Para Sofía Macher, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, la liberación de presos políticos y la reforma al sistema de justicia son algunos de los pasos que debe dar el Estado venezolano para avanzar hacia una mayor apertura democrática. Sin embargo, según la Misión, ese proceso aún no se ha concretado y, por el contrario, persisten prácticas vinculadas al aparato represor.
“Una primera condición, yo creo que tiene que ser la liberación inmediata de todos los presos políticos. Eso creo que es una primera muestra clara de una intención sana de que se está abriendo un proceso de retorno a la democracia en el país. El otro punto que me parece sustantivo es el balance de poder, que es la restitución de la independencia del sistema de justicia (…) yo creo que facilitaría las negociaciones y los procesos que se tienen que dar a lo interior en Venezuela”, explicó la especialista.
Macher fue una de las invitadas a La Conversa con la Luz de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, TalCual y El Pitazo, y Efecto Cocuyo titulada: ¿Cómo se desmonta el aparato represivo en Venezuela? en el que participaron Ronna Risquez, coordinadora de ARI y Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrunes.
La experta recordó que la Misión identificó que 12 funcionarios de alto rango, que permanecen en cargos de gobierno, están directamente relacionados con la represión y las violaciones a los derechos humanos, y aseguró que eso “es una primera muestra frente a las víctimas y frente a lo que ha sido su actuación (…) entonces, cómo puedes pensar que vas a restituir la confianza y la gobernabilidad en Venezuela si las personas, la ciudadanía no recupera la confianza en sus instituciones estatales si es que no se asumen a estas personas que son identificadas. Estás diciéndole a las víctimas que todo sigue igual”.
La experta advirtió que el marco jurídico utilizado durante la última década para sostener prácticas represivas en Venezuela permanece vigente. A su juicio, esta situación mantiene abierta la posibilidad de que dichos mecanismos vuelvan a ser utilizados por los actores estatales.
“Lo que decimos es que todo el marco jurídico, además de los actores, que dio sustento a las graves violaciones a los derechos humanos, a las restricciones del espacio cívico, a la restricción a la prensa, de la libertad de la expresión, están intactas. Entonces podrían volver a ser usadas en cuanto tengan la necesidad de hacerlo. Siguen siendo promesas que todavía no se han plasmado en decisiones concretas”.
La presidenta de la Misión sostuvo que otro de los pasos que debe dar el gobierno de Delcy Rodríguez, si busca avanzar hacia un proceso de transición, es reconocer los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos ocurridos en el país. De esta manera, considera la socióloga peruana, le daría una mayor confianza de gobernabilidad frente a la ciudadanía.
“Es una muestra importantísima de restitución de confianza en el proceso y que efectivamente estamos ante una situación de una transición sana en Venezuela, que ojalá pase. Todos lo quieren”, dijo.
El gobierno de Delcy Rodríguez cierra las puertas a la Misión de la ONU
Macher señaló que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU aún no ha recibido respuesta del gobierno de Delcy Rodríguez a su solicitud para documentar in situ casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Asimismo, instó al Estado venezolano a facilitar información oficial que permita avanzar y contrastar la documentación de estos casos.
“Nosotros hemos enviado solicitudes a la presidenta encargada y no ha habido absolutamente ninguna respuesta”, señaló la defensora de derechos humanos.
Pide abrir las cárceles a las ONG y organismos internacionales
De acuerdo al informe elaborado y publicado por la Misión de la ONU, en Venezuela, persisten e incluso se han adoptado nuevos patrones de tortura contra personas que todavía continúan detenidas por razones políticas. El informe estima que entre 379 y 500 personas continúan privadas de libertad.
El estado de los centros de detención se ha convertido en uno de los principales focos de atención de las ONG y organismos internacionales, especialmente por las condiciones en las que se garantiza el derecho a la salud de las personas privadas de libertad y la protección de su derecho a la vida.
De acuerdo con un informe publicado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) el pasado mes de junio, al menos 26 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado desde el año 2015. Ante este contexto, Macher pidió al Estado venezolano permitir el acceso de la Misión a los centros de detención para documentar las condiciones en las que permanecen las personas privadas de libertad.
“Toda esta parte de las condiciones carcelarias, tiene un punto crítico de por qué el gobierno no deja entrar a las cárceles. Recién están permitiendo a la Cruz Roja Internacional que lo hace de manera humanitaria. La Cruz Roja Internacional cuando entra a las cárceles no hace ningún informe de lo que está encontrando (…) esa es una medida concreta que nosotros podríamos decir: no se está cambiando el patrón de represión. Abran las cárceles, abran las puertas, dejen que los mecanismos internacionales puedan hablar con los que están detenidos y verificar si tienen las condiciones mínimas de dignidad”, puntualizó.
