El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela confirmó este 4 de diciembre que la aerolínea colombiana Wingo y su matriz, la panameña Copa Airlines, suspendieron sus vuelos hacia Caracas durante 48 horas “previa coordinación con esta Autoridad Aeronáutica”.
La suspensión la anunciaron el día previo ambas aerolíneas, tras reportar que presentaron «intermitencias en una de las señales de navegación» de uno de sus vuelos a Caracas.
“Esperemos que las líneas aéreas puedan reiniciar sus operaciones en el tiempo acordado. Mantendremos el monitoreo de las líneas aéreas que continúan sus operaciones en el país, ratificando la operatividad y seguridad del espacio aéreo venezolano”, indicó el INAC.
La aerolínea Láser también anunció este jueves que canceló sus viajes en la ruta desde Caracas a Madrid y viceversa hasta el 8 de diciembre por «causa de fuerza mayor». Días antes, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzó una «alta recomendación» a los operadores civiles de no sobrevolar Venezuela.
Venezuela vive una crisis de conectividad aérea, caracterizada por una drástica reducción en el número de vuelos y aerolíneas internacionales operando en el país y que ha sido exacerbada recientemente por tensiones políticas y advertencias de seguridad aérea. El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió un aviso en el que instó a «extremar la precaución» ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.
En respuesta a las suspensiones de vuelos por parte de varias aerolíneas, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela revocó las concesiones de vuelos a varias compañías, entre ellas, Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam y Gol.
Por su parte, el pasado 29 de noviembre, el presidente Donald Trump dijo que el espacio aéreo venezolano debería considerarse “cerrado” e instó a las aerolíneas no prestar servicios.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
