La vigilancia internacional sobre los derechos humanos en Venezuela continuará durante al menos dos años más. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este 6 de octubre la renovación de los mandatos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).Con 25 votos a favor, 5 en contra y 17 abstenciones, se renovó hasta 2028 el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos que documenta los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La resolución fue aprobada por 25 votos a favor, liderados por países que patrocinaron la iniciativa, entre los que destacan Chile, Argentina, Canadá, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay, junto con el respaldo de potencias y aliados de Europa Occidental, América Latina y Asia comprometidos con los derechos humanos, tales como Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Alemania, Bulgaria, Suiza, Japón, Costa de Marfil, Chipre, República Checa, Islas Marshall, Reino de los Países Bajos, Macedonia del Norte, Corea, Malaui y Eslovenia
Entretanto, los cinco votos en contra fueron de las delegaciones de China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi. Los 17 países que optaron estar “en el medio” y se abstuvieron fueron Brasil, México, Angola, Benin, Bolivia, Etiopía, Ghana, India, Irak, Indonesa, Kenia, Kuwait, México, Pakistán, Catar, Suráfrica y Tailandia.
El texto pide a la misión de tres expertos, establecida en 2019 y actualmente compuesta por Sofía Macher (Perú), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), que presente informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en las próximas sesiones del consejo que se celebrarán en otoño de 2027 y 2028.
La renovación ocurre mientras Venezuela atraviesa cambios políticos y después de una serie de medidas anunciadas por las autoridades que incluyen excarcelaciones y modificaciones en el sistema de justicia. La propia Misión ha advertido, sin embargo, que los cambios observados desde enero no significan por sí mismos que hayan desaparecido las estructuras que hicieron posibles graves violaciones de derechos humanos.
🔴 #ENVIVO | El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el proyecto de resolución L.18 sobre #Venezuela con 25 votos a favor, 17 abstenciones y 5 en contra. La votación registrada fue solicitada por la delegación de #China. Tras conocerse los resultados, la Presidencia del Consejo confirmó: “El proyecto de resolución L.18 ha quedado aprobado”. 📲 Conéctate: https://t.co/iq9tH1Lwcd
— VPItv (@VPITV) October 6, 2026
Siete años siguiendo las violaciones
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019. Su mandato original incluía investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.
Desde entonces, el Consejo ha extendido su mandato en varias oportunidades. La renovación de 2024, por ejemplo, amplió su trabajo para investigar las violaciones ocurridas antes, durante y después de las elecciones presidenciales de ese año, así como la violencia atribuida a los llamados colectivos.
La continuidad aprobada ahora mantiene abierta esa vía de investigación y documentación. Para Amnistía Internacional, esa permanencia tiene un valor particular porque permite que los casos de las víctimas continúen bajo escrutinio internacional mientras persisten interrogantes sobre justicia y rendición de cuentas.
“Celebramos esta decisión de continuar el escrutinio sobre la persistente crisis de derechos humanos en Venezuela”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de la organización, en un comunicado emitido al conocerse el anuncio.
Piquer sostuvo que extender el trabajo de la Misión “refuerza el interés de la comunidad internacional en la justicia y la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos en el país, incluidos crímenes de lesa humanidad”.
Amnistía también reclamó que cualquier proceso de cambio mantenga en primer plano los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Oscar Murillo, coordinador de Provea, calificó como “muy reconfortante” la continuidad de los mandatos de la Misión y de la OACNUDH. Consideró que la renovación constituye una noticia relevante precisamente porque Venezuela atraviesa un momento político distinto al que existía cuando se aprobaron las anteriores extensiones.
“La continuidad de estos mecanismos es fundamental para el seguimiento y monitoreo de la situación de derechos humanos en el país”, afirmó.
A su juicio, el escrutinio internacional puede contribuir a que una eventual transición política no se limite a cambios de autoridades o decisiones coyunturales, sino que incorpore justicia y reconstrucción institucional.
El planteamiento coincide con lo señalado por Laboratorio de Paz: mantener mecanismos internacionales independientes permite seguir documentando violaciones, acompañar a las víctimas, preservar evidencia y comprobar si los cambios anunciados por las autoridades se traducen realmente en garantías. La organización recordó que la propia Misión ha reconocido modificaciones observables desde enero, entre ellas una disminución de determinadas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, pero también ha advertido sobre la permanencia de estructuras y condiciones que hicieron posibles graves violaciones.
El desafío: que los cambios puedan comprobarse
Laboratorio de Paz planteó que la renovación no debe interpretarse como una calificación automática sobre el rumbo político del país. El hecho de que continúe la supervisión internacional, señaló, refleja precisamente la necesidad de verificar cambios estructurales en áreas como la justicia, la rendición de cuentas, las libertades fundamentales y las garantías de no repetición.
Una transición democrática, según la organización, no puede medirse solamente por excarcelaciones, cambios de autoridades o nuevas normas. También requiere investigar responsabilidades, garantizar una justicia independiente, reparar a las víctimas y desmontar las condiciones institucionales que permitieron las violaciones.
La organización resumió el desafío de los próximos dos años en una imagen sencilla: que Venezuela llegue al final de ese período necesitando menos vigilancia internacional porque haya construido más garantías dentro del país.
“No midamos la transición solamente por los anuncios. Midámosla por los derechos que podemos ejercer”, insistieron.
El Rodrigato pidió “cerrar la misión”
La decisión del Consejo ocurrió pese al rechazo del gobierno venezolano al mecanismo. Durante el debate, la delegación venezolana afirmó que “Venezuela no acompaña la renovación de la denominada Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos”.
La representación pidió sustituir ese mecanismo por un esquema basado en “el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica” con la Oficina del Alto Comisionado.
En la sesión del Consejo, Venezuela sostuvo que la Misión ha operado sin su consentimiento y cuestionó la objetividad y metodología de sus informes. La delegación planteó que había llegado el momento de avanzar hacia el cierre del mecanismo y privilegiar la cooperación técnica y mecanismos universales.
🔴 #ENVIVO | Representación del régimen sobre la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU: “Venezuela no acompaña la renovación de la denominada Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos”. La delegación pidió avanzar hacia un mecanismo basado en “el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica” con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. 📲 Conéctate: https://t.co/iq9tH1Lwcd
— VPItv (@VPITV) October 6, 2026
La Misión, por su parte, defendió ante el Consejo la necesidad de mantener su mandato y señaló que los cambios sobre el terreno hacen todavía más importante su monitoreo independiente para garantizar rendición de cuentas.
Gobiernos históricamente aliados del chavismo, como China, también se opusieron a la renovación. Su delegación argumentó que el mecanismo impuesto por el Consejo no resolvería el problema venezolano, sino que podría complicarlo. Además, rechazaron lo que califican como presión externa e injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
🔴 #ENVIVO | Representación de China ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció que votará en contra de la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. 🗣️“El Consejo ha impuesto este mecanismo, y esto no va a resolver el problema, sino que lo va a complicar”, sostuvo. La delegación china manifestó además su rechazo a “la presión externa y la injerencia en los asuntos internos” y respaldó la cooperación de Venezuela con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. 📲 Conéctate: https://t.co/iq9tH1Lwcd
— VPItv (@VPITV) October 6, 2026
Brasil, en cambio, optó por la abstención. Su delegación reconoció “avances recientes en la situación de los derechos humanos en Venezuela”, pero cuestionó el proyecto por considerarlo “parcial y desequilibrado”. Argumentaron que una esolución que consideraban “excesivamente condenatoria y prescriptiva” no contribuiría a mejorar las condiciones en el país ni a promover el diálogo.
🔴 #ENVIVO | Representación de Brasil ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció que se abstendrá en la votación sobre la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos sobre #Venezuela. La delegación reconoció “avances recientes en la situación de los derechos humanos en Venezuela”, pero cuestionó el proyecto por considerarlo “parcial y desequilibrado”. #Brasil sostuvo que una resolución “excesivamente condenatoria y prescriptiva” no contribuirá a mejorar las condiciones en el país ni a promover el diálogo, y pidió que futuras versiones incorporen estas observaciones. 📲 Conéctate: https://t.co/iq9tH1Lwcd
— VPItv (@VPITV) October 6, 2026
Estas posiciones no impidieron la renovación. El resultado deja vigente por otros dos años el trabajo de los mecanismos internacionales de seguimiento.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
