Edison José Torres Fernández no era un activista ni un dirigente político. Era funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, tenía 24 años de servicio y lo detuvieron el 11 de diciembre de 2025 por presuntamente difundir mensajes críticos con el Gobierno. Quedó recluido en el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta, en Caracas. Eso es “Zona 7”, una sede de la propia PNB en la que se han denunciado torturas y también desapariciones forzadas porque muchos detenidos han pasado semanas y meses allí incomunicados mientras las autoridades les negaban el paradero a sus familiares.
Edison Torres tenía hipertensión, una condición que llevaba controlada con medicamentos. Según la información que recogió la Misión, nunca pudo recibir visitas de su familia mientras estuvo detenido, y sus parientes tampoco pudieron confirmar si los medicamentos que le hacían llegar al centro de detención le fueron efectivamente entregados. El 8 de enero de 2026 comenzó a sentirse indispuesto, aunque otros reportes aseguran que eso pudo ocurrir mucho antes. Lo trasladaron al Hospital Domingo Luciani, donde murió dos días después, el 10 de enero de 2026. Eso ocurrió una semana después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Dos días después de que se anunciara la inminente liberación de presos políticos en la Asamblea Nacional, algo que 9 meses más tarde no se cumple por completo.
El acta oficial de defunción habla de un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco. Pero la Misión recibió información según la cual el cuerpo de Torres presentaba hematomas en la cabeza, los brazos y el cuerpo, además de sangre en los oídos, un signo que en medicina forense suele asociarse a traumatismos craneales, no a un evento vascular espontáneo. Nada de eso aparece en el informe oficial. Y hasta donde pudo constatar la Misión, las autoridades no abrieron ninguna investigación oficial sobre su muerte.
Este caso obliga a hablar de algo que hasta ahora solo habíamos mencionado en esta serie: cómo reparte el derecho internacional la responsabilidad cuando ocurre algo así, y qué papel jugaron o no jugaron las instituciones que en teoría debían investigar.
El principio es sencillo, aunque sus consecuencias no lo son. Un Estado responde por los actos de cualesquiera de sus poderes (ejecutivo, legislativo o judicial) y de cualquier autoridad pública, sin importar el nivel o la jerarquía. Además, hay algo más específico que aplica directamente tanto al caso de Torres como al de Alfredo Díaz, del artículo anterior: cuando el Estado no investiga ni lleva ante la justicia a los responsables de una violación, ese silencio está lejos de ser una omisión administrativa, porque no es algo que se barre bajo la alfombra. La falta de investigación en sí misma es un incumplimiento de las obligaciones internacionales del país y genera consecuencias.
Por esta razón, la Misión de Determinación de Hechos no se queda en el nivel abstracto de hablar del “Estado”. En sus informes nombra personas concretas dentro de la cadena de mando. Señala, por ejemplo, a Julio José García Zerpa, ministro del Sistema Penitenciario, como el máximo responsable de garantizar atención médica y reconocimientos periódicos de salud a las personas privadas de libertad. Esa es justamente la obligación que, según el informe, se incumplió con Díaz y con Torres. La Misión documenta que, bajo la gestión de Zerpa, se registraron actos de tortura y tratos crueles en más de 30 casos entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, incluyendo el mantenimiento consciente de personas en estado de incomunicación por motivos políticos.
Pero la responsabilidad no se detiene en los centros de detención. El informe, de la página 88 en adelante, dedica un apartado entero a mapear qué hizo o dejó de hacer cada institución que debía servir de contrapeso, y los resultados son incómodos de leer en orden:
El Ministerio Público, la Fiscalía, tuvo actuaciones y omisiones que permitieron o no impidieron violaciones, y sus investigaciones, cuando existieron, no alcanzaron adecuadamente a los niveles superiores de mando.
Los tribunales, en su función de control judicial sobre las detenciones, mostraron falta de actuación frente a detenciones ilegales, torturas y pruebas fabricadas que la propia Misión documentó caso por caso.
El Tribunal Supremo de Justicia, que debía intervenir en los procesos contra altos funcionarios, tampoco investigó de forma efectiva a los niveles superiores de responsabilidad. Este año, además, cambió buena parte de su composición sin que organizaciones de la sociedad civil consideraran transparente el proceso de nombramiento de los nuevos magistrados.
Y la Defensoría del Pueblo, que por definición debería ser el organismo que protege a las personas frente al Estado, fue calificada de un modo que vale la pena citar tal cual, porque es una frase dura: “La FFM documentó un incumplimiento sistemático y deliberado de responder eficazmente ante graves violaciones y de actuar de oficio”.
Leído así, el caso de Edison Torres deja de ser un episodio aislado y se convierte en un ejemplo de manual de cómo funciona, según la Misión, todo el sistema. Un hombre muere bajo custodia con señales físicas que contradicen la versión oficial, y ninguna de las instituciones llamadas a investigar (ni la Fiscalía, ni los tribunales, ni la Defensoría) activa un proceso. No porque falten leyes o mecanismos en el papel, que Venezuela los tiene, sino porque, según documenta este informe, quienes deberían aplicarlos decidieron, de manera sostenida, no hacerlo.
Más información:
- Gobierno Venezuela dice que policía detenido murió por paro. DW. 12 de enero de 2026.
- Condolencias de JEP por el caso Edison Torres. 11 de enero de 2026.
Artículos anteriores de la serie Textos sobre la Misión-ONU:
@LuisCarlos | Luis Carlos Díaz es periodista y activista por los DD. HH.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
