Según el director de Caracas Chronicles la comunicación telefónica entre ambos gobernantes se llevó a cabo el viernes 21 de noviembre, tres días antes de que el Departamento de Estado designara al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional.
“Es una progresión lógica, la llamada fue antes de la designación y no al revés”.
El abogado y escritor consideró difícil que Trump le ofrezca a Maduro una garantía absoluta de protección.
Batiz apuntó que la propia canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, manifestó que Maduro está considerando irse al exilio para no enfrentar la cárcel, aunque después el gobierno de Gustavo Petro haya negado las declaraciones.
El director de Caracas Chronicles sentenció que la estrategia de Maduro es estirar las conversaciones hasta agotar al otro lado, táctica que le ha funcionado en otros procesos de diálogo.
“Puede que llegue un momento en que no pueda correr la arruga más y deba aceptar algo, pero si esto se mantiene, el juego es de Maduro. Creo que Trump quiere resolver esta guerra sin echar un tiro”, comentó Stolk.
Reyes aportó que posiblemente la filtración de la llamada haya salido de las propias filas del chavismo para hacerle creer a la sociedad civil que hay un proceso de transición en puerta.
Amaya indicó que es perentorio saber, a nombre de quién o quiénes, Maduro hizo esas supuestas peticiones donde además demanda protección para toda su familia, exilio en cualquier destino, suspensión del caso por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI), levantamiento de sanciones, gobierno de transición presidido por Delcy Rodríguez y control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Sánchez aseveró que Maduro exige seguir dominando a los militares porque “quien controla la FANB, controla la represión”.
El disidente chavista sentenció que actualmente las puertas están abiertas a las traiciones en el seno del oficialismo y por ello el gobierno aplica la política de aplastar a cualquier forma de disidencia, incluyendo en sus propias filas.
“Conozco a un ministro en funciones que reconoce que la situación es una locura y es insostenible, pero que no puede salirse de esta porque no tiene forma de salvaguardarse”.
¿El 5 es la cosa?
Según el activista político Sergio Sánchez, algunas informaciones provenientes del gobierno madurista y la Casa Blanca, señalan que una posible fecha del inicio de un conflicto entre Venezuela y Estados Unidos es este viernes 5 de diciembre.
Reyes agregó que la fecha es posterior a la ofensiva en el Caribe, la llamada entre Maduro y Trump, la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional, el anuncio de iniciar actividades por tierra y una semana antes de la entrega del premio Nobel de la Paz a Machado en Noruega.
“A Trump le gusta negociar con una pistola en la mesa, sin embargo ha sido consecuente con todo lo que ha dicho que va a hacer”, dijo la directora de Efecto Cocuyo.
Sánchez asomó que en un conflicto bélico, las refinerías y las comunicaciones son los primeros objetivos de ataque.
“No podemos convocar alegremente a una confrontación porque quien va a sufrir es el pueblo, por ello debemos celebrar cualquier forma de diálogo”.
A juicio de la cofundadora de Efecto Cocuyo la gente en Venezuela no posee mayor poder decisión y son meros espectadores en un conflicto entre elites y grupos de poder.
“El venezolano ha quedado como espectador de su propio destino”, sentenció Amaya.
Según Sánchez es lógico que el gobierno de Maduro transmita una imagen de fortaleza y resistencia en vista de su nivel de desconexión con la realidad.
“Ellos están sobreestimando sus fuerzas en Venezuela y el índice de rechazo que tienen incluso dentro del chavismo”.
El activista político aseguró que la gente no va a respaldar a Maduro en una eventual confrontación bélica.
Sentenció que posterior al 28 de julio de 2024, policías y militares salieron a reprimir porque les dieron luz verde para robar y extorsionar al pueblo.
“A todo esto se llegó porque Maduro se robó unas elecciones”.
Para Sánchez, la democracia y la libertad en Venezuela son irrelevantes para Trump.
Según el activista, la principal motivación del presidente estadounidense es el petróleo y los recursos minerales, además de desviar la atención de los problemas que aquejan a la sociedad estadounidense.
El disidente del chavismo indicó que Trump tiene limitaciones de tiempo y logística. A su juicio el mandatario no puede mantener la operación millonaria en el Caribe permanentemente y además tiene unas elecciones de medio término en noviembre de 2026, donde puede perder la mermada popularidad que ya posee.
Aunado a eso, para declarar una guerra contra otro país, debe contar con la aprobación del Congreso de los Estados Unidos.
Añadió en cambio que es complicado dar un pronóstico de que puede hacer el chavismo porque actúan al margen de la ley.
Amaya resaltó que cuando las invasiones a Panamá y Granada no hubo declaratoria de guerra por parte del Congreso estadounidense.
La guerra actual
Para el director de Cazadores de Fake News, la verdadera guerra que se está librando en este momento es la comunicacional.
“Estamos siendo atacados constantemente por desinformación”, dijo Adrián González.
González sostuvo que la actual estrategia del gobierno es generar una sensación de aparente tranquilidad y por otro lado está la Casa Blanca asomando un supuesto ataque inminente.
“Desde hace tiempo no habíamos visto tanta desinformación”, aseguró González.
El analista aseveró que por más propaganda que fabrique el chavismo hay una realidad que no se puede tapar.
Dijo que el desenlace del conflicto está atado a una negociación que podría darse incluso después de una incursión bélica.
Sánchez insistió en la desconexión comunicacional entre la cúpula chavista y las bases.
“No creo que el gobierno se vaya a inmolar porque ellos no están luchando por un proyecto de justicia, luchan por multiplicar sus bienes, por eso compraron una urbanización en Rusia y tienen propiedades en muchas partes del mundo”.
El disidente chavista aseguró que la única forma de que Maduro siga en el poder es que llegue a un acuerdo con Trump.
Desestimó la tesis de que la transición sea irreversible porque ya han habido escenarios similares y el chavismo ha sabido jugar sus cartas en detrimento de la oposición y la exigencia legítima del pueblo de respetar su voluntad electoral.
“Es muy frágil este gobierno, pero quien maneje el aparato comunicacional va a ser el rey en este juego de tronos. En su lecho de muerte, Hugo Chávez pidió que no permitieran que Venezuela entrara en una guerra, Maduro está haciendo lo contrario”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
