La salida del poder de Nicolás Maduro y la nueva relación de la administración de Donald Trump con el gobierno interino de Delcy Rodríguez abrieron una carrera por los negocios petroleros, de acuerdo con un artículo publicado por el Washington Post.
El medio reseñó que la experiencia dentro del gobierno estadounidense se convirtió en un activo para exfuncionarios que ahora buscan oportunidades en el sector privado venezolano.
Uno de estos casos es el de Michael Jensen, quien dejó a finales de mayo su cargo como responsable de los asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Según el diario estadounidense, tres días después de renunciar, Jensen abordó un avión privado junto al empresario de criptomonedas, Fred Ehrsam, cofundador de Coinbase y el 1 de junio comenzó a trabajar para Primavera, una empresa energética creada por Ehrsam que busca desarrollar actividades de exploración en Venezuela. La compañía dijo que la responsabilidad de Jensen está relacionada con la creación de la infraestructura necesaria para iniciar operaciones energéticas en Venezuela.
Jensen no es el único exfuncionario estadounidense que ha encontrado nuevas oportunidades en Venezuela.
Brittany Kelm, quien trabajó como asesora principal de políticas del Consejo de Dominio Energético Nacional de la Casa Blanca, se incorporó a Sable Offshore, compañía que negocia contratos con el gobierno venezolano para desarrollar yacimientos petrolíferos.
Durante su paso por la administración Trump, Kelm participó en la reapertura del sector energético venezolano y viajó tres veces a Caracas.
También está el caso de Micah Thomas Ketchel, exasesor sénior del Departamento de Estado, quien se incorporó a Ballard Partners y pasó a formar parte de sus equipos dedicados al hemisferio occidental y Venezuela.
Puerta giratoria en Washington
El fenómeno ha despertado cuestionamientos sobre la ética de exfuncionarios estadounidenses.
La legislación federal establece restricciones para los exfuncionarios, entre ellas prohibiciones para ejercer presión ante el gobierno en asuntos en los que hayan trabajado.
Richard Painter, exabogado jefe de ética de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, señaló que Jensen no estaría infringiendo las normas siempre y cuando no utilizara información clasificada o hiciera lobby ante el gobierno en asuntos específicos de su antigua gestión.
“Me preocupan los próximos dos años, hasta el final de este mandato, con personas que pasan al sector privado y sacan provecho económico de sus contactos”, afirmó Painter
La preocupación no se limita a Jensen.
Juan González, quien formó parte de la administración del presidente demócrata Joe Biden como director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, también ha estado viajando a la nación venezolana para recopilar información destinada a su labor de consultoría en la region.
Carlos Trujillo, exembajador de Estados Unidos ante la OEA y asesor de la campaña de Trump, fundó la firma Continental Strategy, que actualmente representa a al menos una docena de clientes en Venezuela.
Otros antiguos funcionarios de Trump, entre ellos Mike Pompeo, Dan Brouillette y Kimberly Breier, también participan en iniciativas empresariales vinculadas con Venezuela. Mauricio Claver-Carone, quien ocupó el mismo cargo que Jensen en el Consejo de Seguridad Nacional, aseguró que el interés empresarial por el país es evidente.
“Todo el mundo está en Venezuela”, dijo al rotativo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara Gabriela César Siero, dejó caer una bomba que muchos ya intuían, pero que ningún integrante del máximo tribunal del país se atrevía a exponer.
César Siero denunció en un video que fue sometida a presiones mientras ejercía como vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa para firmar decisiones relacionadas con la inhabilitación política de dirigentes opositores, entre ellos la ganadora de la elección primaria de 2023 y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
¿Pero quién es esta exmagistrada? Bárbara Gabriela César Siero, de 51 años, nació en el estado Bolívar y se graduó de abogada en la Universidad Santa María en 1997.
La profesional del derecho cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo, Tributario e Internacional.
A la edad de 39 años, César Siero aterrizó en el TSJ en 2014 y posteriormente ocupó la vicepresidencia de la Sala Político-Administrativa.
Su trayectoria judicial estuvo precedida por cargos en el ámbito militar y administrativo.
Entre 1997 y 1998 fue proyectista de sentencias del Consejo de Guerra Permanente en la Corte Marcial de Caracas.
Entre 2000 y 2002 se desempeñó como consultora jurídica regional del Plan Bolívar 2000 en Zulia junto al general Víctor Cruz Weffer, destituido por el fallecido presidente Hugo Chávez por sospechas de desfalco y del Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur), imbuido en problemas de infraestructura, corrupción administrativa e incumplimiento en la entrega de viviendas.
César Siero trabajó como defensora pública, coordinadora de Jueces Penales Itinerantes de Caracas y jueza 29 de Control de Caracas. También fue docente en la Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad de Los Andes, la Academia Militar y la Escuela Nacional de la Magistratura.
Promovida por actuar contra TalCual
Una investigación de Transparencia Venezuela reseñada por Suprema Injusticia vinculó su ascenso a la decisión que tomó en un proceso judicial iniciado por el actual ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello contra el diario TalCual y su entonces director, Teodoro Petkoff en 2014.
El proceso se originó por un artículo publicado en TalCual y firmado por Carlos Genatios, titulado “Patria, socialismo o muerte”.
En el texto se atribuía a Cabello la frase: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”.
Cabello negó haber emitido esas declaraciones y exigió públicamente pruebas o una grabación que demostrara la autoría de la frase.
Aunque posteriormente hubo una rectificación, el actual ministro continuó con la acción judicial.
El caso quedó en manos de César Siero, quien el 6 de marzo de 2014 admitió la demanda, prohibió la salida del país de los demandados y ordenó su presentación semanal ante un tribunal. Entre los afectados figuraba el director de TalCual
Rehenes familiares
En el video en el que denunció presuntas coacciones, la exmagistrada afirmó que sus dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, así como su cuñada, la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 15 de diciembre de 2023.
César Siero sostuvo que las detenciones ocurrieron el mismo día en que Machado presentó ante el TSJ un recurso para revisar su inhabilitación política.
Según la exmagistrada, la detención de sus familiares fue empleada como un mecanismo de presión para obligarla a suscribir decisiones judiciales.
“A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”, afirmó César Siero en un video.
Los familiares de César Siero fueron vinculados con la denominada “Operación Brazalete Blanco”, el caso presentado por las autoridades venezolanas como una conspiración contra Nicolás Maduro.
La exmagistrada calificó la acusación como una estrategia utilizada para criminalizar a sus familiares y presionarla en su condición de integrante de la Sala Político-Administrativa. Según su denuncia, sus hermanos y su cuñada estuvieron en desaparición forzada.
De acuerdo con la versión de la exmagistrada, una semana después de las detenciones, una asistente de la Sala Político-Administrativa acudió a su despacho con decisiones que ya estaban redactadas para que las firmara.
“Teniendo a mis hermanos y cuñada desaparecidos, temiendo por sus vidas, la de mis demás familiares y la mía, procedí a firmarlas”, relató la exmagistrada.
Sus hermanos y su cuñada fueron condenados a penas de entre tres y 12 años de prisión por delitos relacionados con el caso. Guillermo Henry César y Diana Victora Justo fueron excarcelados con medidas sustitutivas de libertad, pero Guillermo Enrique César sigue tras las rejas.
Pide protección y justicia para su familia
Después de hacer pública su denuncia, César Siero solicitó protección ante organismos internacionales, entre ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
La exmagistrada responsabilizó al Estado venezolano, a funcionarios vinculados con su caso y a integrantes de la Dgcim por cualquier daño que pueda sufrir ella u otras personas de su entorno.
“La justicia no puede seguir siendo un instrumento de coacción. Hago responsable al Estado de cualquier cosa que pueda pasarme y a mis familiares dentro y fuera de Venezuela. Los fiscales y jueces no pueden ser cómplices de mezquindades, cuando los jueces tienen miedo ningún ciudadano puede dormir tranquilo”, dijo la exmagistrada.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a poner el foco sobre la situación de los militares, policías y otros funcionarios de seguridad detenidos por motivos políticos en Venezuela. En un comunicado publicado el 6 de octubre, el organismo pidió al Estado disponer su liberación inmediata e incondicional y cuestionó que estas personas sean procesadas mediante la jurisdicción penal militar.
La preocupación de la Comisión abarca tanto la situación jurídica de los detenidos como las condiciones en las que permanecen recluidos. También incluye denuncias sobre incomunicación, restricciones a las visitas familiares, falta de atención médica y muertes bajo custodia.
La CIDH expresó además su solidaridad con los familiares de los detenidos, quienes han denunciado dificultades para obtener información y mantener comunicación con sus seres queridos.
Casi 200 militares y funcionarios de seguridad detenidos
Los datos citados por la Comisión muestran diferencias entre los registros de las organizaciones que documentan las detenciones por motivos políticos.
Según Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), hasta el 20 de septiembre, había al menos 196 integrantes y exintegrantes de la FANB, cuerpos policiales y otros organismos de seguridad privados de libertad por motivos políticos.
De ese grupo, 165 se encontraban en servicio activo y 31 estaban retirados cuando fueron detenidos. Ocho son mujeres y al menos 14 presentarían un estado de salud grave.
El Foro Penal, por su parte, registraba hasta el 14 de septiembre a 144 militares entre las 344 personas que considera presas políticas en Venezuela.
La CIDH aclaró que la diferencia entre ambas cifras responde a los criterios utilizados por cada organización para definir y documentar las detenciones por motivación política. Al mismo tiempo, consideró que esa disparidad pone de relieve la necesidad de contar con información oficial, transparente y accesible sobre las personas privadas de libertad.
La Comisión también tomó nota de la excarcelación, reportada el 18 de agosto, de cinco militares que permanecían recluidos en el Centro Nacional de Procesados y Penados Militares Ramo Verde. Aunque recuperaron la libertad física, sus procesos continuarían abiertos y quedaron sometidos a medidas alternativas, entre ellas presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y restricciones para declarar ante medios de comunicación.
DGCIM, SEBIN y cárceles militares concentran las detenciones
Entre las instituciones de las que proviene el mayor número de detenidos aparecen la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la propia FANB.
La CIDH señaló que, de acuerdo con información recibida de organizaciones de la sociedad civil, en estas causas se invocan principalmente delitos como la conspiración —incluso en casos que no estarían relacionados con manifestaciones públicas— y la rebelión civil.
Las personas permanecen recluidas tanto en instalaciones militares como en establecimientos penitenciarios ordinarios habilitados para recibir a procesados militares.
Entre ellos figuran el Comando Nacional Antidrogas (CNA) de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramo Verde, el Centro de Procesados y Penados Militares de Fuerte Guaicaipuro, así como los centros penitenciarios Rodeo I, Yare II y Tocorón, entre otros.
Muertes bajo custodia y denuncias sobre condiciones de reclusión
Las condiciones de detención constituyen uno de los principales motivos de preocupación para la Comisión.
La CIDH señaló que ha recibido denuncias reiteradas sobre muertes bajo custodia y condiciones incompatibles con la dignidad humana.
Los registros de JEP citados por el organismo contabilizan el fallecimiento bajo custodia de cuatro integrantes de la FANB y dos exfuncionarios de seguridad. El Foro Penal, por su parte, informó a la Comisión sobre cuatro fallecidos: tres vinculados a la DGCIM y uno al SEBIN.
A estas muertes se suman denuncias sobre incomunicación prolongada, restricciones severas para las visitas familiares, espacios reducidos y sin ventilación y falta de atención médica oportuna y especializada.
La situación adquiere una dimensión adicional cuando las personas permanecen detenidas en instalaciones de los mismos organismos que participaron en sus capturas.
La CIDH advirtió que, cuando la custodia está a cargo de cuerpos de inteligencia o contrainteligencia que participaron en la detención, el Estado tiene un deber reforzado de garantizar la integridad personal, el acceso a una defensa técnica de confianza y una supervisión independiente de las condiciones de reclusión.
Una preocupación que la CIDH arrastra desde 2019
La advertencia de la CIDH no es nueva. En marzo de 2019, otorgó medidas cautelares para todas las personas, civiles y militares, privadas de libertad en la sede de la DGCIM, después de recibir denuncias sobre torturas y malos tratos, falta de ventilación y luz solar, deficiencias en alimentación y agua y atención médica precaria.
Desde entonces, la Comisión ha otorgado 20 medidas cautelares a favor de personas militares privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela.
El antecedente muestra que las condiciones denunciadas actualmente forman parte de una preocupación que el organismo interamericano ha documentado durante años.
La amnistía no alcanza a todos los militares detenidos
La CIDH también examinó el alcance de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada el 19 de febrero de 2026.
Según la Comisión, el alcance de esta norma para los militares detenidos por motivos políticos es limitado. El texto contempla los delitos cometidos en el contexto de 13 hechos específicos enumerados en su artículo 8 y, para los acontecimientos ocurridos entre enero y abril de 2019, excluye expresamente aquellos que constituyan el delito de rebelión militar.
Además, el artículo 9 deja fuera a quienes sean procesados por participar en acciones armadas o de fuerza contra la República por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras.
Por ello, la aprobación de la amnistía no se ha traducido en una solución general para los militares y funcionarios de seguridad que permanecen detenidos por causas que las organizaciones de derechos humanos consideran de carácter político.
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento de la CIDH es el uso de la jurisdicción penal militar para procesar a estas personas.
La Comisión recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya estableció en el caso Poggioli Pérez vs. Venezuela, resuelto en 2024, que la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional en un Estado democrático de derecho.
La Corte determinó en ese caso que Venezuela violó el derecho a ser juzgado por un tribunal competente al someter a la jurisdicción penal militar a un general en situación de retiro. También reiteró el criterio establecido previamente en Usón Ramírez vs. Venezuela.
Para la CIDH, ese precedente resulta especialmente relevante frente a la situación actual, en la que entre los detenidos hay militares activos y retirados y las acusaciones incluyen delitos como conspiración y rebelión.
Al cierre de su comunicado, la Comisión volvió a formular un llamado directo al Estado venezolano: liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, incluidos los militares, y solicitó que los procesos sean sobreseídos o que las personas sean absueltas cuando corresponda. También pidió dejar sin efecto las restricciones derivadas de esas detenciones.
Instó además al Estado a abstenerse de utilizar tanto la privación de libertad como la jurisdicción penal militar “como mecanismo de persecución o de represalia” contra personas consideradas opositoras políticas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Arys, empresa con más de 20 años de trayectoria en el mercado venezolano en materia de asistencia vial y servicios para vehículos, presentó su nueva aplicación móvil diseñada para concentrar en un solo entorno digital todos los servicios que un conductor necesita antes, durante y después de una contingencia.
Su principal elemento diferenciador es un mecanismo de financiamiento propio —asociado a las membresías de Arys Club— para cubrir gastos automotrices sin necesidad de pagar de contado. Este beneficio no es exclusivo para emergencias o servicios de grúa, sino que permite financiar desde mantenimientos rutinarios, como un cambio de aceite, repuestos, reparaciones y hasta el lavado del vehículo en cualquier aliado comercial
Con esta plataforma, Arys busca que la asistencia vial deje de ser entendida únicamente como la respuesta posterior a una avería o accidente y se convierta en un servicio integral alrededor del vehículo. Para Alexander Acosta, director de Marketing de Arys, el impacto de la nueva app en el país será “profundamente disruptivo” al transformar “un servicio de emergencia tradicional en un modelo integral apoyado en tecnología financiera”.
“En la Venezuela actual, un gasto imprevisto como una grúa de $100 o más, puede representar un golpe importante al presupuesto familiar. Por eso, en Arys, ante una emergencia, puedes solicitar la grúa desde la App y, en ese mismo momento, adquirir una membresía desde $20 con financiamiento propio. Así, puedes resolver la emergencia sin tener que desembolsar de contado el costo de la grúa”, explica Acosta.
Ecosistema 360º de asistencia vial integral
“Asistencia vial con respaldo integral” es el eslogan de Arys, que ahora a través de la nueva app, es una promesa que se sustenta en un ecosistema 360º “fácil, rápido, autogestionado y seguro”.Desde un mismo ambiente digital, el usuario puede acceder a asistencia vial, grúas, servicio técnico, cambio de parabrisas y neumáticos, auxilio de batería, asistencia legal 24/7 y expediente electrónico.
La cobertura incluye mecánicos especializados, abogados penalistas para multas e infracciones y taxis para acompañantes del afiliado en determinadas solicitudes de grúa.
“Para desarrollar este ecosistema, articulamos alianzas operativas con asociaciones y flotas independientes de grúas a escala nacional, acuerdos comerciales con talleres y casas de repuestos, e integraciones tecnológicas y financieras para gestionar nuestro propio modelo de microfinanciamiento” acota el Director de Marketing.
El lanzamiento cuenta con una red de más de 300 proveedores, entre grúas, talleres, aliados de repuestos y autoservicios, que podrá ampliarse a medida que crezca la base de usuarios.
Así funciona la aplicación
La experiencia de uso busca reducir pasos durante una emergencia. El usuario registrado selecciona el servicio que requiere y comparte su ubicación en tiempo real vía WhatsApp. Al presionar “Enviar solicitud”, el call center 24/7 de Arys gestiona el proveedor.
La app cubre fallas mecánicas y accidentes, incluyendo la gestión de autoridades si existen lesionados. Arys monitorea el evento en tiempo real y acompaña telefónicamente al afiliado cada 15 a 45 minutos hasta el cierre del servicio.
Tecnología para ampliar la protección
Según Favenpa (Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores) el país cuenta con unos tres millones de vehículos operativos con una antigüedad promedio de 22 años, lo que incrementa considerablemente las fallas mecánicas, eléctricas, de neumáticos y de batería.
Por ello, uno de los grandes objetivos de Arys Club es brindar a sus clientes las herramientas y facilidades para mantener su vehículo o moto en el mejor estado posible, previniendo el deterioro continuo y garantizando su movilidad.
“Estimamos que más del 95% de los conductores solo posee el RCV (Responsabilidad Civil de Vehículos) básico, sin asistencia vial, lo que deja un mercado de aproximadamente 2,8 millones de usuarios desatendidos” apunta el vocero de Arys.
Al combinar tecnología, atención humana y financiamiento, la empresa busca transformar la asistencia vial y proyecta duplicar su base de clientes —un crecimiento de 100%— durante el primer año. A futuro, la empresa planea incorporar ambulancias para lesionados, expandir sus centros de atención y ofrecer nuevas modalidades para adquirir las membresías.
Para el abogado y defensor de derechos humanos Joel García, integrante del equipo de defensa en el caso “Brazalete Blanco, el proceso estuvo plagado de trabas y decisiones arbitrarias que generan desconfianza sobre el alcance de las transformaciones institucionales en el país. Durante la entrevista ofrecida para Espacio Runrunes, el penalista señaló que el juicio “ rompió los estándares observados en otros procesos de presos políticos”.
1/6 El caso «Brazalete Blanco» cierra con una grave incongruencia procesal: la fiscalía admitió que no pudo probar magnicidio, terrorismo ni traición. Pero en vez de asumir el colapso probatorio de su teoría, reconfiguró los delitos en las conclusiones.
“Brazalete Blanco”se presentó como la desactivación de una presunta conspiración cívico-militar orientada a tomar instalaciones militares en el estado Táchira y atentar contra figuras del Gobierno nacional. Sin embargo, según relató García tuvieron que hacer la apertura a juicio sin conocer las actas del expediente. “Yo inicié mi discurso ofreciendo disculpas a los que yo asistía, o asisto todavía, porque yo de qué lo iba a defender. No tenía ni un solo argumento para defenderlo, porque no conocía los hechos, ni siquiera los delitos. Entonces, mal podría defenderlo. Y así, a ciegas, ingresamos a ese juicio. Eso nunca antes lo habíamos vivido”.
En medio del debate público sobre la inminente reforma del Poder Judicial en Venezuela, el cierre del caso denominado ha dejado al descubierto severas irregularidades procesales. Joel García advirtió que la acusación presentó graves inconsistencias sobre la forma en que se obtuvieron las pruebas e imputaron las responsabilidades. Aunque solo cuatro personas fueron absueltas y diez resultaron condenadas, el abogado enfatizó que no existió sustento probatorio para diferenciar la conducta de unos y otros:
“Jurídicamente para responsabilizarlo no hay nada, pero responsabilidad tienen los funcionarios que practicaron, entre comillas, esas investigaciones. Lo que quedó demostrado es que Venezuela sigue la tortura vigente, siguen los tratos crueles y no más degradantes en los centros penitenciarios”.
El impacto de las denuncias en el ámbito judicial
Durante la entrevista se abordó la carta abierta de la exmagistrada Bárbara César Siero, quien denunció que tres de sus familiares detenidos en el marco del caso “Brazalete Blanco” fueron utilizados como rehenes para forzarla a firmar decisiones en la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sobre el valor procesal de esta afirmación, Joel García explicó:
“Por supuesto que tiene un impacto enorme porque ella manifiesta de que fue coaccionada… Cualquier hecho que vicie el consentimiento, es decir, bajo coacción, eso debería cargar una consecuencia… Lo que sí es que no es lícito es que una persona sea coaccionada… Por supuesto que hay un vicio en el consentimiento allí y eso hay que investigarlo”.
Luces y sombras de la reestructuración judicial
Pese al contexto adverso, García expresó cierto optimismo respecto al proceso de renovación de magistrados del TSJ y a la reestructuración de los órganos de justicia que se discute en el marco de las conversaciones políticas. No obstante, subrayó la necesidad de que la selección de juristas responda a criterios de idoneidad y trayectoria transparente:
“Poco a poco estamos llegando donde queremos llegar porque para mí la institución de lo social lo vamos a empezar a rescatar desde que tengamos un Tribunal Superior de Justicia y ojalá que sean personas idóneas, no solamente idóneas en cuanto a lo académico, sino idóneas en cuanto a lo personal, no personas partidistas que verdaderamente sean independientes”.
Al ser consultado sobre el rol del Ministerio Público tras la salida de Tarek William Saab, García destacó pequeños matices en la actuación de la fiscalía —como la solicitud de absolución dictada recientemente en favor del periodista Rory Branker—, aunque remarcó que las arbitrariedades cometidas en el pasado deben ser investigadas y no pueden quedar impunes:
“Cualquier cosa posterior a Tarek William Saab es menos mala. Porque el tema de Tarek William Saab durante el tiempo que estuvo en la Fiscalía General de la República fue nefasto. Yo creo que ha sido el peor fiscal que ha tenido Venezuela en toda su historia republicana”.
Reparación, memoria y garantías de no repetición
Para el defensor de derechos humanos, la reconstrucción del Estado de derecho exige la eliminación de jurisdicciones especiales como los tribunales de terrorismo, la derogación de leyes que penalizan la libertad de expresión y la transformación profunda del sistema penitenciario. Asimismo, insistió en que las violaciones cometidas deben documentarse para garantizar la memoria histórica del país:
“La impunidad no nos va a salvar. Nosotros tenemos que, de alguna manera, ejemplarizar para las futuras generaciones… Lo que ha pasado en Venezuela durante los últimos años, tiene que estar inserto incluso en los textos escolares para que los jóvenes, los niños que vayan creciendo tengan referencia de lo que nos pasó, lo que nos sucedió y nunca más vuelva a repetirse. Venezuela no puede jugar nunca más con su democracia y con su libertad”.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 8 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Entre agosto y septiembre de 2024, una persona homosexual estuvo detenida en Tocuyito, el centro penitenciario del estado Carabobo. Según el testimonio que esa persona dio directamente a la Misión, un comandante la desnudó y la violó analmente durante aproximadamente 25 minutos. Mientras ocurría la agresión, la víctima era además golpeada y sometida a insultos feminizantes, es decir, insultos que usaban su orientación sexual como forma añadida de humillación. Una funcionaria grababa la agresión, en presencia de otros custodios que no intervinieron. Todos son responsables de lo ocurrido, al igual que su cadena de mando.
Durante la violación, el comandante le dijo a la víctima que le iba a transmitir el VIH. Esta no fue una amenaza vacía dicha al calor del momento ni un comentario pensado solo para generar terror. Esto ocurrió y se concretó. La víctima no tenía el virus al ingresar en detención. Cuatro semanas después, recibió un diagnóstico positivo.
Conoce más de este caso investigado por la Misión de la ONU y que forma parte del seriado del periodista y activista Luis Carlos Díaz.
“Hoy, tenemos un gran reto. Seguir acompañando a la hermana presidenta delcy rodríguez en todos los frentes de batalla, porque es la fuerza de un pueblo lo que nos da a nosotros un largo aliento (…) la tarea de ahora es seguir sumando todos los días, con nuestra presidenta al frente “, Dijo diosdado cabello en marcha chavista del 7 de octubre.
Lo que rompe en redes
Farmatodo emitió un comunicado la noche de este 7 de octubre condenando las agresiones que sufrió un empleado de su tienda en Las Mercedes, en Caracas. El acto fue ejecutado como parte de un supuesto “reto viral” para generar contenido y reproducciones en la red social TikTok.
La celebración del venezolano Miguel Rojas luego de que los Dodgers clasificaran a otra serie de campeonato de la Liga Nacional. Recientemente, fue reconocido en redes sociales estadounidenses por viajar a Miami y aprobar su examen de ciudadanía de ese país con un puntaje perfecto (100% de las respuestas correctas) durante la pausa de la postemporada. Rojas estudió las 100 preguntas posibles y prefirió no revelar su identidad durante el examen para no recibir ningún trato preferencial.
Palabras de Miguel Rojas tras avanzar a la #NLCS. https://t.co/QiEbXcHDxY
Meet Miguel Rojas.
He studied all 100 citizenship questions. He wanted no special treatment because he’s a professional baseball player. And when he passed, he said he was prouder of that perfect score than his World Series home run.
What stood out to me most was his gratitude. He talked about America opening its doors to him 21 years ago and said he’s never taken that opportunity for granted.
Preparation. Respect for the process. Gratitude for the country that gave you an opportunity. Wanting to contribute and be judged by your character, not your status.
Terminamos esta serie de publicaciones con las historias de Alfredo Díaz, Edison Torres, Víctor Quero Navas y su madre Carmen, las víctimas de tortura en Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, la concejala de Zulia y el hombre al que un comandante en Tocuyito le transmitió el VIH. Por eso quiero cerrar explicando algo que da sentido a todo lo anterior: para qué sirve este informe más allá de informarnos, y por qué ninguno de estos casos debería quedar solo en un texto que leímos y compartimos.
Un mandato para sostener
La Misión de Determinación de los Hechos existe porque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió, en 2019, crear un mecanismo independiente para documentar lo que ocurría en Venezuela cuando ninguna institución interna estaba dispuesta ni en condiciones de hacerlo. Ese mandato se ha ido renovando informe tras informe (este es ya uno de varios, desde 2020), y su continuidad no es automática: depende de que el Consejo vuelva a votar a favor de extenderlo, y de que los Estados miembros sigan considerando que hace falta. Por eso el activismo de las víctimas, los defensores y actores diplomáticos con sus pares de otros países ha sido fundamental para tener los votos necesarios en Ginebra.
Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones, del Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza. Funciona como sede principal de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Allí se decide la renovación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Una de las cosas que más me interesa que entiendan quienes han seguido esta serie es que el trabajo de la Misión no ocurre en el vacío. Se conecta de formas muy concretas con otros mecanismos de justicia que avanzan en paralelo, cada uno desde un ángulo distinto:
La Corte Penal Internacional mantiene abierta, desde 2021, la investigación conocida como “Venezuela I” por presuntos crímenes de lesa humanidad, autorizada formalmente por los jueces de La Haya en 2023. En julio de este año Venezuela notificó su retiro del Estatuto de Roma, pero ese retiro no es inmediato, se hará efectivo el 24 de julio de 2027. Mientras tanto, el país sigue obligado a cooperar con la investigación en curso. Ningún retiro borra los hechos ya investigados ni las eventuales órdenes de captura que la Corte pueda emitir cuando pase de la investigación a un caso concreto. La Misión ha preparado materiales para la CPI y ha sido citada por varias de sus instancias para sustentar la necesidad de que se mantenga la situación Venezuela I, la primera y única en toda América por los momentos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha superado el papel más limitado que tuvo por años, porque Venezuela había denunciado la Convención Americana en 2012, bajo el gobierno de Hugo Chávez, y desde 2013 no se consideraba plenamente parte de su sistema contencioso para hechos nuevos. Sin embargo, esa situación fue revertida este año y ya varios casos posteriores a 2013 han tenido audiencias en la Corte Interamericana, con el Estado ausente, pero ha sido un espacio donde las víctimas son escuchadas y los jueces han podido profundizar en la situación del país. Se esperan nuevas sentencias. En paralelo, la Comisión Interamericana sigue documentando y dando seguimiento a la situación venezolana, y la propia historia del sistema interamericano, con casos de otros países que salieron y luego volvieron a aceptar su jurisdicción, recuerda que las puertas no siempre permanecen cerradas.
El caso de jurisdicción universal en Argentina, que mencionamos en el segundo artículo de esta serie, avanza con la misma lógica que ya empieza a verse en otros países de la región: cuando la justicia venezolana no actúa, algunos tribunales extranjeros están dispuestos a asumir esa responsabilidad. Actualmente Argentina debate por un lado su competencia para tener jurisdicción universal y sigue solicitando a España la extradición de un acusado señalado por su participación en crímenes cometidos en 2014 en el marco de las protestas en Venezuela. El proceso argentino ha citado desde el primer momento los informes de la Misión para sustentar su avance.
Y hay un ejemplo muy concreto que conviene sumar a esta lista, aunque no aparezca en el informe que estuvimos leyendo estas semanas, porque muestra el mismo principio en acción con otro tipo de crimen. La justicia chilena juzga desde septiembre de 2026 el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, el teniente venezolano en retiro y disidente que fue secuestrado y asesinado en Santiago en febrero de 2024.
El primer juicio, contra uno de los implicados en el operativo, comenzó el 10 de septiembre. El juicio principal, con más de veinticinco acusados, arranca el 20 de octubre. La fiscalía chilena ha señalado públicamente a Diosdado Cabello, el mismo nombre que aparece en los reportes de la Misión como ministro de Relaciones Interiores con influencia sobre el SEBIN, como posible responsable intelectual, y ya entregó información al respecto a la Corte Penal Internacional. Es la prueba de que estas piezas, aunque avancen en tribunales distintos y por hechos distintos, terminan por tocarse.
Para cuándo y para quién se guarda todo esto
Hay una recomendación del propio informe que quiero destacar porque resume, mejor que cualquier otra cosa, el sentido último de todo este trabajo. La Misión pide crear un mecanismo independiente para preservar archivos, expedientes y evidencias de violaciones de derechos humanos, garantizando su protección y su uso en futuros procesos de verdad, justicia y reparación dentro de Venezuela. Allí no dice “si algún día hay una transición”. Lo da por hecho, como una obligación que empieza ahora, no para cuando ese momento llegue.
Eso significa que cada testimonio, cada expediente médico, cada fotografía que la Misión logró documentar, incluidos los casos que compartimos en esta serie, no es solo material para informar a la opinión pública hoy. Es la evidencia que algún día, ante tribunales venezolanos con independencia real, podría sostener una acusación, una sentencia y una reparación para una familia. La justicia transicional no va a empezar el día que cambie el poder en Venezuela. Empieza con lo que se logra preservar y documentar mientras tanto. Esto lo que significa es que en realidad tenemos mucho trabajo por hacer en este mismo instante.
Un llamado final a dos tipos de personas
Quiero cerrar esta serie con dos llamados concretos, porque leer estas historias no cambia nada por sí solo. El primero es para las víctimas y sus familias. Sé lo que cuesta hablar, lo vimos con claridad en el extracto sobre violencia sexual, y lo vimos en cada testimonio que citamos. Pero cada relato que llega a la Misión, a organizaciones de derechos humanos, o a mecanismos judiciales como los de Argentina o Chile, hace más difícil que estos hechos se sigan negando o minimizando. Ningún testimonio es muy pequeño ni llega demasiado tarde.
El segundo es, quizás, más incómodo, pero el propio informe lo sugiere entre líneas cuando documenta con tanto detalle nombres, cargos y cadenas de mando. Aquí también hace falta que hablen quienes estuvieron dentro del aparato represivo. Hay funcionarios, custodios, médicos obligados a firmar diagnósticos falsos, que son personas que en algún momento ejecutaron una orden o tienen información y documentos de las cadenas de mando y que podrían aportar lo que solo ellas saben. La experiencia de otros procesos de justicia en el mundo demuestra algo consistente: la verdad completa casi nunca llega solo desde las víctimas, llega también desde dentro del sistema. Por eso se necesitan testigos.
Estas historias no son el final de nada. Son, como dice la propia Misión, una fotografía de un sistema que sigue de pie. Lo que se haga con esa fotografía, si se guarda, si se ignora, si algún día llega a un tribunal, depende de decisiones que todavía están por tomarse. Muchas víctimas ya tomaron la decisión de no callar.
Gracias por leer esta serie hasta el final.
Artículos anteriores de la serie Textos sobre la Misión-ONU:
Dos casos de intoxicaciones en escuelas del estado Trujillo se reportaron este miércoles, 7 de octubre. Los hechos ocurrieron en el Liceo Las Palmas y en la Unidad Educativa Colegio San Vicente de Paúl. Con estos nuevos incidentes, suman al menos 12 los episodios de intoxicaciones bajo extrañas circunstancias en la entidad, de acuerdo con un monitoreo realizado por RunRun.es.
En el Liceo Las Palmas, ubicado en el municipio Andrés Bello, en las cercanías de la Alcabala de Agua Viva, estudiantes y personal docente presentaron síntomas como mareo, irritación en las vías respiratorias y náuseas, reseñó el Diario de Los Andes. A la institución llegaron funcionarios de Protección Civil y de otros cuerpos de seguridad para evacuar el lugar y trasladar a los afectados a los centros de salud más cercanos.
El medio informó que, en simultáneo, se registró una situación similar en la Unidad Educativa Colegio San Vicente de Paúl, ubicada en la parroquia Mercedes Díaz del municipio Valera. Integrantes de la comunidad educativa manifestaron una sintomatología similar, aparentemente por haber tenido contacto o inhalado sustancias no identificadas.
Bomberos de Trujillo y de Fundasalud llegaron al plantel para una primera atención médica, y para llevar a las personas afectadas que lo requirieron a algún centro asistencial.
Padres, madres y representantes exigieron a las autoridades iniciar una investigación en ambas instituciones educativas para determinar las causas de las intoxicaciones. Al momento del cierre de esta publicación no había una declaración oficial por parte de las autoridades ni cifras sobre la cantidad de afectados.
Otros casos en el país y las investigaciones pendientes
En el país se han registrado más de 47 episodios similares, desde finales de 2024, según reveló un reportaje de Runrun.es publicado en el mes de abril. Los afectados son principalmente estudiantes.
En los primeros hechos que alertaron a la opinión pública, las autoridades atribuyeron la situación a retos virales de redes sociales que instaban a los adolescentes a inhalar sustancias químicas. Sin embargo, la información oficial posterior ha sido escasa. Dicen abrir investigaciones y luego no publican qué sucedió o si hay planes para prevenir que los hechos se repitan.
La mayoría de los eventos se han producido en los estados Trujillo, Portuguesa, Sucre, Mérida y Barinas, de acuerdo con una base de datos elaborada por RunRun.es, a partir de publicaciones en medios de comunicación. Las personas afectadas han tenido que ser trasladadas a ambulatorios u hospitales para recibir atención médica.
