Barbara César Siero no fue coaccionada cuando admitió la demanda contra TalCual

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara Gabriela César Siero, dejó caer una bomba que muchos ya intuían, pero que ningún integrante del máximo tribunal del país se atrevía a exponer.

César Siero denunció en un video que fue sometida a presiones mientras ejercía como vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa para firmar decisiones relacionadas con la inhabilitación política de dirigentes opositores, entre ellos la ganadora de la elección primaria de 2023 y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

¿Pero quién es esta exmagistrada? Bárbara Gabriela César Siero, de 51 años, nació en el estado Bolívar y se graduó de abogada en la Universidad Santa María en 1997. 

La profesional del derecho cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo, Tributario e Internacional.

A la edad de 39 años, César Siero aterrizó en el TSJ en 2014 y posteriormente ocupó la vicepresidencia de la Sala Político-Administrativa. 

Su trayectoria judicial estuvo precedida por cargos en el ámbito militar y administrativo.

Entre 1997 y 1998 fue proyectista de sentencias del Consejo de Guerra Permanente en la Corte Marcial de Caracas. 

Entre 2000 y 2002 se desempeñó como consultora jurídica regional del Plan Bolívar 2000 en Zulia junto al general Víctor Cruz Weffer, destituido por el fallecido presidente Hugo Chávez por sospechas de desfalco y del Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur), imbuido en problemas de infraestructura, corrupción administrativa e incumplimiento en la entrega de viviendas.

César Siero trabajó como defensora pública, coordinadora de Jueces Penales Itinerantes de Caracas y jueza 29 de Control de Caracas.  También fue docente en la Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad de Los Andes, la Academia Militar y la Escuela Nacional de la Magistratura. 

Promovida por actuar contra TalCual

Una investigación de Transparencia Venezuela reseñada por Suprema Injusticia vinculó su ascenso a la decisión que tomó en un proceso judicial iniciado por el actual ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello contra el diario TalCual y su entonces director, Teodoro Petkoff en 2014.

El proceso se originó por un artículo publicado en TalCual y firmado por Carlos Genatios, titulado “Patria, socialismo o muerte”. 

En el texto se atribuía a Cabello la frase: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”. 

Cabello negó haber emitido esas declaraciones y exigió públicamente pruebas o una grabación que demostrara la autoría de la frase.

Aunque posteriormente hubo una rectificación, el actual ministro continuó con la acción judicial. 

El caso quedó en manos de César Siero, quien el 6 de marzo de 2014 admitió la demanda, prohibió la salida del país de los demandados y ordenó su presentación semanal ante un tribunal. Entre los afectados figuraba el director de TalCual  

Rehenes familiares 

En el video en el que denunció presuntas coacciones, la exmagistrada afirmó que sus dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, así como su cuñada, la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 15 de diciembre de 2023.

César Siero sostuvo que las detenciones ocurrieron el mismo día en que Machado presentó ante el TSJ un recurso para revisar su inhabilitación política. 

Según la exmagistrada, la detención de sus familiares fue empleada como un mecanismo de presión para obligarla a suscribir decisiones judiciales.

“A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”, afirmó César Siero en un video.   

Los familiares de César Siero fueron vinculados con la denominada “Operación Brazalete Blanco”, el caso presentado por las autoridades venezolanas como una conspiración contra Nicolás Maduro.

La exmagistrada calificó la acusación como una estrategia utilizada para criminalizar a sus familiares y presionarla en su condición de integrante de la Sala Político-Administrativa. Según su denuncia, sus hermanos y su cuñada estuvieron en desaparición forzada.

De acuerdo con la versión de la exmagistrada, una semana después de las detenciones, una asistente de la Sala Político-Administrativa acudió a su despacho con decisiones que ya estaban redactadas para que las firmara.

“Teniendo a mis hermanos y cuñada desaparecidos, temiendo por sus vidas, la de mis demás familiares y la mía, procedí a firmarlas”, relató la exmagistrada. 

Sus hermanos y su cuñada fueron condenados a penas de entre tres y 12 años de prisión por delitos relacionados con el caso. Guillermo Henry César y Diana Victora Justo fueron excarcelados con medidas sustitutivas de libertad, pero Guillermo Enrique César sigue tras las rejas.  

Pide protección y justicia para su familia

Después de hacer pública su denuncia, César Siero solicitó protección ante organismos internacionales, entre ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

La exmagistrada responsabilizó al Estado venezolano, a funcionarios vinculados con su caso y a integrantes de la Dgcim por cualquier daño que pueda sufrir ella u otras personas de su entorno.  

“La justicia no puede seguir siendo un instrumento de coacción. Hago responsable al Estado de cualquier cosa que pueda pasarme y a mis familiares dentro y fuera de Venezuela. Los fiscales y jueces no pueden ser cómplices de mezquindades, cuando los jueces tienen miedo ningún ciudadano puede dormir tranquilo”, dijo la exmagistrada. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

La exmiembro del máximo tribunal del país que recién denunció que fue coaccionada para emitir sentencias para confirmar inhabilitaciones políticas, en el pasado admitió una acción legal contra el medio de comunicación que desembocó en presentación regular de los involucrados en tribunales y prohibición de salida del país
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redacción runrunes
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La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara Gabriela César Siero, dejó caer una bomba que muchos ya intuían, pero que ningún integrante del máximo tribunal del país se atrevía a exponer.

César Siero denunció en un video que fue sometida a presiones mientras ejercía como vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa para firmar decisiones relacionadas con la inhabilitación política de dirigentes opositores, entre ellos la ganadora de la elección primaria de 2023 y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

¿Pero quién es esta exmagistrada? Bárbara Gabriela César Siero, de 51 años, nació en el estado Bolívar y se graduó de abogada en la Universidad Santa María en 1997. 

La profesional del derecho cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo, Tributario e Internacional.

A la edad de 39 años, César Siero aterrizó en el TSJ en 2014 y posteriormente ocupó la vicepresidencia de la Sala Político-Administrativa. 

Su trayectoria judicial estuvo precedida por cargos en el ámbito militar y administrativo.

Entre 1997 y 1998 fue proyectista de sentencias del Consejo de Guerra Permanente en la Corte Marcial de Caracas. 

Entre 2000 y 2002 se desempeñó como consultora jurídica regional del Plan Bolívar 2000 en Zulia junto al general Víctor Cruz Weffer, destituido por el fallecido presidente Hugo Chávez por sospechas de desfalco y del Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur), imbuido en problemas de infraestructura, corrupción administrativa e incumplimiento en la entrega de viviendas.

César Siero trabajó como defensora pública, coordinadora de Jueces Penales Itinerantes de Caracas y jueza 29 de Control de Caracas.  También fue docente en la Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad de Los Andes, la Academia Militar y la Escuela Nacional de la Magistratura. 

Promovida por actuar contra TalCual

Una investigación de Transparencia Venezuela reseñada por Suprema Injusticia vinculó su ascenso a la decisión que tomó en un proceso judicial iniciado por el actual ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello contra el diario TalCual y su entonces director, Teodoro Petkoff en 2014.

El proceso se originó por un artículo publicado en TalCual y firmado por Carlos Genatios, titulado “Patria, socialismo o muerte”. 

En el texto se atribuía a Cabello la frase: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”. 

Cabello negó haber emitido esas declaraciones y exigió públicamente pruebas o una grabación que demostrara la autoría de la frase.

Aunque posteriormente hubo una rectificación, el actual ministro continuó con la acción judicial. 

El caso quedó en manos de César Siero, quien el 6 de marzo de 2014 admitió la demanda, prohibió la salida del país de los demandados y ordenó su presentación semanal ante un tribunal. Entre los afectados figuraba el director de TalCual  

Rehenes familiares 

En el video en el que denunció presuntas coacciones, la exmagistrada afirmó que sus dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, así como su cuñada, la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 15 de diciembre de 2023.

César Siero sostuvo que las detenciones ocurrieron el mismo día en que Machado presentó ante el TSJ un recurso para revisar su inhabilitación política. 

Según la exmagistrada, la detención de sus familiares fue empleada como un mecanismo de presión para obligarla a suscribir decisiones judiciales.

“A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”, afirmó César Siero en un video.   

Los familiares de César Siero fueron vinculados con la denominada “Operación Brazalete Blanco”, el caso presentado por las autoridades venezolanas como una conspiración contra Nicolás Maduro.

La exmagistrada calificó la acusación como una estrategia utilizada para criminalizar a sus familiares y presionarla en su condición de integrante de la Sala Político-Administrativa. Según su denuncia, sus hermanos y su cuñada estuvieron en desaparición forzada.

De acuerdo con la versión de la exmagistrada, una semana después de las detenciones, una asistente de la Sala Político-Administrativa acudió a su despacho con decisiones que ya estaban redactadas para que las firmara.

“Teniendo a mis hermanos y cuñada desaparecidos, temiendo por sus vidas, la de mis demás familiares y la mía, procedí a firmarlas”, relató la exmagistrada. 

Sus hermanos y su cuñada fueron condenados a penas de entre tres y 12 años de prisión por delitos relacionados con el caso. Guillermo Henry César y Diana Victora Justo fueron excarcelados con medidas sustitutivas de libertad, pero Guillermo Enrique César sigue tras las rejas.  

Pide protección y justicia para su familia

Después de hacer pública su denuncia, César Siero solicitó protección ante organismos internacionales, entre ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

La exmagistrada responsabilizó al Estado venezolano, a funcionarios vinculados con su caso y a integrantes de la Dgcim por cualquier daño que pueda sufrir ella u otras personas de su entorno.  

“La justicia no puede seguir siendo un instrumento de coacción. Hago responsable al Estado de cualquier cosa que pueda pasarme y a mis familiares dentro y fuera de Venezuela. Los fiscales y jueces no pueden ser cómplices de mezquindades, cuando los jueces tienen miedo ningún ciudadano puede dormir tranquilo”, dijo la exmagistrada. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

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